Mientras la clase política en su conjunto está abocada a las elecciones legislativas, en Chubut persiste como telón de fondo un foco de conflicto vinculado con las negociaciones paritarias y la demanda de aumentos salariales atrasados con los que los trabajadores estatales intentan recuperar lo perdido frente a la inflación. Arcioni y su ministro Antonena dan claras señales de no estar dispuestos otorgar aumentos, mientras los médicos ya están de paro y el gremio docente lo hará por dos días en el arranque de la semana. Los demás sindicatos podrían encaminarse en la misma dirección, lo que profundizaría la conflictividad en la provincia. En conjunto, los estatales chubutenses perdieron en promedio 27% de su poder adquisitivo en los últimos dos años, y los judiciales fueron los más perjudicados con una depreciación de 61%.
Los atrasos salariales generan una crisis social que podría ir en aumento. El gobierno rechaza la posibilidad de otorgar incrementos luego de un año y medio sin otorgarlos, mientras la inflación avanzó -y lo sigue haciendo- a un ritmo galopante.
La gestión de Mariano Arcioni ya dio claras muestras de conformarse antes de las elecciones con tener a todos los gremios estatales y a los jubilados provinciales "tranquilos" con el mero diseño de un plan de pago de las deudas que se fueron acumulando en casi dos años atrasos salariales y pagos escalonados.
Al mismo tiempo, ha dado claras señales a través de sus principales funcionarios en el sentido de que aceptaría abrir paritarias, pero sin considerar incrementos en los salarios de los empleados públicos. El principal argumento esgrimido consiste en que los números "no les cierran" a la provincia.
Si esta política se concreta y es aceptada por los gremios y las bases, terminará convirtiéndose en un nuevo ajuste sobre los ingresos de los trabajadores estatales; con características similares al que se había producido en 2018. En aquel momento se desató un alto nivel de conflictividad con paros, cortes de ruta y toma de edificios públicos.
Desde 2019, cuando se otorgó el último aumento paritario atado a la inflación por la cláusula gatillo, la pérdida salarial promedio en la provincia fue de 26,93%.
Ambas partes, gobierno y sindicatos, saben muy bien que los procesos electorales como el que se aproximan son tierra fértil para recuperar lo perdido o para conseguir mejoras no obtenidas; ya que ningún gobernante quiere admitir en público y frente al electorado que su intención es ajustar sobre los salarios y provocar una pérdida aún mayor del poder adquisitivo.
Años de pérdida salarial
Solamente entre el primer trimestre de 2019 y el mismo período de este año los salarios estatales perdieron en conjunto 26,93% frente a la inflación generada en ese período.
2019 fue crítico en cuanto al ritmo inflacionario, y llegó a tocar en diciembre 54% de aumento en forma interanual, tal como informó el INDEC para el IPC Patagonia.
2020 no fue mucho mejor, aunque desde que arrancó la pandemia se desaceleró bastante el ritmo inflacionario. No obstante, el año pasado concluyó con una suba de precios anual de 32,3%.
2021 comenzó con otra escalada inflacionaria, y solamente hasta marzo ya había sido de 39% interanual, trepando al 49,7% en junio pasado.
Ese impresionante proceso inflacionario no pegó en todos los sectores estatales por igual, ya que hubo algunos más perjudicados que otros. En realidad, todos han perdido en diferentes dimensiones frente a la inflación.
Los judiciales constituyen el sector estatal más perjudicado por la suba de precios y la falta de recomposición en los sueldos. Entre el arranque de 2019 y este año, los salarios judiciales perdieron 61,71%. Ese porcentaje duplicó la media general.
Por detrás, se posicionaron los empleados del Poder Legislativo -que vieron depreciarse sus sueldos en 52,92%- mientras los trabajadores de la Educación perdieron 20,23%.
Lo trabajadores de Salud perdieron 16,49% y los vinculados al sector de la Seguridad, específicamente los policías, tuvieron una depreciación salarial de 15,17%.
La situación empora aún más para los salarios de los empleados públicos chubutenses si la comparación se extiende hasta el primer trimestre de 2017, especialmente por los efectos del ajuste aplicado en 2018; que no difiere en nada respecto del aplicado en 2020 y lo que va de 2021.
En ese período la pérdida salarial total de los estatales ascendió a 48,5%. La recuperación salarial conquistada en 2019 se fue esfumando con la falta de mejoras en 2020 y lo que va de 2021. Obviamente, aportó a la depreciación salarial el pago atrasado y escalonado de sueldos y aguinaldos.
