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Boric pone en duda la libertad de los presos políticos chilenos y elude definiciones sobre el indulto

El propio presidente electo contrarió la afirmación de su jefe de campaña, Giorgio Jackson, que había afirmado que se levantarían las acusaciones realizadas durante el gobierno de Piñera. Boric mostró una postura más cautelosa que durante la campaña, y adelantó que se revisará "caso por caso".

El pasado lunes Giorgio Jackson (RD), coordinador político de la campaña de Gabriel Boric, señaló que se retirarán las querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE) presentadas por el gobierno de Piñera en el marco del estallido social de octubre de 2019. Inmediatamente, varios referentes que apoyaron a Boric se pronunciaron públicamente contra dichas declaraciones y el propio presidente electo terminó afirmando que se revisará "caso a caso" y que "es mejor no anticiparse" a cómo se resolverá la situación.

La exigencia que viene creciendo entre los familiares, amigos, organizaciones sociales, políticas y barriales es la de un indulto general inmediato, dado que las detenciones y acusaciones se dieron en el marco de una salvaje represión a la protesta social de 2019 que dejó a cientos de manifestantes con daños oculares y otras heridas provocadas por la policía.

Sobre esta situación, Camilia Vallejo, dirigente del Partido Comunista e integrante del comando político de Gabriel Boric, también puso en duda que se cumpla con la demanda popular. El lunes por la noche señaló a CNN que "nosotros nunca hemos estado por indultar a quienes saquean pymes y toda esta caricatura que se ha hecho de que queremos mantener una suerte de impunidad".

Por otro lado, quitar las acusaciones basadas en la Ley de Seguridad Interior del Estado, como dijo Jackson, no significaría que los presos políticos sean liberados. Esto puede verse en el caso de Jordano Santander que se encuentra preso desde el 3 de Marzo de 2020 tras una condena por 5 años por homicidio frustrado, acusación que su familia denunció como sustentada en un montaje orquestado por los propios agentes de Estado. En el transcurso del proceso, Jordano también estuvo acusado por la Ley de Seguridad Interior del Estado la cual se retiró, pero no ser retiraron las causas que lo condenaron.

Como señaló Tania Parada, pareja de Jordano Santander: "Acá lo hay que exigir es el indulto, el indulto para condenados y para los que tienen prisión preventiva".

"Libertad a los presos por luchar". El canto se escuchaba a viva voz de parte de la multitud que asistió al primer acto de Gabriel Boric tras ser elegido presidente. La exigencia era clara, se referían a los cientos de detenidos políticos tras la rebelión que inició en octubre de 2019 y que puso en cuestión toda la herencia pinochetista del Chile actual.

A ese grito de la calle, Boric respondió con una evasiva. No confirmó que iba a liberar inmediatamente a los presos, solo dijo que "ya había hablado con sus familiares". Esta demanda, muy sentida por los sectores populares y quienes irrumpieron desde 2019 cuestionando el chile neoliberal y no solo fueron detenidos sino también asesinados o mutilados, ya fue frustrada por la Convención Constitucional que desde que asumió, en medio de grandes expectativas, no solo se encuentra paralizada, sino que evitó pronunciarse sobre la libertad de los presos pasando el "problema" al Congreso.

Por su parte, Carlos Montes del Partido Socialista, uno de los más simbólicos representantes de los últimos 30 años de la ex Concertación, y miembro del comando de Gabriel Boric, declaró hace algunas semanas atrás en el programa Tolerancia Cero, que el proyecto de indulto general tramitado en el parlamento seria "muy malo" ya que "hay que ver caso a caso, nosotros vamos a analizar antes de definir las normas específicas, pero esto no es en ningún caso un proyecto de indulto general, cualquiera sea lo que haya ocurrido en esa época".

La ley atravesó diversos estados de camino a la aprobación definitiva, y fue retrasada en varias ocasiones. Familiares de presos políticos organizaron huelgas de hambre que duraron hasta siete días para exigir la aprobación inmediata del indulto.

Meses atrás, mientras acompañaba una huelga de hambre, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, expresó: "Es una vergüenza, una inmoralidad que el Senado se tome nuevamente el tiempo para llevar a cabo este proyecto de ley de indulto y convertirlo en ley. Los presos políticos de hoy día no pueden esperar, los han mantenido en prisión preventiva por meses, incluso han salido en libertad después de estar un año presos sin ninguna culpa. Apelamos a la gente, a las organizaciones a la solidaridad, que no permitamos que eso se dilate en el tiempo".