Minería

Andalgalá sigue resistiendo: presentan denuncia por torturas y tratos crueles contra activistas

Esta semana, integrantes de la Asamblea el Algarrobo, Andalgalá (Catamarca) presentaron las denuncias por los hechos de tortura y de tratos crueles e inhumanos que sufrieron vecinos privados de la libertad, entre el 12 y el 26 de abril de este año. Las mismas fueron presentadas ante la Fiscalía de la 2da Circunscripción de Andalgalá y ante la Fiscalía General. El reclamo se enmarca en los ataques sistemáticos contra los activistas ambientales de la región.

Comunicado de la Asamblea:

Los días lunes y martes últimos hemos presentado las denuncias por los hechos de tortura y de tratos crueles e inhumanos que sufrieron nuestras vecinas y vecinos que estuvieron privados de la libertad, entre el 12 y el 26 de abril de este año, y de sus familiares. Las denuncias fueron presentadas ante la Fiscalía de la 2da Circunscripción de Andalgalá y ante la Fiscalía General, ubicada en la Ciudad Capital.

En estas denuncias se han detallado los actos de tortura que han sufrido los diferentes integrantes de la Asamblea y los tratos crueles e inhumanos que han tenido que pasar sus familiares, cuando estuvieron injustamente detenidos por un hecho que no cometieron y que se produjeron en circunstancias no esclarecidas aún.

Asimismo, recordamos que nuestro país adhirió al Acuerdo de Escazú (que entró en vigencia cuando nuestrxs vecinxs se hallaban injustamente detenidxs), y que entre otros puntos vinculados a la defensa del ambiente, garantiza la protección de los derechos humanos de lxs defensorxs ambientales.

Esperamos que las autoridades judiciales den respuesta a este reclamo, entendiendo que en un Estado de Derecho estas conductas no pueden tolerarse.

Agradecemos el acompañamiento de la ciudadanía, movimientos sociales y políticos en este nuevo paso judicial.

Finalmente, reivindicamos la inocencia de nuestras vecinas y vecinos y exigimos justicia para ellxs y sus familias. Asimismo, reiteramos que la defensa de nuestros bienes comunes no es un delito: es obligación de cualquier pueblo que se precie digno.