Los últimos diez años constituyeron una auténtica década perdida para la provincia de Chubut, en la que dominaron los déficits fiscales, la toma constante de endeudamiento en dólares hasta llegar a los 1.148 millones y las recurrentes políticas de ajuste que provocaron una profunda y extensa crisis cíclica que se sigue profundizando. El Estado chubutense tiene pendiente de pago, entre salarios y demás deudas, más de 22.000 millones de pesos. La matriz productiva está aferrada al concepto extractivista petrolero y exportador, despreciando el desarrollo de políticas de diversificación e incorporación de valor agregado; a lo que se suma el impulso de la minería que profundizará aún más el modelo primarizado.
Según los datos que manejan en el Ministerio de Economía de Chubut, la provincia tiene un pasivo que asciende a los 22.248 millones de pesos. Dicho déficit está constituido por dos grandes grupos: las deudas con otros organismos y empresas y las mantenidas con los empleados públicos y jubilados provinciales.
En el primer grupo se incluyen deudas por 6.565 millones de pesos, que incluyen 2.559 millones de pesos con la obra social SEROS; 1.006 millones con las ART; 1.500 millones por saldar a través del bono TICADEP aún no emitido; y 1.500 millones con YPF y CAMMESA.
Mientras que en el grupo de los salarios lo que resta pagar alcanza 15.683 millones de pesos, distribuidos en 4.517 millones de deuda por la cláusula gatillo de 2019; 2.305 millones de pesos por el aguinaldo de julio; 3.431 millones de salarios correspondientes a agosto -ayer sábado se pagaron 1.999 millones del rango 1, 2 y el sector Salud-; y 5.430 millones de pesos correspondientes a toda la masa salarial de septiembre aún impaga.
En un par de semanas se sumarán otros 5.430 millones de pesos correspondientes a la masa salarial del mes de octubre. El gobierno anunció que pagaría sin escalonamiento y durante los primeros días hábiles de noviembre, pero de no ser así solamente en salarios la deuda ascendería a más de 21.000 millones de pesos.
Aparentemente estas deudas con los empleados públicos y jubilados provinciales se intentarían cancelar en cuotas hacia el futuro o a través de la emisión de algún tipo de mecanismo financiero al estilo de un bono provincial, aunque por ahora no se hizo ningún anuncio oficial al respecto, pero podría suceder en el transcurso de la semana que se inicia. Una cláusula incluida en el proyecto aprobado en la Legislatura podría impedir ese endeudamiento.
Décadas tropezando con la misma piedra
Chubut dejó de ser una provincia rica y con oportunidades de desarrollo para transformarse en un territorio donde se contabilizan más de 140 mil pobres y los trabajadores estatales y jubilados provinciales padecen atrasos salariales que rondarían los 14.600 millones de pesos. Ante este panorama, buena parte del poder político y económico presiona por habilitar la minería ante un persistente rechazo social, como una pretendida solución al descalabro existente.
La clase política no se propone la generación de nuevos mecanismos de ingresos públicos sustancialmente significativos, negándose de manera sistemática a cobrar mayores impuestos a las grandes empresas, riquezas y grandes terratenientes en Chubut.
Como publicó El Extremo Sur en un informe especial, desde hace más de 17 años en Chubut no se cobra el Impuesto Inmobiliario Rural a las grandes extensiones de tierras y tampoco se aplica el tributo por el Fondo Ambiental Provincial (FAP) para el sector pesquero.
En contrapartida, se opta por ajustar el gasto público haciendo recaer la crisis sobre los empleados públicos, los jubilados y la prestación de peores servicios del Estado provincial.
Los problemas económicos y financieros de la provincia no se generaron solamente en los últimos dos o tres años, sino que se deben a toda una década de políticas desacertadas en materia productiva que desembocaron en las crisis recurrentes de la actualidad. Esa etapa abarcó gobiernos dasnevistas y peronistas.
También cabe incluir el rol jugado por el gobierno radical de Carlos Maestro cuando en 1992 se privatizó YPF y Chubut recibió 414 millones de dólares por regalías mal liquidadas. Esos fondos tampoco se tradujeron en mejoras sustanciales para la población y menos aún impulsaron la meneada "revolución productiva" provincial en tiempos del menemismo. Con esa consideración, se extiende a dos décadas el despilfarro y la inacción en materia productiva y de desarrollo.
