En paralelo al proceso judicial que, en los últimos días, produjo el fallo que ordena el desalojo de la comunidad Buenuleo de 90 hectáreas en disputa con un privado, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) concluyó el relevamiento técnico correspondiente y reconoció la presencia ancestral y pública de esa comunidad.
En total, según la resolución del INAI firmada por su titular Magdalena Odarda, son 481 las hectáreas que corresponden a la comunidad Lof Che Buenuleo, de acuerdo a la norma publicada este miércoles en el Boletín Oficial.
El reciente fallo del Tribunal de Impugnación que ordenó el desalojo de la Comunidad y la restitución de las 90 hectáreas a Emilio Friedrich, no analiza el fondo de la cuestión relacionado con la propiedad original de la tierra, sino que basa su determinación en que al momento de la recuperación territorial, "los querellantes tenían la posesión del inmueble e inclusive se habían construido una casa en el lote en cuestión, con planos aprobados por el Municipio". Los jueces cuestionaron la "vía de hecho" para la resolución del conflicto, y confirmaron la orden de desalojo, a cumplirse luego de 90 días hábiles.
Magdalena Odarda aclaró que la resolución del INAI que reconoce la "ocupación actual, tradicional y pública" de la comunidad sobre las 481 hectáreas -incluyendo las 90 en conflicto-, es anterior al fallo judicial.
Es decir que el resultado de ese relevamiento podría incluirse en una causa judicial de fondo, vinculada a la propiedad original y la existencia de un supuesto boleto de compra - venta, esgrimido por los privados.
El texto de la Resolución firmado por Odarda, señala, textualmente, "dese por cumplido el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral dispuesto por el Artículo 3° de la Ley Nacional Nº 26.160", y, en ese marco, "reconócese la ocupación actual, tradicional y pública de la Comunidad Lof Che Buenuleo, perteneciente al Pueblo Mapuche, con asiento en la provincia de Río Negro, con Personería Jurídica Resolución Nº 116 del 14 de marzo de 2011, registrada bajo el Nº 31, de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Río Negro, respecto de la superficie georreferenciada" mencionada.
El informe incluyó un mapa, con el detalle de los alcances de la propiedad de la comunidad.
