Las políticas de ajuste del gasto público y la estigmatización de los empleados públicos han construido la falsa idea de que Chubut es una de las peores provincias en cuanto a la acumulación de trabajadores estatales, con la consecuente conclusión de que allí radican casi todos los males de las cuentas del Estado. Lo cierto es que durante los últimos 30 años la provincia tiene el menor promedio de empleos por habitante de toda la Patagonia, con el mismo nivel que Río Negro y por debajo de las demás. Chubut y Río Negro presentan un promedio de 62 empleados públicos cada 1.000 habitantes. Neuquén cuenta con 81 trabajadores estatales por cada 1.000 habitantes, Tierra del Fuego trepa a los 94 y Santa Cruz a los 95 de promedio.
Desde hace tiempo se instaló en el imaginario colectivo que uno de los principales problemas de la economía de Chubut está focalizado en el gasto público, y sobre todo en la cantidad de empleados estatales con que cuenta la provincia. Con esos argumentos falaces se reclaman recortes en el gasto y reducción de la planta de personal.
La realidad muestra que en las últimas tres décadas Chubut es la provincia patagónica con menor cantidad de empleados públicos por cada mil habitantes. Sin embargo, fueron las primeras gestiones de Mario Das Neves y la de Martín Buzzi las que más aumentaron porcentualmente la cantidad de trabajadores del Estado provincial.
Los datos relevados por El Extremo Sur, en base a la información suministrada por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales del Ministerio de Economía de la Nación, evidencian que ese dato que se instalado en el imaginario colectivo es completamente falso y responde a una lógica capitalista/neoliberal que permanentemente busca demonizar al Estado y a los empleados públicos.
De esa manera el establishment y sus voceros políticos, económicos y mediáticos construyen ante la sociedad una necesidad vinculada a recortar el gasto público al mismo tiempo que achican el rol y la dimensión del Estado. En paralelo potencian el aumento de la rentabilidad empresaria del sector privado, recurren y exigen subsidios estatales en tiempos de crisis, y por supuesto jamás dejan de reclamar la defensa de la propiedad privada, la eliminación de impuestos y ponderación de la seguridad jurídica sea cual fuere el gobierno de turno.
Chubut atraviesa una profunda crisis económica que ha provocado que a los empleados públicos y los jubilados provinciales se les deban ingresos salariales correspondientes a casi tres meses, que se traducen en una suma que supera los 15.000 millones de pesos.
La actual administración provincial de Mariano Arcioni viene instrumentando un mecanismo de ajuste sobre el gasto público y anuncia que para el año que viene buscará incrementar la recaudación de los ingresos provinciales.
La clase política dirigente de la provincia, casi sin excepciones, reclama un ajuste de los gastos del Estado y no son pocos los políticos que no se sonrojan al argumentar que se debe recudir la planta de personal o sus salarios para hacer más eficiente el funcionamiento estatal.
Los reclamos de los partidos oficialistas y opositores sobre el achicamiento del gasto público no tienen correlato cuando toman en sus manos el manejo del Estado, ya que ninguno de ellos achicó durante sus respectivas gestiones la cantidad de empleados públicos en los últimos 30 años.
En general lo exigen cuando son oposición y se desentienden de sus propias "ideologías anti Estado" cuando conducen los destinos de la provincia, para así ir dejando una estratificación de capas geológicas de personal político que se va acumulando.
En tres de las últimas décadas ninguno de los gobiernos peronistas o radicales -con sus variables aliancistas o justicialistas disidentes- que administraron Chubut achicaron la cantidad de empleados estatales. Por el contrario, todos la ampliaron en diferentes proporciones.
Así y todo, siguen insistiendo en que el problema principal es el gasto público, pero dejan de lado la construcción de un desarrollo productivo sustentable, diversificado y armonioso con el medio ambiente; sin contemplar el aumento de la proporción de ingresos estatales para darle una mejor calidad de vida a los chubutenses.
Si bien es cierto que la planta de personal provincial se incrementó en Chubut y las demás provincias patagónicas en un 40% promedio a lo largo de las tres décadas analizadas, no menos real resulta que la incapacidad o la desidia por hacer funcionar el Estado de manera acertada -a lo que se le debe sumar el desfinanciamiento, la corrupción, el personal político que se queda a "vivir" en sus cargos y los ñoquis que representan un porcentaje menor- ha desembocado en la situación actual.
30 años de construcciones ideológicas maniqueas
Cuando se analiza la evolución de la planta de personal de las provincias patagónicas durante las últimas tres décadas se observa que Chubut tienen la menor cantidad de empleados públicos por cada mil habitantes. En ese mismo rango se inscribe la provincia de Río Negro, mientras que Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén se encuentran muy por encima de los promedios más bajos.
En 30 años Chubut alcanza un promedio de 62 empleados públicos cada mil habitantes y Río Negro tiene exactamente el mismo promedio. Neuquén asciende a los 81 trabajadores estatales por cada mil habitantes, Tierra del Fuego trepa a los 94 y Santa Cruz a los 95 de promedio.