La última década perdida por Chubut tuvo el agravante de que durante cuatro años la cotización del petróleo tipo Escalante alcanzó sus máximos históricos promediando los 71,5 dólares por barril. Esas mejoras en el precio del crudo tampoco se tradujeron en beneficios para el conjunto de la población.
La matriz productiva de la provincia siguió siendo esencialmente extractivista y con destino de exportación de materias primas sin elaboración, careciendo de la incorporación de valor agregado y sin que se potencie la diversificación provincial.
No se apuntó seriamente hacia el desarrollo de las energías renovables y tampoco hacia el sector de los servicios (como nuevas tecnologías, software y el turismo) o hacia la transformación industrial; por lo que la provincia se consolidó como dependiente de la extracción de recursos naturales y de la fluctuación internacional del precio de los commodities.
Endeudamiento y pesada incidencia sobre los ingresos
Chubut se endeudó en dólares como nunca antes en su historia, sin traducir esos préstamos en obras o mejores condiciones de vida para los habitantes de la provincia. A eso se le acoplaron los despilfarros financieros producto de las múltiples causas de corrupción estatal.
Entre 2010 y 2016 Chubut emitió deuda en dólares por 1.148 millones. Todos fueron justificados con el objetivo de concretar obra pública y la diversificación de la matriz productiva provincial. Entre esos casos estuvo la emisión del bono BODIC 1 y 2 -entre 2013 y 2015 en el gobierno de Martín Buzzi, por 309 millones de dólares- con el que debían concretarse dos hospitales de alta complejidad; uno en Trelew y otro en Comodoro Rivadavia.
El proyecto hospitalario de Trelew se encuentra sin terminar siete años después, aunque avanzó un 80%. El de Comodoro Rivadavia ni siquiera fue licitado. Tampoco se concluyeron las obras de los centros de encuentro barriales que se habían proyectado con el endeudamiento de 2013; varios fueron transferidos a los Municipios para ser finalizados.
La deuda emitida en la última gestión de Mario Das Neves se concretó en 2016 por 700 millones de dólares (BOCADE por 650 millones y BOPRO por 50 millones de dólares) que debían ser utilizados en un 50% para pagar la deuda tomada en los años anteriores, 34% para terminar las obras que aún hoy siguen inconclusas o no iniciadas y una porción menor (15%) para distribuir entre los municipios.
Todos los endeudamientos en dólares de Chubut desde 2010 y hasta 2016 se concretaron con legislación extranjera, a altas tasas de interés, cediendo una porción importante de las regalías petroleras para el pago de los vencimientos y con la instrumentación de un mecanismo de garantía que acumula la retención de los ingresos de regalías por tres meses de manera anticipada para cubrir las cancelaciones de la deuda emitida.
En este segundo semestre de 2020 los ingresos por regalías no están alcanzando ni siquiera para pagar los vencimientos de la deuda. Por eso el gobierno provincial ahonda su crisis y busca desesperadamente renegociar con los bonistas extranjeros la ampliación de los plazos de vencimientos por 650 millones de dólares a costa de terminar pagando más deuda de la emitida en 2016.
Hasta la primera mitad de la década analizada, la deuda tomada por Chubut -tanto en pesos como en dólares- tuvo una incidencia relativamente menor que en general no superó el 20% de los ingresos corrientes recaudados por la provincia. La excepción fue en 2013, cuando se emitió el BIDIC 1 por 220 millones de dólares.
En la segunda mitad del decenio en cuestión los indicadores de incidencia de la deuda se fueron disparando a un ritmo más que acelerado, no sólo por la toma de nuevos endeudamientos sino porque los mismos fueron emitidos en dólares y la presión devaluatoria sobre del peso frente al billete estadounidense hizo que se dispararan los montos los montos de la deuda provincial.
Para 2015 -cuando se emitió el BODIC 2 por 89 millones de dólares- la deuda total provincial representó el 35% de los ingresos y en 2016 -con las emisiones de Das Neves del BOCADE y BOPRO por 700 millones de dólares- la incidencia de la deuda saltó al 76% de la recaudación provincial.
