El gobierno de Arcioni puso en marcha por decreto un plan de incentivo a las petroleras para incrementar la producción. A cambio de eso, les reducirá el pago de las regalías. El achicamiento de las regalías iría desde el 5 al 50% según una serie de variables establecidas. En lugar de imponer nuevas condiciones en favor de la provincia, la administración arcionista beneficiará a las petroleras con el argumento de la preservación de empleos, el aumento de la producción y el mantenimiento de las reservas. Pretende potenciar la actividad en los "proyectos vinculados con la producción terciaria, petróleos extra pesados y costa afuera".
A principio de mayo el gobernador Mariano Arcioni puso en marcha a través de un decreto el nuevo "Programa de Promoción para la Industria Hidrocarburífera". Con dicho mecanismo de incentivo a las compañías petroleras el gobierno provincial podrá reducir hasta en un 50% las regalías petroleras a cambio de conseguir el compromiso empresario de mantener los puestos de trabajo, incrementar la producción y sostener los niveles de reservas petroleras.
Este nuevo beneficio a las compañías del sector choca con la realidad critica que atraviesa la provincia en materia financiera y económica. Por un lado, el Estado tiene serios problemas para afrontar el pago de los salarios y la cancelación de las deudas con los trabajadores estatales. Por el otro, entrega el beneficio a las petroleras para que paguen menos regalías.
Esta lógica impera en el país y en la provincia desde hace por lo menos tres décadas tras la privatización de YPF, cuando se impuso la línea ideológica de que el Estado no debía quedarse con la mayor porción de la rentabilidad petrolera sino concesionar los yacimientos a las empresas privadas haciendo que paguen lo menos posible a los dueños del recurso -que son ni más ni menos que los Estados provinciales desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994-.
Si bien es cierto que desde el inicio de la pandemia se produjo una declinación de la extracción de crudo Escalante en Chubut y que una política de incentivos podría revertirla, no menos cierto es que el otorgamiento de beneficios de hasta el 50% menos de regalías petroleras irá en detrimento de los niveles de ingresos del Estado provincial y redundará en enormes mejoras para las petroleras que actúan tan solo como concesionarias -no son las propietarias, aunque muchas veces parezca porque hacen y deshacen a su gusto y placer- de un recurso natural no renovable.
En lugar de buscar un mecanismo que posibilite aumentar los ingresos a través de las regalías, la opción siempre termina siendo la que beneficia especialmente el capital privado. Mientras tanto, los ciudadanos chubutenses ven cómo se les escurre entre las manos el recurso a cambio de cada vez menos regalías, que para colmo se utilizan para pagar los vencimientos de la deuda en dólares.
Estos esquemas de beneficios a las operadoras ya se han mostrado con escasos o nulos resultados positivos para la provincia. Valen como ejemplo las renegociaciones anticipadas por 40 años de las concesiones petroleras en Chubut, las que nunca terminan dando el resultado altamente promocionado en términos de producción e ingresos por regalías para las arcas provinciales.
Una vez más, la lógica que facilita las supuestas inversiones del capital privado a través de subsidios o baja de regalías termina siendo el mecanismo por el cual la provincia pierde recursos, tanto en el terreno de los existentes en los yacimientos como en el económico, ya que dejan de ingresar grandes sumas de dólares. Mientras tanto, las ganancias y la mayor parte de la rentabilidad quedan en manos del capital empresario privado.
Los argumentos del decreto
El Decreto 278/21, del 21 de abril pasado establece que el Estado provincial impulsa "la elaboración de políticas de promoción, desarrollo y ejecución en el territorio provincial de planes destinados a incrementar la exploración y explotación racional".
En base a esos parámetros determina que "en el marco de la crisis mundial derivada de la caída de los precios internacionales del barril de petróleo y principalmente por las consecuencias económicas generadas por la pandemia COVID 19, se hace necesario que el Estado Provincial intervenga de manera activa en la generación de políticas de incentivo para fomentar la actividad privada, para el sostenimiento de los puestos de trabajo, asegurar los niveles de producción y sostenimiento de las reservas".
Aduciendo que producto de la inestabilidad mundial de la demanda y el precio internacional del crudo, es así que define "que el incentivo propuesto por el Estado Provincial para el aumento de la producción y nivel de actividad, consistirá en la disminución del porcentaje de regalías a percibir por la provincia sobre el incremental de producción que obtengan las operadoras por sobre la curva base de producción, que determinará la Autoridad de Aplicación".
La baja de regalías
Enunciada la política de reducción de las regalías en el marco de este nuevo programa de incentivo, el gobierno decretó que "el Art. 59 de la Ley Nacional 17.319 establece que el Poder Ejecutivo Provincial, como autoridad concedente, podrá reducir la misma hasta el cinco por ciento (5%) teniendo en cuenta la productividad, condiciones y ubicación de los pozos".
Agregando que "el Art. 27 ter. de la ley nacional 17.319 en su parte pertinente, establece, que aquellos proyectos de Producción Terciaria, Petróleos Extra Pesados y Costa Afuera que por su productividad, ubicación y demás características técnicas y económicas desfavorables, que sean aprobados por la Autoridad de Aplicación, podrán ser pasibles de una reducción de regalías de hasta el cincuenta por ciento (50%)".
En base a estas definiciones, el Artículo 4 del decreto establece que "El régimen de promoción que se aplicará a cada proyecto, variará en extensión como en el porcentual de descuento de regalía, conforme las características del mismo, considerando principalmente el aumento de producción, generación de reservas y creación de empleo conforme criterios que determine la Autoridad de Aplicación, tales como, su potencial productividad, ubicación, madurez de los yacimientos y demás características técnicas y económicas".
El Decreto 278/21 lleva las firmas del gobernador Mariano Arcioni; el ministro de Economía, Oscar Antonena; el ministro de Hidrocarburos, Martín Cerdá; y el ministro de Gobierno y Justicia Gustavo Pinchulef.
