El anteproyecto de Ley de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas presentado por el gobierno en el Congreso es un paso más en la mercantilización de la energía y una profundización de los impactos socioambientales en el país.
El proclamado objetivo del anteproyecto es conseguir saldos exportables para disminuir los costos de importación de gas y, al mismo tiempo, conseguir dólares. La realidad es que la privatización y exportación de hidrocarburos desde la década de los 90 provocó la pérdida de autoabastecimiento de nuestro país y causó la grave crisis energética que persiste hasta el presente. La búsqueda de explotar Vaca Muerta, con esta ley, va en ese mismo camino.
Mientras los beneficios del sueño exportador viven en los discursos de los gobiernos, los que sí son palpables son los impactos socioambientales de la explotación a través del fracking durante la última década. Estos han implicado la contaminación del suelo, aire y agua en la región Patagónica y un aumento de la actividad sísmica; así como la represión y criminalización de comunidades mapuche y asambleas locales.
Lejos de respetar los acuerdos internacionales a los que Argentina adhirió, el fracking sostiene un modelo energético basado en la quema de combustibles fósiles. Un modelo que el gobierno promueve incluso con el avance de la frontera petrolera a través de la explotación costa afuera -offshore- que propone el anteproyecto. La supuesta "sustentabilidad" presentada es en realidad la legitimación del despojo y los impactos acarreados por la industria energética durante las últimas décadas.
La política energética debería comenzar por garantizar sustentabilidad a los territorios y la soberanía de los mismos sobre sus bienes comunes y,la remediación de los territorios y comunidades afectadas, al mismo tiempo avanzar hacia una transición energética de forma urgente.
Necesitamos participación popular vinculante sobre qué energía queremos aprovechar, a qué costo y con qué beneficio y para qué, cuestiones ausentes en este anteproyecto, definido entre cuatro paredes por el lobby petrolero, el gobierno nacional y las provincias productoras.
