Pueblos originarios

Sobreseen a mapuches acusados de usurpar tierras en el cerro Ventana de Bariloche

El Tribunal de Impugnación de Río Negro resolvió hoy dictar el sobreseimiento de ocho personas que estaban imputadas por el delito de usurpación en la causa que investiga la ocupación de tierras privadas por parte de la comunidad mapuche Buenuleo, al pie del cerro Ventana en Bariloche.

La medida beneficia a Ramiro Abelardo Andrés Buenuleo, Sandra Noemí Ferman, Claudio Javier Raile, Nahuel Aucan Maliqueo, Nicolás Antonio Quijada, Lucas Emanuel Dinamarca, Rosa Mabel Buenuleo y Mauro Egor Millan.

Las ocho personas estaban imputadas por la ocupación que se inició el 10 de septiembre de 2019. El predio en el que se instaló la comunidad Buenuleo, fue reclamado como propio por Emilio Friedrich, quien se constituyó como querellante.

Esta causa está emparentada además con un reconocimiento de posesión ancestral que emitió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) de manera posterior a la instalación de la lof en el lugar y que motivó el año pasado a que la fiscalía desista de impulsar la acusación. Sin embargo, semanas atrás la Cámara Contencioso Administrativo Federal de Buenos Aires declaró nula esta resolución administrativa firmada por la presidenta del INAI, Magdalena Odarda, y esa medida fue incluida en el expediente judicial.

Ahora el Tribunal de Impugnación Provincial conformado por los jueces Miguel Ángel Cardella, Marcelo Álvarez y Guillermo Bustamante (los dos últimos en carácter de subrogantes), declararon admisible la impugnación de la defensa de los mapuches y revocó las decisiones de los jueces que intervinieron de manera previa en el caso, con fallos dictados el 17 de marzo y 10 de agosto pasado.

Los defensores de los acusados ratificaron que el predio ocupado estaba comprendido en el área reconocida por el INAI por lo que debe ser considerada la acción como "legítimo ejercicio del

derecho de ocupación indígena reconocido por el Estado" y consideraron errónea la interpretación de los jueces Marcos Burgos y Sergio Pichetto que calificaron la instalación de la comunidad como "vía de hecho" que constituyen el delito de usurpación.

La querella que representa a Friedrich cuestionó que se tome como válida una resolución del INAI que fue posterior a la ocupación y planteó que "las únicas tierras que pueden ser otorgadas a las comunidades indígenas son las que son de propiedad fiscal. La propiedad privada debe expropiarse por ley".

El tribunal recordó que "desde que tuvo conocimiento de este conflicto procuró e invitó a las partes a que pudieran alcanzar, de mínima, un diálogo que les permitiera darse la oportunidad de una negociación y darle una solución al conflicto" y señalaron que los operadores del sistema judicial "ya no miramos el conflicto como un trámite (al viejo estilo de agregar hojas y hojas al expediente); debemos trabajar el conflicto y el modo de su tratamiento".

"La solución no es sumergirnos en el sistema penal ni fogonear salidas que alientan una mayor conflictividad. Este tipo de conflictos precisa de espacios de diálogo y alternativas de solución a través de la gestión de políticas públicas que son orientadas por los textos constitucionales y convencionales", expresaron los jueces del Tribunal de Impugnación que destaca el derecho indígena reconocido constitucionalmente.

También el tribunal invoca el decreto del presidente Alberto Fernández por el cual prorroga la ley de emergencia indígena.

Fuente: Río Negro