Ivanoff: "Los pueblos originarios son sujetos de derecho; en la práctica son criminalizados por jueces y fiscales" En un marco socio-político con una fuerte impronta de discriminación, se van evidenciando los discursos "anti-mapuches" que representan el pensamiento de un sector que persigue y deslegitima a los pueblos originarios, hoy encarnados en figuras políticas. Los incendios forestales en la Patagonia desataron una nueva ola de críticas contra la comunidad mapuche, una vez más puesta en la mira por los medios de comunicación y los mecanismos judiciales.
Sonia Liliana Ivanoff es una abogada comodorense, especializada en la defensa de Derechos de los Pueblos Originarios. Es también fundadora de la cátedra libre de Pueblos Originarios en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). En diálogo con El Extremo Sur, abordó las estrategias de una justicia racista que invisibiliza los derechos consagrados de los pueblos originarios, legitimadas a su vez por un discurso político.
Actualmente la provincia de Chubut cuenta con más de 100 comunidades indígenas, en su mayoría reconocidas mapuche o mapuche-tehuelche. A pesar de habitar tierras que les son propias por derecho ancestral, deben construir estrategias de resistencia sociales, políticas y culturales, en pos de la recuperación del territorio y la identidad, usurpados hace más de un siglo luego de la llamada "Campaña del Desierto".
Si bien estas comunidades lograron una ampliación de derechos en la última década, la persecución parece haberse intensificado. El discurso anti-mapuche no es nuevo; los políticos del PRO que años atrás señalaron a la comunidad mapuche tras la desaparición de Santiago Maldonado hoy los responsabilizan por los incendios.
Ivanoff sostiene que la resistencia comenzó a organizarse hace 20 años, aproximadamente, aunque algunos casos resonados en la prensa pusieron el debate en el ámbito social y político. El caso de Santiago Maldonado puso en jaque el aparato discursivo que se gestó desde la prensa y las instituciones estatales para tratar de demonizar a la comunidad mapuche, salvaguardando las responsabilidades de la Gendarmería Nacional.
La misma Patricia Bullrich, entonces Ministra de Seguridad, todavía sostiene un discurso racista contra las comunidades indígenas. A semanas de la desaparición de Santiago Maldonado en 2017, afirmó: "Los mapuches son un grupo de extrema violencia". De hecho, la ex Ministra visitó Chubut días atrás, y se sumó a la criminalización del pueblo mapuche, al sostener que los incendios fueron responsabilidad "de un grupo RAM, que nosotros combatimos, que lo que quieren es hacer de la Patagonia un lugar invivible". Lo dijo en el marco de un video que circuló en redes sociales y medios de comunicación.
En este sentido, la abogada se refirió también a la agenda mediática que algunas veces avala el discurso racista. "La prensa colabora a construir un enemigo interno", indicó.
Criminalización y negación
En su trabajo como defensora de los Derechos Humanos de los pueblos originarios, Ivanoff identificó dos prácticas judiciales que se destinan a perjudicar a las comunidades indígenas en Chubut: la criminalización y la negación. "Negar significa negar derechos, llevar a los integrantes de los pueblos originarios al Sistema Judicial, ignorando los derechos que tienen consagrados, como el derecho a la reivindicación y la recuperación de los territorios que tradicionalmente ocuparon antes de la conquista y la colonización", explica la letrada.
En algunos de sus escritos también alude a los efectos de esta "negación de la diferencia" en el trazado de políticas públicas y la construcción de una sociedad plural: "Esta situación de desconocimiento del derecho se refleja claramente, al momento del diseño de políticas
públicas y/o sociales, o programas en dónde los organismos del estado (nacional, provincial o municipal) deberían garantizarlo", afirma. "Sin embargo no existe ni el menor de los esfuerzos para asumir una conducta distinta con ánimo de generar espacios de participación o fortalecimiento, al contrario se fortalece el discurso de la negación".
Ivanoff enfoca la problemática en materia judicial y sostiene que este derecho "es reconocido en varias legislaciones, entre ellas el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, en concordancia con la Constitución Nacional".
El Convenio 169 de la OIT fue proclamado en 1989, y propone un marco normativo internacional de protección de los derechos fundamentales de los pueblos originarios. Consta de 46 artículos en los cuales se establecen los estándares mínimos de respeto a los Derechos Humanos de las comunidades indígenas, entre los que figuran: la propiedad de sus tierras y recursos naturales, la preservación de sus conocimientos tradicionales, la autodeterminación, la consulta previa y los derechos individuales y colectivos referidos a la educación, la salud y el empleo.
