Habitantes de un pueblo tienen que pedir permiso a una minera para entrar y salirLa firma Mogote Cortado busca instalar una cantera en un área de protección ambiental, mientras que los vecinos de la localidad deben solicitar permiso para llegar a sus casas, o hacerlo por las vías del ferrocarril.
Escondida entre las apacibles sierras de la provincia de Córdoba, en Argentina, la localidad de Casa Bamba es un paraje turístico de 60 habitantes, y forma parte de la Reserva Hídrica y Recreativa Natural Bamba, a la vera del río Suquía, señaló RT.
Desde hace dos años, cualquier visitante ocasional que ande por la zona se topará con un paredón de piedra y un portón cerrado a la altura del kilómetro 16 y medio de la ruta E-55, único camino para llegar al pueblo. "Prohibido el paso. Propiedad privada", dice un cartel de fondo blanco y letras rojas que anuncia, caprichosamente, el final del sendero que bordea la rivera.
Del otro lado del muro se encuentra la minera Mogote Cortado, del Grupo Minera, una empresa que tiene una planta de micronizado -es decir, que muele piedras para extraer sus minerales-, y que aguarda la habilitación del Gobierno de la provincia para iniciar allí la instalación de una cantera.
Permiso para llegar a casa
Fue en febrero de 2019 cuando las 17 familias que conforman Casa Bamba se enteraron repentinamente de que, para poder hacer el camino de todos los días hacia el trabajo, hacia la escuela, a comprar víveres o a donde sea, debían pedir permiso al agente civil que estuviera haciendo guardia en el portón. A él debían mostrar sus documentos para certificar que eran habitantes del lugar.
Así comenzaron a filtrar el paso de la gente a la comunidad: primero evitaban que pasaran los turistas, que es prácticamente de lo que ha subsistido el pueblo desde hace 100 años; luego, los familiares y amigos de los vecinos, y más tarde fue a los propios pobladores, a quienes se les negó el acceso también. Silvia Flamini, docente e integrante de la Asamblea por la Reserva Bamba, cuenta en diálogo con RT que, desde entonces, tanto vecinos como turistas han tenido que transitar por las vías del tren para llegar a sus casas, lo que implica caminar 2 kilómetros por lugares que ponen en riesgo la vida de la gente. "No tenés cómo hacerte a un lado, el camino está lleno de curvas y contracurvas y al tren no lo ves hasta que lo tenés encima. Implica un peligro terrible para cualquiera", advierte.
En agosto del año pasado, en medio de una serie de incendios forestales que afectaron un total de 300.000 hectáreas de la provincia de Córdoba, los vecinos de Casa Bamba quedaron atrapados entre el río, la sierra y las llamas que se acercaban. El fuego no llegó a quemar las viviendas pero estuvo cerca. Y los vecinos que fueron evacuados tuvieron que hacerlo por las vías, entre ellos ancianos y discapacitados. A partir de esa situación, instalaron un acampe que ya lleva más de 5 meses reclamando la apertura del camino.
Un puente
Gracias a la permanencia de los activistas en el lugar para denunciar el conflicto, lograron que la municipalidad de La Calera construyera un puente peatonal que sirve para unir al pueblo con el camino de la ruta E-55, pasando por encima del río. De todas maneras, el puente no es una respuesta al problema, porque una vez que cruzan el río falta atravesar el portón.
Dice Silvia que con la construcción del puente peatonal el intendente de La Calera, Rodrigo Rufeil, quiere "tapar la realidad". "Hay un problema resuelto, pero no es el básico, que es la libertad de tránsito y el derecho a vivir en un ambiente sano", afirma.
"El camino costea el río Suquía. Es imposible que instalen ahí una cantera, no solo porque cortan el paso de los habitantes del pueblo sino también por el riesgo de contaminación que implica. Del río Suquía se extrae el agua que consume la mitad de Córdoba capital, que es donde se concentra la mayor población de la provincia", expone la activista.
A esto se suma que en el lugar se hallaron restos arqueológicos precolombinos, que también deberían ser protegidos. "Parece que ninguno de los argumentos es suficiente", se lamenta Silvia.
La opción que tiene la empresa, propiedad de Pablo Gigli, Roberto Camarasa y Esteban Camarasa, es abrir otro camino. Sin embargo, cuando proyectaron esto nadie se acordó que es una zona protegida por la ley de bosques nativos, declarada reserva natural desde el año 2001, aunque la normativa aún no fue reglamentada.
"Es un régimen de presidio inaceptable. Nos han convertido en los reos del pueblo", señala la asambleísta. Y agrega: "El puente no alcanza. Queremos que quiten el portón".
Así como el de la Minera Mogote, hay otros proyectos de explotación minera en la zona de Sierras Chicas de Córdoba que aguardan la habilitación de las secretarías de Minería y Ambiente para poder operar. Pero las demandas sociales cambiaron, y el turismo en los distritos serranos ha desplazado a la minería como una de las principales actividades económicas y de generación de empleo en la provincia.
Mientras tanto, la Asamblea vecinal ha demandado al municipio y a la empresa, y ha realizado decenas de denuncias por daños ambientales en la zona, como generar movimientos de suelo pese a no tener permiso, o modificar la rivera arrojando piedras gigantes sobre las orillas.
El objetivo de los vecinos es doble: preservar el derecho al libre tránsito y defender el derecho a vivir en un ambiente sano. Ambos derechos están protegidos por la Constitución Nacional.