Esa tendencia se mantuvo en los últimos años, y siempre rondó por encima del 70% de los fondos que ingresaron anualmente a las arcas recaudatorias de Chubut. Mientras aumentaban las regalías que se cobran en dólares como producto de las devaluaciones del peso, en paralelo se incrementaba también la deuda tomada en dólares.
Elaboración propia sobre datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Economía de la Nación. (En millones de pesos).
Crisis de diseño y avance prominero
En medio de la crisis generada por la deuda, sin que la clase dirigente se proponga auditarla e investigarla en ningún momento, Chubut se fue hundiendo en la dependencia y perdiendo la capacidad de manejo de las regalías petroleras.
La crisis se hizo una constante desde los años 2017 y 2018, para alcanzar sus picos máximos en los tres años posteriores hasta llegar al descalabro actual.
Frente a ese panorama, avanza una fuerte presión para la apertura hacia la explotación minera, que en Chubut está prohibida por ley luego del proceso de movilización generado desde la ciudad de Esquel en 2003. El gobierno de Alberto Fernández respalda nítidamente el desarrollo de la actividad en todo el país, como expresó el propio presidente en el coloquio de IDEA.
Ante el avance de la crisis cíclica -a la que muchos ambientalistas definen como "crisis de diseño" para potenciar la embestida prominera- se aceleró el proceso de presentar a la minería como una opción válida para la generación de nuevos ingresos provinciales y puestos de trabajo.
Para la etapa de construcción del proyecto minero Navidad en la Meseta chubutense, la compañía canadiense Pan American Silver asegura que generaría 2.000 empleos directos. En la etapa de producción se crearían 850 puestos de trabajo directos y 2.805 indirectos.
En materia recaudatoria el Estado Provincial recibiría 3% de regalías y un 1,5% extra por el fondo de desarrollo productivo e infraestructura. Eso dejaría en promedio 9,3 millones de dólares en regalías mineras anuales, mientras que el fondo de desarrollo aportaría otros 4,7 millones por año a las arcas de Chubut.
Años de bonanza y retrocesos
Los primeros cinco años del último período analizado marcan el mejor momento económico en el que sin embargo Chubut no aprovechó las variables favorables que se desarrollaron durante el lapso que va de 2010 hasta 2014.
Allí se dio una fuerte suba de los ingresos corrientes del Estado provincial producto esencialmente del incremento de las regalías petroleras que fueron subiendo como consecuencia del impulso producido por los precios internacionales del crudo.
La cotización promedio del petróleo tipo Escalante que se produce en Chubut rondó los 71,5 dólares por barril, mientras que el WTI texano rondaba los 92 dólares en promedio.
Chubut renegoció en 2007 de manera anticipada la extensión de los plazos de la concesión del yacimiento Cerro Dragón con Pan American Energy por 40 años, lo que debería haber generado estabilidad productiva en el sector petrolero y traducirse en un período de proyección a futuro para diversificar la matriz productiva.
Contrariamente a lo que podría esperarse, Chubut tuvo durante el 2010 el último año de superávit financiero en las cuentas públicas provinciales. Todavía con un margen de resultados negativos relativamente menores, la provincia ingresó a partir de 2011 en déficits constantes.
Las regalías petroleras, a pesar de la suba del precio internacional mencionado, fueron perdiendo paulatinamente su incidencia porcentual frente a los ingresos corrientes de las arcas públicas, representando en 2010 un 28,4% de los ingresos corrientes pese a que el crudo Escalante cotizaba a 60 dólares por barril.
Entre 2011 y 2012 hubo cierta estabilidad en la incidencia de las regalías sobre los ingresos, pero en 2012 comenzó a reflejarse una caída al 27% a pesar que el petróleo de Chubut trepaba en sus precios a 72 y 77,6 dólares respectivamente.
Un decrecimiento de importancia se suscitó en los años 2013 y 2014, retrotrayéndose a la banda del 23% de efecto sobre los ingresos provinciales, mientras el crudo Escalante cotizó en los 73,2 y 74,5 dólares por barril en cada uno de esos dos años.
Elaboración propia sobre datos de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Economía de la Nación. (En millones de pesos).