La depreciación salarial de los judiciales trepó a 71% en dicho período; mientras que los legislativos perdieron 60,45%; los de Salud 46,3%; los docentes 43,32% y los policías 39,37%.
Será difícil convencer a los estatales y los jubilados provinciales que acepten terminar este 2021 sin aumentos de sueldo o con recomposiciones salariales muy menores a los porcentajes mencionados. Salvo que se conformen con cobrar lo adeudado y asimilar las enormes pérdidas de poder adquisitivo sufridas en los últimos años.
Paritarias sí, aumentos no
Desde el gobierno se dejó en claro que habría posibilidades de abrir las negociaciones paritarias en esta segunda mitad del año, pero se desechó la posibilidad de otorgar incrementos salariales aduciendo la crisis económica y de ingresos que tienen las arcas provinciales.
"Hoy podemos hablar de paritarias, pero no podemos hablar de un incremento salarial. Sería muy imprudente, ya lo he dicho en distintas oportunidades, estamos pagando los sueldos. No se puede sacar de donde no hay. La prioridad son los niños", afirmó esta semana el gobernador Mariano Arcioni.
El ministro de Economía Oscar Antonena declaró que "No hay que olvidarse que tenemos un presupuesto de $145 mil millones, donde un porcentaje muy importante está destinado a los salarios de los agentes públicos. La postura de Arcioni es que los puestos no se tocan, se defienden, y los compromisos asumidos se cumplen. En 2019 teníamos una masa salarial de 3.695 millones de pesos mensuales. Más allá de esta situación complicada, esta gestión pudo reconocer los aumentos salariales. Se pagaron y estamos resolviendo".
Avanzando un poco más, el ministro agregó que "Todas las pretensiones y derechos del trabajador deben estar contextualizados. Si estamos terminando de pagar un atraso de salarios, sería de muy poco criterio poder estar hoy prometiendo algo que no voy a poder cumplir"; para luego concluir que "Nos vamos a prometer algo que no podemos cumplir, no queremos volver a tiempos pasados".
¿Se vienen los paros y protestas?
Después del alto nivel de conflictividad que exhibió parte de los trabajadores de la Salud, los agremiados en SiSaP fueron los únicos que no aceptaron el pago en cuotas, y comenzaron a producirse otros focos de protestas. Sobre el final de la semana pasada fueron los médicos y en el arranque de la semana entrante serán los docentes.
La huelga de los médicos generó un sacudón en el gobierno, a punto tal que el propio ministro del área, Fabian Puratich, desligó la protesta del tema salarial y reconoció que "La cantidad de médicos está disminuyendo drásticamente; así el sistema no aguantará más de tres a cuatro meses".
Puratich, también lanzado como precandidato oficialista, enfatizó que "No tenemos aumentos desde 2019 porque los que nos dieron no fueron pagados. Esos incrementos ya son obsoletos. No creo que se pueda sostener la situación médica dentro de la Provincia, el personal médico está claudicando, algunos se están yendo porque no pueden pagar los alquileres, haya paro o no haya paro la cantidad de médicos está disminuyendo drásticamente, los que han venido años atrás están regresando a sus lugares de origen".
El viernes la dirigencia de la ATECh ratificó el paro este lunes y el martes. "Se habla del diálogo, pero en la realidad es que no convocan. Estamos pidiendo justamente la convocatoria a paritarias para tener avances en ese sentido. Llevamos 19 meses de salarios congelados, habiéndose aplicado el último aumento con los haberes de enero de 2020 (cobrados en marzo de 2020)", manifestó Marcela Capón.
La medida se llevará a cabo de acuerdo a la mayoría de mandatos escolares, por lo que se reiteran los reclamos y se exige la convocatoria a paritarias 2021 por recomposición salarial urgente, se rechaza la cuotificación de haberes de activos y pasivos; se pide la inversión real en infraestructura (relevamiento actualizado y plan de obra) y reglamentación de la ley; se rechazó el ajuste en Educación por lo que se repudia el cierre de cursos y cargos/horas cátedra; aumento de paritarias ordinarias y extraordinarias por COVID-19; y se pide garantías de insumos para conectividad tanto para trabajadores como para estudiantes, vacunación completa para todo el sector y garantía y cobertura del transporte escolar y recorridos faltantes del mismo.
En pleno proceso electoral, la depreciación salarial complejiza la realidad chubutense en plena pandemia y la situación se vuelve inestable producto de la postura de un gobierno que aspira a conseguir bancas en el Congreso pero que no estaría dispuesto a concretar mejoras salariales para un sector muy golpeado desde casi dos años.
