Arcioni se fortalece con la vuelta a clases: ¿de dónde sacó $9.500 millones para desactivar a los docentes?La vuelta a clases en Chubut tiene múltiples lecturas políticas. Se inscribe como uno de los triunfos más importantes del gobierno de Arcioni -fuertemente avalado por el gobierno nacional- y exhibe la crisis de la conducción gremial docente, desgastada por la pandemia pero con predisposición claramente acuerdista tras años de conflicto. La nueva normalidad exhibe a una administración arcionista fortalecida después de largos períodos de debilidad extrema y preanuncia la profundización de la batalla por instalar la minería. El gobierno chubutense pagará en apenas una semana cerca de 9.560 millones de pesos en salarios y aguinaldos. No se informó todavía el origen formal de esos fondos.
La que termina y la que se inicia posiblemente vayan a ser recordadas por el gobernador Mariano Arcioni como las dos semanas más importantes de su gestión al frente del Poder Ejecutivo de Chubut. Junto a este panorama ahora auspicioso de su mandato se anotan como momentos relevantes la renegociación de la deuda y obviamente el fin de semana de septiembre en el que -hace un año y medio- se alzó con el triunfo electoral.
Es que el gobierno de Arcioni conseguirá en esta "nueva normalidad" que se produzca un inicio de clases cuasi normal como en el resto del país, a pesar de la pandemia de Coronavirus y de las enormes dificultades económicas por las que viene atravesando desde hace más de cuatro años.
Desde 2018 que no se producía un Chubut un inicio de clases "normal". A causa de la pandemia esta tampoco lo será totalmente, pero todo hacía pensar que producto de la enorme deuda que se mantenía con los maestros y auxiliares tampoco habría presencialidad como producto de la conflictividad social.
Cuando casi nadie se lo esperaba, la gestión arcionista -con el aval del presidente Alberto Fernández y la presencia del ministro de Educación Nicolás Trotta- abrió las negociaciones con los gremios docentes para conseguir que Chubut se sume al arranque del ciclo lectivo 2021.
Los batallones pesados de los trabajadores estatales -tanto por cantidad de trabajadores como por su nivel de incidencia en la vida cotidiana de las familias y la alta conflictividad de los últimos años- entraban en escena y toda la relativa calma que se venía produciendo en la provincia tenía chances de estallar por los aires. En las últimas semanas solo se venían produciendo paros esporádicos de los trabajadores de la Salud y de los Judiciales.
Y de golpe apareció la plata
Empezar un cuarto año sin clases y en conflicto tras un año de virtualidad y desconexión por la pandemia hubiera puesto nuevamente a Arcioni contra las cuerdas como ocurrió en años anteriores.
El gobierno sentó en la mesa de negociación a dos funcionarios. El ministro de Gobierno, José Grazzini, fue el encargado de negociar la parte dura de la política y la economía. La ministra de Educación, Florencia Perata, se limitó a negociar la actualización del protocolo.
Grazzini arrancó ofertándole a los gremios docentes el pago de la deuda de solamente el rango 3 y 4 de hace dos meses; lo que fue rechazado de plano. Al siguiente encuentro volvió con las alforjas cargadas de promesas más consistentes, pero en cómodas cuotas.
El ofrecimiento consistió en pagar un mes completo de la deuda salarial y el medio aguinaldo de diciembre; claro que lo adeudado iba a ser cancelado en dos cuotas, una en marzo y la otra en abril.
Frente a un nuevo rechazo, Grazzini pidió un cuarto intermedio para hablar con Economía y con Trotta, uno de los principales responsables de que en Chubut empezaran las clases sí o sí.
La nueva oferta de Grazzini fue pagar todo lo prometido en una cuota y pocos días después cancelar la masa salarial de febrero durante los primeros días de marzo. En ese ofrecimiento quedaron fuera de cualquier contemplación los docentes del rango 3 y 4 a los que se les sigue adeudando un sueldo.
De dónde salieron los fondos
Hasta el momento es una incógnita el origen formal de los 2.635 millones de pesos (1.878 millones por la deuda de un mes más 878 millones del medio aguinaldo de diciembre) que Chubut ofertó a los docentes y auxiliares de la educación para que el lunes arranquen las clases.