A pesar del impulso generado por el precio del petróleo, Chubut no consiguió romper la impronta deficitaria de sus cuentas públicas. En 2010 cerró con un superávit financiero de 282 millones de pesos, pero ese fue el último año con las cuentas en saldos positivos.
A partir de ese año cayó en déficits constantes que alcanzaron los 151 millones en 2011; 84 millones en 2012; 249 millones en 2013 y 1.014 millones de pesos en 2014. Durante ese período deficitario el crudo Escalante cotizó entre los 72 y los 77,6 dólares por barril, pero Chubut se fue hundiendo lentamente en déficits cada vez mayores.
Hasta el 2010 Chubut tenía una deuda en pesos que era relativamente baja -promedió los 1.000 millones de pesos en el lustro precedente- y no demandaba grandes pagos anuales, mientras que en paralelo posibilitaba un pequeño superávit financiero. Desde ese año en adelante la provincia ingresó en el nuevo proceso de endeudamiento, esta vez en dólares.
En 2012 se volvieron a renegociar las concesiones petroleras después de la expropiación del 51% de las acciones de Repsol en YPF y Chubut sumó con la nueva normativa hidrocarburífera un 3% adicional de regalías. Sin embargo, ni con ese ingreso extraordinario consiguió reubicar de manera alcista la incidencia de los ingresos petroleros.
Desde 2013 las curvas del endeudamiento y sus vencimientos se distanciaron notablemente de las relacionadas con las regalías petroleras -que fueron cedidas para las cancelaciones de deuda- y los ingresos corrientes del Estado provincial.
La debacle: deudas y déficits
La segunda mitad de la década en cuestión fue una categórica catástrofe en materia financiera y económica para Chubut, con un peso cada vez más abultado de la deuda en dólares y una muy marcada caída de la incidencia de las regalías petroleras producto de la baja del precio internacional del crudo.
Ambos problemas se combinaron de manera explosiva para las cuentas públicas, y en 2016 -en pleno proceso de endeudamiento nacional- Chubut se sumó al festival de bonos emitidos por el gobierno central.
Cuando se cumplieron los plazos de gracia de los bonos emitidos y comenzaron vencer los pagos trimestrales la deuda se transformó en una bola de nieve imparable que se fue acumulando entre los vencimientos de intereses y del capital para de esa manera terminar asfixiando casi por completo las cuentas públicas del Estado.
La espiralización de la deuda se convirtió en uno de los principales problemas de Chubut, no sólo por la cesión de las regalías petroleras para su cancelación sino porque las diferentes devaluaciones del peso frente al dólar fueron incrementando considerablemente el monto total del endeudamiento.
Aunque las regalías petroleras que se cobran en dólares se beneficiaron por la suba del billete estadounidense, en paralelo fue decreciendo el precio internacional del crudo y entre los años 2015-2019 la cotización del barril Escalante promedió los 55,3 dólares; casi 16 dólares menos de lo que había promediado en el lustro anterior.
Cuando el precio del petróleo decreció entre 2015 y 2016 -pasando a 57,4 y 48,7 dólares- las regalías tuvieron una baja significativa y se establecieron en una incidencia promedio frente a los ingresos que rondó el 18% en esos tres años. Todavía quedaba una caída más pronunciada por experimentar, porque en 2017 decrecieron a solamente el 14% de los ingresos provinciales.
Sólo recuperaron parte de su poder de impacto -ascendiendo al 21% promedio- cuando se produjeron las fuertes devaluaciones del peso frente al dólar en 2018 y 2019, aunque ese efecto no se vinculó a mejores niveles productivos en los yacimientos chubutenses.
La acumulación en la baja del precio del crudo y el aumento de la deuda hizo que Chubut comenzara a multiplicar exponencialmente sus déficits financieros. De los 1.014 millones de pesos que había de déficit en 2014 pasó a 2.453 millones en 2015; a 5.166 millones en 2016; a 7.212 millones en 2017 y cerró 2019 con 7.663 millones de pesos en rojo en las cuentas de la provincia.