No obstante, Ivanoff reconoce que en la práctica la mayoría de la normativa vigente no se cumple, y los mecanismos judiciales son utilizados para la persecución y criminalización de los pueblos indígenas. "Es un camino lento que tienen que transitar las comunidades para ese reconocimiento, porque sus tierras fueron dadas para la colonización", menciona la abogada. "La falta de políticas implementadas para la restitución territorial provocó que hace más de 20 años las comunidades iniciaran un proceso de recuperación territorial".
"Si bien los miembros de los pueblos originarios están percibidos como sujetos de derecho en el texto de la Ley, en la práctica los criminalizan; quienes permiten el acceso a la justicia lo hacen dentro de este sistema, son jueces y fiscales que niegan derechos", explicó Ivanoff.
La otra Historia
En un sentido más bien histórico, la letrada comenta la manera en que la "mal llamada" Conquista del Desierto marcó un conjunto de prácticas de despojo de tierras e invisibilización de la cultura de los pueblos indígenas. "Actualmente las comunidades buscan la recuperación de estas tierras que fueron despojadas, entregadas para la explotación ganadera, agrícola o cualquier otro sistema de economía capitalista".
"Ahí se niega este derecho al territorio, se lo criminaliza, porque cuando intentan recuperar territorios son llevados a juicios como ‘usurpadores'", señala Ivanoff, al problematizar la noción de "usurpación" que se ha utilizado en numerosos juicios contra comunidades indígenas en la lucha por la recuperación de un territorio ancestral.
"Luego de la Conquista del Desierto se lleva a cabo esta invisibilización. En 1879 deciden que murieron todos los indígenas, se entregaron todas las tierras y ya", detalla. Y subraya que esto llevó a que se "hayan recrudecido las prácticas discriminatorias raciales; el racismo como una generalidad, una discriminación sistémica, epistémica también, porque está en nuestra terminología -cuanod decimos "indios" o "estos indios vagos", la construcción del mapuche chileno-, han usado la educación como el mejor método para intentar hacer desaparecer los pueblos indígenas en la Argentina", concluyó la abogada.
Ivanoff: "Los pueblos originarios son sujetos de derecho en la Ley; pero en la práctica los criminalizan los jueces y fiscales que niegan sus derechos"
En un reciente marco socio-político con una fuerte impronta dek discriminación, se van evidenciando los discursos "anti-mapuche" que representan el pensamiento de un sector que persigue y deslegitima a los pueblos originarios, hoy encarnados en figuras políticas. Los incendios forestales en la Patagonia desataron una nueva ola de críticas contra la comunidad mapuche, una vez más puesta en la mira por los medios de comunicación y los mecanismos judiciales.
Sonia Liliana Ivanoff es una abogada comodorense, especializada en la defensa de Derechos de los Pueblos Originarios. Es también fundadora de la cátedra libre de Pueblos Originarios en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). En diálogo con El Extremo Sur, abordó las estrategias de una justicia racista que invisibiliza los derechos consagrados de los pueblos originarios, legitimadas a su vez por un discurso político.
Actualmente la provincia de Chubut cuenta con más de 100 comunidades indígenas, en su mayoría reconocidas mapuche o mapuche-tehuelche. A pesar de habitar tierras que les son propias por derecho ancestral, deben construir estrategias de resistencia sociales, políticas y culturales, en pos de la recuperación del territorio y la identidad, usurpados hace más de un siglo luego de la llamada "Campaña del Desierto".
Si bien estas comunidades lograron una ampliación de derechos en la última década, la persecución parece haberse intensificado. El discurso anti-mapuche no es nuevo; los políticos del PRO que años atrás señalaron a la comunidad mapuche tras la desaparición de Santiago Maldonado hoy los responsabilizan por los incendios.
Ivanoff sostiene que la resistencia comenzó a organizarse hace 20 años, aproximadamente, aunque algunos casos resonados en la prensa pusieron el debate en el ámbito social y político. El caso de Santiago Maldonado puso en jaque el aparato discursivo que se gestó desde la prensa y las instituciones estatales para tratar de demonizar a la comunidad mapuche, salvaguardando las responsabilidades de la Gendarmería Nacional.
