La "guerra de las drogas" como excusa para el control poblacionalRubí Mirasso, una joven trans de 32 años, pasó los últimos tres años y cuatro meses de su vida presa, acusada de vender drogas. El jueves 16 de diciembre el Tribunal en lo Criminal 3 de la Plata ordenó su libertad después de recibir los resultados de un peritaje clave que tardó años: la sustancia "polvorienta color blanco" que le había secuestrado la Policía Bonaerense no era cocaína, era paracetamol picado. Según organizaciones de Derechos Humanos y Justicia, el caso de Rubí demuestra como estos delitos menores son utilizados para atacar a las poblaciones más vulnerables.
A pesar de que la defensa oficial le recomendó aceptar un juicio abreviado, Rubí había insistido en defender su inocencia en un juicio oral. "Fue mucho sufrimiento. Pasó mucho tiempo y me da mucha bronca no poder recuperar todos estos años que estuve presa y se demostró que era inocente. Estoy muy contenta. Fue una mezcla de emociones escuchar que estaba absuelta", dijo Rubí a LatFem. Rubí insistió en defender su inocencia en un juicio oral, pese a la recomendación de la defensa de aceptar un juicio abreviado.
La madrugada del 14 de julio de 2018, en el cruce de las calles 1 y 47 en La Plata, efectivos de la policía Bonaerense la detuvieron a ella y a otra trabajadora sexual después de constatar, según el expediente "movimientos compatibles con la venta de estupefacientes al menudeo". Le encontraron 2,3 gramos de una sustancia que parecían cocaína. Rubí quedó imputada por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización", un delito no excarcelable.
"Cuando nos llevaron a la comisaría no nos mostraron las pruebas que hicieron con las bolsitas", dijo ella en su declaración judicial. Y contó que cuando la detuvieron hacía dos o tres semanas había empezado a vender paracetamol picado que compraba en la farmacia porque las personas que se le acercaban a su parada le pedían drogas. La única prueba que se hizo sobre la sustancia secuestrada fue el denominado "test de orientación", que se hace para saber si puede o no haber otras sustancias en lo que se incauta, pero el resultado no era claro.
Pasó 62 días presa en una comisaría y luego fue trasladada a la Alcaídia Pettinato, donde estuvo otros 25 días. Finalmente la llevaron a la Unidad Penitenciaria 32 de Florencio Varela donde estuvo 11 meses. Allí sufrió un ataque físico por parte del personal penitenciario. Denunció la violencia institucional y gracias al acompañamiento y la insistencia del activismo trans, Rubí logró acceder a una detención domiciliaria en la casa de su madre en La Plata.
El debate estaba programado para noviembre, pero la sustancia todavía no había sido peritada y la fiscal no se presentó al debate porque dio parte de enferma. Después, se dispuso una nueva fecha para realizar la pericia el 19 de noviembre, pero como era el aniversario de la ciudad de La Plata, hubo asueto administrativo.
En más de tres años de proceso judicial la Superintendencia de Policía Científica de la Policía de la provincia de Buenos Aires -por la demanda constante y la falta de recursos-no tenía turnos para peritar la sustancia incautada que era la única prueba en contra de Rubí. El peritaje que tenían que hacer se llama cromatográfico y lo realiza la División Cromatografía Gaseosa de la Dirección Química Legal.
Cuando finalmente la pericia se realizó, el resultado indicó que la sustancia incautada no estaba comprendidas en la ley de drogas (23.737). Era paracetamol, como sostuvo Rubí desde el momento de su detención. El jueves 16 de diciembre, la fiscalía desistió de la acusación y el tribunal ordenó la libertad de Rubí.
Una ley contra mujeres trans
El caso de Rubí no es un caso aislado. Según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) el 39% de la población de mujeres trans se encuentra privada de la libertad por delitos menores de drogas, y el 73% de ellas están presas sin condena. Al caso de la joven, se suma la burocracia y el problema estructural de la falta de recursos que impidió que el peritaje sea hecho a tiempo.
"La ley de drogas funciona como la excusa que posibilita el control poblacional por parte de las policías y abre un marco en el que se justifican abusos policiales y judiciales", explican desde el CELS, organismo que acompaña a Rubí junto a Reset - Política de Drogas y Derechos Humanos.
"El caso de Rubí muestra cómo se investigan estos delitos menores, la evidencia de cómo el Ministerio Público Fiscal persigue los delitos menores de drogas y la vehemencia de recursos que se ponen a disposición de casos que no deberían ser abordados desde el derecho penal y la práctica punitiva sino desde la salud pública. Tratan de conseguir detenciones y mostrar resultados en las detenciones por delitos de drogas pero no persiguen una lógica de investigación compleja que permita desenredar redes de narcotráfico. En este caso estaba claro que no había necesidad de que el derecho penal se involucrara. Rubí no necesitaba un Estado que la persiguiera y criminalizara sino que necesitaba un Estado que le tendiera una mano para vivir mejor", sostuvo Fabio Vallarelli abogado del equipo Política criminal y violencia en el encierro del CELS.