Sólo obtuvo superávit en 2018, cuando la gestión de Mariano Arcioni aplicó un brutal ajuste sobre los salarios de los trabajadores estatales y sobre el gasto público para el funcionamiento del Estado provincial. Los 2.412 millones de pesos de saldo favorable solamente se explican por el recorte del gasto público que finalmente terminó siendo frenado por las huelgas y las movilizaciones de los estatales, que recuperaron los porcentajes salariales recortados.
Las curvas de la deuda y sus pagos se disociaron por completo de las vinculadas a los ingresos corrientes y las regalías petroleras cobradas por Chubut. Ya desde 2018 la recaudación provincial fue insuficiente para hacer frente a los gastos del Estado.
El gobierno provincial comenzó a atrasarse en los pagos de los salarios de los empleados públicos -y a hacerlo por rangos escalonados- y desatendió buena parte de sus obligaciones para con el conjunto de la comunidad a partir de un recorte del 28% promedio en el gasto público durante los últimos cuatro años.
En paralelo, nunca dejó de pagar un solo vencimiento de la deuda contraída en dólares y para pagar salarios volvió a endeudarse, pero con emisiones en pesos a corto plazo -con altísimas tasas de interés del mercado financiero-.
Ya en 2020 la deuda se transformó en una de las principales trabas para encarar las soluciones a los problemas financieros de la provincia, y las regalías petroleras no alcanzan para cubrir los pagos mensuales en dólares como producto de la baja de ingresos generada por la pandemia y la cuarentena; a lo que se suma la contracción de los precios del crudo y las menores demandas mundiales de petróleo.
Modelo primarizado y exportador
No se avizora una reformulación sustancial de la matriz productiva de Chubut ni existen indicios de una política de diversificación, que le daría la chance de dejar de ser una provincia productora y meramente exportadora de recursos naturales para potenciar el agregado de valor local y regional.
Chubut ocupa un lugar de importancia entre las provincias exportadoras de la Argentina, ubicándose en el cuarto escalón nacional; sólo es superada por Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
Los 2.853 millones de dólares exportados en 2019 le permiten posicionarse en ese lugar de privilegio, pero el 90% de sus exportaciones corresponden a materias primas sin elaboración o con bajo nivel de industrialización.
Los productos con mayor incidencia en las exportaciones chubutenses son el petróleo crudo, el aluminio sin grandes procesos de elaboración (en láminas, rollos de alambres y lingotes) y los pescados y mariscos sin elaborar. A ellos se suman las lanas lavadas y las sucias.
Más del 90% de las exportaciones de Chubut son materias primas sin elaborar. Así sucedió a lo largo de toda la última década, profundizándose esa primarización en tiempos de revolución tecnológica.
Elaboración propia sobre datos de la Dirección de Estadísticas de Chubut.
Incorporar valor agregado a las exportaciones es una de las claves principales para el futuro Chubut, aunque conseguirlo no es una tarea sencilla e inclusive genera debates al interior del análisis que estamos efectuando.
Partiendo de la base de que en 2018 el 94% de las exportaciones provinciales medidas en dólares fueron materias primas sin elaborar o con bajísimo valor agregado, encontrar los mecanismos para romper con la primarización de los productos que salen desde Chubut es una de las prioridades primordiales de un proceso productivo que genere valor agregado, que a su vez se traduzca en la creación de industrias que posibiliten la expansión de mano de obra de calidad con salarios en consonancia.
En el caso del petróleo en lugar de exportar crudo sin procesar se podrían exportar combustibles procesados o derivados del petróleo. En el caso del aluminio en lugar de exportar lingotes, alambrón (rollos) o simplemente láminas se podrían exportar aberturas u otro tipo de derivados como envases. En el caso de los pescados sin elaborar, langostinos o merluzas, se podrían exportar derivados de esos productos. Finalmente, en el caso de la lana, en lugar de exportar lanas sucias se podrían vender a otros países confecciones textilmente elaboradas.
Para poder generar esa cadena que eleva el valor de lo producido haría falta una política de Estado enfocada a lo industrial, organizada y desarrollada, que tenga una perspectiva de largo plazo y que cuente con el apoyo estatal para su seguimiento y continuidad más allá de los cambios de gobiernos y fuerzas políticas.