A esa suma se le deben sumar los 5.200 millones de pesos de una masa salarial completa para todos los empelados públicos, más los 1.722 millones de pesos que también se pagarán de aguinaldo al resto de los estatales.
Los pagos a docentes y demás trabajadores del Estado demandarán una erogación, entre finales de febrero y principios de marzo, de 9.557 millones de pesos en total. La pregunta del millón es qué fuente surgieron casi 10 mil millones de pesos para cancelar buena parte de los salarios adeudados que la administración arcionista repetía hasta hace muy poco que "no podía" pagar.
No existe hasta el momento ninguna información oficial que exponga el origen de los fondos, aunque si se pueden efectuar especulaciones múltiples y variadas.
Una de las hipótesis es que Nación desembolsó fondos extraordinarios para salvar la coyuntura chubutense más allá de los 10.000 millones que ya había otorgado en calidad de préstamo el año pasado por la crisis económica y los efectos de la pandemia.
Esa opción parece algo inverosímil a priori, porque de haber sucedido así seguramente el resto de las provincias en crisis también buscaría conseguir ayudas adicionales.
La otra posibilidad es que el gobierno chubutense haya estado "ahorrando" fondos a lo largo de los últimos meses para encarar esta problemática con los docentes y así conseguir que arranquen las clases.
El Extremo Sur ha descripto en varios artículos cómo han ido creciendo los ingresos por Coparticipación Federal de Impuestos, tributos provinciales y los vinculados a las regalías petroleras.
Cuando se cotejan las recaudaciones de los cinco últimos meses en esos tres rubros se observa que Chubut recaudó cerca de 9.765 millones de pesos más que hace un año atrás. Llama poderosamente la atención la coincidencia -probablemente sea solo eso- entre los incrementos de recaudación y los 9.557 millones de pesos desembolsados para afrontar la negociación con los docentes.
Esos 9.765 millones de pesos que se sumaron a la recaudación provincial entre octubre y febrero se componen de la siguiente manera: 6.377 millones al aumento de la Coparticipación (se recaudó 56% más en cinco meses); 1.270 millones al incremento de las regalías petroleras (subieron 14% en moneda nacional); y 2.117 millones de deuda en dólares que no se debió pagar por la renegociación. Inclusive se podrían sumar los 1.038 millones de pesos emitidos a principios de febrero en Letras del Tesoro.
A la espera de explicación gubernamental de lo sucedido, sin perder de vista que se trata de fondos públicos que deben ser transparentados en su manejo, los análisis tienen valor aproximativo como producto de la ausencia de datos oficiales.
Sin embargo, lo concreto es que casi de golpe apareció la plata y el lunes comenzarán las clases en Chubut -al igual que en todo el país- como no venía sucediendo en los últimos cuatro años.
Más allá de las explicaciones formales que se hagan desde el gobierno y el Ministerio de Economía, si los recursos ya estaban en las arcas públicas es válido preguntarse por qué no se cancelaron las deudas con anterioridad.
La demora en los pagos provocó una enorme pérdida a los empleados públicos y los jubilados provinciales desde hace varios meses, depreciando los ingresos por el atraso y haciéndoles pagar interés por la mora. A los problemas de subsistencia cotidiana se sumaron los agobios psicológicos para afrontar el día a día en medio de la pandemia.
Un combo de fortaleza y debilidad
La cajita feliz del gobernador provocó un impacto profundo en la sociedad chubutense. No solo consiguió salir airoso del primer año de la peste, sino que ahora se podrá colgar la medalla de haber sido uno de los mejores alumnos del peronismo a la hora de evitar un nuevo incendio provincial.
Que Arcioni haya salido más fortalecido con este acuerdo no hace desaparecer las debilidades que posee su gestión en materia de gobernabilidad desde que está al frente del Ejecutivo, pero representa un espaldarazo político que muy pocos podían imaginar hace unas pocas semanas.
