Opinión

Ser peronista en Chubut (o los límites reales del progresismo)

Por Sebastián Sayago.

No es fácil se peronista en estos días, sobre todo, si uno aspira a una nación "socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana". Es evidente que tal aspiración, para los gobiernos justicialistas, ha dejado de ser un principio para la toma de decisiones y la organización de un programa y se ha convertido, en el mejor de los casos, un horizonte cada vez más lejano y desdibujado. Es que, después de los dos primeros gobiernos de Perón, los gobiernos justicialistas han desarrollado muchas acciones que van hacia el lado opuesto.

Se puede plantear el asunto distinguiendo dos dimensiones: la simbólica (o ideal) y la real. Se trata de un recurso simplificador, ya que ambas dimensiones se complementan y se condicionan recíprocamente en cada proceso y cada coyuntura. Además, lo simbólico es real y lo real se representa simbólicamente.

Habiendo hecho esta aclaración, es posible distinguir el peronismo como idealización y el peronismo como realidad. En tanto idealización, es un movimiento político populista representado por una estructura partidaria (el Partido Justicialista) cuyo objetivo es ampliar los derechos de los trabajadores, proteger a los sectores más débiles y desarrollar un país más justo, libre y soberano. Son sus principales adversarios la oligarquía terrateniente, el capital transnacional y las instituciones conservadoras. Después del giro neoliberal dado por el menemismo, el kirchnerismo reactualizó este ideario. Por eso, hay muchos sectores que proclaman su adhesión al kirchnerismo y no al peronismo, asumiendo que este último incluye a grupos y figuras que no comparten los principios de esta disputa.

En el plano ideal, entonces, el peronismo (liderado por el kirchnerismo) es un movimiento popular que enfrenta el neoliberalismo, el cual, desde hace años, es representado e impulsado por el macrismo. En el plano real, las diferencias con el adversario parecen más electorales que programáticas. En el interior del país, el peronismo incluye a gobernadores, diputados, intendentes y dirigentes que, además de desarrollar políticas sociales antipopulares, desarrollan políticas que continúan el modelo menemista, como si no hubiera pasado nada en el medio.

Es cierto también que seguimos viviendo la Argentina Postmenem y que el kirchnerismo (incluso cuando tenía un gran respaldo popular y mayoría en ambas cámaras legislativas nacionales) nunca intentó revertir en profundidad los cambios estructurales efectuados por el presidente riojano. Así, por ejemplo, la administración provincial de los recursos naturales es algo que ni Néstor Kirchner ni Cristina Fernández quisieron tocar. Hay razones de peso, por supuesto.

El caso de Chubut

En estos días, es difícil ser peronista en Chubut, sobre todo, si uno aspira a una provincia sin megaminería, con respeto a los pueblos originarios, sin violencia institucional, con educación pública y salud pública de calidad, con un Estado bien administrado, con un sistema de representación democrática que funcione. Desde los '90, todo marcha hacia el lado contrario.

La incomodidad trasciende la figura del gobernador Mariano Arcioni, porque hay complicidades que afectan a todo el justicialismo provincial y al gobierno nacional. Arcioni sintetiza una larga historia de lealtades y traiciones entre el "peronismo federal" y el kirchnerismo. Forma parte del gobierno nacional, en tanto tiene como referente al flexible Sergio Massa. Es decir, integra ese peronismo no kichnerista aliado al kirchnerismo. No está dentro del Frente de Todos, pero cuenta con el auxilio financiero de la Casa Rosada (que avala un endeudamiento espantoso) y también con su sostén político. Cada vez que está al borde del abismo, el justicialismo chubutense (kirchnerista y no kirchnerista) pide respeto a las instituciones, dice que hay que estar unidos para salvar la provincia y que todos somos responsables de la crítica situación. Es decir, hay que ir de la calle a la casa.

