El primer 28S con Aborto Legal: una conquista histórica del feminismo argentino Desde el año 1990, cada 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, un derecho conquistado en nuestro país el 30 de diciembre de 2020. Argentina es uno de los pocos países en América Latina con este derecho, junto a Cuba, Uruguay, Puerto Rico, Guyana y tres estados de México. A pesar de la legislación, todavía se registran serios obstáculos para el acceso a las interrupciones voluntarias del embarazo.
A 31 años del primer Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y del Caribe (más tarde conocido como "Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro"), las muertes producidas por abortos clandestinos continúan siendo una realidad en el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre un 4,7% y un 13,2% de la mortalidad materna anual puede atribuirse a los abortos peligrosos, mientras que entre los años 2010 y 2014, cerca del 45% de las interrupciones de embarazos fueron riesgosas. Casi todos ellos ocurrieron en países en desarrollo.
Según el organismo, "es posible prevenir casi todos los casos de muerte o discapacidad a consecuencia de un aborto mediante la educación sexual, el uso de métodos anticonceptivos eficaces, la práctica de abortos provocados legales y seguros y la atención a tiempo de las complicaciones".
En Argentina, la Ley del Aborto fue finalmente sancionada el 30 de diciembre de 2020 en la Cámara de Senadores, tras la Marea Verde iniciada en 2018 con el primer debate. La Ley fue el resultado de varias décadas de lucha del feminismo argentino. El primer proyecto se presentó en el Congreso en el año 2007 de la mano de la Campaña Nacional por el Derecho al Acceso al Aborto, sin éxito alguno. Más de diez años más tarde, en 2018, la iniciativa consiguió la media sanción en la Cámara Baja, pero en agosto de ese mismo año fue rechazada en el Senado.
Argentina fue un espejo para otros países de la región, que hoy levantan sus pañuelos verdes para exigir el respeto a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Existe la legalidad en Uruguay, Puerto Rico, Cuba, Guyana, y algunos estados de México. En Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, existe la despenalización por causales, aunque en algunos países se lucha por la despenalización total. Mientras que persiste la restricción total en aquellos países donde abortar está totalmente prohibido como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua o República Dominicana.
Desde la aprobación de la IVE, Amnistía Internacional relevó que "de un total de treinta y cinco acciones iniciadas con el objeto de suspender la legislación, diecinueve han sido declaradas inadmisibles; seis de esos rechazos están confirmados en segunda instancia, y solo 7 continúan en trámite", aunque "ninguna ha tenido un impacto concreto en la vigencia de la ley".
"Con la aprobación de la ley de aborto, Argentina ha sabido posicionarse como un país faro en la región. Sin embargo, no se ejerce un derecho que se desconoce y en épocas complejas más que nunca debemos estar presentes para garantizar el bienestar de mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden interrumpir su embarazo", dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
El organismo advirtió que "en Argentina el acceso al aborto presenta un mapa desigual y selectivo", ya que "en las zonas alejadas de centros urbanos aún no hay disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva y de personal capacitado". La objeción de conciencia -ítem que agregó el Gobierno y no estaba previsto en el proyecto original de la Campaña- es otro punto de tensión en el acceso a una ILE. Algunas regiones del país cuentan con un número extremadamente bajo de médicas y médicos garantistas en relación a la población.
No obstante, la Ley 27.610 establece en su artículo quinto que "toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de diez días corridos desde su requerimiento", a lo que el décimo artículo añade que, en el caso de que el profesional que debería realizar el aborto sea objetor de conciencia, deberá "derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones".
El Ministerio de Salud puso a disposición la Línea salud sexual 0800 222 3444 para denunciar cualquier tipo de violación al derecho al aborto. El número corresponde a una línea telefónica nacional, gratuita y confidencial que brinda información de forma integral a toda la población.
"Un posicionamiento político transformador"
"Un grito recorre el mundo denunciando la violencia ejercida por los Estados que niegan el acceso a abortos seguros, permiten la tortura física y emocional debido al abuso y maltrato en su búsqueda de servicios de salud sexual y reproductiva, la negación de servicios adecuados, la preponderancia de la objeción de conciencia como obstaculizadora de derechos se transforman en un patrón regional y tienen en común una conducta discriminatoria basada en el género, los estereotipos y prejuicios de etnia, clase y territorio que causan daños y sufrimientos a las personas con capacidad de gestar", expresó Yanina Waldhorn, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina.
Agrega: "La lucha por la despenalización y legalización del aborto vela y construye dignidad, emancipación y el reconocimiento ineludible de cada una de las personas con capacidad de gestar a decidir sobre nuestros destinos, sobre nuestra maternidad y proyectos venideros, sobre el goce".
Reconoce la demanda por el aborto como "un posicionamiento político transformador". Y celebra: "Somos la palabra vital que construye e inunda cada uno de nuestros territorios, que irrumpe, que sueña, que abraza, que palpita un porvenir con activismo, alegría y compromiso".
Entre las problemáticas que persisten, Waldhorn reconoce la presentación en la justicia por parte de los grupos fundamentalistas religiosos, las mujeres presas por abortar que aún no recuperan su libertad y la falta de capacitación a profesionales de la Salud.
Ante el avance de las posturas conservadoras, ratifica: "Los fundamentalismos no detendrán nuestra genealogía, nuestras ancestras nos marcaron un camino, nos enseñaron a desplegar nuestra herencia enardecida".
