La administración de Mariano Arcioni envió a la Legislatura, que lo aprobó la semana pasada, una redistribución de fondos subejecutados de este año. Unos 3.000 millones de pesos que correspondían al Ministerio de Educación fueron destinados mayoritariamente al pago de la deuda, mientras que una porción menor fue utilizada para el Poder Judicial y otra parte para cubrir el déficit con la Caja de Jubilación provincial.
El Boletín Oficial fechado el 18 de diciembre da cuenta de una redistribución presupuestaria solicitada por el Poder Ejecutivo y aprobada por la Legislatura en la última sesión virtual.
Con el aval de la Legislatura, el gobierno de Mariano Arcioni podrá destinar 3.000 millones de pesos que le correspondían al Ministerio de Educación para el pago de los servicios de la deuda pública en pesos y el Poder Judicial.
El periodista Martín Ulacia, urgando en el Boletín Oficial, fue quien detectó la información y la publicó en un hilo de su cuenta Twitter.
El proyecto (PL 120/20) que originalmente envió el gobierno provincial justificó este desfasaje en función de la variación alcista del dólar frente al peso y de allí la diferencia con la que busca hacerse de pesos extraordinarios para afrontar esos servicios de la deuda.
También especifica que parte de esa readecuación presupuestaria iría destinada al pago de haberes en el Poder Judicial, otros a gastos de funcionamiento y una porción a cubrir el déficit generado con el Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS).
La subejecución presupuestaria de este 2020 vinculada al sector educativo quedará distribuida mayoritariamente para cancelar vencimientos de deuda pública en pesos que debe afrontar la administración arcionista. Para ese fin se utilizarán 2.000 de los 3.000 millones de pesos redistribuidos.
Otros 229 millones de pesos se destinarán para cubrir un aumento salarial en el Ministerio de la Defensa Pública, dependiente del Poder Judicial. Además, un millón de pesos irán para salarios del Consejo de la Magistratura y otro 1,1 millones de pesos para gastos de funcionamiento del mismo sector Judicial.
Finalmente, 768 millones de pesos serían los destinados por el Poder Ejecutivo para saldar en parte el déficit de transferencias que mantiene con el ISSyS durante el transcurso de este año.