Además, Arcioni es quien mejor representa al gobierno nacional en el intento de imponer la minería metalífera a cielo abierto en la provincia. No solo cuenta con el respaldo entusiasta de Alberto Fernández y del ministro de Desarrollo Matías Kulfas, sino con el de buena parte del kirchnerismo provincial. Al fin de cuentas, Néstor y Cristina siempre alentaron la megaminería. Es cuestión de ver lo que ocurre en la empobrecida y saqueada provincia de Santa Cruz y de prestar atención a su reivindicación del modelo extractivista sanjuanino.

El miércoles 15 de diciembre, la legislatura provincial aprobó la ley de zonificación minera. Entre los 14 diputados que levantaron la mano, había integrantes del Frente de Todos, quienes justificaron su voto diciendo que eran orgánicos con el proyecto nacional y que obedecían a un pedido realizado por el presidente.

Inmediatamente, comenzó una enorme movilización popular, reprimida por la policía provincial e ignorada por los medios nacionales y por el mismo gobierno nacional, que se mantuvo en un silencio cómplice e hipócrita. Alberto esperaba poder anunciar al FMI el lanzamiento de un proyecto titulado Plan Estratégico para el Desarrollo Minero (PEDMA), que incluía la previsión de inversiones mineras en Chubut. Pero no pudo.

Para la aprobación de esta ley impopular, Arcioni contó con el apoyo de su vicegobernador Ricardo Sastre, el del intendente de Puerto Madryn Gustavo Sastre (hermano de Ricardo), con el intendente de Comodoro Rivadavia Juan Pablo Luque y con la complicidad de la mayoría de los diputados justicialistas y de muchos "compañeros" más.

Ya es un hecho conocido que Arcioni, Ricardo Sastre y su bloque de diputados ganaron las elecciones en 2019 montados sobre un discurso ecologista que luego traicionaron. Lo mismo hizo Gustavo Sastre, quien, cuando asumió como intendente, dijo que el "No a la Mina" era uno de sus tres pilares fundamentales. La semana pasada, un par de horas después de que Arcioni promulgara la ley de zonificación, él y sus concejales se olvidaron del pilar y se apuraron en ser el primer municipio en adherir a la ley. Después de las multitudinarias manifestaciones, fue el primero en recular y otra vez se acordó que tenía ese pilar. Pero, para que quede claro, no fue solo él: también acompañaron la traición sus concejales, que también sostenían el mismo pilar ambientalista.

El viernes 17, en Comodoro Rivadavia, Luque (Frente de Todos) no logró la aprobación de la adhesión, porque, según trascendió, le faltó un voto. Una concejal de su propio bloque denunció haber recibido amenazas para levantar la mano. Finalmente, el intendente se vio beneficiado por la no aprobación, ya que, si hubiera conseguido, los miles de vecinos que se manifestaron por las calles de la ciudad hubieran coreado su nombre y su candidatura a la gobernación se vería aún más comprometida. Al igual que su colega de Madryn, hubiera tenido que poner la reversa al siguiente día hábil.

Ninguna de las principales figuras del justicialismo chubutense denunció públicamente el maltrato que la legislatura chubutense dio a la segunda Iniciativa Popular, proyecto de ley avalado por más de 30.000 firmas, que buscaba prohibir definitivamente la megaminería. Tampoco repudió la aprobación de la ley de zonificación, en el momento en que se aprobó. Sí algunos lo hicieron tímidamente después, cuando era evidente que el pueblo se estaba llevando por delante la ley y el gobierno.

Vale insistir en que la traición al pueblo de Chubut con respecto a la megaminería no es algo que pueda ser atribuido solo a Alberto Fernández. En noviembre de 2014, bajo la presidencia de Cristina Fernández, la legislatura realizó una vergonzosa maniobra para lograr la habilitación de esta actividad. En una sesión iniciada el 25 y finalizada en la madrugada del 26, la cámara debía tratar.

el primer proyecto de Iniciativa Popular, que, como el segundo, también pretendía cancelar definitivamente la posibilidad de la megaminería. Según lo establecido en la Constitución provincial, los diputados solo podían aprobar o desaprobar el proyecto, no estaban facultados para modificarlo. Sin embargo, lo hicieron, cambiando absolutamente el sentido.

