Opinión

Chubutazo: reflexiones sobre el sismo social que sacude la provincia y el suicidio de la clase política

Por Sebastián Sayago.

El enorme movimiento popular chubutense en contra de la megaminería dejó al descubierto las miserias de una clase política que parece a punto de ser expulsada del gobierno. Comparto aquí algunas reflexiones a propósito de lo vivido en estos días, que es el resultado de un proceso iniciado hace muchos años. Nada ocurre porque sí, de un día para otro.

El suicidio político de Arcioni

El gobernador se preparaba para una fiesta, organizada junto a los hermanos Sastre y gran parte de la dirigencia del PJ. El plan sonaba perfecto: el 15 de diciembre, a la tarde-noche, la Legislatura aprobaba la ley de zonificación; el 16, a primera hora, Arcioni la promulgaba; ese mismo día, un ratito más tarde, Gustavo Sastre lograba que el Concejo Deliberante de Madryn aprobara la adhesión a la ley, y, al día siguiente, Juan Pablo Luque iba a promover lo mismo en Comodoro. Suponían, tal vez sin un análisis social y político ajustado, que las protestas no serían suficientes para obligarlos a revertir la situación. A la vez, el resto de los municipios de la provincia se vería obligado a bajar la cabeza y adherir, para pedir un lugar en la mesa y en el reparto de los beneficios. Lo que ocurrió es historia conocida: el festín terminó siendo un suicidio asistido. Arcioni se quedó más solo que Adán el día del amigo y tuvo que recular en crocs, para emular los hábitos macristas.

Sin embargo, por algún motivo, Arcioni parece decidido a correr hacia el final.

Un plebiscito destinado al fracaso

El gobernador anunció un plebiscito "para escuchar todas las voces del pueblo". Además de que esa figura no está prevista en Chubut (aunque sí la consulta popular) la justificación suena inverosímil y ridícula; teniendo en cuenta que nadie en este mundo (ni en cuantos existan) puede ignorar que la gran mayoría del pueblo chubutense está decididamente en contra. Si el plebiscito fuera para recoger la opinión popular, es innecesario. El pueblo ha hablado y su mensaje fue más que claro.

El único motivo que tiene Arcioni para convocar a un plebiscito es tratar (nuevamente) de evadir la voluntad del pueblo. Apuntará a sectorizar la consulta por regiones, con el propósito de obtener un respaldo en la Meseta. Mientras tanto, las mineras deberían incentivar su trabajo persuasivo ahí. Tan burdo como predecible.

El pueblo ya conoce sus intenciones y se lo hará saber. Arcioni está sumamente debilitado como para soportar otra movilización masiva en su contra. Es muy posible que, al firmar el decreto de plebiscito, esté sellando un potencial final estrepitoso para su mandato. Y habrá que ver cuántos podrían caer con él.

La estrategia del lobby

El lobby minero es un grupo conformado por empresarios que toman como socios subordinados a funcionarios de diferentes rangos, a burocracias sindicales y a dueños de medios de comunicación. Tiene recursos como para sumar mucha gente a su causa. Si es necesario, sacrifica políticos como peones de ajedrez. Total, igual, se retiran con un vuelto.

El lobby lamenta que sus representantes políticos hayan quedado expuestos y desacreditados, pero no tanto. Con la prepotencia de quien está acostumbrado a avasallar derechos y a vulnerar democracias, pretenden seguir adelante. Mientras no haya una ley que definitivamente prohíba la actividad, hay esperanza para ellos. Y tiempo.

Incrementarán obviamente la instrumentalización de la prensa: aumentarán las noticias y solicitadas a favor de la megaminería, en nombre de "la Meseta" y, a la vez, se reforzará la censura de las voces que están en contra. Todo lo que se publique sobre megaminería en los diarios y portales oficiales debe ir en ese sentido, no importa si se viola el derecho a la libre información y se tergiversa la realidad.

Acentuará su pretendida generosidad en las comunas de la Meseta. Ante el abandono del Estado, la ayuda de una empresa minera puede ser bien recibida. También las promesas de desarrollo sostenible, trabajo y felicidad para todos.

Presionarán al gobierno nacional para que intervenga más activamente, ya que al fin de cuentas es un entusiasta impulsor del extractivismo minero. Alberto tiene que "honrar los compromisos asumidos" y demostrar al FMI que realmente está dispuesto fortalecer el rol de Argentina como exportador de materias primas, aunque eso implique promover zonas de sacrificio.

El lobby minero y el gobierno nacional continuarán presionando a los funcionarios provinciales. Ellos también tienen compromisos que honrar.

Es decir, seguirá haciendo lo que hizo hasta ahora, pero con más plata y más desesperación.

El abandono de la Meseta

El gobierno provincial dice que la Meseta está abandonada y es absolutamente cierto. Lo que no dice es que es el responsable de esa situación. Se trata de un abandono planificado y sostenido, para lograr que el desamparo y la angustia sean el camino a la aceptación de la megaminería como forma de subsistencia. La zona de sacrificio se construye con crueldad.

Por ejemplo, Yala Laubat está hace ocho meses sin agua, porque el pozo de agua que tenía se secó. El gobierno no resolvió el problema.

Dice que no tiene recursos, mientras Pan American Silver ofrece camiones con agua. Los vecinos, en un admirable gesto de dignidad, los rechazan, porque no quieren contribuir a la legitimación del saqueo minero.

Hace poco, Arcioni anunció que iba a destinar más de 22 millones de pesos para subsidiar festivales provinciales en la provincia. Si, de ese monto, hubiera sacado 1 millón para darle agua a Yala Laubat, ya estaría resuelta la provisión de agua. Pero el plan es asfixiar a la Meseta, ponerla de rodillas frente a la rapacidad de las mineras.

Instituciones como el INTA, el CENPAT-CONICET y las universidades pueden colaborar en un modelo productivo no extractivista para la región. Sin embargo, el gobierno no los convoca para esto: solo pretende que avalen el proyecto de zonificación minera.

Tan perverso que cuesta creer que sea real, pero lo es.

El fracaso de un modo de hacer política

El gobierno desprecia al pueblo. Se ha convencido de que la política es marketing y que, con una buena publicidad, se puede actuar con impunidad. Cuando el año pasado Arcioni anunció públicamente su arbitraria decisión, aseguró que no lo iban a detener "500 o más ruidosos". Hace unos días, cuando le advirtieron a Ricardo Sastre que la gente iba a reaccionar si aprobaban la ley de zonificación, él respondió despectivamente: "Son 40 zurdos". El desprecio al pueblo implica la subestimación, claro.

Ahora, a varios se les acabó la carrera política. Costará muchísimo que sus nombres sean incluidos en una lista de candidatos a cualquier cosa. Otros quedaron muy comprometidos y, a pesar de todo, la sacaron barata ante la opinión pública. Luque, por ejemplo, quien retrocedió luego de impulsar inicialmente la aprobación de la adhesión de Comodoro. Si el viernes 17 se hubiera aprobado la adhesión, en las multitudinarias marchas de Comodoro se habría enfocado también duramente a uno de los precandidatos más firmes a disputar la gobernación en 2023.

Habrá que ver si esta experiencia popular provoca rupturas y transformaciones que terminen de derribar el sistema político oficial. No se trata de cambiar de figuritas, sino de cambiar el juego.