El propio gobernador no lo dirá en público, pero la sensación de alivio cuando se fue a dormir con el acta firmada por los gremios docentes debe haber sido algo parecido a desembarcar luego de un tsunami.
Esa perspectiva ya se avizoraba de fortaleza relativa desde finales del año pasado (ver el artículo www.elextremosur.com/nota/28196) cuando después de la renegociación de la deuda en dólares no se vislumbraban grandes conflictos sindicales en la provincia. Inclusive El Extremo Sur proyectó que era muy probable que hasta marzo no se cancelaran los sueldos impagos (ver www.elextremosur.com/nota/28141) y terminó aconteciendo casi con exactitud.
El rol sindical
Un papel fundamental para que eso sucediera han jugado varias de las conducciones sindicales de Chubut, especialmente algunas de las más encumbradas de los gremios privados más importantes (Petroleros, Camioneros, UOCRA y otros) como así también -esencialmente- los que hasta ahora dirigen los destinos de los sindicatos estatales.
En su gran mayoría -no en su totalidad, porque existen algunas excepciones- responden a diferentes vertientes o variables del peronismo. De allí que no se hayan exacerbado los niveles de conflictividad en Chubut durante los últimos meses, más aún desde que Sergio Massa le abrió las puertas del gobierno nacional a Arcioni, quien terminó recibiendo recibió cobijo material del albertismo. Hasta ahora no recibió lo mismo del kirchnerismo, que le sigue pegando aunque con cierta cautela.
Fuerte revuelo generó el artículo de EES antes mencionado, especialmente en las filas de la izquierda y sectores de vanguardia de la provincia, pero el paso del tiempo fue corroborando aquellos análisis al punto tal de que hoy Chubut es una de las provincias con menos conflictividad social del país. Obviamente, hay que hacer la salvedad en el terreno de la minería, donde todo podría recalentarse con la nueva avanzada que buscaría apurar Arcioni con la zonificación para la Meseta tras el logro político de acomodar la situación docente.
Arcioni va por todo
Pocas horas después de firmar el acuerdo con los docentes, el gobernador tomó impulso y aseveró que "Es el mejor proyecto productivo de la provincia y el país y lo vamos a defender". Para redoblar la apuesta lanzó que "se va a decidir en el debate, en la Legislatura, vamos a dar la discusión con el sustento científico y tecnológico que se tenga que dar porque proyectamos a 50 años".
La cuestión de la minería es una cuestión más conflictiva que la de los trabajadores estatales, porque el rechazo social es extendido y se ha potenciado en los últimos meses ante el avance del lobby prominero.
Un paso en falso que exacerbe el rechazo social fomentando una multiplicidad de manifestaciones contra la zonificación, lo que parece hoy una calma casi total o un camino despejado para Arcioni podría estallarle en las manos y reavivar la conflictividad.
Suena lógico que Arcioni vaya por todo y quiere quedar en el "bronce" -que seguramente nadie querrá lustrar en el futuro, pero al que muchos de la clase dirigente deberán rendirle pleitesía- transformándose en el gobernador que en medio de la inmensa crisis económica consiguió que arranquen las clases -cuando casi nadie lo daba como posible- y además intentará imponer la minería como no lo consiguieron hacer otros mandatarios peronistas o radicales.
Su nueva fortaleza no es producto de un régimen político consolidado ni de una gestión de gobierno sólida y con un gabinete afianzado. Se sustenta en la mano dura del repudiado ministro Federico Massoni, en la muñeca del economista sigiloso Oscar Antonena y la capacidad operativa de Grazzini.
Todo aparenta cierta fragilidad, pero es evidente que para Arcioni es "ahora o nunca".
El peronismo nacional lo necesita como aliado para sostener el avance minero -para Alberto Fernández es estratégico y una fuente de divisas- pero también lo quiere cercano para la próxima contienda electoral nacional, donde se dirimirán diputados y senadores.
La gestión arcionista va surfeando una ola monstruosa que estuvo a punto de devorarlo y revolcarlo en aguas turbulentas. Montado en el triunfo político de los últimos días, el gobernador buscará mantenerse con pretensiones de liderazgo y quizás consiga el premio adicional de una banca a futuro en el Congreso de la Nación.
