La utopía de la soberanía alimentaria: piden suspender la aprobación del trigo transgénico HB4 El Ministerio Público Fiscal solicitó detener de inmediato el avance de la siembra y comercialización del trigo transgénico de la empresa Bioceres. Advierte que fue aprobado de manera irregular, en violación de leyes ambientales y administrativas. El trigo contiene agrotóxicos como glifosato y glufosinato de amonio. Investigadores de todo el país ya habían denunciado que el trigo HB4 no soluciona el problema de la alimentación, y amenaza la biodiversidad y la salud de los argentinos.
El trigo HB4 es el primer trigo transgénico del mundo. Fue aprobado este año para su uso en Argentina, y se espera que Brasil y otros países de la región avancen en la misma dirección. A pesar de ser presentado al mercado como una opción viable debido a su potencial como tolerante a la sequía, investigadores y organismos han denunciado que contiene glufosinato de amonio (un herbicida más tóxico que el glifosato).
Es un transgénico de la empresa Bioceres, desarrollado por científicos de la Universidad Nacional del Litoral y el Conicet. Otras empresas, como Monsanto, habían intentado años atrás aprobar trigos transgénicos en países como Estados Unidos, pero no lo consiguieron.
El fiscal Fabián Canda pidió a los jueces federales que suspendan la aprobación del trigo HB4 en Argentina. En un dictamen dado a conocer esta semana, el fiscal afirma que la aprobación no es válida porque no respeta el artículo 41 de la Constitución Nacional -que garantiza el derecho a un ambiente sano- ni el principio precautorio dispuesto por la Ley General del Ambiente. Este principio establece: "Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente".
El titular de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de la Nación, Marcelo Alos, autorizó en octubre del 2020 la comercialización del trigo HB4 mediante la Resolución 41/2020, con una única condición: que sea aprobado por Brasil, principal importador del trigo argentino. Bioceres esperan la aprobación del país vecino, aunque en suelo argentino ya sembraron el trigo transgénico en al menos cinco provincias por segundo año consecutivo.
Para el fiscal, la aprobación del transgénico viola la ley porque se decidió pese a la incertidumbre acerca de los efectos en la salud y el ambiente. "La resolución de autorización desconoce el objetivo primario de la tutela ambiental consistente en el aseguramiento de la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales", advierte Canda, titular de la Fiscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº 8.
Al referirse a los riesgos, el fiscal Canda cita un cuestionamiento realizado por más de mil investigadores del Conicet y una treintena de universidades públicas de todo el país, que advirtieron sobre los daños a la salud pública y al interés común que generaría la aprobación del trigo HB4.
"Esta autorización remite a un modelo de agronegocio que se ha demostrado nocivo en términos ambientales y sociales, causante principal de las pérdidas de biodiversidad, que no resuelve los problemas de la alimentación y que amenaza además la salud de nuestro pueblo confrontando la seguridad y la soberanía alimentaria", explica el escrito colectivo, firmado por Alicia Massarini, Particia Kandus, Rafael Lajmanovich, Walter Pengue, Haydée Norma Pizarro, Elena María Abraham, Matías Blaustein, Damián Marino, Patricia Puntos, Guillermo Folguera, Maristella Svampa, Juan Wahren y Damián Verzeñassi, entre otros.
La carta remarca que ya existen numerosas evidencias de las consecuencias negativas que producen los componentes y métodos usados actualmente en la producción agrícola en Argentina, en Latinoamérica y en países centrales, especialmente en Estados Unidos. "Cientos de investigaciones sobre daños ambientales y sanitarios han sido publicadas en revistas científicas internacionales y muchos más testimonios y denuncias han sido impulsadas de manera sostenida por comunidades, trabajadores de la salud y movimientos sociales de nuestra región. Es indudable que el actual modelo productivo hegemónico de la agroindustria concentra capital, profundiza la desigualdad económica y social, genera el deterioro de la salud de las comunidades y de los ecosistemas y acelera la pérdida de biodiversidad, amenazando la seguridad alimentaria y dejando a su paso territorios devastados ambiental y socialmente", afirman.