La misma Patricia Bullrich, entonces Ministra de Seguridad, todavía sostiene un discurso racista contra las comunidades indígenas. A semanas de la desaparición de Santiago Maldonado en 2017, afirmó: "Los mapuches son un grupo de extrema violencia". De hecho, la ex Ministra visitó Chubut días atrás, y se sumó a la criminalización del pueblo mapuche, al sostener que los incendios fueron responsabilidad "de un grupo RAM, que nosotros combatimos, que lo que quieren es hacer de la Patagonia un lugar invivible". Lo dijo en el marco de un video que circuló en redes sociales y medios de comunicación.
En este sentido, la abogada se refirió también a la agenda mediática que algunas veces avala el discurso racista. "La prensa colabora a construir un enemigo interno", indicó.
Criminalización y negación
En su trabajo como defensora de los Derechos Humanos de los pueblos originarios, Ivanoff identificó dos prácticas judiciales que se destinan a perjudicar a las comunidades indígenas en Chubut: la criminalización y la negación. "Negar significa negar derechos, llevar a los integrantes de los pueblos originarios al Sistema Judicial, ignorando los derechos que tienen consagrados, como el derecho a la reivindicación y la recuperación de los territorios que tradicionalmente ocuparon antes de la conquista y la colonización", explica la letrada.
En algunos de sus escritos también alude a los efectos de esta "negación de la diferencia" en el trazado de políticas públicas y la construcción de una sociedad plural: "Esta situación de desconocimiento del derecho se refleja claramente, al momento del diseño de políticas
públicas y/o sociales, o programas en dónde los organismos del estado (nacional, provincial o municipal) deberían garantizarlo", afirma. "Sin embargo no existe ni el menor de los esfuerzos para asumir una conducta distinta con ánimo de generar espacios de participación o fortalecimiento, al contrario se fortalece el discurso de la negación".
Ivanoff enfoca la problemática en materia judicial y sostiene que este derecho "es reconocido en varias legislaciones, entre ellas el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, en concordancia con la Constitución Nacional".
El Convenio 169 de la OIT fue proclamado en 1989, y propone un marco normativo internacional de protección de los derechos fundamentales de los pueblos originarios. Consta de 46 artículos en los cuales se establecen los estándares mínimos de respeto a los Derechos Humanos de las comunidades indígenas, entre los que figuran: la propiedad de sus tierras y recursos naturales, la preservación de sus conocimientos tradicionales, la autodeterminación, la consulta previa y los derechos individuales y colectivos referidos a la educación, la salud y el empleo.
No obstante, Ivanoff reconoce que en la práctica la mayoría de la normativa vigente no se cumple, y los mecanismos judiciales son utilizados para la persecución y criminalización de los pueblos indígenas. "Es un camino lento que tienen que transitar las comunidades para ese reconocimiento, porque sus tierras fueron dadas para la colonización", menciona la abogada. "La falta de políticas implementadas para la restitución territorial provocó que hace más de 20 años las comunidades iniciaran un proceso de recuperación territorial".
"Si bien los miembros de los pueblos originarios están percibidos como sujetos de derecho en el texto de la Ley, en la práctica los criminalizan; quienes permiten el acceso a la justicia lo hacen dentro de este sistema, son jueces y fiscales que niegan derechos", explicó Ivanoff.
La otra Historia
En un sentido más bien histórico, la letrada comenta la manera en que la "mal llamada" Conquista del Desierto marcó un conjunto de prácticas de despojo de tierras e invisibilización de la cultura de los pueblos indígenas. "Actualmente las comunidades buscan la recuperación de estas tierras que fueron despojadas, entregadas para la explotación ganadera, agrícola o cualquier otro sistema de economía capitalista".
"Ahí se niega este derecho al territorio, se lo criminaliza, porque cuando intentan recuperar territorios son llevados a juicios como ‘usurpadores'", señala Ivanoff, al problematizar la noción de "usurpación" que se ha utilizado en numerosos juicios contra comunidades indígenas en la lucha por la recuperación de un territorio ancestral.
"Luego de la Conquista del Desierto se lleva a cabo esta invisibilización. En 1879 deciden que murieron todos los indígenas, se entregaron todas las tierras y ya", detalla. Y subraya que esto llevó a que se "hayan recrudecido las prácticas discriminatorias raciales; el racismo como una generalidad, una discriminación sistémica, epistémica también, porque está en nuestra terminología -cuanod decimos "indios" o "estos indios vagos", la construcción del mapuche chileno-, han usado la educación como el mejor método para intentar hacer desaparecer los pueblos indígenas en la Argentina", concluyó la abogada.
