Ajuste brutal afecta a dos mil puestos docentes en la Educación Superior de Chubut El 30 de junio último unas 16 Instituciones de Educación de nivel Superior de la provincia de Chubut fueron notificados de la baja de horas-cátedra de su personal a partir del 1º de julio.
La noticia produjo conmoción en los diversos Institutos Superiores de Formación Docente, dado que muchos trabajadores de la educación se quedarán sin salario en un contexto de pandemia, lo que se suma a los atrasos salariales que el Gobierno de Chubut mantiene con los empleados estatales.
Las medidas del ministerio de Educación afectan a instituciones de nivel superior de Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Río Mayo, Río Senguer, Gobernador Costa, Trelew, Puerto Madryn, Esquel, 28 de Julio, Gaiman, Rawson, José de San Martin, Cholila, Lago Puelo, Epuyen y El Hoyo.
El desmantelamiento del nivel superior
El nivel superior en la provincia de Chubut viene sufriendo desde hace al menos dos años una drástica reducción presupuestaria, además de un profundo vacío de producción pedagógica y avasallamiento de los derechos conquistados a través del Reglamento Orgánico Marco (ROM).
Entre 2019 y principios de 2020, la Dirección General de Educación Superior, de la cual dependen todos los Institutos de Formación Docente de la Provincia, estuvo más de seis meses sin director general. En abril de 2020 se designó a Claudia Fafian, una politóloga que exhibió un evidente desconocimiento del nivel superior. Durante su gestión se dieron de baja todos los proyectos de investigación existentes en las instituciones, así como la reducción del equipo administrativo de la Dirección General de Educación Superior en Rawson. Ignorando su trayectoria y experiencia, seis personas fueron desafectadas de su cargo sin mediar ningún tipo de análisis de sus funciones y en un clima de maltrato a los empleados.
Los números "tienen que cerrar"
Este año se designó al frente de la Dirección General de Educación Superior a la contadora Miriam Rispalda, quién dejó en evidencia que la prioridad es el ahorro financiero. Trabajadores del ministerio que pidieron reserva de identidad aseguran que la funcionaria padece de un absoluto desconocimiento de las acciones pedagógicas que competen al cargo, y que se han producido serios obstáculos al normal funcionamiento del circuito administrativo.
La ministra de Educación Florencia Perata, sostuvo que "hoy tengo dos profesionales de las ciencias económicas que bueno, están llevando muy bien la dimensión de los recursos auxiliares".
Entre las acciones que debilitan y ponen en jaque al nivel superior se destacan que no se autorizó la cobertura de coordinadores, tutores, bajas compulsivas de proyectos de capacitación y de investigación, bajas de referentes técnico administrativos y técnicos pedagógicos de las instituciones.
Con la baja de horas-cátedra dejarán de realizarse actividades y funciones como la confección de títulos, pases, equivalencias, bedelía y múltiples funciones administrativa-contable (informes, rendiciones, conciliaciones bancarias, etc).
Esto ha generado un caos administrativo en el cual los principales afectados son los estudiantes en particular y el nivel superior en general. Por ejemplo, la no autorización de las tutorías perjudica directamente las trayectorias educativas de los estudiantes, que no han podido recibirse.
El ajuste en números
Esta política de recorte afecta a 16 instituciones de nivel superior e incluye más de dos mil puestos de trabajo docente, con más de diez mil estudiantes afectados.
En una entrevista a un portal informativo, la Ministra Perata manifestó que "fue un ahorro importante, ahora no recuerdo, pero creo que es más de 13 millones de pesos mensuales". La ministra proveniente de la Comarca Andina justificó las medidas asegurando que fue un proceso "consensuado con los Directores de Nivel y los Coordinadores de Modalidades". Perata insistió en que "no es un ajuste, el ajuste es cuando uno cierra un cargo o una escuela".
Se dieron de baja más de cuarenta comisiones de servicios y se dejaron de pagar alquileres de espacios físicos que ocupaban las modalidades Rural y Educación Inclusiva. En total, se dieron de baja más de 2.300 horas entre el Ministerio y las seis delegaciones de la provincia del Chubut.
Estas medidas de ajuste constituyen una estocada mortal para el nivel superior educativo, que ha sido desprovisto de la función de investigación y capacitación; lo que constituye un claro incumplimiento de la Ley de Educación Nacional.
Según denuncian desde el sector docente, no han existido en más de dos años acciones pedagógicas destinadas a sostener y fortalecer a los futuros docentes, lo que impacta directamente de manera negativa en la trayectoria y la formación de quienes eligen con vocación, compromiso y responsabilidad, la carrera docente.
