Patagonia

Políticas del miedo: policía condenado, ministro persigue militantes, demonizan a mapuches y "dibujan" la realidad

Por Pablo Quintana

La pena impuesta al subcomisario de la Policía de Chubut, Javier Solorza por el delito de abuso de autoridad a 1 año y 6 meses de prisión en suspenso y a 3 años de inhabilitación especial para desempeñar funciones en las fuerzas de seguridad, no tuvo repercusión. Pasó desapercibida en el oleaje informativo que entre TV, diarios y redes sociales inunda a cada uno de los individuos. Pero también hay intencionalidad en que el hecho pase inadvertido. Sólo hay que googlear el nombre de Javier Solorza para cobrar dimensión de la poca y casi nula evocación que tuvo la pena impuesta por el juez José Luis Ennis.

Ni siquiera por ser una condena que no tiene precedentes. El policía fue sentado en el atril de los acusados en el juicio oral y público por iniciativa de la comunidad mapuche integrantes del Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Solorza estaba a cargo del grupo que les disparó durante los hechos represivos del 11 de enero de 2017 y en el que varias de las víctimas resultaron con heridas de suma gravedad.

Pero para el relato hegemónico no es noticia. Puede ser por incapacidad. Porque la propia fuente de información dejó de ser el resorte en la elaboración de la crónica (movileros de radios golpeando el despacho del comisario para que de cuenta de los "hechos delictivos"). O bien por una clara intencionalidad en direccionar el relato.

En esa construcción mediática de la realidad, se fabrican discursos y representaciones que nos orientan no sólo hacia donde estará puesta nuestra mirada sino también nuestra condena social. Así los medios, en consonancia con los sectores de poder (sean políticos o económicos) pueden realizar una sobreexposición mediática, por ejemplo, de los mapuches supuestamente protagonizando hechos vandálicos a través de la RAM o ya sea a través de una subexposición que evoca censura como "cerco informativo" de situaciones que suceden como, por ejemplo, la condena a un oficial a cargo de un grupo de Infantería de la policía provincial y que casi no tenga cobertura mediática.

Tampoco habrá videos institucionales que nos enseñen que ese no debe ser el accionar de quienes forman parte de la seguridad "encargada de mantener el orden público y la seguridad de los ciudadanos mediante el uso de distintas herramientas", como reza Wikipedia. No habrá una imagen de Solorza, dónde vive, de su casa ni de su militancia. Porque es lo que corresponde. Porque para Solorza está garantizado el Estado de Derecho que supimos conseguir.

Pero no sucederá lo mismo con los doce vecinos y vecinas de la Comarca Andina que fueron judicializados en el marco del incendio que conmocionó a la cordillera chubutense. Un video del Ministerio de Seguridad que conduce Federico Massoni expone de forma impúdica a las personas detenidas, mostrando sus rostros, sus viviendas, sus pertenencias. Como denuncian las organizaciones sociales "el video cierra con una imagen del águila imperial precedida por la leyenda: `++ seguridad + orden + respeto + progreso'. El mensaje es claro: el "progreso" llega con represión y criminalización".

El sociólogo y jurista, Roberto Gargarella, sostiene que "el problema es que existen muchos delitos que se utilizan, o que podrían ser utilizados, para reprimir la protesta social. Muchos de estos tipos penales, a su vez, son de dudosa compatibilidad con el sistema interamericano de derechos humanos: algunos son imprecisos, o no protegen bienes jurídicos relevantes o concretos, o tienen un ámbito de prohibición demasiado amplio. A esto hay que agregarle la propia naturaleza del sistema penal, que no opera ante todos los casos, sino que es selectivo". En medio del descrédito político que atraviesa el gobierno de Mariano Arcioni con todo su gabinete -principalmente Massoni- la violencia se transformó en el modus operandi del ministerio de Seguridad.

Un accionar que no deja de tener consonancia con lo que sucede en otras latitudes, no sólo en nuestro país sino a nivel mundial. Con la vieja e infaltable política del miedo, discursos conservadores afloran en buscan de la atomización social y la construcción de un estado de excepción, como el que se experimenta en Chubut. Propiciando un panorama de incertidumbre en términos de seguridad y por ende en la radicalización de medidas. Así los nacionalismos afloran con discursos llenos de xenofobia, racismo y misoginia.

No en vano, en pleno lanzamiento de su nuevo espacio político partidario "Peronismo Republicano" dentro de las filas del PRO, Miguel Ángel Pichetto volvió a reproducir su discurso reaccionario contra los pueblos originarios y los responsabilizó sin tapujos y sin prueba alguna de los incendios en la cordillera chubutense. "Hay que investigar a los mapuches, que no son mapuches, son personajes que están lindando la actividad insurreccional y el terrorismo". En esa misma línea se manifestó un personaje peligroso como Patricia Bullrich.

En esa sintonía fueron los medios con alcance nacional como Clarín. Claudio Andrade, un fuerte operador contra los Pueblos Originarios y que escribe para el matutino porteño, pregona con figura tales como "mapuches radicalizados".

La Regional Esquel de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos tuvo que salir al cruce de esas manifestaciones. "La tierra no es solo hábitat o entorno para las comunidades mapuche sino su matriz de vida. Resulta entonces inconcebible destruirla sin destruirse. Ser parte de la tierra implica su cuidado y una vida en armonía", aclara el documento y recuerda que una de las víctimas fatales de los incendios intencionales que devastaron la Comarca Andina es un poblador mapuche, peón rural.

"Rechazamos las operaciones mediáticas a las que recurren habitualmente los medios hegemónicos apelando a hablar de organizaciones como la RAM -cuya existencia jamás han podido comprobar- y que han servido de elementos distractores en gravísimos hechos ocurridos en Patagonia como los asesinatos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

Es tiempo de atender debidamente los reclamos ancestrales y de respetar los derechos de los pueblos originarios consagrados en la Constitución Nacional", finaliza el texto de la APDH.

Decía el filósofo Julio Darío De Zan que "la legitimación política mediante el consenso democrático no cambia en nada la calificación moral de una mala acción: el asesinato es algo tan malo si lo decide y lo ejecuta uno, como si lo hace una multitud. La discriminación racial, sexual o religiosa, la injusticia, las lesiones a la inviolabilidad de las personas, como es el uso o la instrumentalización de los individuos para determinados fines colectivos, la violación de la autonomía y de las libertades individuales, etc., no se transforman en algo bueno por el hecho de realizarse con el respaldo de una mayoría política. Este es más bien, precisamente, uno de los peligros de desviación de la democracia y de su transformación en dictadura de las mayorías, o del autoritarismo de un partido hegemónico".

Chubut es una clara muestra de la degradación institucional que vive el sistema democrático en estos tiempos y de cómo el sistema va realizando su propio relato de una realidad que cada vez nos queda más lejana. Immanuel Kant decía que hay una realidad del todo, que puede ser pensada pero no conocida y hay realidades concretas, aquellas que los medios hegemónicos y los sectores de poder se encargan de construir casi a diario para que las contemplemos como creíbles.