En un marco socio-político con una fuerte impronta de discriminación, se van evidenciando los discursos "anti-mapuches" que representan el pensamiento de un sector que persigue y deslegitima a los pueblos originarios, hoy encarnados en figuras políticas. Los incendios forestales en la Patagonia desataron una nueva ola de críticas contra la comunidad mapuche, una vez más puesta en la mira por los medios de comunicación y los mecanismos judiciales.
Sonia Liliana Ivanoff es una abogada comodorense, especializada en la defensa de Derechos de los Pueblos Originarios. Es también fundadora de la cátedra libre de Pueblos Originarios en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). En diálogo con El Extremo Sur, abordó las estrategias de una justicia racista que invisibiliza los derechos consagrados de los pueblos originarios, legitimadas a su vez por un discurso político.
Actualmente la provincia de Chubut cuenta con más de 100 comunidades indígenas, en su mayoría reconocidas mapuche o mapuche-tehuelche. A pesar de habitar tierras que les son propias por derecho ancestral, deben construir estrategias de resistencia sociales, políticas y culturales, en pos de la recuperación del territorio y la identidad, usurpados hace más de un siglo luego de la llamada "Campaña del Desierto".
Si bien estas comunidades lograron una ampliación de derechos en la última década, la persecución parece haberse intensificado. El discurso anti-mapuche no es nuevo; los políticos del PRO que años atrás señalaron a la comunidad mapuche tras la desaparición de Santiago Maldonado hoy los responsabilizan por los incendios.
Ivanoff sostiene que la resistencia comenzó a organizarse hace 20 años, aproximadamente, aunque algunos casos resonados en la prensa pusieron el debate en el ámbito social y político. El caso de Santiago Maldonado puso en jaque el aparato discursivo que se gestó desde la prensa y las instituciones estatales para tratar de demonizar a la comunidad mapuche, salvaguardando las responsabilidades de la Gendarmería Nacional.
La misma Patricia Bullrich, entonces Ministra de Seguridad, todavía sostiene un discurso racista contra las comunidades indígenas. A semanas de la desaparición de Santiago Maldonado en 2017, afirmó: "Los mapuches son un grupo de extrema violencia". De hecho, la ex Ministra visitó Chubut días atrás, y se sumó a la criminalización del pueblo mapuche, al sostener que los incendios fueron responsabilidad "de un grupo RAM, que nosotros combatimos, que lo que quieren es hacer de la Patagonia un lugar invivible". Lo dijo en el marco de un video que circuló en redes sociales y medios de comunicación.
En este sentido, la abogada se refirió también a la agenda mediática que algunas veces avala el discurso racista. "La prensa colabora a construir un enemigo interno", indicó.
Criminalización y negación
En su trabajo como defensora de los Derechos Humanos de los pueblos originarios, Ivanoff identificó dos prácticas judiciales que se destinan a perjudicar a las comunidades indígenas en Chubut: la criminalización y la negación. "Negar significa negar derechos, llevar a los integrantes de los pueblos originarios al Sistema Judicial, ignorando los derechos que tienen consagrados, como el derecho a la reivindicación y la recuperación de los territorios que tradicionalmente ocuparon antes de la conquista y la colonización", explica la letrada.
En algunos de sus escritos también alude a los efectos de esta "negación de la diferencia" en el trazado de políticas públicas y la construcción de una sociedad plural: "Esta situación de desconocimiento del derecho se refleja claramente, al momento del diseño de políticas
públicas y/o sociales, o programas en dónde los organismos del estado (nacional, provincial o municipal) deberían garantizarlo", afirma. "Sin embargo no existe ni el menor de los esfuerzos para asumir una conducta distinta con ánimo de generar espacios de participación o fortalecimiento, al contrario se fortalece el discurso de la negación".
Ivanoff enfoca la problemática en materia judicial y sostiene que este derecho "es reconocido en varias legislaciones, entre ellas el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, en concordancia con la Constitución Nacional".
El Convenio 169 de la OIT fue proclamado en 1989, y propone un marco normativo internacional de protección de los derechos fundamentales de los pueblos originarios. Consta de 46 artículos en los cuales se establecen los estándares mínimos de respeto a los Derechos Humanos de las comunidades indígenas, entre los que figuran: la propiedad de sus tierras y recursos naturales, la preservación de sus conocimientos tradicionales, la autodeterminación, la consulta previa y los derechos individuales y colectivos referidos a la educación, la salud y el empleo.
