El pasado 22 de abril el Juez Federal Miguel Hugo Vaca Narvaja confirmó la elevación a juicio oral de 27 estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) que habían sido parte de la rebelión educativa del 2018. Sumado a esto, 14 estudiantes y dos docentes de la Universidad Nacional de Rio Negro (UNRN) también van a afrontar un juicio oral con la posibilidad de que seis de ellxs puedan ser condenados a 13 años de cárcel. Para repudiar estas elevaciones a juicio la Asamblea Interfacultades de la UNC está impulsando una nueva "Marcha nacional contra la criminalización de la protesta" para este 13 de mayo, que además de Córdoba también se replicará en otras ciudades del país como Buenos Aires, Mar del Plata, Neuquén, Fiske Menuco y Rosario.
Durante los meses de julio, agosto y septiembre del 2018 miles de docentes y estudiantes en todo el país salieron a reclamar mayor presupuesto para la educación pública. La caída abrupta de los salarios de los trabajadores de la educación, sumado al riesgo concreto del cierre de universidades por falta de presupuesto, tuvieron como respuesta inmediata 57 universidades paralizadas, asambleas multitudinarias, movilizaciones con miles de estudiantes y tomas de más de 90 edificios en todo el país.
En la ciudad de Córdoba, los estudiantes de la Universidad Nacional organizados en asambleas multitudinarias iniciaron el proceso de ocupación en 6 facultades. Ante el rechazo sistemático al diálogo por parte de las autoridades universitarias, se le sumó a dichas medidas la ocupación durante un mes del pabellón Argentina, el principal edificio administrativo de la UNC. Esta última ocupación significó un duro golpe al funcionamiento "normal" de la universidad y desató una violenta reacción por parte de las autoridades universitarias y del aparato represivo del Estado, como la vigilancia de un Ford Falcon verde frente al pabellón tomado, el seguimiento de "civiles" hasta la casa de varios estudiantes, sumando al intento de patotas sindicales y la policía provincial de Córdoba de ingresar por la fuerza al pabellón ocupado.
Las exigencias del movimiento estudiantil en el 2018 eran las de conquistar un mayor presupuesto para la universidad y disputar su orientación hacía el mejoramiento de la infraestructura, becas económicas para garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes, ampliaciones de las raciones del comedor universitario y a romper el convenio de "seguridad" que la UNC tiene con la policía provincial, entre otras. Cabe decir, que todas estas reivindicaciones aún siguen vigentes, y en la actual situación de crisis social, económica y sanitaria la deserción estudiantil se ha profundizado estrepitosamente.
Tras 24 días de ocupación del pabellón Argentina, las autoridades universitarias llamaron a una mesa de diálogo de carácter no resolutivo, como instrumento para identificar estudiantes y así darle curso legal a la causa que se había abierto por una denuncia penal que el Vicerrector Pedro Yanzi Ferreyra había realizado el primer día de la ocupación. De esta manera, la causa caratulada de "usurpación por despojo" se arma con varias irregularidades jurídicas: el testimonio del propio Vicerrector como denunciante de hechos -sin ser testigo presencial - y una nota periodística fue el motivo suficiente para iniciar las imputaciones. Tampoco se estableció un reconocimiento del grado de participación ni la implicancia que tuvo cada uno de lxs 27 estudiantes en los supuestos hechos.
La causa penal siguió avanzando durante todo el 2019 y también durante los primeros meses de la cuarentena del 2020 pese a que el poder judicial había entrado en un período de mínimo funcionamiento. El Juez Federal que está criminalizando a los estudiantes es un referente del progresismo: Hugo Vaca Narvaja, hijo y nieto de militantes asesinados por la última dictadura militar, fue querellante en el juicio contra Jorge Rafael Videla en el año 2010. Y el pasado 22 de abril confirmó la elevación a juicio oral a lxs 27 estudiantes de la UNC.
Por otro lado, en la Universidad Nacional de Rio Negro (UNRN), también se llevó adelante un proceso de lucha con ocupación de edificios públicos, represión y judicialización. Es así que con la toma del Vicerrectorado el movimiento estudiantil acompañó la lucha salarial docente al mismo tiempo que visibilizó sus propios reclamos, uno de los cuales era más presupuesto para revertir la crisis edilicia por la que atraviesa la institución educativa. Esta medida de lucha definida en asamblea donde participaron docentes y estudiantes fue judicializada por las propias autoridades de la universidad que abrieron un sumario para expulsar a quienes participaron, culminando con un mega-operativo de Gendarmería Nacional que desalojó con brutalidad la ocupación del edificio público.
El saldo de esa violenta represión fue 14 estudiantes suspendidos por 5 años, allanamiento en sus domicilios y dos docentes exoneradas. La causa caratulada de "Usurpación por coacción agravada" ya está elevada a juicio y puede llegar a condenar a seis estudiantes a 13 de años de cárcel, además de que la pena está acompañada de tener que pagar el costo del operativo de desalojo.
Para repudiar la elevación a Juicio, la Asamblea Interfacultades de la UNC está impulsando para este 13 de mayo la "4ta Marcha Nacional contra la Criminalización de la Protesta" donde participarán no sólo organizaciones estudiantiles sino también movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos, organizaciones de DDHH, etc. Esta movilización también se replicará en otras ciudades del país como Buenos Aires, Mar del Plata, Neuquén, Fisque Menuco y Rosario.
Esta lucha contra la persecución del Estado a lxs estudiantes de Córdoba y Rio Negro que fueron partícipes de la rebelión educativa del 2018 no es un conflicto meramente estudiantil, sino que le incumbe a todo el pueblo trabajador, lo que está en juego es el legítimo derecho a la protesta social, ya que si logran avanzar en la criminalización a estudiantes por la ocupación pacífica de las universidades públicas, el Estado sentará un precedente para en el futuro avanzar con mucha más violencia sobre todos los sectores del pueblo que salgan a luchar por mejorar sus condiciones de vida.
Por eso organizaciones como la Corriente Universitaria Amaranto - Votamos Luchar, plantean que "la calle es el escenario donde históricamente los pueblos ejercen su poder y conquistan sus derechos y libertades, no se puede depositar ninguna expectativa en que ésta persecución política se resuelva a nuestro favor si nos mantenemos en los marcos de la legalidad burguesa; el poder judicial avanzará hasta donde nosotrxs lo dejemos avanzar. Queda claro que no nos dejan otra opción más que la de radicalizar la lucha".
