Jury contra jueces que dejaron impune el femicidio de Lucía Pérez: hacia un cambio de paradigma "Pedimos que nos acompañen. Apartar a estos jueces es el comienzo de la reforma judicial. Hagámosla entre todos. Luchemos por este jury", pide la familia de la joven de 16 años, quienes luego de años de lucha lograron que este 23 de noviembre inicie el juicio político contra dos de los magistrados que dejaron impune el femicidio.
El próximo 23 de noviembre, a las 11 horas, los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas comenzarán a ser juzgados por "negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta" por el fallo que dejó impune el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata.
Hace 5 años Urso, Viñas y Aldo Carnevale (que fue beneficiado por el gobierno de María Eugenia Vidal con la jubilación, logrando evadir este proceso), del Tribunal Oral Criminal n° 1 de Mar del Plata, absolvieron a Matías Farías, Juan Pablo Offidiani y Alejandro Maciel del abuso sexual seguido de femicidio de la joven Lucía Pérez.
Los jueces son responsables de un fallo considerado aberrante, con una marcada ausencia de perspectiva de género, dado que realizaron un minucioso análisis de la vida de Lucía, revictimizando a la joven con argumentos sobre sus hábitos sexuales o su consumo de drogas.
El tribunal condenó a ocho años de prisión y multa de ciento treinta y cinco mil pesos a Matías Farías, 23 años, y Juan Pablo Offidani, 41 años, por el delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo".
Asimismo, absolvió de la acusación de encubrimiento agravado a Alejandro Maciel, 61 años, quien murió luego por un cáncer de pulmón. Ninguno fue condenado por el femicidio y el abuso sexual de la adolescente.
La lucha de la familia permitió que el fallo fuese revertido. Luego de cinco años, comenzará el jury contra los responsables, mientras se confirma la fecha para el nuevo juicio por el femicidio.
Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, recibió la notificación cuando salía del hospital donde trabaja de enfermera. "Esta audiencia es importantísima. Es para suspender a los jueces", aclara sobre el sentido social que tiene el juzgamiento: "Que nunca más puedan hacer lo que hicieron con mi hija. El jury tiene que ser un cambio de paradigma. Un cambio para todas. No solamente para nosotros".
El día de la audiencia convocan a movilizarse frente al Senado bonaerense, donde deberían presentarse los jueces: "Pedimos que nos acompañen. Apartar a estos jueces es el comienzo de la reforma judicial. Hagámosla entre todos. Luchemos por este jury"
"El jury es un procedimiento que tiene como finalidad juzgar conductas de magistrados a los que se les atribuye incumplimientos graves en sus funciones y que puede concluir desde una resolución hasta una destitución en sus cargos de jueces", explica al medio lavaca la abogada Cristina Montserrat Hendrickse, que acompaña a la familia de Lucía Pérez en el pedido de destitución.
El tribunal que los juzgue será presidido por la doctora Hilda Kogan, vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires; Kogan es la primera mujer que integra el máximo tribunal bonaerense (desde 2002), que presidió en 2010-2011 y en 2017-2018.
"Si admiten la acusación que fue hecha por el procurador bonaerense, la Comisión Bicameral, el defensor del pueblo y la familia de Lucía, tienen que suspender a los jueces", explica la abogada. Una vez suspendidos, se fijará fecha del juicio.
El jury político fue impulsado por la familia de Lucía y promovido en 2019 por las entonces diputadas nacionales Victoria Donda, Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra, Gabriela Cerruti, Romina del Pla, y el diputado Facundo Moyano.
Dos años más tarde, abril de 2021, mientras se inauguraba la muestra El Cuarto de Lucía en La Plata, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses resolvió acusar a los jueces Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por "negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta".
La Comisión Bicameral fue constituida en febrero pasado y está integrada por doce legisladores, cinco senadores y siete diputados. En la resolución que se conoció esta semana fueron contundentes al analizar el accionar de los jueces de primera instancia. Para hacerlo retomaron los hechos, el proceso judicial y la anulación del mismo por parte del Tribunal de Casación.
Concluyen: "Se considera que han incumplido los deberes a su cargo, que consiste en juzgar las cuestiones sometidas a su competencia de manera imparcial, con respeto a los derechos de la víctimas, que se han visto avasallados sin considerar que la misma era una menor, en un estado de vulnerabilidad, apontocando su pronunciamiento sobre la base de prejuicios androcéntricos, estereotipados en perjuicio de una menor de edad, desconociendo la aplicación obligada de la cuestión de género y no discriminación, junto a las demás cuestiones contenidas en la normativa nacional e internacional".
"Espero que estos jueces no vuelvan a tocar más un expediente. A nuestras hijas las matan porque esta justicia y este Estado permite que las maten y nadie los juzgue. La justicia defiende este sistema narco, funciona de esta manera, hasta ahora", dice Marta Montero. Mientras tanto, la familia espera la fecha para el nuevo juicio por el femicidio de Lucía.
