Cynthia Castro es abogada especialista en Derechos Humanos, posee un triple Máster en esa disciplina y encabeza -junto a su socio Gastón Bordier- un trámite de juicio político contra el ministro de Seguridad Federico Massoni. Castro denunció también a Fabián Puratich y José María Grazzini por las órdenes emitidas en el marco de la pandemia por Covid-19. En diálogo con El Extremo Sur remarcó la situación "preocupante" que se vive en Chubut por la violación de Derechos Humanos. "Estamos ante un Estado que no es legítimo ni legal", aseguró, además de cuestionar el uso indiscriminado de la fuerza por parte de los efectivos policiales bajo las órdenes de Massoni".
"A los agentes del Estado se les encomienda el uso de la fuerza. No pueden utilizarla indiscriminadamente, como hemos visto en la represión a los docentes, la detención de personas en contra de la minería, o cuando se detenía a las mujeres durante la pandemia y las hacían desnudarse y hacer sentadillas en las comisarías. No es posible, en un Estado de derecho, que esto suceda", describió.
Las denuncias y el estado de alerta de acentuaron cuando hace aproximadamente un mes, cuando el GEOP disparó en la cabeza a Tino John, un hombre de 62 años con problemas psiquiátricos, en Lago Puelo. Desde entonces, organismos de Derechos Humanos provinciales y nacionales han interpelado a Massoni. Castro adelantó que también se trabaja a nivel internacional para pedir explicaciones al ministro sobre el uso excesivo de la fuerza policial.
¿Cómo analiza el panorama general de Chubut en cuanto al respeto por los Derechos Humanos?
Es preocupante. El Estado existe para garantizar los Derechos Humanos; un Estado que no puede garantizarlos no es democrático. Puede ser legal, pero no legítimo. En Chubut, estamos ante un Estado que no es legítimo ni legal, por eso lo hemos denunciado junto a mi socio. Hicimos el pedido formal de juicio político en la Legislatura a Federico Massoni, así como al Dr. Puratich, por haber emitido resoluciones ilegales el año pasado. Hicieron uso de la usurpación de cargos que le corresponden al Gobernador, por cumplir funciones que le son propias a él. El Estado debe ser garante de los derechos fundamentales, es el compromiso que ha asumido frente a la Constitución y los tratados internacionales. Está obligado a garantizar el cumplimiento y goce de cada ciudadano con respecto a los Derechos Humanos.
¿Cuál es el cuadro de situación en la policía de Chubut?
Las fuerzas policiales forman parte del poder estatal, están obligadas a velar por la seguridad pública y los derechos de las personas. Si bien tienen asignado un uso legítimo de la fuerza, no puede ser utilizado por la locura o la emoción. Es preocupante que un ministro como Massoni, que condecora a condenados por delitos de lesa humanidad, crea que tiene ciertos permisos por ser ministro, es decir empleado nuestro. En realidad es así: es empleado del Estado con la capacidad de utilizar ciertos recursos del Estado, y lo que ha hecho es utilizar la fuerza policial sin rendir cuentas.
¿Cree que esto es un problema que se reduce al ministerio de Seguridad o engloba a todo el gobierno provincial?
Cualquier gobierno tiene ciertos límites, que son los límites de la Constitución Nacional y Provincial. Arcioni no los conoce. Ese es el marco constitucional, cualquier atribución fuera de ese marco es una violación de los Derechos Humanos. A los agentes del Estado se les encomienda el uso de la fuerza, pero no pueden utilizarla indiscriminadamente; como hemos visto en la represión a los docentes, la detención de personas en contra de la minería, o cuando se detenía a las mujeres durante la pandemia y las hacían desnudarse y hacer sentadillas en las comisarías. No es posible, en un Estado de derecho, que esto suceda.
¿La violación a los Derechos Humanos se profundizó en el contexto de la pandemia?
Una cosa son los decretos, que establecen restricciones para la protección de la salud, y otra cosa es la restricción a las libertades en la pandemia. Salir a golpear a la gente, secuestrarle los vehículos, detenerlas sin orden judicial competente, subirlas a los colectivos, bajar a personas aunque tengan permiso para circular; todos esos son excesos. A la fuerza policial, como a cualquier fuerza, le das un poco de rienda suelta y muchas veces se exceden. El marco es la Constitución, que da protección a todos los ciudadanos y debe regir para todos por igual. Es un estándar básico, entender la Constitución. Es la herramienta que tenemos los ciudadanos para poder defendernos frente a los excesos del Estado.
Massoni la denunció recientemente respecto a sus dichos en un medio de comunicación, ¿cómo responde a esta medida?
A Massoni lo denuncié junto con mi socio. Massoni no denuncia a hombres, por eso me denunció a mí, a una concejal de Trelew, a varias mujeres. Además de ser un mamarracho político es un misógino. Es un violador sistemático de los Derechos Humanos, aunque le pese. Si le pesa, que cambie entonces, que cambie el speech, las órdenes que da a la policía. Para cambiar hay que tener criterio y humildad, algo de lo que él carece. Sostiene en la Justicia estas acciones, justifica con la pandemia todo lo que hizo el año pasado con la Policía. La Constitución no tiene ningún frente, ni siquiera en tiempos bélicos, no queda suspendida. Salvo que estemos en un Gobierno de facto, algo que lo seduce bastante a Massoni; porque condecoró a un condenado por delitos de lesa humanidad que falleció el año pasado.
