Comunidades originarias denuncian tala indiscriminada en MisionesEl llamado arboricidio acecha una vez más a los pobladores pobladores de la comunidad Ka a kup, quienes denuncian que en dos años el gobernador de la provincia Oscar Herrera Ahuad, no ha tenido tiempo para atenderlos. A principios de este mes, la comunidad realizó una denuncia en la comisaría del pueblo por amenazas y disparos recibidos por personal de la empresa CARBA, autorizada por el Ministerio de Ecología a realizar el desmonte. La preocupación es creciente, dado que la selva misionera ya está mostrando signos avanzados de extinción.
Al no ser escuchados, tomaron la decisión de presentar -junto a su abogada Roxana Rivas- una denuncia ante la Fiscalía de Instrucción II de la ciudad de Oberá (Misiones); además agregan que en el territorio donde están siendo talados los árboles y de manera indiscriminada pertenece a la comunidad Ka a Kupe, reconocida por Ley 26.260 por Res. N° 251.
Otra Comunidad perjudicada es la Mbya Guaraní, Alecrín, en San Pedro, que vio agredida la selva en que se desarrolla su vida. Primero por la instalación de una tranquera que les cierra el paso dentro su territorio- relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en el marco de la Ley 26160; más adelante encontraron tres planchadas y que cincuenta añosos árboles nativos habían sido tumbados, por ello se presentaron ante la Comisaria local para efectuar la denuncia.
El día 10 de diciembre presentaron un pedido de suspensión de corte y exigiendo conocer, si existieran, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Plan de Manejo propuesto por la empresa ante el Ministerio de Ecología y RNR - hoy a cargo del nuevo Ministro Víctor Kreiman - que en el 2015 con disposición 00366 autorizó el apeo en el lote en cuestión, otra vez es una Comunidad la que tiene que salir a defender el monte.
La empresa "Hijas de Juan Harriet" está autorizada a destruir más de 500 hectáreas de monte nativo violentando derechos de Pueblos preexistentes a cualquier título de propiedad, poniendo tranqueras que interrumpen el paso de los originarios hacia zonas de recolección de frutas y medicinas. Señalan que no llevó adelante la obligatoria consulta previa, libre e informada establecida en el Convenio 169 de la OIT del que Argentina es firmante, la misma Constitución Nacional en su artículo 75 inc.17 y la Ley 26331; instrumentos que exigen la participación y respeto de los derechos de los Pueblos Originarios. Al saltearse todos estos pasos obligatorios la autorización otorgada a la empresa es nula y carece de todo valor por lo que el apeo podría llegar a considerarse ilegal.
En comunicación con EMIPA (Equipo Misionero de la Pastoral Social Aborigen), se confirmó que al día 13 de diciembre del 2021 esos 50 árboles nativos talados ya no se encuentran en el lugar. Es decir, la empresa logró sortear las prohibiciones de la comunidad y transportarlos a un destino indefinido. Una vez más se siguen produciendo talas indiscriminadas de árboles nativos y las autoridades encargadas responsables de ecología y el gobierno provincial siguen ausentes, mientras el Misionerismo sigue el negociado de biodiversidad.
El llamado arboricidio acecha una vez más a los pobladores pobladores de la comunidad Ka a kup, quienes denuncian que en dos años el gobernador de la provincia Oscar Herrera Ahuad, no ha tenido tiempo para atenderlos. A principios de este mes, la comunidad realizó una denuncia en la comisaría del pueblo por amenazas y disparos recibidos por personal de la empresa CARBA, autorizada por el Ministerio de Ecología a realizar el desmonte. La preocupación es creciente, dado que la selva misionera ya está mostrando signos avanzados de extinción.
Al no ser escuchados, tomaron la decisión de presentar -junto a su abogada Roxana Rivas- una denuncia ante la Fiscalía de Instrucción II de la ciudad de Oberá (Misiones); además agregan que en el territorio donde están siendo talados los árboles y de manera indiscriminada pertenece a la comunidad Ka a Kupe, reconocida por Ley 26.260 por Res. N° 251.
Otra Comunidad perjudicada es la Mbya Guaraní, Alecrín, en San Pedro, que vio agredida la selva en que se desarrolla su vida. Primero por la instalación de una tranquera que les cierra el paso dentro su territorio- relevado por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en el marco de la Ley 26160; más adelante encontraron tres planchadas y que cincuenta añosos árboles nativos habían sido tumbados, por ello se presentaron ante la Comisaria local para efectuar la denuncia.
El día 10 de diciembre presentaron un pedido de suspensión de corte y exigiendo conocer, si existieran, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Plan de Manejo propuesto por la empresa ante el Ministerio de Ecología y RNR - hoy a cargo del nuevo Ministro Víctor Kreiman - que en el 2015 con disposición 00366 autorizó el apeo en el lote en cuestión, otra vez es una Comunidad la que tiene que salir a defender el monte.
La empresa "Hijas de Juan Harriet" está autorizada a destruir más de 500 hectáreas de monte nativo violentando derechos de Pueblos preexistentes a cualquier título de propiedad, poniendo tranqueras que interrumpen el paso de los originarios hacia zonas de recolección de frutas y medicinas. Señalan que no llevó adelante la obligatoria consulta previa, libre e informada establecida en el Convenio 169 de la OIT del que Argentina es firmante, la misma Constitución Nacional en su artículo 75 inc.17 y la Ley 26331; instrumentos que exigen la participación y respeto de los derechos de los Pueblos Originarios. Al saltearse todos estos pasos obligatorios la autorización otorgada a la empresa es nula y carece de todo valor por lo que el apeo podría llegar a considerarse ilegal.
En comunicación con EMIPA (Equipo Misionero de la Pastoral Social Aborigen), se confirmó que al día 13 de diciembre del 2021 esos 50 árboles nativos talados ya no se encuentran en el lugar. Es decir, la empresa logró sortear las prohibiciones de la comunidad y transportarlos a un destino indefinido. Una vez más se siguen produciendo talas indiscriminadas de árboles nativos y las autoridades encargadas responsables de ecología y el gobierno provincial siguen ausentes, mientras el Misionerismo sigue el negociado de biodiversidad.
