La "pacificación": eufemismos para negar el ataque contra los Pueblos Originarios en la Patagonia A raíz de los violentos desalojos que las Fuerzas de Seguridad han desplegado en territorios ancestrales, la comunidad alerta sobre el recrudecimiento de prácticas represivas en toda la zona patagónica que ponen en riesgo los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios. En las últimas semanas, la comunidad del Lof Quemquemtreu en Río Negro fue desalojada y atacada por más de 50 efectivos. Una situación similar vivió el Lof Catriman Colihueque en Chubut, por fuerzas motivadas por los intereses de la hegemonía judicial e inmobiliaria. La Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Migrantes de la UNPSJB emitió un comunicado en el que advierte que "sin reconocimiento efectivo de derechos, no hay paz ni diálogo posible".
Hace unos meses, la Gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, en el "Foro del Consenso Bariloche" (un espacio conformado por empresarios interesados en la tierra pública), reconoció el ‘fracaso de la gestión pública' en la resolución de las problemáticas vinculadas a los territorios. Sin embargo, felicitó a los organizadores del evento, que tienen una marcada antipatía con los pueblos originarios y sostuvo que "el gran desafío es pacificar".
La "Pacificación de la Araucanía" y la "Campaña del Desierto" fueron los eufemismos que usaron los Estados de Chile y Argentina para invadir militar, económica y espiritualmente el Wallmapu, territorio ancestral de los pueblos originarios de esta región.
Lamentablemente vemos como las palabras: diálogo, consenso, acuerdos, etc, son devaluadas permanentemente por el aparato político y la persecución judicial mantiene la institucionalización del racismo colonial, heredero de las campañas de pacificación y conquista.
Los últimos hechos contra el Lof Quemquemtreu en Río Negro y el Lof Catriman Colihueque en Chubut, ponen en evidencia la desigual disputa en el terreno judicial que plantean empresarios y funcionarios que funcionan a favor de las grandes corporaciones, que aprovechan la contaminación mediática para desinformar e influir de manera negativa respecto de los legítimos reclamos territoriales.
El Estado lleva más de 25 años incumpliendo la propia Constitución Nacional en la que "reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios obligándose a garantizar el respeto a su identidad, reconocer la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, asegurando su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten". (Art. 75, inc.17).
Sin el cumplimiento efectivo de los derechos establecidos por ley y el reconocimiento del genocidio perpetrado por parte del Estado a través de las matanzas, robo de niños/as, esclavización de los sobrevivientes, violación de las mujeres, despojo territorial, imposición de la religión, cautiverio, exhibición en museos y la invisibilización posterior, construido como sujeto extinto en la historia oficial, será muy difícil lograr el diálogo que necesitamos como sociedad.
Apelamos a los diversos estamentos del Estado a que puedan estar a la altura del momento histórico para reconocer que el Estado se asentó sobre los territorios de los pueblos originarios en base al saqueo y la muerte. No se puede desconocer la responsabilidad de la violencia estatal como la génesis de un conflicto que hoy busca criminalizar a los sobrevivientes del genocidio fundacional argentino.
A raíz de los violentos desalojos que las Fuerzas de Seguridad han desplegado en territorios ancestrales, la comunidad alerta sobre el recrudecimiento de prácticas represivas en toda la zona patagónica que ponen en riesgo los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios. En las últimas semanas, la comunidad del Lof Quemquemtreu en Río Negro fue desalojada y atacada por más de 50 efectivos. Una situación similar vivió el Lof Catriman Colihueque en Chubut, por fuerzas motivadas por los intereses de la hegemonía judicial e inmobiliaria. La Cátedra Libre de Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Migrantes de la UNPSJB emitió un comunicado en el que advierte que "sin reconocimiento efectivo de derechos, no hay paz ni diálogo posible".
Hace unos meses, la Gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, en el "Foro del Consenso Bariloche" (un espacio conformado por empresarios interesados en la tierra pública), reconoció el ‘fracaso de la gestión pública' en la resolución de las problemáticas vinculadas a los territorios. Sin embargo, felicitó a los organizadores del evento, que tienen una marcada antipatía con los pueblos originarios y sostuvo que "el gran desafío es pacificar".
La "Pacificación de la Araucanía" y la "Campaña del Desierto" fueron los eufemismos que usaron los Estados de Chile y Argentina para invadir militar, económica y espiritualmente el Wallmapu, territorio ancestral de los pueblos originarios de esta región.
Lamentablemente vemos como las palabras: diálogo, consenso, acuerdos, etc, son devaluadas permanentemente por el aparato político y la persecución judicial mantiene la institucionalización del racismo colonial, heredero de las campañas de pacificación y conquista.
Los últimos hechos contra el Lof Quemquemtreu en Río Negro y el Lof Catriman Colihueque en Chubut, ponen en evidencia la desigual disputa en el terreno judicial que plantean empresarios y funcionarios que funcionan a favor de las grandes corporaciones, que aprovechan la contaminación mediática para desinformar e influir de manera negativa respecto de los legítimos reclamos territoriales.
El Estado lleva más de 25 años incumpliendo la propia Constitución Nacional en la que "reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios obligándose a garantizar el respeto a su identidad, reconocer la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, asegurando su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten". (Art. 75, inc.17).
Sin el cumplimiento efectivo de los derechos establecidos por ley y el reconocimiento del genocidio perpetrado por parte del Estado a través de las matanzas, robo de niños/as, esclavización de los sobrevivientes, violación de las mujeres, despojo territorial, imposición de la religión, cautiverio, exhibición en museos y la invisibilización posterior, construido como sujeto extinto en la historia oficial, será muy difícil lograr el diálogo que necesitamos como sociedad.
Apelamos a los diversos estamentos del Estado a que puedan estar a la altura del momento histórico para reconocer que el Estado se asentó sobre los territorios de los pueblos originarios en base al saqueo y la muerte. No se puede desconocer la responsabilidad de la violencia estatal como la génesis de un conflicto que hoy busca criminalizar a los sobrevivientes del genocidio fundacional argentino.
