La criminalización de la protesta y el armado de causas en ChubutPor María Belén Branchi*
En el diario Jornada del día 08 de Julio del 2021 se publica una nota titulada "Absuelven a grupo mapuche por cortes de Ruta 40 en Chubut en 2017". El artículo plasmado en la Sección Sociedad del diario da cuenta de que "Los integrantes de la comunidad mapuche fueron enjuiciados por su supuesta participación en los cortes de la ruta 40 entre el 31 de julio y el 1° de agosto de 2017, a la altura del Pu Lof Resistencia Cushamen en Chubut, en manifestaciones en las que intervino (Santiago) Maldonado...se les había atribuido los delitos de impedir o entorpecer el normal funcionamiento del transporte por tierra, resistir o desobedecer a un funcionario público de Gendarmería Nacional en el ejercicio legítimo de sus funciones, daño de un vehículo agravado por haber sido cometido en despoblado y en banda, amenazas agravadas por haber sido proferidas en forma anónima y mediante el uso de armas y lesiones graves, acusaciones de las que fueron absueltos".
Lo mismo ocurrió con lxs seis asambleistas que fueron detenidxs en Rawson el pasado 5 de diciembre de 2019, a quienes se les imputó resistencia a la autoridad, daños y lesiones agravadas y fueron sobreseidxs por la Jueza Penal Maria Tolomei.
El procedimiento es siempre el mismo, la detención, la imputación, el armado de versiones policiales que al día siguiente son replicadas por los medios hegemónicos - cuántas notas habrá redactado Diario Jornada con la versión policial del 01 de agosto de 2017 ahora desmentida -, la apertura de "investigaciones" realizadas por la fiscalía, funcionarixs que se valen únicamente de versiones policiales para abrir estas "investigaciones" e incluso pretender llevar a juicio a vecinxs que ejercen el derecho a la protesta en defensa del territorio.
A veces el armado de la causa judicial por parte de la policía comandada por el Ministro de Seguridad, Federico Massoni, es tan evidente que no llega a ser sostenido por la fiscalía de turno, este fue el caso de las detenciones producidas en oportunidad de levantarse el corte efectuado por asambleístas en Ruta 3, el pasado 8 de mayo de 2021, detenciones realizadas bajo el trillado argumento de "resistencia a la autoridad". En dicha oportunidad se sometió a una audiencia de control de detención a estxs dos vecinxs sin que se les imputara delito alguno. El fiscal Fabián Moyano aseguró en esa audiencia que no formularía imputación por encontrarse "huérfano de evidencias".
Igual determinación se vió obligado a tomar la fiscalía de Rawson respecto a dos vecinxs detenidxs, una vez más bajo la excusa de resistirse a la autoridad, el 24 de noviembre de 2020 en la Ruta 7, luego de una manifestación en aquella ciudad.
La última detención, la del compañero Alfredo Claps, quien fue finalmente liberado luego de una audiencia de habeas corpus en la que participó como testigo y "víctima indirecta" - según el fiscal Baez - el vicegobernador Ricardo Sastre, nos lleva a analizar las posteriores declaraciones del Crio. Javier Guzman, jefe de la Unidad Regional, justificando el accionar policial y anunciando la vigencia de un "Código de Convivencia" que les permitirá no tolerar más insultos al personal policial, todo ello en la nota radial realizada por el Sr. Gustavo Huentelaf.
Guzman asegura junto a Huentelaf - a quien jamás se lo ha visto cubrir una marcha en defensa del agua - que las personas que se manifiestan, "intolerantes, violentas e irrespetuosas", apuntan a concurrir al domicilio del vicegobernador a tocar bocina, lo que es bastante "molestoso", no sólo para él y su familia sino que "vive mucha gente al lado", vecinxs que poco se han molestado por estas manifestaciones, por el contrario, han brindado hasta energía eléctrica para eventos artísticos realizados en el lugar a fin de expresar y visibilizar la lucha en defensa del agua.
También señaló Guzman que el personal policial intentó evitar que se repitan "hechos de violencia" como han ocurrido en otras oportunidades hacia la flia del vicegobernador.
Los hechos a los que refiere son los del pasado 10 de Mayo, cuando se desarrollaba una actividad de difusión de derechos - el Foro por la Iniciativa Popular - y el vicegobernador, pudiendo retirarse de su vivienda en compañía de su hermano e intendente de la ciudad de Pto. Madryn por la calle paralela al Bvard. Brown donde se hacía la actividad, prefirió embestir con su vehículo a lxs vecinxs que se encontraban como decimos, no en las puertas de su domicilio sino en el Boulevard, realizando una maniobra que sorprendió incluso al personal policial.
