La Legislatura de Chubut podría verse obligada a suspender el tratamiento del proyecto minero El pasado jueves 22 de abril de 2021 entró en vigencia el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales para América Latina y el Caribe.
El acuerdo, suscripto por Argentina, impone expresas obligaciones a los Estados en cuanto a su obligación de brindar la más amplia información respecto a sus decisiones ambientales, a establecer mecanismos de participación con plazos razonables antes de adoptar decisiones sobre ordenamiento o zonificación territoriales y a facilitar el acceso a la justicia para asegurar el cumplimiento de dichos deberes.
Según distintos analistas jurídicos el proyecto legislativo enviado a la Legislatura de Chubut por el gobernador Mariano Arcioni (Nro. 128/20) no cumple con los previos deberes de información y su tratamiento ha carecido de los mecanismos de participación y consulta previa, los que incluyen las mayores garantías que se aseguran a los pueblos indígenas por otros tratados internacionales.
Por esa razón, la Legislatura chubutense podría verse obligada a cumplir con los requisitos del Tratado para poder avanzar con el tratamiento del proyecto.
El pasado jueves 22 de abril de 2021 entró en vigencia el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales para América Latina y el Caribe.
El acuerdo, suscripto por Argentina, impone expresas obligaciones a los Estados en cuanto a su obligación de brindar la más amplia información respecto a sus decisiones ambientales, a establecer mecanismos de participación con plazos razonables antes de adoptar decisiones sobre ordenamiento o zonificación territoriales y a facilitar el acceso a la justicia para asegurar el cumplimiento de dichos deberes.
Según distintos analistas jurídicos el proyecto legislativo enviado a la Legislatura de Chubut por el gobernador Mariano Arcioni (Nro. 128/20) no cumple con los previos deberes de información y su tratamiento ha carecido de los mecanismos de participación y consulta previa, los que incluyen las mayores garantías que se aseguran a los pueblos indígenas por otros tratados internacionales.
Por esa razón, la Legislatura chubutense podría verse obligada a cumplir con los requisitos del Tratado para poder avanzar con el tratamiento del proyecto.