Explican que este tipo de semillas tiene relación directa con los desmontes masivos, los desalojos de campesinos y pueblos originarios, la destrucción de humedales y los incendios. "Los transgénicos agrícolas, a pesar del enorme esfuerzo propagandístico en pos de presentarlos como una innovación virtuosa para ‘alimentar al mundo' sólo han servido para generar lucro para unos pocos. Los organismos transgénicos no son necesarios para garantizar ningún derecho del pueblo, por el contrario, atentan contra la salud socioambiental y amenazan la soberanía alimentaria",
Por otra parte, el fiscal se refiere a los argumentos ya expuestos por el Ministerio Público Fiscal ante un pedido anterior de suspensión de semillas transgénicas de soja, maíz, arroz y algodón. En esa oportunidad, la Fiscalía advirtió que esos transgénicos están ineludiblemente unidos a las fumigaciones con agrotóxicos. "Considerando que el uso exorbitante de agrotóxicos, que ubica a la Argentina en el segundo lugar mundial de mayor utilización de herbicidas por hectárea en su sistema productivo, ha generado - por sus consecuencias- reacciones en el mundo científico, académico, en el plano de la salud y del medio ambiente, este Ministerio Público centrará su análisis en la cuestión que con mayor urgencia y evidencia preocupa al interés general (...), esto es la situación de amenaza grave sobre dos de los derechos más preciados que desde el punto de vista individual y social interesan: la salud, en tanto requisito para la vida, y el medio ambiente, en tanto condición indispensable para la vida digna de las generaciones presentes y futuras".
"Defectos insuperables" de una aprobación dudosa
El fiscal también afirma que la autorización del trigo HB4 presenta otros dos "defectos insuperables": la secretaría Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional (que conduce Marcelo Alos) no puede aprobar transgénicos y, además, la decisión no está fundamentada de manera correcta.
Según la normativa nacional, la Secretaría de Agricultura es la única autorizada para aprobar la liberación comercial de transgénicos. Sin embargo, el trigo de Bioceres fue aprobado por la Secretaría de Alimentos. "Este defecto se potencia aún más si se considera que la Resolución Nº 41/20 constituye un acto estatal que debe ser dictado por un organismo altamente especializado", señala el fiscal Canda en su dictamen.
En cuanto a los fundamentos para aprobar el transgénico, el fiscal señala que son insuficientes. "Se limitó a transcribir las conclusiones de los tres dictámenes técnicos exigidos (del Senasa, de la Comisión Nacional de Biotecnología -Conabia- y de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios )", señaló. "La mera transcripción de las conclusiones de las evaluaciones formuladas por los organismos intervinientes no satisface el estándar de motivación suficiente exigido." Y advirtió, en especial, una omisión. Al transcribir el dictamen de la Conabia, no se incluyeron "importantes recomendaciones efectuadas por el organismo". Entre ellas, pautas para retrasar el hecho inevitable de que las malezas se hagan resistentes al herbicida glufosinato de amonio.
Megacausa contra los transgénicos
El dictamen del fiscal Canda se enmarca en una causa judicial conocida como "Alicia Fany Giménez y otros contra el Ministerio de Agroindustria", que comenzó en 2012. En ella, grupos de vecinos y organizaciones de la sociedad civil piden al Poder Judicial que ordene la suspensión definitiva de todos los cultivos transgénicos, así como la obligación de etiquetar debidamente todos los alimentos que contengan transgénicos. Mientras tanto, se exige a los jueces que ordenen una medida cautelar para suspender la comercialización y el cultivo de transgénicos.
Tanto el Ministerio Público Fiscal como la Defensoría General de la Nación se expresaron a favor de aplicar el principio precautorio y hacer lugar a la medida cautelar de suspender los transgénicos y agrotóxicos. En este momento, la causa está en la Corte Suprema de Justicia.
En octubre de 2020, los denunciantes agregaron el pedido de suspensión del trigo transgénico. Éste se encuentra en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3, que fue el que solicitó la Fiscalía el dictamen.
Días atrás, el colectivo Trigo Limpio, integrado por científicos, académicos y activistas por la salud y el ambiente, hizo un llamado a las autoridades para que se aplique el principio precautorio y se suspenda el trigo transgénico.