"Pedimos que nos acompañen. Apartar a estos jueces es el comienzo de la reforma judicial. Hagámosla entre todos. Luchemos por este jury", pide la familia de la joven de 16 años, quienes luego de años de lucha lograron que este 23 de noviembre inicie el juicio político contra dos de los magistrados que dejaron impune el femicidio.
El próximo 23 de noviembre, a las 11 horas, los jueces Juan Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas comenzarán a ser juzgados por "negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta" por el fallo que dejó impune el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata.
Hace 5 años Urso, Viñas y Aldo Carnevale (que fue beneficiado por el gobierno de María Eugenia Vidal con la jubilación, logrando evadir este proceso), del Tribunal Oral Criminal n° 1 de Mar del Plata, absolvieron a Matías Farías, Juan Pablo Offidiani y Alejandro Maciel del abuso sexual seguido de femicidio de la joven Lucía Pérez.
Los jueces son responsables de un fallo considerado aberrante, con una marcada ausencia de perspectiva de género, dado que realizaron un minucioso análisis de la vida de Lucía, revictimizando a la joven con argumentos sobre sus hábitos sexuales o su consumo de drogas.
El tribunal condenó a ocho años de prisión y multa de ciento treinta y cinco mil pesos a Matías Farías, 23 años, y Juan Pablo Offidani, 41 años, por el delito de "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo".
Asimismo, absolvió de la acusación de encubrimiento agravado a Alejandro Maciel, 61 años, quien murió luego por un cáncer de pulmón. Ninguno fue condenado por el femicidio y el abuso sexual de la adolescente.
La lucha de la familia permitió que el fallo fuese revertido. Luego de cinco años, comenzará el jury contra los responsables, mientras se confirma la fecha para el nuevo juicio por el femicidio.
Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, recibió la notificación cuando salía del hospital donde trabaja de enfermera. "Esta audiencia es importantísima. Es para suspender a los jueces", aclara sobre el sentido social que tiene el juzgamiento: "Que nunca más puedan hacer lo que hicieron con mi hija. El jury tiene que ser un cambio de paradigma. Un cambio para todas. No solamente para nosotros".
El día de la audiencia convocan a movilizarse frente al Senado bonaerense, donde deberían presentarse los jueces: "Pedimos que nos acompañen. Apartar a estos jueces es el comienzo de la reforma judicial. Hagámosla entre todos. Luchemos por este jury"
"El jury es un procedimiento que tiene como finalidad juzgar conductas de magistrados a los que se les atribuye incumplimientos graves en sus funciones y que puede concluir desde una resolución hasta una destitución en sus cargos de jueces", explica al medio lavaca la abogada Cristina Montserrat Hendrickse, que acompaña a la familia de Lucía Pérez en el pedido de destitución.
El tribunal que los juzgue será presidido por la doctora Hilda Kogan, vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires; Kogan es la primera mujer que integra el máximo tribunal bonaerense (desde 2002), que presidió en 2010-2011 y en 2017-2018.
"Si admiten la acusación que fue hecha por el procurador bonaerense, la Comisión Bicameral, el defensor del pueblo y la familia de Lucía, tienen que suspender a los jueces", explica la abogada. Una vez suspendidos, se fijará fecha del juicio.
El jury político fue impulsado por la familia de Lucía y promovido en 2019 por las entonces diputadas nacionales Victoria Donda, Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra, Gabriela Cerruti, Romina del Pla, y el diputado Facundo Moyano.
Dos años más tarde, abril de 2021, mientras se inauguraba la muestra El Cuarto de Lucía en La Plata, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses resolvió acusar a los jueces Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por "negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta".
La Comisión Bicameral fue constituida en febrero pasado y está integrada por doce legisladores, cinco senadores y siete diputados. En la resolución que se conoció esta semana fueron contundentes al analizar el accionar de los jueces de primera instancia. Para hacerlo retomaron los hechos, el proceso judicial y la anulación del mismo por parte del Tribunal de Casación.
Concluyen: "Se considera que han incumplido los deberes a su cargo, que consiste en juzgar las cuestiones sometidas a su competencia de manera imparcial, con respeto a los derechos de la víctimas, que se han visto avasallados sin considerar que la misma era una menor, en un estado de vulnerabilidad, apontocando su pronunciamiento sobre la base de prejuicios androcéntricos, estereotipados en perjuicio de una menor de edad, desconociendo la aplicación obligada de la cuestión de género y no discriminación, junto a las demás cuestiones contenidas en la normativa nacional e internacional".
"Espero que estos jueces no vuelvan a tocar más un expediente. A nuestras hijas las matan porque esta justicia y este Estado permite que las maten y nadie los juzgue. La justicia defiende este sistema narco, funciona de esta manera, hasta ahora", dice Marta Montero. Mientras tanto, la familia espera la fecha para el nuevo juicio por el femicidio de Lucía.