El 30 de junio último unas 16 Instituciones de Educación de nivel Superior de la provincia de Chubut fueron notificados de la baja de horas-cátedra de su personal a partir del 1º de julio.
La noticia produjo conmoción en los diversos Institutos Superiores de Formación Docente, dado que muchos trabajadores de la educación se quedarán sin salario en un contexto de pandemia, lo que se suma a los atrasos salariales que el Gobierno de Chubut mantiene con los empleados estatales.
Las medidas del ministerio de Educación afectan a instituciones de nivel superior de Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Río Mayo, Río Senguer, Gobernador Costa, Trelew, Puerto Madryn, Esquel, 28 de Julio, Gaiman, Rawson, José de San Martin, Cholila, Lago Puelo, Epuyen y El Hoyo.
El desmantelamiento del nivel superior
El nivel superior en la provincia de Chubut viene sufriendo desde hace al menos dos años una drástica reducción presupuestaria, además de un profundo vacío de producción pedagógica y avasallamiento de los derechos conquistados a través del Reglamento Orgánico Marco (ROM).
Entre 2019 y principios de 2020, la Dirección General de Educación Superior, de la cual dependen todos los Institutos de Formación Docente de la Provincia, estuvo más de seis meses sin director general. En abril de 2020 se designó a Claudia Fafian, una politóloga que exhibió un evidente desconocimiento del nivel superior. Durante su gestión se dieron de baja todos los proyectos de investigación existentes en las instituciones, así como la reducción del equipo administrativo de la Dirección General de Educación Superior en Rawson. Ignorando su trayectoria y experiencia, seis personas fueron desafectadas de su cargo sin mediar ningún tipo de análisis de sus funciones y en un clima de maltrato a los empleados.
Los números "tienen que cerrar"
Este año se designó al frente de la Dirección General de Educación Superior a la contadora Miriam Rispalda, quién dejó en evidencia que la prioridad es el ahorro financiero. Trabajadores del ministerio que pidieron reserva de identidad aseguran que la funcionaria padece de un absoluto desconocimiento de las acciones pedagógicas que competen al cargo, y que se han producido serios obstáculos al normal funcionamiento del circuito administrativo.
La ministra de Educación Florencia Perata, sostuvo que "hoy tengo dos profesionales de las ciencias económicas que bueno, están llevando muy bien la dimensión de los recursos auxiliares".
Entre las acciones que debilitan y ponen en jaque al nivel superior se destacan que no se autorizó la cobertura de coordinadores, tutores, bajas compulsivas de proyectos de capacitación y de investigación, bajas de referentes técnico administrativos y técnicos pedagógicos de las instituciones.
Con la baja de horas-cátedra dejarán de realizarse actividades y funciones como la confección de títulos, pases, equivalencias, bedelía y múltiples funciones administrativa-contable (informes, rendiciones, conciliaciones bancarias, etc).
Esto ha generado un caos administrativo en el cual los principales afectados son los estudiantes en particular y el nivel superior en general. Por ejemplo, la no autorización de las tutorías perjudica directamente las trayectorias educativas de los estudiantes, que no han podido recibirse.
El ajuste en números
Esta política de recorte afecta a 16 instituciones de nivel superior e incluye más de dos mil puestos de trabajo docente, con más de diez mil estudiantes afectados.
En una entrevista a un portal informativo, la Ministra Perata manifestó que "fue un ahorro importante, ahora no recuerdo, pero creo que es más de 13 millones de pesos mensuales". La ministra proveniente de la Comarca Andina justificó las medidas asegurando que fue un proceso "consensuado con los Directores de Nivel y los Coordinadores de Modalidades". Perata insistió en que "no es un ajuste, el ajuste es cuando uno cierra un cargo o una escuela".
Se dieron de baja más de cuarenta comisiones de servicios y se dejaron de pagar alquileres de espacios físicos que ocupaban las modalidades Rural y Educación Inclusiva. En total, se dieron de baja más de 2.300 horas entre el Ministerio y las seis delegaciones de la provincia del Chubut.
Estas medidas de ajuste constituyen una estocada mortal para el nivel superior educativo, que ha sido desprovisto de la función de investigación y capacitación; lo que constituye un claro incumplimiento de la Ley de Educación Nacional.
Según denuncian desde el sector docente, no han existido en más de dos años acciones pedagógicas destinadas a sostener y fortalecer a los futuros docentes, lo que impacta directamente de manera negativa en la trayectoria y la formación de quienes eligen con vocación, compromiso y responsabilidad, la carrera docente.