El Ministerio Público Fiscal solicitó detener de inmediato el avance de la siembra y comercialización del trigo transgénico de la empresa Bioceres. Advierte que fue aprobado de manera irregular, en violación de leyes ambientales y administrativas. El trigo contiene agrotóxicos como glifosato y glufosinato de amonio. Investigadores de todo el país ya habían denunciado que el trigo HB4 no soluciona el problema de la alimentación, y amenaza la biodiversidad y la salud de los argentinos.
El trigo HB4 es el primer trigo transgénico del mundo. Fue aprobado este año para su uso en Argentina, y se espera que Brasil y otros países de la región avancen en la misma dirección. A pesar de ser presentado al mercado como una opción viable debido a su potencial como tolerante a la sequía, investigadores y organismos han denunciado que contiene glufosinato de amonio (un herbicida más tóxico que el glifosato).
Es un transgénico de la empresa Bioceres, desarrollado por científicos de la Universidad Nacional del Litoral y el Conicet. Otras empresas, como Monsanto, habían intentado años atrás aprobar trigos transgénicos en países como Estados Unidos, pero no lo consiguieron.
El fiscal Fabián Canda pidió a los jueces federales que suspendan la aprobación del trigo HB4 en Argentina. En un dictamen dado a conocer esta semana, el fiscal afirma que la aprobación no es válida porque no respeta el artículo 41 de la Constitución Nacional -que garantiza el derecho a un ambiente sano- ni el principio precautorio dispuesto por la Ley General del Ambiente. Este principio establece: "Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente".
El titular de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de la Nación, Marcelo Alos, autorizó en octubre del 2020 la comercialización del trigo HB4 mediante la Resolución 41/2020, con una única condición: que sea aprobado por Brasil, principal importador del trigo argentino. Bioceres esperan la aprobación del país vecino, aunque en suelo argentino ya sembraron el trigo transgénico en al menos cinco provincias por segundo año consecutivo.
Para el fiscal, la aprobación del transgénico viola la ley porque se decidió pese a la incertidumbre acerca de los efectos en la salud y el ambiente. "La resolución de autorización desconoce el objetivo primario de la tutela ambiental consistente en el aseguramiento de la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales", advierte Canda, titular de la Fiscalía en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo Federal Nº 8.
Al referirse a los riesgos, el fiscal Canda cita un cuestionamiento realizado por más de mil investigadores del Conicet y una treintena de universidades públicas de todo el país, que advirtieron sobre los daños a la salud pública y al interés común que generaría la aprobación del trigo HB4.
"Esta autorización remite a un modelo de agronegocio que se ha demostrado nocivo en términos ambientales y sociales, causante principal de las pérdidas de biodiversidad, que no resuelve los problemas de la alimentación y que amenaza además la salud de nuestro pueblo confrontando la seguridad y la soberanía alimentaria", explica el escrito colectivo, firmado por Alicia Massarini, Particia Kandus, Rafael Lajmanovich, Walter Pengue, Haydée Norma Pizarro, Elena María Abraham, Matías Blaustein, Damián Marino, Patricia Puntos, Guillermo Folguera, Maristella Svampa, Juan Wahren y Damián Verzeñassi, entre otros.
La carta remarca que ya existen numerosas evidencias de las consecuencias negativas que producen los componentes y métodos usados actualmente en la producción agrícola en Argentina, en Latinoamérica y en países centrales, especialmente en Estados Unidos. "Cientos de investigaciones sobre daños ambientales y sanitarios han sido publicadas en revistas científicas internacionales y muchos más testimonios y denuncias han sido impulsadas de manera sostenida por comunidades, trabajadores de la salud y movimientos sociales de nuestra región. Es indudable que el actual modelo productivo hegemónico de la agroindustria concentra capital, profundiza la desigualdad económica y social, genera el deterioro de la salud de las comunidades y de los ecosistemas y acelera la pérdida de biodiversidad, amenazando la seguridad alimentaria y dejando a su paso territorios devastados ambiental y socialmente", afirman.
