Mientras persisten el silencio y las negaciones desde la Municipalidad de Caleta Olivia sobre la denuncia contra el intendente por violencia de género, un grupo de 300 ex contratados de la localidad que ingresaron durante la gestión de Facundo Prades intentaron acceder al trabajo y que Cotillo cumpliera lo que les había prometido en diciembre. En este contexto ocurrieron los hechos que una ex contratada describe en su denuncia por violencia de género contra Fernando Cotillo. La víctima presentó un pedido de audiencia al Concejo Deliberante, que nunca fue respondido.
La concejal Paola Álvarez -la única mujer que ocupa una banca en Caleta Olivia y se precia de sostener las luchas feministas- rechazó la versión de la denunciante y expresó que fue el intendente quien fue violentado. Alegó ante El Extremo Sur que se trata de "distintos puntos de vista, depende desde dónde lo veas".
Es pertinente analizar la versión de otros testigos del hecho, y no solamente oír la voz de quienes forman parte del cuerpo legislativo o el Poder Ejecutivo Municipal. Del otro lado de la versión oficial está el testimonio de la decena de ex contratados que aquel 26 de agosto finalizaba un acampe de más de 15 días con el fin de que susreclamos fueran atendidos.
¿En qué contexto la mujer denunció que Cotillo la llevó más de diez cuadras en la caja de su camioneta Volkswagen Amarok a toda velocidad? ¿Qué respuesta brindan aquellos que estuvieron 25 días encerrados en un edificio municipal esperando un acuerdo que el intendente no cumplió?
La denuncia y el silencio cobran mayor sentido en medio de esta lucha histórica de los ex contratados y desocupados, que han expresado reiteradamente que solo piden que se cumpla la promesa de un empleo en el marco de una crisis agudizada profundamente por la pandemia.
Sin respuestas
Una de las ex contratadas brindó su testimonio a El Extremo Sur y detalló la situación en que se encontraban el día que la denunciante marca como el momento de los hechos.
"El año pasado fuimos contratados por el intendente Facundo Prades. Al ganar las elecciones ingresó el nuevo intendente Fernando Cotillo, y en diciembre echó a toda la gente que fue contratada en la gestión anterior", relata la compañera de la denunciante de violencia de género.
"Ese mismo mes nos prometió que nos iba a volver a contratar, pero teníamos que hacernos una serie de estudios médicos. Pasaron 8 meses y no hubo más novedades. Decidimos realizar un acampe que duró 15 días pidiendo por nuestra reincorporación". A raíz de esto, cuenta que "logramos tener una reunión con Cotillo, donde nos pidió que descartemos todo, que nos iba a dar soluciones; pero estas nunca llegaron".
Tras un mes de estar en la misma situación, regresaron al Municipio, "decididos a que nos atiendan". Detalla que se "armó una discusión" en el lugar; acudió la policía y les pidió que solamente se queden los voceros, por pedido del intendente, quién tendría una reunión con todos ellos.
Sin embargo, la respuesta tardó en aparecer: "Esperamos esa reunión 25 días ahí adentro, donde nos negaron hasta la posibilidad de ir al baño, nos cortaban la luz desde el viernes hasta el lunes", subraya. Contó que incluso se negaban a abrirles las ventanas, por donde se comunicaban con sus compañeros, quienes los proveían de alimentos.
"Al día 25 decidimos salir con la promesa nuevamente de que nos iba a atender. Nos atendió, pero no para dar soluciones sino para seguir escupiéndonos en la cara", afirma la vocera.
"El tiempo nos desgastó"
Fue en ese contexto en que se produjo la situación violenta entre su compañera y el intendente. Ante la indiferencia de Cotillo, la mujer lo siguió hasta su camioneta, pidiéndole que la escuchara tras más de 20 días de desgaste y desidia por parte de las autoridades, quienes apostaron a cansarlos.
Entre las escasas declaraciones que se brindaron desde el Estado, se mantiene la versión de que fue la mujer quien violentó al intendente, sin advertir la situación hostil que experimentaban los ex contratados desde las elecciones del pasado año, reclamo que hasta el día de hoy sigue sin tener respuesta concreta.
En redes sociales, la ciudadanía de Caleta Olivia conformó una respuesta desfavorable para la denunciante, propiciando un clima de tensión, revictimización y culpa. Es imprescindible indagar en las condiciones de las mujeres que denuncian y en la ausencia de protección que subyace en esa ciudad de parte de las instituciones del Estado.
La lucha de los ex contratados tuvo una conclusión amarga: "Hace más de dos semanas decidimos firmar un acta con migajas que nos ofrecieron", relata la ex trabajadora. "Dimos por fin esta pelea que nos costó y con la cual hemos padecido y sufrido tanto. El tiempo nos desgastó", confesó.