Esa sesión se vio convertida en un escándalo internacional, cuando circuló la fotografía del diputado Gustavo Muñiz (Frente para la Victoria) recibiendo pedidos en su celular de parte de un gerente de Yamana Gold. Igualmente, el gobernador Martín Buzzi, siguiendo los lineamientos nacionales, se apuró a promulgar una ley que, por la oposición popular, tampoco pudo ser aplicada. Finalmente, terminó siendo derogada.

Es decir, la apuesta al extractivismo minero y la alianza con capitales transnacionales es una constante en el peronismo, desde Menem al presente. Hechos como los ocurridos en Chubut o el veto a la Ley de Protección de Glaciares, realizado por Cristina Fernández en 2008, son puntos dentro de una línea continua.

Enfrentar la contradicción

Lo que ocurre en Chubut no se limita al conflicto de la megaminería. El justicialismo en su conjunto (es decir, kirchnerista y no kirchnerista) es responsable de la pésima administración de Arcioni. Aprueba todos los pedidos de endeudamiento que presenta a la legislatura y no denuncia el abandono de la educación y la salud públicas. También se mantuvo en silencio cuando la policía del ministro de Seguridad Federico Massoni violaba derechos humanos. Y hace lo mismo ante las reiteradas demandas del pueblo mapuche, que sigue sin encontrar respuestas en un Estado que mira para otro lado.

Con diferentes matices, lo mismo sucede en otras provincias. Es difícil ser progresista y apoyar a Gildo Insfrán (Formosa), a Juan Manzur (Tucumán), a Sergio Uñac (San Juan), tener que tragarse el sapo de Sergio Berni en la Provincia de Buenos Aires o el alineamiento con el FMI. Llega un punto en que la existencia del macrismo no es suficiente para mantener la confianza en el "proyecto nacional y popular". Es evidente que lo mejor que uno puede esperar es un neoliberalismo moderado con políticas sociales inclusivas y hasta ahí nomás.

Entonces, por respaldar el peronismo (o el kirchnerismo) ideal, que es decididamente progresista, se apoya peronismo (y un kirchnerismo) que, en la realidad terrenal, fortalece el statu quo, es decir, el orden que se quiere cambiar. La contradicción se resuelve solo en el plano ideal: en el real, todo sigue más o menos igual. Las mismas figuras, las mismas prácticas, el mismo modelo económico y social.

Quizá sea hora de que muchos que han visto en el kirchnerismo el camino hacia un país justo, independiente y soberano, ante la evidencia de los hechos, miren hacia la izquierda. Ahí hay figuras y organizaciones con posturas coherentes, que, con otras tradiciones y otras maneras, buscan esa sociedad socialmente justa de la que el peronismo se aleja progresivamente.

Hay que trascender el cliché "la izquierda le hace el juego a la derecha". En Chubut, la izquierda desde hace tiempo está junto al pueblo, luchando contra la megaminería y es claro que eso no es hacerle el juego a la derecha. Para eso está el justicialismo, que se vale de su dimensión simbólica para justificar lealtades y apoyo.

¿Hasta qué punto se tolera una contradicción? ¿Qué condiciones deben darse para intentar resolverla? ¿Es posible hacerlo, si eso implica cambiar las identidades y las prácticas políticas que han definido nuestra biografía durante años? Si el peronismo ya no cumple su promesa e, incluso, si en muchos casos, directamente la traiciona, ¿no es más sensato asumir que lo mejor es dejar de apoyar sus estructuras y comenzar a realizar aportes desde un espacio que sea realmente más emancipador? ¿Qué es más importante: ser peronista o construir una sociedad más justa?

La realidad, cada vez con mayor insistencia, plantea este dilema.

Fuente: Contrahegemonía