La vuelta a clases en Chubut tiene múltiples lecturas políticas. Se inscribe como uno de los triunfos más importantes del gobierno de Arcioni -fuertemente avalado por el gobierno nacional- y exhibe la crisis de la conducción gremial docente, desgastada por la pandemia pero con predisposición claramente acuerdista tras años de conflicto. La nueva normalidad exhibe a una administración arcionista fortalecida después de largos períodos de debilidad extrema y preanuncia la profundización de la batalla por instalar la minería. El gobierno chubutense pagará en apenas una semana cerca de 9.560 millones de pesos en salarios y aguinaldos. No se informó todavía el origen formal de esos fondos.
La que termina y la que se inicia posiblemente vayan a ser recordadas por el gobernador Mariano Arcioni como las dos semanas más importantes de su gestión al frente del Poder Ejecutivo de Chubut. Junto a este panorama ahora auspicioso de su mandato se anotan como momentos relevantes la renegociación de la deuda y obviamente el fin de semana de septiembre en el que -hace un año y medio- se alzó con el triunfo electoral.
Es que el gobierno de Arcioni conseguirá en esta "nueva normalidad" que se produzca un inicio de clases cuasi normal como en el resto del país, a pesar de la pandemia de Coronavirus y de las enormes dificultades económicas por las que viene atravesando desde hace más de cuatro años.
Desde 2018 que no se producía un Chubut un inicio de clases "normal". A causa de la pandemia esta tampoco lo será totalmente, pero todo hacía pensar que producto de la enorme deuda que se mantenía con los maestros y auxiliares tampoco habría presencialidad como producto de la conflictividad social.
Cuando casi nadie se lo esperaba, la gestión arcionista -con el aval del presidente Alberto Fernández y la presencia del ministro de Educación Nicolás Trotta- abrió las negociaciones con los gremios docentes para conseguir que Chubut se sume al arranque del ciclo lectivo 2021.
Los batallones pesados de los trabajadores estatales -tanto por cantidad de trabajadores como por su nivel de incidencia en la vida cotidiana de las familias y la alta conflictividad de los últimos años- entraban en escena y toda la relativa calma que se venía produciendo en la provincia tenía chances de estallar por los aires. En las últimas semanas solo se venían produciendo paros esporádicos de los trabajadores de la Salud y de los Judiciales.
Y de golpe apareció la plata
Empezar un cuarto año sin clases y en conflicto tras un año de virtualidad y desconexión por la pandemia hubiera puesto nuevamente a Arcioni contra las cuerdas como ocurrió en años anteriores.
El gobierno sentó en la mesa de negociación a dos funcionarios. El ministro de Gobierno, José Grazzini, fue el encargado de negociar la parte dura de la política y la economía. La ministra de Educación, Florencia Perata, se limitó a negociar la actualización del protocolo.
Grazzini arrancó ofertándole a los gremios docentes el pago de la deuda de solamente el rango 3 y 4 de hace dos meses; lo que fue rechazado de plano. Al siguiente encuentro volvió con las alforjas cargadas de promesas más consistentes, pero en cómodas cuotas.
El ofrecimiento consistió en pagar un mes completo de la deuda salarial y el medio aguinaldo de diciembre; claro que lo adeudado iba a ser cancelado en dos cuotas, una en marzo y la otra en abril.
Frente a un nuevo rechazo, Grazzini pidió un cuarto intermedio para hablar con Economía y con Trotta, uno de los principales responsables de que en Chubut empezaran las clases sí o sí.
La nueva oferta de Grazzini fue pagar todo lo prometido en una cuota y pocos días después cancelar la masa salarial de febrero durante los primeros días de marzo. En ese ofrecimiento quedaron fuera de cualquier contemplación los docentes del rango 3 y 4 a los que se les sigue adeudando un sueldo.
De dónde salieron los fondos
Hasta el momento es una incógnita el origen formal de los 2.635 millones de pesos (1.878 millones por la deuda de un mes más 878 millones del medio aguinaldo de diciembre) que Chubut ofertó a los docentes y auxiliares de la educación para que el lunes arranquen las clases.