Desde el año 1990, cada 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, un derecho conquistado en nuestro país el 30 de diciembre de 2020. Argentina es uno de los pocos países en América Latina con este derecho, junto a Cuba, Uruguay, Puerto Rico, Guyana y tres estados de México. A pesar de la legislación, todavía se registran serios obstáculos para el acceso a las interrupciones voluntarias del embarazo.
A 31 años del primer Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y del Caribe (más tarde conocido como "Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro"), las muertes producidas por abortos clandestinos continúan siendo una realidad en el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre un 4,7% y un 13,2% de la mortalidad materna anual puede atribuirse a los abortos peligrosos, mientras que entre los años 2010 y 2014, cerca del 45% de las interrupciones de embarazos fueron riesgosas. Casi todos ellos ocurrieron en países en desarrollo.
Según el organismo, "es posible prevenir casi todos los casos de muerte o discapacidad a consecuencia de un aborto mediante la educación sexual, el uso de métodos anticonceptivos eficaces, la práctica de abortos provocados legales y seguros y la atención a tiempo de las complicaciones".
En Argentina, la Ley del Aborto fue finalmente sancionada el 30 de diciembre de 2020 en la Cámara de Senadores, tras la Marea Verde iniciada en 2018 con el primer debate. La Ley fue el resultado de varias décadas de lucha del feminismo argentino. El primer proyecto se presentó en el Congreso en el año 2007 de la mano de la Campaña Nacional por el Derecho al Acceso al Aborto, sin éxito alguno. Más de diez años más tarde, en 2018, la iniciativa consiguió la media sanción en la Cámara Baja, pero en agosto de ese mismo año fue rechazada en el Senado.
Argentina fue un espejo para otros países de la región, que hoy levantan sus pañuelos verdes para exigir el respeto a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Existe la legalidad en Uruguay, Puerto Rico, Cuba, Guyana, y algunos estados de México. En Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, existe la despenalización por causales, aunque en algunos países se lucha por la despenalización total. Mientras que persiste la restricción total en aquellos países donde abortar está totalmente prohibido como El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua o República Dominicana.
Desde la aprobación de la IVE, Amnistía Internacional relevó que "de un total de treinta y cinco acciones iniciadas con el objeto de suspender la legislación, diecinueve han sido declaradas inadmisibles; seis de esos rechazos están confirmados en segunda instancia, y solo 7 continúan en trámite", aunque "ninguna ha tenido un impacto concreto en la vigencia de la ley".
"Con la aprobación de la ley de aborto, Argentina ha sabido posicionarse como un país faro en la región. Sin embargo, no se ejerce un derecho que se desconoce y en épocas complejas más que nunca debemos estar presentes para garantizar el bienestar de mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden interrumpir su embarazo", dijo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
El organismo advirtió que "en Argentina el acceso al aborto presenta un mapa desigual y selectivo", ya que "en las zonas alejadas de centros urbanos aún no hay disponibilidad de servicios de salud sexual y reproductiva y de personal capacitado". La objeción de conciencia -ítem que agregó el Gobierno y no estaba previsto en el proyecto original de la Campaña- es otro punto de tensión en el acceso a una ILE. Algunas regiones del país cuentan con un número extremadamente bajo de médicas y médicos garantistas en relación a la población.
No obstante, la Ley 27.610 establece en su artículo quinto que "toda persona gestante tiene derecho a acceder a la interrupción de su embarazo en los servicios del sistema de salud o con su asistencia, en un plazo máximo de diez días corridos desde su requerimiento", a lo que el décimo artículo añade que, en el caso de que el profesional que debería realizar el aborto sea objetor de conciencia, deberá "derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin dilaciones".
El Ministerio de Salud puso a disposición la Línea salud sexual 0800 222 3444 para denunciar cualquier tipo de violación al derecho al aborto. El número corresponde a una línea telefónica nacional, gratuita y confidencial que brinda información de forma integral a toda la población.
"Un posicionamiento político transformador"
"Un grito recorre el mundo denunciando la violencia ejercida por los Estados que niegan el acceso a abortos seguros, permiten la tortura física y emocional debido al abuso y maltrato en su búsqueda de servicios de salud sexual y reproductiva, la negación de servicios adecuados, la preponderancia de la objeción de conciencia como obstaculizadora de derechos se transforman en un patrón regional y tienen en común una conducta discriminatoria basada en el género, los estereotipos y prejuicios de etnia, clase y territorio que causan daños y sufrimientos a las personas con capacidad de gestar", expresó Yanina Waldhorn, integrante de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina.
Agrega: "La lucha por la despenalización y legalización del aborto vela y construye dignidad, emancipación y el reconocimiento ineludible de cada una de las personas con capacidad de gestar a decidir sobre nuestros destinos, sobre nuestra maternidad y proyectos venideros, sobre el goce".
Reconoce la demanda por el aborto como "un posicionamiento político transformador". Y celebra: "Somos la palabra vital que construye e inunda cada uno de nuestros territorios, que irrumpe, que sueña, que abraza, que palpita un porvenir con activismo, alegría y compromiso".
Entre las problemáticas que persisten, Waldhorn reconoce la presentación en la justicia por parte de los grupos fundamentalistas religiosos, las mujeres presas por abortar que aún no recuperan su libertad y la falta de capacitación a profesionales de la Salud.
Ante el avance de las posturas conservadoras, ratifica: "Los fundamentalismos no detendrán nuestra genealogía, nuestras ancestras nos marcaron un camino, nos enseñaron a desplegar nuestra herencia enardecida".