Rubí Mirasso, una joven trans de 32 años, pasó los últimos tres años y cuatro meses de su vida presa, acusada de vender drogas. El jueves 16 de diciembre el Tribunal en lo Criminal 3 de la Plata ordenó su libertad después de recibir los resultados de un peritaje clave que tardó años: la sustancia "polvorienta color blanco" que le había secuestrado la Policía Bonaerense no era cocaína, era paracetamol picado. Según organizaciones de Derechos Humanos y Justicia, el caso de Rubí demuestra como estos delitos menores son utilizados para atacar a las poblaciones más vulnerables.
A pesar de que la defensa oficial le recomendó aceptar un juicio abreviado, Rubí había insistido en defender su inocencia en un juicio oral. "Fue mucho sufrimiento. Pasó mucho tiempo y me da mucha bronca no poder recuperar todos estos años que estuve presa y se demostró que era inocente. Estoy muy contenta. Fue una mezcla de emociones escuchar que estaba absuelta", dijo Rubí a LatFem. Rubí insistió en defender su inocencia en un juicio oral, pese a la recomendación de la defensa de aceptar un juicio abreviado.
La madrugada del 14 de julio de 2018, en el cruce de las calles 1 y 47 en La Plata, efectivos de la policía Bonaerense la detuvieron a ella y a otra trabajadora sexual después de constatar, según el expediente "movimientos compatibles con la venta de estupefacientes al menudeo". Le encontraron 2,3 gramos de una sustancia que parecían cocaína. Rubí quedó imputada por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización", un delito no excarcelable.
"Cuando nos llevaron a la comisaría no nos mostraron las pruebas que hicieron con las bolsitas", dijo ella en su declaración judicial. Y contó que cuando la detuvieron hacía dos o tres semanas había empezado a vender paracetamol picado que compraba en la farmacia porque las personas que se le acercaban a su parada le pedían drogas. La única prueba que se hizo sobre la sustancia secuestrada fue el denominado "test de orientación", que se hace para saber si puede o no haber otras sustancias en lo que se incauta, pero el resultado no era claro.
Pasó 62 días presa en una comisaría y luego fue trasladada a la Alcaídia Pettinato, donde estuvo otros 25 días. Finalmente la llevaron a la Unidad Penitenciaria 32 de Florencio Varela donde estuvo 11 meses. Allí sufrió un ataque físico por parte del personal penitenciario. Denunció la violencia institucional y gracias al acompañamiento y la insistencia del activismo trans, Rubí logró acceder a una detención domiciliaria en la casa de su madre en La Plata.
El debate estaba programado para noviembre, pero la sustancia todavía no había sido peritada y la fiscal no se presentó al debate porque dio parte de enferma. Después, se dispuso una nueva fecha para realizar la pericia el 19 de noviembre, pero como era el aniversario de la ciudad de La Plata, hubo asueto administrativo.
En más de tres años de proceso judicial la Superintendencia de Policía Científica de la Policía de la provincia de Buenos Aires -por la demanda constante y la falta de recursos-no tenía turnos para peritar la sustancia incautada que era la única prueba en contra de Rubí. El peritaje que tenían que hacer se llama cromatográfico y lo realiza la División Cromatografía Gaseosa de la Dirección Química Legal.
Cuando finalmente la pericia se realizó, el resultado indicó que la sustancia incautada no estaba comprendidas en la ley de drogas (23.737). Era paracetamol, como sostuvo Rubí desde el momento de su detención. El jueves 16 de diciembre, la fiscalía desistió de la acusación y el tribunal ordenó la libertad de Rubí.
Una ley contra mujeres trans
El caso de Rubí no es un caso aislado. Según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) el 39% de la población de mujeres trans se encuentra privada de la libertad por delitos menores de drogas, y el 73% de ellas están presas sin condena. Al caso de la joven, se suma la burocracia y el problema estructural de la falta de recursos que impidió que el peritaje sea hecho a tiempo.
"La ley de drogas funciona como la excusa que posibilita el control poblacional por parte de las policías y abre un marco en el que se justifican abusos policiales y judiciales", explican desde el CELS, organismo que acompaña a Rubí junto a Reset - Política de Drogas y Derechos Humanos.
"El caso de Rubí muestra cómo se investigan estos delitos menores, la evidencia de cómo el Ministerio Público Fiscal persigue los delitos menores de drogas y la vehemencia de recursos que se ponen a disposición de casos que no deberían ser abordados desde el derecho penal y la práctica punitiva sino desde la salud pública. Tratan de conseguir detenciones y mostrar resultados en las detenciones por delitos de drogas pero no persiguen una lógica de investigación compleja que permita desenredar redes de narcotráfico. En este caso estaba claro que no había necesidad de que el derecho penal se involucrara. Rubí no necesitaba un Estado que la persiguiera y criminalizara sino que necesitaba un Estado que le tendiera una mano para vivir mejor", sostuvo Fabio Vallarelli abogado del equipo Política criminal y violencia en el encierro del CELS.