A esa suma se le deben sumar los 5.200 millones de pesos de una masa salarial completa para todos los empelados públicos, más los 1.722 millones de pesos que también se pagarán de aguinaldo al resto de los estatales.
Los pagos a docentes y demás trabajadores del Estado demandarán una erogación, entre finales de febrero y principios de marzo, de 9.557 millones de pesos en total. La pregunta del millón es qué fuente surgieron casi 10 mil millones de pesos para cancelar buena parte de los salarios adeudados que la administración arcionista repetía hasta hace muy poco que "no podía" pagar.
No existe hasta el momento ninguna información oficial que exponga el origen de los fondos, aunque si se pueden efectuar especulaciones múltiples y variadas.
Una de las hipótesis es que Nación desembolsó fondos extraordinarios para salvar la coyuntura chubutense más allá de los 10.000 millones que ya había otorgado en calidad de préstamo el año pasado por la crisis económica y los efectos de la pandemia.
Esa opción parece algo inverosímil a priori, porque de haber sucedido así seguramente el resto de las provincias en crisis también buscaría conseguir ayudas adicionales.
La otra posibilidad es que el gobierno chubutense haya estado "ahorrando" fondos a lo largo de los últimos meses para encarar esta problemática con los docentes y así conseguir que arranquen las clases.
El Extremo Sur ha descripto en varios artículos cómo han ido creciendo los ingresos por Coparticipación Federal de Impuestos, tributos provinciales y los vinculados a las regalías petroleras.
Cuando se cotejan las recaudaciones de los cinco últimos meses en esos tres rubros se observa que Chubut recaudó cerca de 9.765 millones de pesos más que hace un año atrás. Llama poderosamente la atención la coincidencia -probablemente sea solo eso- entre los incrementos de recaudación y los 9.557 millones de pesos desembolsados para afrontar la negociación con los docentes.
Esos 9.765 millones de pesos que se sumaron a la recaudación provincial entre octubre y febrero se componen de la siguiente manera: 6.377 millones al aumento de la Coparticipación (se recaudó 56% más en cinco meses); 1.270 millones al incremento de las regalías petroleras (subieron 14% en moneda nacional); y 2.117 millones de deuda en dólares que no se debió pagar por la renegociación. Inclusive se podrían sumar los 1.038 millones de pesos emitidos a principios de febrero en Letras del Tesoro.
A la espera de explicación gubernamental de lo sucedido, sin perder de vista que se trata de fondos públicos que deben ser transparentados en su manejo, los análisis tienen valor aproximativo como producto de la ausencia de datos oficiales.
Sin embargo, lo concreto es que casi de golpe apareció la plata y el lunes comenzarán las clases en Chubut -al igual que en todo el país- como no venía sucediendo en los últimos cuatro años.
Más allá de las explicaciones formales que se hagan desde el gobierno y el Ministerio de Economía, si los recursos ya estaban en las arcas públicas es válido preguntarse por qué no se cancelaron las deudas con anterioridad.
La demora en los pagos provocó una enorme pérdida a los empleados públicos y los jubilados provinciales desde hace varios meses, depreciando los ingresos por el atraso y haciéndoles pagar interés por la mora. A los problemas de subsistencia cotidiana se sumaron los agobios psicológicos para afrontar el día a día en medio de la pandemia.
Un combo de fortaleza y debilidad
La cajita feliz del gobernador provocó un impacto profundo en la sociedad chubutense. No solo consiguió salir airoso del primer año de la peste, sino que ahora se podrá colgar la medalla de haber sido uno de los mejores alumnos del peronismo a la hora de evitar un nuevo incendio provincial.
Que Arcioni haya salido más fortalecido con este acuerdo no hace desaparecer las debilidades que posee su gestión en materia de gobernabilidad desde que está al frente del Ejecutivo, pero representa un espaldarazo político que muy pocos podían imaginar hace unas pocas semanas.
El propio gobernador no lo dirá en público, pero la sensación de alivio cuando se fue a dormir con el acta firmada por los gremios docentes debe haber sido algo parecido a desembarcar luego de un tsunami.