La versión de los Sastre, del día después y que llegó a medios nacionales, fue que lxs vecinxs atacaron el vehículo con patadas y golpes de puño, incluso rompiendo un espejo y que exigiría a la justicia tomar cartas en el asunto.
Por estos hechos la Justicia "tomó cartas en el asunto" e inició a doce vecinxs una contravención que no fue más que notificada e inmediatamente archivada por la jueza de paz, Patricia Hernández. Este trámite demandó la impresión de 30 hojas, el diligenciamiento de 15 citaciones, la publicación de 3 comunicados radiales. Las contravenciones imputadas fueron "poner en peligro el decoro de otros mediante palabras soeces, gritos que perturben el orden o tranquilidad pública; dar voces o sonidos que perturben el descanso o la tranquilidad de las personas utilizando altavoces fuera de horarios en que razonablemente pueden emplearse y entorpecer el normal desenvolvimiento de agentes públicos".
La Jueza, que es quien aplicará el nuevo "Código de Convivencia" con el que se amenaza ahora disciplinar las manifestaciones sociales en Chubut, dispuso el archivo de la contravención por no haberse recolectado elementos suficientes para probar estas acusaciones, y mencionó en su resolución el derecho a la protesta, señalando "este derecho plantea algunas cuestiones pues en tanto se mantenga en las vías institucionales las cuestiones que pueden plantearse no son reales sino meramente aparentes, dado que jamás un derecho constitucional e internacional ejercido regularmente puede configurar un ilícito..." por más que la manifestación pública que lo ejerza "cause molestias... está ejerciendo un derecho legítimo...Queda claro que las molestias, ruidos...o interrupción de la circulación se producen como consecuencia necesaria...del número de participantes y la necesidad de exteriorizar el reclamo", concluyendo que las acciones de lxs vecinxs por realizarse en el ejercicio de tal derecho no configuran infracción alguna.
Para conocimiento del comisario Guzman tanto el anterior Código Contravencional como el actual Código de Convivencia determinan que no es antíjuridica la conducta de quien actúa en ejercicio de un derecho. Frente al despilfarro de recursos judiciales, la criminalización y persecución de manifestaciones sociales, la "resistencia a la autoridad" seguirá siendo el ejercicio del derecho a la protesta, ese que ampara a quienes se expresan ejerciendo el primer derecho, aquel que permite mantener vivo a los demás.
*Integrante del colectivo de Radio Sudaca FM Comunitaria de Trelew, vecina de Pto. Madryn, abogada.
Por María Belén Branchi*
En el diario Jornada del día 08 de Julio del 2021 se publica una nota titulada "Absuelven a grupo mapuche por cortes de Ruta 40 en Chubut en 2017". El artículo plasmado en la Sección Sociedad del diario da cuenta de que "Los integrantes de la comunidad mapuche fueron enjuiciados por su supuesta participación en los cortes de la ruta 40 entre el 31 de julio y el 1° de agosto de 2017, a la altura del Pu Lof Resistencia Cushamen en Chubut, en manifestaciones en las que intervino (Santiago) Maldonado...se les había atribuido los delitos de impedir o entorpecer el normal funcionamiento del transporte por tierra, resistir o desobedecer a un funcionario público de Gendarmería Nacional en el ejercicio legítimo de sus funciones, daño de un vehículo agravado por haber sido cometido en despoblado y en banda, amenazas agravadas por haber sido proferidas en forma anónima y mediante el uso de armas y lesiones graves, acusaciones de las que fueron absueltos".
Lo mismo ocurrió con lxs seis asambleistas que fueron detenidxs en Rawson el pasado 5 de diciembre de 2019, a quienes se les imputó resistencia a la autoridad, daños y lesiones agravadas y fueron sobreseidxs por la Jueza Penal Maria Tolomei.
El procedimiento es siempre el mismo, la detención, la imputación, el armado de versiones policiales que al día siguiente son replicadas por los medios hegemónicos - cuántas notas habrá redactado Diario Jornada con la versión policial del 01 de agosto de 2017 ahora desmentida -, la apertura de "investigaciones" realizadas por la fiscalía, funcionarixs que se valen únicamente de versiones policiales para abrir estas "investigaciones" e incluso pretender llevar a juicio a vecinxs que ejercen el derecho a la protesta en defensa del territorio.
A veces el armado de la causa judicial por parte de la policía comandada por el Ministro de Seguridad, Federico Massoni, es tan evidente que no llega a ser sostenido por la fiscalía de turno, este fue el caso de las detenciones producidas en oportunidad de levantarse el corte efectuado por asambleístas en Ruta 3, el pasado 8 de mayo de 2021, detenciones realizadas bajo el trillado argumento de "resistencia a la autoridad". En dicha oportunidad se sometió a una audiencia de control de detención a estxs dos vecinxs sin que se les imputara delito alguno. El fiscal Fabián Moyano aseguró en esa audiencia que no formularía imputación por encontrarse "huérfano de evidencias".