Obviamente, los problemas no se solucionarían solamente con el avance de la minería, no sólo por el escaso 3% de regalías previsto hasta el momento o el volumen de empleos que genera el sector, sino porque además no se genera nada de valor agregado y se reproduce el modelo primario exportador.
Perspectivas futuras
El actual gobierno de Chubut apunta a renegociar los plazos de los vencimientos de la deuda en dólares hasta 2023 o inclusive hasta 2038, algo que asegura haber logrado en los últimos días con la aceptación de los bonistas extranjeros -aunque sin ninguna precisión al respecto-. Si lo logra, sería anunciado en el transcurso de la próxima semana; aunque no se conocen los detalles de ese acuerdo.
Para la administración de Arcioni, esta parece ser la única salida posible a la profunda crisis que vive la provincia. Al menos resultaría la alternativa más viable para sacarse de encima los vencimientos de la deuda por dos o tres años. Queda claro que no se propone suspender, revisar e investigar el destino que tuvieron los 1.148 millones de dólares con que se endeudó Chubut desde 2010.
Como mecanismo adicional a la renegociación de la deuda, la casi totalidad de la clase política dirigente se propone avanzar con un nuevo ajuste en el gasto público, con la mira puesta en el achicamiento de la planta de personal estatal e impulsando una baja del impacto de la masa salarial sobre los ingresos.
Para eso habrá paritarias al 0% en 2020 -con una suba inflacionaria interanual que ronda hoy en día en el 35,6%-, retiros voluntarios, despidos encubiertos y jubilaciones anticipadas "forzadas". Ya se efectuó un ajuste sobre los gastos de funcionamiento del Estado provincial durante los últimos cuatro años (2016-2019), que significó una reducción de 28% en términos reales durante dicho período.
Renegociar la deuda y ajustar el gasto público asoman como las principales políticas de salida a la crisis de la actual gestión provincial, con el acompañamiento de la mayoría de la dirigencia partidaria y buena parte de la sindical; sin dejar de mencionar el aval implícito o silencioso del gobierno de Alberto Fernández y los legisladores de Chubut.
No aparecen como alternativas de la clase política la rediscusión de los ingresos, aumentando los tributos existentes -muchos de los cuales se vinculan a recursos naturales no renovables- o hacia la creación de algunos nuevos en rubros como la energía eólica o las grandes acumulaciones de tierras -productivas e improductivas- en el territorio provincial. Tampoco hay un interés manifiesto por cobrar los tributos impagos; como el que afecta a las grandes extensiones de tierras o a la actividad pesquera.
Tal como reveló El Extremo Sur la semana pasada, en Chubut apenas 193 terratenientes concentran 7,25 millones de hectáreas y representan sólo al 6% de los propietarios que poseen el 42,5% de la tierra productiva en de la provincia. Sin embargo, inexplicablemente desde 2004 han sido eximidos del pago del Impuesto Inmobiliario Rural y el propio Estado no actualiza los catastros ni desarrolla una política agresiva para incrementar su recaudación en este rubro.
Las estadísticas del INDEC revelaron que en el primer semestre de este año existían en Chubut 139.752 pobres entre los aglomerados urbanos de Comodoro Rivadavia-Rada Tilly (34,9%) y el de Rawson-Trelew (39,7%); aunque el dato resulta parcial ya que no contempla los indicadores del resto de la provincia.
El desempleo provincial abarcó en el primer trimestre de este año a 11 mil personas sin empleo en esos dos aglomerados chubutenses (9,5% de desocupados en Rawson-Trelew y 5,8% en Comodoro Rivadavia-Rada Tilly) y otros 10 mil subocupados que trabajan menos de 35 horas semanales; a los que se debe sumar un 25% promedio de asalariados que trabajan en negro.
Para romper con la lógica de endeudamientos y ajustes que ha dominado el último decenio urge un plan de desarrollo productivo que sostenga los rubros existentes pero que se proponga la diversificación y la incorporación de valor agregado.
De esa manera se podrían ampliar las fuentes de trabajo en la provincia y a la vez ensanchar la base de recaudación tributaria siempre que exista una férrea voluntad del Estado para actualizar y cobrar impuestos a las grandes empresas, fortunas y sectores terratenientes localizados en el territorio chubutense.
