Pueblos originarios

Un frente empresarial, político y mediático para impedir el acceso de los mapuches a sus tierras

Por Nicolás Castelli y Florencia Trentini

La autopsia oficial sobre el cuerpo de Elias Garay, el joven mapuche asesinado en el Lof Quemquemtrew en Cuesta del Ternero, provincia de Río Negro, confirmó que lo mataron de un disparo en el tórax.

Hasta ahora se sabe que dos hombres armados ingresaron al territorio mapuche. Cuando fueron increpados por Elías para saber qué hacían en el lugar, sin mediar palabra, estos individuos abrieron fuego. Más allá de las investigaciones en curso, hay preguntas que las autoridades provinciales deben responder: ¿cómo ingresaron estos sujetos armados a un territorio militarizado cuyos ingresos estaban bloqueados por las fuerzas de seguridad estatales desde hace semanas? ¿Quién mandó a liberar la zona?

La construcción de territorios «libres» de resistencias

El caso del lof Quemquemtrew, como tantos otros en la Patagonia, ejemplifica el entramado de complicidades existente entre el poder judicial, sectores de la política, medios de comunicación y grandes empresarios y terratenientes con el objetivo en común de impedir a los pueblos originarios su derecho constitucional al acceso de sus tierras ancestrales.

Para cumplir esta meta se hace uso de la violencia sin importar demasiado si la emplea el Estado o patotas parapoliciales. La historia demuestra que en la defensa de la propiedad para el capital el fin justifica los medios y más aún cuando los crímenes se cometen a conciencia de la impunidad y el blindaje que otorga el poder político y mediático.

Ya sea para desarrollar actividades extractivas ligadas a la industria maderera o para llevar a cabo emprendimientos inmobiliarios y turísticos, hace tiempo que este bloque de poder emplea la violencia estatal y paraestatal para defender sus negocios e intereses de clase.

Los territorios extractivos se construyen con la acción de grupos empresarios más la violencia del Estado o grupos privados para disciplinar y reprimir las resistencias socioterritoriales. Como sucede en la Patagonia y en toda Latinoamérica esta construcción lleva como precondición necesaria e intrínseca el uso de la violencia para liberar la tierra y explotar libremente los recursos naturales. Una de las tantas consecuencias del modelo de extractivo exportador hegemónico hace décadas en la región bajo gobiernos conservadores y también populares.

Como sostiene el sociólogo Edgardo Lander, la consolidación de las relaciones de producción capitalistas y el modo de vida liberal implicaron un proceso de lucha hasta que lograron adquirir el carácter de formas "naturales" de la vida universal. Este proceso tuvo una dimensión colonial/imperial de conquista y sometimiento de los continentes por parte de las potencias europeas. Lo que se conoce como colonialismo.

Pero también implicó una lucha civilizatoria encarnizada al interior de Europa, que terminó por imponer la hegemonía del proyecto liberal. Este autor recuerda que para las generaciones de campesinos y trabajadores europeos que durante los siglos XVIII y XIX sufrieron la expulsión de sus tierras y la ruptura con las formas anteriores de vida, condiciones que eran necesarias para crear esa fuerza de trabajo "libre" e imponer la lógica del trabajo fabril, ese proceso fue todo menos "natural".

El frente propietario y el apoyo político y estatal

Una de las principales herramientas con la que cuenta este frente empresario en la Patagonia para concretar sus fines es la Mesa de Consenso Bariloche, un espacio que se presenta como multisectorial, de trabajo y diálogo para abordar el tema del otorgamiento de tierras públicas. Un eufemismo para evitar hacer referencia al tema central que les preocupa: que el Estado cumpla con el derecho constitucional de acceso a la tierra que les corresponde a las comunidades indígenas. Es decir, que los territorios con sus recursos naturales no se vean interrumpidos u obstaculizados por las demandas de los pobladores mapuches.

El 25 de agosto pasado, en ocasión de la realización del "Primer Foro Consenso Bariloche, por una Patagonia sustentable y en paz", uno de sus voceros explicaba al diario La Nación los motivos de la creación de esta Mesa: "La posibilidad de que a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se otorgue a presuntos pobladores originarios 2800 hectáreas de las 3600 que tiene en custodia el Ejército Nacional en Bariloche. Ese es el motivo central de la mesa porque estamos muy preocupados por este tema. Queremos que las tierras públicas sigan siendo tierras públicas". En definitiva, quieren que el Estado actúe al servicio de sus intereses como históricamente están acostumbrados.

