Los días de furia que se vivieron en enero de 2017 en torno de la recuperación territorial que protagonizó el Pu Lof en Resistencia Mapuche en cercanías de Vuelta del Río volverán a ser evocados en el juicio que comienza esta semana y expondrá el accionar represivo y violento que tuvo la Policía de Chubut. Ese verano fue la antesala de lo que siete meses después sería la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, el 1º de agosto. En el banquillo de los acusados estará Javier Alberto Solorza, oficial principal que estuvo a cargo de los veinte efectivos pertenecientes a la Guardia de Infantería de la Policía del Chubut que actuó ese 11 de enero entre las 19 y las 20 horas.
El episodio es recordado especialmente por la impactante foto del rostro de Emilio Jones con su maxilar destrozado por el balazo de goma y bañado en sangre. Fue el corolario de un accionar represivo que ordenó el Estado. 24 horas antes Gendarmería y también efectivos de la policía provincial habían realizado operaciones en el lugar. La fuerza de seguridad nacional había intervenido para desalojar las vías del Viejo Expreso Patagónico La Trochita y los uniformados de azul realizaron un allanamiento por un presunto hecho de abigeato.
En ese momento la discusión estaba centrada en la posibilidad de que el tren pudiera atravesar el territorio recuperado. Los mapuches intentaban convocar a una mesa de diálogo político en el que pretendían poner sobre la mesa diversos temas en cuestión. Sin embargo, lo que en un principio se presentó como una novedad positiva terminó siendo un fracaso que concluyó como suelen finalizar este tipo de conflictos.
Si bien se había conformado una Mesa de Dialogo por medio de una Resolución Alternativa de Conflicto a cargo de Nación, solamente dos encuentros fueron posibles. El primero tuvo como escenario el Servicio Penitenciario de Esquel, donde estaba detenido el lonko de la comunidad mapuche, Facundo Jones Huala. La segunda se realizó en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Pero no hubo tercera.
El gobierno provincial por intermedio de Martin Bortagaray, presidente de CORFO en ese momento, avisó que se retiraba del dialogo. A pesar de contar con veedores y garantes del encuentro, la mesa de diálogo quedó trunca y con ello la posible solución política y pacífica del conflicto se esfumó.
A partir de entonces los discursos mediáticos del ex gobernador Mario das Neves, su entonces vicegobernador Mariano Arcioni y el secretario de Gobierno Pablo Durán, entre otros, comenzaron a generar un escenario en la que la intervención de las fuerzas de seguridad aparecería como la única salida.
Quien en ese entonces ocupaba el Ministerio de Gobierno de Chubut, Pablo Durán, sostuvo sin tapujos que los mapuches del Pu Lof eran "terroristas" y cuestionó a legisladores del PJ porque consideraba que se "solidarizaban" con "delincuentes".
"Es un grupo terrorista, de delincuentes, no es un grupo que pelea, como lo vienen haciendo en muchas comunidades desde hace muchos años por los derechos ancestrales", se puede leer en los portales informativos de la época acerca de las declaraciones que Durán brindaba en sintonía con quienes forzaban la creación de un escenario de conflicto bélico.
Los hechos
El martes 11 de enero de 2017 un grupo 20 efectivos de la Guardia de Infantería de la policía de Chubut, a cargo del Oficial Principal Javier Alberto Solorza, se detuvo en la zona en la que se había producido la recuperación territorial de la comunidad mapuche y comenzó su accionar. De la camioneta en la que se trasladaban bajaron armados con escopetadas cargadas con municiones, y aunque no contaban con orden judicial, comenzaron un ataque sobre los integrantes de la comunidad mapuche.
Desde el alambrado perimetral que divide el territorio de la Ruta 40, comenzaron los disparos con municiones de escopetas anti tumulto a apenas 10 metros de las víctimas. Los disparos, según sostiene la parte acusatoria estuvieron direccionados a la parte superior del cuerpo de las personas que se encontraban en el lugar, de los cuales cuatro fueron alcanzados por las ráfagas provocando lesiones de distinta gravedad.
Si bien las fuerzas que se vieron involucradas en la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado fueron de Gendarmería y en esta oportunidad actuaron policías, el modus operandi de esos días se repite. En esa persecución avanzaban corriendo, algunos llevando escudos, provistos de escopetas. Algunos de los efectivos corren a los mapuches hasta ingresar en el interior de la comunidad.
Quienes se llevaron la peor parte fueron Fausto Jones Huala, quien sufrió un traumatismo de cráneo provocándole una disminución en su habla y audición como secuela y Emilio Jones, que sufrió una fractura del maxilar inferior.
Del informe pericial realizado por Enrique Prueger se desprende "que la ubicación, situación y dirección de la lesión de la víctima - Emilio Jones-, y la posición observada en el video es coincidente con lo relatado", que al momento de recibir el impacto en el rostro se verifica la presencia del personal policial parapetado entre los arbustos, lugar en donde se encontraba el Oficial Solorza indicando con su brazo libre a dónde y a quién disparar, mientras que en el otro brazo llevaba una escopeta. El mismo informe agrega que por el código de tiempo y el sonido, se efectuaron cinco disparos de los cuáles uno hirió a Emilio Jones.
La prueba balística que realizó Alberto Ehnes, de la Procuración General de la provincia, remata al señalar que la distancia de disparo fue de 500 a 1000 centímetros. Una prueba que estaría en coincidencia con lo que quedó registrado en videos donde se puede observar al personal policial muy cerca de los miembros de la comunidad mapuche. Sin embargo y de acuerdo al protocolo de actuación la distancia mínima de disparo con los proyectiles anti tumulto sería de 20 metros como mínimo.
Intencionalidad de herir o matar
La abogada Sonia Ivanoff sostiene que el accionar de la policía fue claro y estuvo dirigido con intencionalidad de herir o causar la muerte de algún mapuche por quienes son tiradores expertos entrenados para ello. La letrada sostiene que además actuaron de manera sorpresiva y encontraron a los integrantes de la comunidad desprevenidos e indefensos.
Lo que en un principio se presentó como un enfrentamiento resultó ser una represión cruel de acuerdo a los videos que fueron aportados por las víctimas y el propio personal policial. Allí se podría observar el ataque perpetrado contra la comunidad, en el que no solamente realizaron disparos con postas de goma, sino que lanzaban piedras, saltando el alambre e ingresando dentro del territorio mapuche. A partir de los mismos registros no habría indicio de corte de ruta u otro hecho que hubiese provocado el feroz accionar de las fuerzas policiales.
Ivanoff tiene como hipótesis que "estamos frente a una acción sistemática de la fuerza policial que es la antesala de toda una fuerza sistemática represiva a nivel provincial contra los mapuches que se coordina con un "plan mayor del enemigo interno, denominado Comando patagónico'".
En esos tiempos se había instalado una profusa campaña mediática en torno a la organización Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Vienen a cuenta los interrogantes que se plantea Mariano Ariel Nagy, investigador del CONICET: "¿A qué obedece la virulencia de las narrativas sobre los pueblos originarios y por qué se activan y reemergen tópicos y caracterizaciones de vieja data que llegan al punto de la invención de un movimiento terrorista disolvente del territorio nacional argentino? ¿Qué posibilita que se instale mediáticamente una difusa organización como RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) y se escriban editoriales y notas de opinión que destilan un odio inusitado y alertan sobre la oscura intención de la conformación de "un estado aparte", una entidad territorial indígena que mutilaría la fisonomía del Estado nacional argentino?"
Esta vez el juicio gira en torno a los victimarios que provocaron uno de los varios hechos violentos de esos días de furia.