Fuente: iProfesional
La firma Mogote Cortado busca instalar una cantera en un área de protección ambiental, mientras que los vecinos de la localidad deben solicitar permiso para llegar a sus casas, o hacerlo por las vías del ferrocarril.
Escondida entre las apacibles sierras de la provincia de Córdoba, en Argentina, la localidad de Casa Bamba es un paraje turístico de 60 habitantes, y forma parte de la Reserva Hídrica y Recreativa Natural Bamba, a la vera del río Suquía, señaló RT.
Desde hace dos años, cualquier visitante ocasional que ande por la zona se topará con un paredón de piedra y un portón cerrado a la altura del kilómetro 16 y medio de la ruta E-55, único camino para llegar al pueblo. "Prohibido el paso. Propiedad privada", dice un cartel de fondo blanco y letras rojas que anuncia, caprichosamente, el final del sendero que bordea la rivera.
Del otro lado del muro se encuentra la minera Mogote Cortado, del Grupo Minera, una empresa que tiene una planta de micronizado -es decir, que muele piedras para extraer sus minerales-, y que aguarda la habilitación del Gobierno de la provincia para iniciar allí la instalación de una cantera.
Permiso para llegar a casa
Fue en febrero de 2019 cuando las 17 familias que conforman Casa Bamba se enteraron repentinamente de que, para poder hacer el camino de todos los días hacia el trabajo, hacia la escuela, a comprar víveres o a donde sea, debían pedir permiso al agente civil que estuviera haciendo guardia en el portón. A él debían mostrar sus documentos para certificar que eran habitantes del lugar.
Así comenzaron a filtrar el paso de la gente a la comunidad: primero evitaban que pasaran los turistas, que es prácticamente de lo que ha subsistido el pueblo desde hace 100 años; luego, los familiares y amigos de los vecinos, y más tarde fue a los propios pobladores, a quienes se les negó el acceso también. Silvia Flamini, docente e integrante de la Asamblea por la Reserva Bamba, cuenta en diálogo con RT que, desde entonces, tanto vecinos como turistas han tenido que transitar por las vías del tren para llegar a sus casas, lo que implica caminar 2 kilómetros por lugares que ponen en riesgo la vida de la gente. "No tenés cómo hacerte a un lado, el camino está lleno de curvas y contracurvas y al tren no lo ves hasta que lo tenés encima. Implica un peligro terrible para cualquiera", advierte.
En agosto del año pasado, en medio de una serie de incendios forestales que afectaron un total de 300.000 hectáreas de la provincia de Córdoba, los vecinos de Casa Bamba quedaron atrapados entre el río, la sierra y las llamas que se acercaban. El fuego no llegó a quemar las viviendas pero estuvo cerca. Y los vecinos que fueron evacuados tuvieron que hacerlo por las vías, entre ellos ancianos y discapacitados. A partir de esa situación, instalaron un acampe que ya lleva más de 5 meses reclamando la apertura del camino.
Un puente
Gracias a la permanencia de los activistas en el lugar para denunciar el conflicto, lograron que la municipalidad de La Calera construyera un puente peatonal que sirve para unir al pueblo con el camino de la ruta E-55, pasando por encima del río. De todas maneras, el puente no es una respuesta al problema, porque una vez que cruzan el río falta atravesar el portón.
Dice Silvia que con la construcción del puente peatonal el intendente de La Calera, Rodrigo Rufeil, quiere "tapar la realidad". "Hay un problema resuelto, pero no es el básico, que es la libertad de tránsito y el derecho a vivir en un ambiente sano", afirma.
"El camino costea el río Suquía. Es imposible que instalen ahí una cantera, no solo porque cortan el paso de los habitantes del pueblo sino también por el riesgo de contaminación que implica. Del río Suquía se extrae el agua que consume la mitad de Córdoba capital, que es donde se concentra la mayor población de la provincia", expone la activista.
A esto se suma que en el lugar se hallaron restos arqueológicos precolombinos, que también deberían ser protegidos. "Parece que ninguno de los argumentos es suficiente", se lamenta Silvia.
La opción que tiene la empresa, propiedad de Pablo Gigli, Roberto Camarasa y Esteban Camarasa, es abrir otro camino. Sin embargo, cuando proyectaron esto nadie se acordó que es una zona protegida por la ley de bosques nativos, declarada reserva natural desde el año 2001, aunque la normativa aún no fue reglamentada.
"Es un régimen de presidio inaceptable. Nos han convertido en los reos del pueblo", señala la asambleísta. Y agrega: "El puente no alcanza. Queremos que quiten el portón".
Así como el de la Minera Mogote, hay otros proyectos de explotación minera en la zona de Sierras Chicas de Córdoba que aguardan la habilitación de las secretarías de Minería y Ambiente para poder operar. Pero las demandas sociales cambiaron, y el turismo en los distritos serranos ha desplazado a la minería como una de las principales actividades económicas y de generación de empleo en la provincia.
Mientras tanto, la Asamblea vecinal ha demandado al municipio y a la empresa, y ha realizado decenas de denuncias por daños ambientales en la zona, como generar movimientos de suelo pese a no tener permiso, o modificar la rivera arrojando piedras gigantes sobre las orillas.
El objetivo de los vecinos es doble: preservar el derecho al libre tránsito y defender el derecho a vivir en un ambiente sano. Ambos derechos están protegidos por la Constitución Nacional.
Fuente: iProfesional