No obstante, Ivanoff reconoce que en la práctica la mayoría de la normativa vigente no se cumple, y los mecanismos judiciales son utilizados para la persecución y criminalización de los pueblos indígenas. "Es un camino lento que tienen que transitar las comunidades para ese reconocimiento, porque sus tierras fueron dadas para la colonización", menciona la abogada. "La falta de políticas implementadas para la restitución territorial provocó que hace más de 20 años las comunidades iniciaran un proceso de recuperación territorial".
"Si bien los miembros de los pueblos originarios están percibidos como sujetos de derecho en el texto de la Ley, en la práctica los criminalizan; quienes permiten el acceso a la justicia lo hacen dentro de este sistema, son jueces y fiscales que niegan derechos", explicó Ivanoff.
La otra Historia
En un sentido más bien histórico, la letrada comenta la manera en que la "mal llamada" Conquista del Desierto marcó un conjunto de prácticas de despojo de tierras e invisibilización de la cultura de los pueblos indígenas. "Actualmente las comunidades buscan la recuperación de estas tierras que fueron despojadas, entregadas para la explotación ganadera, agrícola o cualquier otro sistema de economía capitalista".
"Ahí se niega este derecho al territorio, se lo criminaliza, porque cuando intentan recuperar territorios son llevados a juicios como ‘usurpadores'", señala Ivanoff, al problematizar la noción de "usurpación" que se ha utilizado en numerosos juicios contra comunidades indígenas en la lucha por la recuperación de un territorio ancestral.
"Luego de la Conquista del Desierto se lleva a cabo esta invisibilización. En 1879 deciden que murieron todos los indígenas, se entregaron todas las tierras y ya", detalla. Y subraya que esto llevó a que se "hayan recrudecido las prácticas discriminatorias raciales; el racismo como una generalidad, una discriminación sistémica, epistémica también, porque está en nuestra terminología -cuanod decimos "indios" o "estos indios vagos", la construcción del mapuche chileno-, han usado la educación como el mejor método para intentar hacer desaparecer los pueblos indígenas en la Argentina", concluyó la abogada.
Ivanoff: "Los pueblos originarios son sujetos de derecho en la Ley; pero en la práctica los criminalizan los jueces y fiscales que niegan sus derechos"
En un reciente marco socio-político con una fuerte impronta dek discriminación, se van evidenciando los discursos "anti-mapuche" que representan el pensamiento de un sector que persigue y deslegitima a los pueblos originarios, hoy encarnados en figuras políticas. Los incendios forestales en la Patagonia desataron una nueva ola de críticas contra la comunidad mapuche, una vez más puesta en la mira por los medios de comunicación y los mecanismos judiciales.
Sonia Liliana Ivanoff es una abogada comodorense, especializada en la defensa de Derechos de los Pueblos Originarios. Es también fundadora de la cátedra libre de Pueblos Originarios en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). En diálogo con El Extremo Sur, abordó las estrategias de una justicia racista que invisibiliza los derechos consagrados de los pueblos originarios, legitimadas a su vez por un discurso político.
Actualmente la provincia de Chubut cuenta con más de 100 comunidades indígenas, en su mayoría reconocidas mapuche o mapuche-tehuelche. A pesar de habitar tierras que les son propias por derecho ancestral, deben construir estrategias de resistencia sociales, políticas y culturales, en pos de la recuperación del territorio y la identidad, usurpados hace más de un siglo luego de la llamada "Campaña del Desierto".
Si bien estas comunidades lograron una ampliación de derechos en la última década, la persecución parece haberse intensificado. El discurso anti-mapuche no es nuevo; los políticos del PRO que años atrás señalaron a la comunidad mapuche tras la desaparición de Santiago Maldonado hoy los responsabilizan por los incendios.
Ivanoff sostiene que la resistencia comenzó a organizarse hace 20 años, aproximadamente, aunque algunos casos resonados en la prensa pusieron el debate en el ámbito social y político. El caso de Santiago Maldonado puso en jaque el aparato discursivo que se gestó desde la prensa y las instituciones estatales para tratar de demonizar a la comunidad mapuche, salvaguardando las responsabilidades de la Gendarmería Nacional.