La reunión contó con la presencia de varias juntas de "vecinos autoconvocados", cámaras y asociaciones empresarias ligadas al comercio, turismo y hotelería, más la participación de la Sociedad Rural de Bariloche.

En el panel de apertura del foro empresarial habló la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. Algunas de las mesas de debate del encuentro tenían títulos bastante elocuentes: "Experiencia chilena", "Impacto a gran escala de las tomas locales", entre otros.

Después del foro la postura del gobierno provincial hacía el Lof Quemquemtrew fue cada vez más dura. Tanto la gobernadora como el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, acusaron "actos terroristas" mapuches en sintonía con la narrativa propietaria. Incluso este último felicitó a los "gauchos" que desalojaron a rebencazos una protesta por el asesinato de Elías.

A su vez, entre los expositores del encuentro estuvo el ex senador Miguel Ángel Pichetto, orador en la mesa "Posibles vías de consenso y soluciones". El actual Auditor General de la Nación es conocido por sus constantes discursos de odio contra el pueblo mapuche y por defender soluciones que lejos están del diálogo y la paz. Meses atrás dijo que "hay que investigar a los mapuches, que no son mapuches, son personajes que están lindando la actividad insurreccional y el terrorismo".

Aunque se presenta como un espacio "apolítico" es notoria la presencia de dirigentes y figuras ligadas al macrismo. El trabajo organizativo que los cuadros del PRO vienen llevando hace tiempo en defensa de empresarios y terratenientes patagónicos tiene como una de sus principales impulsoras a Patricia Bullrich.

Cabe recordar que en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, fue cuando se comenzó a escuchar sobre la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), sobre el supuesto "terrorismo mapuche" y sobre una supuesta "guerrilla terrorista" que aterrorizaba los parajes patagónicos. Curiosamente, sobre todo atacaban los parajes que están rodeados por millones de hectáreas en manos de Benetton y Lewis.

Y fueron estos mismos argumentos que buscaban criminalizar y estigmatizar al pueblo mapuche los que le permitieron a Bullrich justificar la violenta represión en el Pu Lof en Resistencia Cushamen, en Chubut, que terminó con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado. Y el posterior asesinato de Rafael Nahuel en manos de Prefectura en la zona de Villa Mascardi, Río Negro.

"Los pioneros"

Es claro que el objetivo principal es la defensa de los intereses empresariales en todos los planos para imponer el tema en el debate público con la complicidad de los grandes medios y sobre la base de propagar discursos criminalizadores, racistas y estigmatizadores del pueblo mapuche.

En este sentido, además de la figura de "nuevos terroristas" para justificar la violencia hacia las comunidades originarias, desde estos espacios propietarios se buscan y construyen nuevos argumentos para justificar sus posiciones, construir "un enemigo" y dar la disputa ideológica. Como explicó el periodista Hernán Schiaffini para Crisis, una novedad es la introducción de la figura de "pioneros" para legitimar históricamente la presencia empresarial en el territorio.

"La cuestión pasa por distinguir entre los indígenas ‘integrados' o las comunidades ‘tradicionales' y otras que plantean demandas radicales. Vinculado a ello, se agitan los fantasmas del peligro que supuestamente representa la demanda mapuche en torno a un drama central: la propiedad de la tierra", explica Schiaffini acerca de una de las estrategias principales de estos sectores.

La conformación del Estado Nación argentino invisibilizó las identidades étnicas detrás de una única identidad nacional, negó la existencia de múltiples naciones originarias, y generó una división entre propietarios y no-propietarios que continúa hasta nuestros días.

De esta forma los pobladores originarios fueron despojados del derecho a la propiedad de la tierra, volviéndose ocupantes fiscales con permisos de ocupación (en el mejor de los casos). A la vez se exaltó la figura de los "pioneros" blancos, que recibieron las mejores tierras por escaso (o ningún) dinero, pero que fundamentalmente recibieron títulos de propiedad.

Los pobladores mapuche (sin título de propiedad) fueron relegados a zonas de poca importancia para el modelo económico de aquellos años. El problema es que con el actual avance del modelo extractivista dichas zonas son hoy codiciadas por muchos de quienes integran la Mesa de Consenso Bariloche.

Fuente: Notas periodismo popular