Minería

Mineras y disciplinamiento social en Chubut

Por Gonzalo Falzari y Paula Daporta

Diversos hechos de hostigamiento, persecución y criminalización hacia miembrxs de las asambleas ambientalistas acontecen de forma sistemática a lo largo de todo el territorio de Chubut. Frente a la falta de licencia social para la implementación de proyectos extractivistas, el gobierno provincial y los lobbies mineros apelan a modos cada vez más violentos de disciplinamiento frente a la lucha y organización social.

El pasado 4 de julio Alfredo Claps, miembro de Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, fue detenido ilegalmente y sin motivos cuando pasaba frente a la casa del vicegobernador Ricardo Sastre tocando su redoblante en el marco de una de las manifestaciones que se realizan los 4 de cada mes, cuando la población de Chubut se moviliza en rechazo a la megaminería.

Claps fue liberado a partir de la movilización de lxs vecinxs, quienes a partir de la circulación de un video lograron que la justicia desestimara la causa que el comisario Javier Guzman, a cargo del operativo, intentó generar con argumentos falsos.

No se trata de un hecho aislado, sino de una trama de acontecimientos, una forma de accionar sistematizado en todo el territorio de Chubut en el que, frente a la falta de licencia social para la implementación de proyectos extractivistas, el gobierno provincial apela a diversas formas de disciplinamiento en modos cada vez más violentos y represivos.

Resistencias

En el año 2003, la histórica lucha del pueblo de Esquel, con su "No a la Mina", logró la sanción de la ley 5001. La misma en su primer artículo prohíbe la explotación minera metalífera a cielo abierto en toda la provincia y la utilización de cianuro en los procesos de producción minera. Sin embargo, en el marco de pugna de poderes de aquel momento, en su segundo artículo la ley habilita proyectos de zonificación, abriendo así un juego de grises que favorecen legalmente a la instalación de diversos proyectos extractivistas frente a los cuales las diferentes asambleas de Chubut vienen organizándose y resistiendo.

En todo el territorio de Chubut existen diversidad de asambleas que se encuentran organizadas en la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut (UACCH) las cuales, a su vez, se nuclean en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) a nivel nacional.

En el 2014, traccionado por las asambleas, se presenta el primer proyecto de ley para prohibir la minería metalífera y uranífera en todo el territorio sin excepciones y en todas sus etapas, utilizando un mecanismo constitucional de democracia directa denominado Iniciativa Popular. A través del mismo, lxs ciudadanxs, en forma individual o colectiva, pueden ejercer el derecho de presentar proyectos de ley.

En aquel momento, la sesión fue anulada por un escándalo en el que se fotografió al legislador Gustavo Muñiz (Frente para la Victoria) recibiendo un mensaje de texto de Gastón Berardi, Gerente de Relaciones Comunitarias del Proyecto Suyai (Yamana Gold), para explícitamente "corregir" un término el artículo 4 de la ley.

En diciembre del 2020, las asambleas presentaron nuevamente el proyecto de Iniciativa Popular, esta vez respaldado por más de 30000 firmas de ciudadanxs, contando con el valor legal del Tribunal Electoral de la provincia. En esta oportunidad, la Iniciativa Popular entró en la Legislatura justo después que el Proyecto de Zonificación. Dos proyectos totalmente excluyentes estaban en las mismas comisiones: Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Económico. No deberían haberse tratado por orden de llegada. La decisión de haber elegido el Proyecto de Zonificación para tratar en primera instancia dejó en claro que la intención era zonificar para luego aplicar el proyecto de Iniciativa Popular en los lugares que quedaron por fuera de la zonificación. Finalmente, el 6 de mayo de 2021, la Legislatura de la Provincia de Chubut rechazó la Iniciativa Popular, con 13 votos contra 12 y 2 abstenciones en un tratamiento que duró menos de 24hs..

Las asambleas de Chubut trazan una trayectoria de organización y lucha pacífica que se viene sosteniendo a lo largo de 20 años, donde la visibilización de los conflictos cobran mayor visibilidad en momentos concretos en los que la masividad de las manifestaciones se cuela gracias a la comunicación de las asambleas y las redes que se han logrado construir con los medios de comunicación alternativos. Sin embargo, las resistencias de los pueblos frente a los extractivismos es una lucha cotidiana, en un contexto cada vez de mayor violencia, hostigamiento y persecución por parte de las fuerzas policiales que responden al gobierno de una provincia atravesada por una profunda crisis económica, adeudando salarios en diferentes sectores como salud y educación e insistiendo en instalar la idea de la megaminería como la única salida.

"La fuerza policial se maneja con una impunidad que le da el poder político y esto es algo muy grave que hay que denunciar porque realmente estamos en riesgo y en peligro todas las personas que salimos a luchar a la calle, tanto en contra del ajuste brutal que está sufriendo la provincia (...) por los atrasos salariales que venimos denunciando en los distintos espacios, como también con este intento constante de aprobar la megaminería. Creemos que van de la mano. Que este ajuste viene a decir que la megaminería es la única solución y esto nosotres no lo creemos."[1]

La detención de Alfredo Claps

Un integrante de la Asamblea por la defensa del territorio de Puerto Madryn, en conferencia de prensa, relata la detención de Alfredo Claps el pasado 4 de julio:

"Estábamos realizando una caravana pacífica por la costa madrynense pero al llegar a la altura de la casa del gobernador nos encontramos con la policía (...). El subcomisario Sanchez nos dijo que podíamos seguir avanzando (...). Dejamos los autos [y] fuimos caminando porque queríamos llegar hasta el Indio. Nos dijeron que caminemos por la vereda. (...) Cumplimos porque siempre estamos, como en todas las manifestaciones en la provincia, de forma pacífica cumpliendo con todo el protocolo. En ese momento cuando estábamos caminando por la vereda, el subcomisario Sanchez toma de la espalda a nuestro compañero Alfredo y realiza una detención totalmente ilegal. Se puede ver en los videos. (...) La jueza [Eizmendi] que pudo ver el video que es muy claro se percató del mal accionar de la policía y que el compañero Alfredo no había realizado nada de lo que salió a decir al otro dia Guzman: que Sanchez había tenido una herida en la mano, que había sido golpeado con la baqueta del redoblante que estaba tocando Alfredo."

Es importante destacar que la jueza Stella Eizmendi citó al vicegobernador y al jefe de policía como testigos antes de decidir que no había motivo para la detención.

Detenciones como práctica sistemática

La detención de Alfredo Claps no es la primera detención arbitraria en Chubut sino que se trata de un modo de accionar recurrente por parte de las fuerzas de seguridad para no solo reprimir las resistencias sino sobre todo disciplinar al pueblo. El gobierno de Mariano Arcioni y Ricardo Sastre apelan a la represión para doblegar la lucha del pueblo. Lo cual se suma a otros mecanismos de intento de disciplinamiento, como el retraso de pago de salarios, la persecución y espionaje hacia lxs vecinxs:

"Hubo una causa anterior que fue promocionada por el comisario Guzman a donde se nos acusaba de romper la camioneta del intendente. Esa causa cayó porque no pudieron aportar pruebas, no pudieron aportar testigos civiles y no pudieron aportar fotos de la camioneta. Eso también queremos denunciar. Estas mentiras del comisario Guzman, respaldado por el poder político, a donde quieren inventarnos causas para poder sacarnos de la calle pero como no las pueden demostrar esas causas caen." [2] (Asamblea de Puerto Madryn)

Desde la Asamblea de Trelew afirman que en las manifestaciones se produce la identificación de lxs vecinos que luego son hostigados y detenidos en los barrios. Así mismo, desde la Asamblea de vecinos autoconvocados por el No a la mina de Esquel, sostienen:

"Son muchas las comunidades que están padeciendo, que están sufriendo estos hostigamientos. Así como los vecinos fueron detenidos ilegalmente, las comunidades originarias de la cordillera, de la meseta y acá de la costa viven hostigamientos muy, pero muy fuertes cotidianamente. La presencia de la policía de Benetton, la presencia de la gendarmería nacional, de la policía provincial constantemente en sus territorios hacen que sea imposible el buen vivir cotidiano en nuestro lugar." (Asamblea de Esquel)[3]

La deslegitimación y criminalización como estrategia de dominación

El discurso que se intenta construir desde los sectores dominantes es el de calificar como "ecoterroristas" y violentas a las asambleas que luchan para defender el territorio a través de marchas pacíficas y apelando a mecanismos constitucionales como la Iniciativa Popular.

"Violencia es que a un compañero, a un vecino del barrio Inta, le peguen un tiro en la cara. Violencia es que el mismo ministro de seguridad, Federico Mazzoni, hostigue, golpee y amenace al hijo de ese vecino al que le pegaron un tiro en la cara. (...) Acá la violencia está más que clara de qué lado está (...) (pero) no vamos a dejar que las megamineras avancen, no vamos a permitir que nos contaminen el agua, no vamos a permitir que nos sigan ajustando de la forma que lo están haciendo (...) Estas luchas son hermanas. Estas luchas son una sola. «[4]

La lucha y la organización continúan

Actualmente las Asambleas reclaman que el proyecto de Iniciativa Popular, rechazado el pasado 6 de mayo de 2021 de manera express en menos de 24hs, reciba un tratamiento profundo, convocando mesas de trabajo y audiencias públicas, como sucede con otros proyectos de ley cuya implementación impactan de manera tan significativa en el territorio.

La lucha no es sólo contra la megaminería y los extractivismos en sí, sino contra la instalación de un discurso que se apoya en la indiferencia o el desconocimiento de parte de una sociedad que no está siendo interpelada por los actos de persecución y hostigamiento que recibe una amplia franja de la sociedad que se organiza y se levanta en defensa del territorio chubutense.

Según la mirada de Marina Richieri, bióloga y asambleísta de Puerto Madryn, a pesar del trabajo de concientización sobre los proyectos extractivistas en el territorio, "la gente tiene mucho miedo a la policía, mucha vergüenza a expresarse públicamente respecto a algún tema álgido. En ese contexto, la criminalización y la injusticia que se ejerce contra quienes defendemos el territorio no surge como ‘un gran problema chubutense' sino que se lo oculta, le echan tierra, no lo quieren ver. Sin embargo, cuando el riesgo es más explícito y afecta a algún estandarte natural (por ejemplo, ballena, pingüino, o fuente de agua puntual) ahí salen a la calle."

Por esto, la estrategia de las asambleas es la de una lucha pacífica en donde se prioriza la comunicación e información de los riesgos que implican los diferentes proyectos extractivistas y los mitos que se construyen para facilitar su implementación en los territorios. La reacción por parte del poder ante estas estrategias son, concretamente, la violencia y la mentira.

Fuente: ANRed