Igual determinación se vió obligado a tomar la fiscalía de Rawson respecto a dos vecinxs detenidxs, una vez más bajo la excusa de resistirse a la autoridad, el 24 de noviembre de 2020 en la Ruta 7, luego de una manifestación en aquella ciudad.
La última detención, la del compañero Alfredo Claps, quien fue finalmente liberado luego de una audiencia de habeas corpus en la que participó como testigo y "víctima indirecta" - según el fiscal Baez - el vicegobernador Ricardo Sastre, nos lleva a analizar las posteriores declaraciones del Crio. Javier Guzman, jefe de la Unidad Regional, justificando el accionar policial y anunciando la vigencia de un "Código de Convivencia" que les permitirá no tolerar más insultos al personal policial, todo ello en la nota radial realizada por el Sr. Gustavo Huentelaf.
Guzman asegura junto a Huentelaf - a quien jamás se lo ha visto cubrir una marcha en defensa del agua - que las personas que se manifiestan, "intolerantes, violentas e irrespetuosas", apuntan a concurrir al domicilio del vicegobernador a tocar bocina, lo que es bastante "molestoso", no sólo para él y su familia sino que "vive mucha gente al lado", vecinxs que poco se han molestado por estas manifestaciones, por el contrario, han brindado hasta energía eléctrica para eventos artísticos realizados en el lugar a fin de expresar y visibilizar la lucha en defensa del agua.
También señaló Guzman que el personal policial intentó evitar que se repitan "hechos de violencia" como han ocurrido en otras oportunidades hacia la flia del vicegobernador.
Los hechos a los que refiere son los del pasado 10 de Mayo, cuando se desarrollaba una actividad de difusión de derechos - el Foro por la Iniciativa Popular - y el vicegobernador, pudiendo retirarse de su vivienda en compañía de su hermano e intendente de la ciudad de Pto. Madryn por la calle paralela al Bvard. Brown donde se hacía la actividad, prefirió embestir con su vehículo a lxs vecinxs que se encontraban como decimos, no en las puertas de su domicilio sino en el Boulevard, realizando una maniobra que sorprendió incluso al personal policial.
La versión de los Sastre, del día después y que llegó a medios nacionales, fue que lxs vecinxs atacaron el vehículo con patadas y golpes de puño, incluso rompiendo un espejo y que exigiría a la justicia tomar cartas en el asunto.
Por estos hechos la Justicia "tomó cartas en el asunto" e inició a doce vecinxs una contravención que no fue más que notificada e inmediatamente archivada por la jueza de paz, Patricia Hernández. Este trámite demandó la impresión de 30 hojas, el diligenciamiento de 15 citaciones, la publicación de 3 comunicados radiales. Las contravenciones imputadas fueron "poner en peligro el decoro de otros mediante palabras soeces, gritos que perturben el orden o tranquilidad pública; dar voces o sonidos que perturben el descanso o la tranquilidad de las personas utilizando altavoces fuera de horarios en que razonablemente pueden emplearse y entorpecer el normal desenvolvimiento de agentes públicos".
La Jueza, que es quien aplicará el nuevo "Código de Convivencia" con el que se amenaza ahora disciplinar las manifestaciones sociales en Chubut, dispuso el archivo de la contravención por no haberse recolectado elementos suficientes para probar estas acusaciones, y mencionó en su resolución el derecho a la protesta, señalando "este derecho plantea algunas cuestiones pues en tanto se mantenga en las vías institucionales las cuestiones que pueden plantearse no son reales sino meramente aparentes, dado que jamás un derecho constitucional e internacional ejercido regularmente puede configurar un ilícito..." por más que la manifestación pública que lo ejerza "cause molestias... está ejerciendo un derecho legítimo...Queda claro que las molestias, ruidos...o interrupción de la circulación se producen como consecuencia necesaria...del número de participantes y la necesidad de exteriorizar el reclamo", concluyendo que las acciones de lxs vecinxs por realizarse en el ejercicio de tal derecho no configuran infracción alguna.
Para conocimiento del comisario Guzman tanto el anterior Código Contravencional como el actual Código de Convivencia determinan que no es antíjuridica la conducta de quien actúa en ejercicio de un derecho. Frente al despilfarro de recursos judiciales, la criminalización y persecución de manifestaciones sociales, la "resistencia a la autoridad" seguirá siendo el ejercicio del derecho a la protesta, ese que ampara a quienes se expresan ejerciendo el primer derecho, aquel que permite mantener vivo a los demás.
*Integrante del colectivo de Radio Sudaca FM Comunitaria de Trelew, vecina de Pto. Madryn, abogada.