Esa perspectiva ya se avizoraba de fortaleza relativa desde finales del año pasado (ver el artículo www.elextremosur.com/nota/28196) cuando después de la renegociación de la deuda en dólares no se vislumbraban grandes conflictos sindicales en la provincia. Inclusive El Extremo Sur proyectó que era muy probable que hasta marzo no se cancelaran los sueldos impagos (ver www.elextremosur.com/nota/28141) y terminó aconteciendo casi con exactitud.
El rol sindical
Un papel fundamental para que eso sucediera han jugado varias de las conducciones sindicales de Chubut, especialmente algunas de las más encumbradas de los gremios privados más importantes (Petroleros, Camioneros, UOCRA y otros) como así también -esencialmente- los que hasta ahora dirigen los destinos de los sindicatos estatales.
En su gran mayoría -no en su totalidad, porque existen algunas excepciones- responden a diferentes vertientes o variables del peronismo. De allí que no se hayan exacerbado los niveles de conflictividad en Chubut durante los últimos meses, más aún desde que Sergio Massa le abrió las puertas del gobierno nacional a Arcioni, quien terminó recibiendo recibió cobijo material del albertismo. Hasta ahora no recibió lo mismo del kirchnerismo, que le sigue pegando aunque con cierta cautela.
Fuerte revuelo generó el artículo de EES antes mencionado, especialmente en las filas de la izquierda y sectores de vanguardia de la provincia, pero el paso del tiempo fue corroborando aquellos análisis al punto tal de que hoy Chubut es una de las provincias con menos conflictividad social del país. Obviamente, hay que hacer la salvedad en el terreno de la minería, donde todo podría recalentarse con la nueva avanzada que buscaría apurar Arcioni con la zonificación para la Meseta tras el logro político de acomodar la situación docente.
Arcioni va por todo
Pocas horas después de firmar el acuerdo con los docentes, el gobernador tomó impulso y aseveró que "Es el mejor proyecto productivo de la provincia y el país y lo vamos a defender". Para redoblar la apuesta lanzó que "se va a decidir en el debate, en la Legislatura, vamos a dar la discusión con el sustento científico y tecnológico que se tenga que dar porque proyectamos a 50 años".
La cuestión de la minería es una cuestión más conflictiva que la de los trabajadores estatales, porque el rechazo social es extendido y se ha potenciado en los últimos meses ante el avance del lobby prominero.
Un paso en falso que exacerbe el rechazo social fomentando una multiplicidad de manifestaciones contra la zonificación, lo que parece hoy una calma casi total o un camino despejado para Arcioni podría estallarle en las manos y reavivar la conflictividad.
Suena lógico que Arcioni vaya por todo y quiere quedar en el "bronce" -que seguramente nadie querrá lustrar en el futuro, pero al que muchos de la clase dirigente deberán rendirle pleitesía- transformándose en el gobernador que en medio de la inmensa crisis económica consiguió que arranquen las clases -cuando casi nadie lo daba como posible- y además intentará imponer la minería como no lo consiguieron hacer otros mandatarios peronistas o radicales.
Su nueva fortaleza no es producto de un régimen político consolidado ni de una gestión de gobierno sólida y con un gabinete afianzado. Se sustenta en la mano dura del repudiado ministro Federico Massoni, en la muñeca del economista sigiloso Oscar Antonena y la capacidad operativa de Grazzini.
Todo aparenta cierta fragilidad, pero es evidente que para Arcioni es "ahora o nunca".
El peronismo nacional lo necesita como aliado para sostener el avance minero -para Alberto Fernández es estratégico y una fuente de divisas- pero también lo quiere cercano para la próxima contienda electoral nacional, donde se dirimirán diputados y senadores.
La gestión arcionista va surfeando una ola monstruosa que estuvo a punto de devorarlo y revolcarlo en aguas turbulentas. Montado en el triunfo político de los últimos días, el gobernador buscará mantenerse con pretensiones de liderazgo y quizás consiga el premio adicional de una banca a futuro en el Congreso de la Nación.