La misma Patricia Bullrich, entonces Ministra de Seguridad, todavía sostiene un discurso racista contra las comunidades indígenas. A semanas de la desaparición de Santiago Maldonado en 2017, afirmó: "Los mapuches son un grupo de extrema violencia". De hecho, la ex Ministra visitó Chubut días atrás, y se sumó a la criminalización del pueblo mapuche, al sostener que los incendios fueron responsabilidad "de un grupo RAM, que nosotros combatimos, que lo que quieren es hacer de la Patagonia un lugar invivible". Lo dijo en el marco de un video que circuló en redes sociales y medios de comunicación.
En este sentido, la abogada se refirió también a la agenda mediática que algunas veces avala el discurso racista. "La prensa colabora a construir un enemigo interno", indicó.
Criminalización y negación
En su trabajo como defensora de los Derechos Humanos de los pueblos originarios, Ivanoff identificó dos prácticas judiciales que se destinan a perjudicar a las comunidades indígenas en Chubut: la criminalización y la negación. "Negar significa negar derechos, llevar a los integrantes de los pueblos originarios al Sistema Judicial, ignorando los derechos que tienen consagrados, como el derecho a la reivindicación y la recuperación de los territorios que tradicionalmente ocuparon antes de la conquista y la colonización", explica la letrada.
En algunos de sus escritos también alude a los efectos de esta "negación de la diferencia" en el trazado de políticas públicas y la construcción de una sociedad plural: "Esta situación de desconocimiento del derecho se refleja claramente, al momento del diseño de políticas
públicas y/o sociales, o programas en dónde los organismos del estado (nacional, provincial o municipal) deberían garantizarlo", afirma. "Sin embargo no existe ni el menor de los esfuerzos para asumir una conducta distinta con ánimo de generar espacios de participación o fortalecimiento, al contrario se fortalece el discurso de la negación".
Ivanoff enfoca la problemática en materia judicial y sostiene que este derecho "es reconocido en varias legislaciones, entre ellas el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, en concordancia con la Constitución Nacional".
El Convenio 169 de la OIT fue proclamado en 1989, y propone un marco normativo internacional de protección de los derechos fundamentales de los pueblos originarios. Consta de 46 artículos en los cuales se establecen los estándares mínimos de respeto a los Derechos Humanos de las comunidades indígenas, entre los que figuran: la propiedad de sus tierras y recursos naturales, la preservación de sus conocimientos tradicionales, la autodeterminación, la consulta previa y los derechos individuales y colectivos referidos a la educación, la salud y el empleo.
No obstante, Ivanoff reconoce que en la práctica la mayoría de la normativa vigente no se cumple, y los mecanismos judiciales son utilizados para la persecución y criminalización de los pueblos indígenas. "Es un camino lento que tienen que transitar las comunidades para ese reconocimiento, porque sus tierras fueron dadas para la colonización", menciona la abogada. "La falta de políticas implementadas para la restitución territorial provocó que hace más de 20 años las comunidades iniciaran un proceso de recuperación territorial".
"Si bien los miembros de los pueblos originarios están percibidos como sujetos de derecho en el texto de la Ley, en la práctica los criminalizan; quienes permiten el acceso a la justicia lo hacen dentro de este sistema, son jueces y fiscales que niegan derechos", explicó Ivanoff.
La otra Historia
En un sentido más bien histórico, la letrada comenta la manera en que la "mal llamada" Conquista del Desierto marcó un conjunto de prácticas de despojo de tierras e invisibilización de la cultura de los pueblos indígenas. "Actualmente las comunidades buscan la recuperación de estas tierras que fueron despojadas, entregadas para la explotación ganadera, agrícola o cualquier otro sistema de economía capitalista".
"Ahí se niega este derecho al territorio, se lo criminaliza, porque cuando intentan recuperar territorios son llevados a juicios como ‘usurpadores'", señala Ivanoff, al problematizar la noción de "usurpación" que se ha utilizado en numerosos juicios contra comunidades indígenas en la lucha por la recuperación de un territorio ancestral.
"Luego de la Conquista del Desierto se lleva a cabo esta invisibilización. En 1879 deciden que murieron todos los indígenas, se entregaron todas las tierras y ya", detalla. Y subraya que esto llevó a que se "hayan recrudecido las prácticas discriminatorias raciales; el racismo como una generalidad, una discriminación sistémica, epistémica también, porque está en nuestra terminología -cuanod decimos "indios" o "estos indios vagos", la construcción del mapuche chileno-, han usado la educación como el mejor método para intentar hacer desaparecer los pueblos indígenas en la Argentina", concluyó la abogada.