Explican que este tipo de semillas tiene relación directa con los desmontes masivos, los desalojos de campesinos y pueblos originarios, la destrucción de humedales y los incendios. "Los transgénicos agrícolas, a pesar del enorme esfuerzo propagandístico en pos de presentarlos como una innovación virtuosa para ‘alimentar al mundo' sólo han servido para generar lucro para unos pocos. Los organismos transgénicos no son necesarios para garantizar ningún derecho del pueblo, por el contrario, atentan contra la salud socioambiental y amenazan la soberanía alimentaria",
Por otra parte, el fiscal se refiere a los argumentos ya expuestos por el Ministerio Público Fiscal ante un pedido anterior de suspensión de semillas transgénicas de soja, maíz, arroz y algodón. En esa oportunidad, la Fiscalía advirtió que esos transgénicos están ineludiblemente unidos a las fumigaciones con agrotóxicos. "Considerando que el uso exorbitante de agrotóxicos, que ubica a la Argentina en el segundo lugar mundial de mayor utilización de herbicidas por hectárea en su sistema productivo, ha generado - por sus consecuencias- reacciones en el mundo científico, académico, en el plano de la salud y del medio ambiente, este Ministerio Público centrará su análisis en la cuestión que con mayor urgencia y evidencia preocupa al interés general (...), esto es la situación de amenaza grave sobre dos de los derechos más preciados que desde el punto de vista individual y social interesan: la salud, en tanto requisito para la vida, y el medio ambiente, en tanto condición indispensable para la vida digna de las generaciones presentes y futuras".
"Defectos insuperables" de una aprobación dudosa
El fiscal también afirma que la autorización del trigo HB4 presenta otros dos "defectos insuperables": la secretaría Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional (que conduce Marcelo Alos) no puede aprobar transgénicos y, además, la decisión no está fundamentada de manera correcta.
Según la normativa nacional, la Secretaría de Agricultura es la única autorizada para aprobar la liberación comercial de transgénicos. Sin embargo, el trigo de Bioceres fue aprobado por la Secretaría de Alimentos. "Este defecto se potencia aún más si se considera que la Resolución Nº 41/20 constituye un acto estatal que debe ser dictado por un organismo altamente especializado", señala el fiscal Canda en su dictamen.
En cuanto a los fundamentos para aprobar el transgénico, el fiscal señala que son insuficientes. "Se limitó a transcribir las conclusiones de los tres dictámenes técnicos exigidos (del Senasa, de la Comisión Nacional de Biotecnología -Conabia- y de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios )", señaló. "La mera transcripción de las conclusiones de las evaluaciones formuladas por los organismos intervinientes no satisface el estándar de motivación suficiente exigido." Y advirtió, en especial, una omisión. Al transcribir el dictamen de la Conabia, no se incluyeron "importantes recomendaciones efectuadas por el organismo". Entre ellas, pautas para retrasar el hecho inevitable de que las malezas se hagan resistentes al herbicida glufosinato de amonio.
Megacausa contra los transgénicos
El dictamen del fiscal Canda se enmarca en una causa judicial conocida como "Alicia Fany Giménez y otros contra el Ministerio de Agroindustria", que comenzó en 2012. En ella, grupos de vecinos y organizaciones de la sociedad civil piden al Poder Judicial que ordene la suspensión definitiva de todos los cultivos transgénicos, así como la obligación de etiquetar debidamente todos los alimentos que contengan transgénicos. Mientras tanto, se exige a los jueces que ordenen una medida cautelar para suspender la comercialización y el cultivo de transgénicos.
Tanto el Ministerio Público Fiscal como la Defensoría General de la Nación se expresaron a favor de aplicar el principio precautorio y hacer lugar a la medida cautelar de suspender los transgénicos y agrotóxicos. En este momento, la causa está en la Corte Suprema de Justicia.
En octubre de 2020, los denunciantes agregaron el pedido de suspensión del trigo transgénico. Éste se encuentra en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3, que fue el que solicitó la Fiscalía el dictamen.
Días atrás, el colectivo Trigo Limpio, integrado por científicos, académicos y activistas por la salud y el ambiente, hizo un llamado a las autoridades para que se aplique el principio precautorio y se suspenda el trigo transgénico.
