La Brigada de Control Ambiental (BCA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible logró obtener una orden de allanamiento para inspeccionar el área lindera a Punta Tombo, pese a la resistencia del dueño del campo que negó la entrada al cuerpo de inspectores nacionales. Greenpeace y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas presentaron una denuncia penal ante las autoridades del Ministerio Público Fiscal de Chubut para exigir una investigación penal a fondo con motivo de la masacre de pingüinos.
Allí se corroboró la afectación del ambiente en la colonia de aves y la flora autóctona producto de la construcción de un camino.
Las acciones se dan en el marco de la presentación judicial por parte del Ministerio que conduce Juan Cabandié para que se investigue el hecho, y como parte de una política de Estado que la cartera nacional lleva adelante en línea con su compromiso con el bienestar animal.
Respecto a lo ocurrido, Cabandié expresó: "Desde ayer nuestra Brigada de Control Ambiental se puso a disposición de la fiscalía y de la jueza y están trabajando en forma conjunta. Al mismo tiempo hicimos una denuncia penal basada en la ley nacional de protección animal que establece que los ciudadanos tenemos que proteger no solo la fauna sino también sus crías", señaló el ministro en declaraciones a los medios.
Denuncia de Greenpeace
"Entendemos que estamos ante un Ecocidio por haberse generado un daño grave, a gran escala e irreversible contra la biodiversidad, los ecosistemas y los derechos de la madre tierra, comprometiendo la reproducción y desarrollo de una de las colonias de pingüinos más importantes del mundo, alterando significativamente la continuidad de los ciclos vitales de la Naturaleza y afectando severamente su capacidad de regeneración", sostuvieron Rafael Colombo y Lucas Micheloud de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas.
En este marco, le exigen a la fiscalía interviniente que "disponga de manera inmediata el traslado de los pingüinos afectados a un Centro de Atención y Recuperación Animal no Humano; la presentación, en un plazo 5 días, de un plan de reinserción de los pingüinos que fueran oportunamente trasladados por parte de las autoridades de la Reserva". El objetivo es asegurar "el bienestar animal, el manejo de la especie y la integridad física".
"Se debe efectuar una ficha médica por cada pingüino asesinado y herido, y se debe designar un equipo de expertos en ciencias biológicas y veterinarias de la Reserva a fin de realizar el seguimiento de la evolución de los mismos", afirmaron.
"Se sugiere que se exhorte a la Administración de la Reserva y las reparticiones ministeriales provinciales competentes a diseñar una planificación de la Gestión Institucional de la Reserva, con el deliberado propósito de garantizar el bienestar y dignidad animal, para los pingüinos existentes y otros animales no humanos", escribieron en la denuncia.
Las organizaciones, además, insisten en la necesidad de presentar un proyecto de ley que incorpore un Capítulo Penal Ambiental en el Código Penal Argentino. "Argentina no posee regulaciones penales-ambientales claras ni contundentes que estén a la altura de la presente crisis ecológica, agravada por la pandemia por COVID-19, íntimamente ligada a los daños que se producen sobre la naturaleza y la madre tierra. En rigor, las fiscalías no cuentan con herramientas legales contundentes para enjuiciar, condenar y exigir recomposición del daño ambiental que se correspondan con los grandes crímenes ambientales producidos en nuestro país, durante los últimos años", señalaron.
La Brigada de Control Ambiental (BCA) del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible logró obtener una orden de allanamiento para inspeccionar el área lindera a Punta Tombo, pese a la resistencia del dueño del campo que negó la entrada al cuerpo de inspectores nacionales.