Entro y salgo de juicios como si nada porque sé defender lo que estoy diciendo. De todas formas, si pierdo esta querella, voy a seguir diciéndole violador sistemático de la ley; yo sé que lo que estoy diciendo tiene una base y un fundamento. El fundamento es el daño que ha generado en toda la provincia. Creen que violar la ley es la función de la fuerza que tienen que manejar, eso es un peligro gigante. No lo van a entender. Lo entienden policías de carrera, hombres y mujeres de bien que están padeciendo los lineamientos que este desequilibrado hace dentro de la Policía.
Entre los funcionarios que denunció junto a su socio Gastón Bordier se encuentra Federico Pérez Mariani, de la Subsecretaria de Seguridad Informática e Inteligencia Criminal. ¿Qué papel juega la seguridad informática en este proceso?
Mariani va a ser denunciado por otra causa, porque ha cometido falso testimonio cuando presentó una testimonial a favor de Massoni. En estos días se va a hacer la presentación formal. Se trata de un tipo que ayer estaba pelando papas y hoy es el tercero o cuarto en la línea jerárquica de la Policía. Piensan que el ascenso social representa solamente eso, pero uno debe instruirse para cada trabajo. Ponen a un Pérez Mariani -que según tenemos entendido es el responsable de un accidente en Comodoro Rivadavia, en condiciones calamitosas- al frente de la Seguridad Informática, y no sabe nada. Mariani hace cierto manejo del lugar que ocupa dentro del ministerio. Son perejiles con puestos dentro del ministerio de Seguridad, que cobran 200 mil pesos y lo único que saben hacer es apretar enter en una computadora.
¿Existe también una exacerbación de la violencia hacia las mujeres en este marco de violación de los Derechos?
He hablado con mujeres dentro de las fuerzas policiales, y realmente lo padecen. Yo tengo medios para defenderme, tengo herramientas. Sin embargo, mucha gente siente temor, porque tienen al aparato estatal en contra, desde mujeres políticas hasta ciudadanas. Entonces, en la medida en que el Estado no pueda ser garante de sus agentes, que son quienes cometen violaciones, están violando los Derechos Humanos. Y la violencia también es usar el Sistema Judicial para amedrentar, para generar miedo, para hacer retroceder a mucha gente que quiere avanzar y tiene miedo de lo que puede llegar a pasarle. Tenemos instrumentos legales, tenemos las instituciones para hacerlos funcionar, para que estas cosas no vuelvan a pasar.
¿Considera que las repercusiones del asesinato de Tino John podrían marcar un precedente para limitar el accionar de las fuerzas de Seguridad?
No es la primera muerte que Massoni tiene en su haber, es la tercera. Permite que una persona muera y nadie hace nada. Los organismos de Derechos Humanos están preocupados, activando medidas para hacer las denuncias, incluso a nivel internacional.
¿Un suceso así podría obligar a desplazar a Massoni?
Massoni no comete irregularidades, comete delitos. No solamente tiene responsabilidad institucional sino penal, que va más allá de la función política. Si toma decisiones para que se cometan delitos la responsabilidad es judicial. La decisión que él tomó de que eso sucediera y después que lo salga a bancar el gobernador es terrible. Es una decisión política no justiciable que un hombre muera por órdenes de este tipo. Golpearon a centenares de personas, esas son decisiones justiciables, porque forman parte de delitos. Como chubutenses, no nos creemos titulares de los Derechos Humanos y víctimas de la violación estatal que se ha perpetrado a través del Gobierno chubutense. No sé qué más le hace falta a la sociedad de Chubut para sacarse la venda de los ojos. No sólo en contra de Massoni, sino respecto de un Poder Legislativo que no funciona, donde deben activarse los mecanismos para el bienestar de la población, como la defensa de los recursos naturales. No han avanzado por miedo, no por una convicción de conciencia. Si no le tuvieran miedo a la población ya hubieran votado el proyecto. Pero el miedo es mayor hacia Massoni, quien hace uso de la información a través de los sistemas informáticos del ministerio de Seguridad para ponerle una pata encima a los diputados, que mal representan al pueblo de Chubut. Me gustaría saber qué sabe Massoni de cada diputado y cada acuerdo que ellos tienen para que sea más fuerte el temor que le tienen a él.
¿La precandidatura de Massoni a senador constituye una oportunidad de legitimar sus acciones?
Arcioni, siendo el sucesor de Das Neves, hizo su campaña mandando a la policía a pegar los carteles. Si tienen un arma en la cintura, ¿qué hacen pegando carteles? Tienen que custodiar la seguridad de las calles, no hacerle marketing al político que está de turno. Por eso la gente sale a la calle con mucha bronca. Me llegan mensajes sobre maltratos en la calle, pidiendo solamente el DNI; amenazan a la gente, se suben a los colectivos. Lo único que eso genera es la exacerbación de la sociedad en contra de la figura policial. Yo no sé si llegará a ganar, espero que no. Es la sociedad la que va a padecer al peor político que ha parido Chubut desde el advenimiento de la democracia. Tiene muchas falencias que se reflejan en el ejercicio de su función pública.
