El monitoreo satelital de Greenpeace detectó la continua presencia en exceso de buques pesqueros en el Agujero Azul, oasis de la biodiversidad oceánica localizada en el Mar Argentino, entre la frontera de aguas internacionales y nacionales, que sobrepasa el volumen autorizado dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina.
Como un enjambre de depredadores voraces, cientos de barcos pesqueros provenientes del otro lado del mundo se acercan durante meses a la región atlántica austral para poner en práctica métodos de explotación no sustentables, que destruyen la fauna y flora local mediante la ampliamente cuestionada técnica de pesca de arrastre, que literalmente arrasa con lo que debería ser un biodiverso bosque subacuático.
"Venimos monitoreando hace varios años la sobreexplotación de los recursos pesqueros en el Agujero Azul, una zona muy pequeña de 5.000 km2 en aguas internacionales que limitan con las nacionales. Esto se produce todos los años para esta época, pero ahora estamos en el pico", dijo a Sputnik Luisina Vueso, coordinadora de la campaña por la protección del Mar Argentino de la organización ambientalista internacional Greenpeace.
Vueso alertó que el descontrol pesquero es tal que a la fecha del último monitoreo, el 23 de febrero, se encontraron que hay menos de la mitad de buques autorizados dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) que aquellos bordeando las aguas argentinas en el Agujero Azul, localizado a unos 500 km al este del golfo San Jorge, frente a las costas de las provincias patagónicas de Chubut y Santa Cruz.
La Subsecretaría de Pesca y Acuicultura nacional afirma que actualmente la ZEE argentina tiene en circulación 177 buques pesqueros en operación en un espacio de más de 1 millón de km2.
Greenpeace detectó que en el Agujero Azul al menos 470 buques pesqueros pudieron ser identificados, entre estos, cuatro buques tanque, gigantescas estaciones de carga de gasolina flotantes, y ocho buques frigoríficos, que reciben las capturas directamente de los pesqueros para transportarlas al país de destino final, sin pasar por ningún control.
Un mundo amenazado
"Principalmente vienen a buscar calamar y merluza negra. Utilizan las técnicas más destructivas, sin considerar temporadas, en aguas internacionales, donde no existe ningún tipo de gobernanza que regule esta actividad, que es lo que habilita que ocurra todos los años", comentó la especialista en economía del desarrollo.
La alta concentración de los pesqueros se detecta en un lugar codiciado por la industria pesquera por las características de su ecosistema marino, uno de los más diversos y ricos del mundo. Se ubica donde todavía se extiende la plataforma continental, por lo que tiene áreas someras, no tan profundas, donde todavía hay luz, lo que permite la existencia de suelos ricos en algas y otras plantas marinas, que alimentan al conjunto de la cadena alimenticia oceánica.
"Esta zona es muy rica en biodiversidad, es un verdadero vivero, un corredor biológico muy importante que sostiene ecosistemas fundamentales del Mar Argentino. La fauna de nuestro mar va ahí a alimentarse y tiene que competir con esta industria tan intensiva, y destructiva por la pesca por arrastre. Hace unos años bajamos unas cámaras y pudimos ver que era un desierto, cuando debería ser un bosque de algas submarinas", resaltó.
Vueso comentó que hace varios años las organizaciones ambientalistas impulsan un Tratado Global por los Océanos en la Organización de Naciones Unidas (ONU), que en agosto próximo tendrá su última reunión de negociación. El tratado permitiría la creación de santuarios marinos en aguas internacionales para proteger estos ecosistemas vulnerables que han sido devastados por la sobreexplotación.
Sustentabilidad y soberanía
La rapiña pesquera ilegal es denunciada por la mayoría de países de Latinoamérica con salida al mar. Chile, Perú, Ecuador y Colombia anunciaron en noviembre de 2020 acciones conjuntas para contener la invasión de sus territorios marítimos sobre el Pacífico, mientras que Brasil y Guyana se sumaron a la Operación Cruz del Sur liderada por EEUU en el Atlántico.
China encabeza la lista de países depredadores, con una flotilla de entre 300 y 600 barcos, acusados de arrasar con los recursos ictícolas, sin permisos ni control de ningún tipo, desde México hasta Chile, pasando por las Islas Galápagos, las costas peruanas y el Mar Argentino, ubicado al este de la Patagonia.
"En Argentina hay un proyecto de ley muy interesante en la Cámara de Diputados que busca la creación de un área marina protegida bentónica, que proteja todo lo que está pegado al suelo submarino en esta zona. Argentina le solicitó a la ONU la extensión de la plataforma continental, entonces hoy el fondo marino del Agujero Azul, no la columna de agua, es argentino", aclaró la ambientalista.
En 2020, Argentina transformó en ley la extensión de la plataforma continental oceánica, un hito que es el resultado de más de 20 años de trabajo de investigación multidisciplinaria. Además, el Gobierno elevó por ley las multas por pesca ilegal.
La Comisión Nacional de Límite Exterior de Plataforma Continental (Copla) fue creada en 1997 y cuenta con un equipo de hidrógrafos, oceanógrafos, geólogos, cartógrafos, especialistas en sistemas de información geográficas y abogados.
En marzo de 2017, la ONU aprobó la ampliación del espacio marítimo argentino en más de 1,7 millones de km2, con lo que lo llevó a más de 6,5 millones de km2. Esto significa un aumento del 35% de su zona soberana, lo que le daría control sobre recursos naturales de los suelos y subsuelos submarinos.
Según lo resuelto por la ONU, se extiende el territorio submarino de 200 millas náuticas (322 km) a 350 (563 km). La nueva ley fortalece los derechos de soberanía sobre los recursos naturales e incrementa la seguridad jurídica en el marco de la explotación pesquera y de hidrocarburos y minerales.
La confirmación de la nueva demarcación del límite exterior de la plataforma continental submarina y la creación de un Consejo institucional multipartidario para transformar la causa Malvinas en política de Estado buscan afianzar la posición del país ante el Reino Unido, que ocupa el archipiélago desde 1833 y con el que se enfrentó en la Guerra de Malvinas de 1982.