Resulta interesante cotejar las realidades históricas de la incidencia del empleo estatal en dos provincias con características muy similares como son Chubut y Neuquén.
Se trata de dos provincias esencialmente petroleras y casi con los mismos niveles poblacionales, pero Neuquén contó a lo largo de tres décadas con un 30% más en promedio de empleados públicos cada mil habitantes. En ninguno de los años analizados Chubut, con sus 62 empleados públicos de promedio cada mil habitantes, tuvo más trabajadores estatales que Neuquén; que promedió 81.
Lo mismo sucede, pero en proporciones aún mayores, cuando se observan los números de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Ambas superan por más del 50% a los empleados públicos existentes en Chubut, llegando el territorio santacruceño a los 95 de promedio cada mil habitantes y el fueguino a 94 en los últimos 30 años.
En tren de comparaciones sobre lo sucedido en las últimas tres décadas, Chubut incrementó su planta de personal en un 49% -pasando de 51 a 76 empleados cada mil habitantes; mientras que Neuquén lo hizo en 52% -de 69 a 105-; Río Negro en un 59% -de 51 a 81- y Tierra del Fuego en un 61% -de 75 a 121-. En tanto que Santa Cruz casi no tuvo variación porque arrancó con 101 empleados públicos cada mil habitantes en 1987 y llegó a los 102 en 2017.
El caso de Chubut
Durante los 30 años analizados Chubut fue incrementando la cantidad de empleados públicos en función de la proporcionalidad de su población, pero ninguno de los períodos de gobierno que involucran los años que van desde 1987 a 2019 dejó de pegar saltos de diferentes magnitudes.
La gestión de gobierno provincial que más incrementó la planta de personal estatal fue la de Mario Das Neves entre los años 2004 y 2011, con un incremento del 18,6% respecto de su antecesor. La de Martín Buzzi volvió a subir la planta en un 14,6% durante el período comprendido entre 2012 y 2015.
El gobierno de José Luis Lizurume aumentó la cantidad de empleados públicos en un 7,4% a lo largo de los cuatro años que van de 2000 al 2004. Carlos Maestro hizo lo propio, pero en un 2,7% en el período comprendido entre los años 1992 y 1999.
El único mandato que redujo la planta personal provincial fue el de Fernando Cosentino, que en 1991 la hizo decrecer 12,4% luego del estallido social y político producido tras la finalización anticipada del gobierno que se precipitó con la renuncia de Néstor Perl.
Vale aclarar que cuando asumió Perl en 1987 había 51 trabajadores estatales por cada mil habitantes y Cosentino dejó el gobierno en 1991 con la misma cantidad de empleados públicos.
Los escasos datos existentes en la actualidad permiten concluir que la gestión de Mariano Arcioni, tras el fallecimiento de Das Neves, mantuvo casi igual la planta de personal con la asumió a fines del 2017.
¿Estado = problemas?; ¿privados = soluciones?
El argumento de que la madre de todos los problemas es la cantidad de empleados públicos y los salarios que paga el Estado de Chubut se derrumba en una provincia potencialmente rica por sus abultados recursos naturales y sus potencialidades productivas.
Uno de los principales argumentos que utiliza el sector minero para impulsar la actividad en la provincia está basado en la cantidad de trabajadores estatales que existen en Chubut, pero eso choca con la realidad de una provincia donde la minería está totalmente habilitada y en plena expansión como es Santa Cruz.
El Estado santacruceño tienen un nivel del empleo público que es 53% mayor al del chubutense en la actualidad.
La pregunta clave es en qué medida la minería podría modificar la situación expuesta a través del manido argumento neoliberal del empleo público, ya que Santa Cruz exportó en 2019 el 99% de todos los dólares vendidos al exterior en piedras y metales preciosos producidos en la Argentina.
Santa Cruz es la principal provincia exportadora de minería del país, pero al mismo tiempo concentra la mayor cantidad de empleados públicos cada mil habitantes de la Patagonia.
Este análisis de números duros desmiente el calor de los voceros y representantes del neoliberalismo que declaman la reducción del Estado. La crisis no debería traducirse tampoco en una impronta de despidos en las provincias patagónicas que superan a Chubut y Río Negro en cantidad de trabajadores estatales. Por el contrario, deberían disparar la mejora en los servicios estatales, la reducción de la burocracia innecesaria y la búsqueda de un equilibrio regional que coloque la vara más alta y no más baja.
Quedaron claras en plena pandemia las enormes falencias que tienen los servicios del Estado, especialmente en el ámbito de la Salud Pública que colapsó -sanitaria y presupuestariamente- en las cinco provincias patagónicas por el avance del Coronavirus; incluida Santa Cruz.
Hace falta más y mejor Estado, sostenido por partidas presupuestarias adecuadas y con una clara visión de asistencia social y servicio público que solamente puede brindar el sector estatal para el conjunto de sus habitantes.
Es obvio que en otra vereda seguirán machando el establishment y el neoliberalismo con ese discurso ideológicamente pertinaz, pero plagado de falacias, para que haya menos presencia estatal, menos empleados públicos y también menos impuestos para los sectores más acomodados.
