El proyecto de Ley de VIH, hepatitis y tuberculosis perdió estado parlamentario Desde hace 6 años, decenas de organizaciones y activistas vienen presentando en el Congreso Nacional el proyecto de ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y tuberculosis. Hasta el momento su tratamiento nunca superó el paso por las comisiones de diputados, es decir, nunca llegó a ser discutido y votado por el conjunto de la cámara para avanzar en su sanción. La nueva ley es urgente en un marco de aumento de casos y deficiencias presupuestarias en materia de salud.
El Congreso tenía posibilidad de tratarlo hasta esta semana, plazo en el que terminaba el período de sesiones ordinarias dispuesto por el Gobierno. Sin embargo, no fue incluido en la agenda, habiendo logrado el dictamen en las comisiones de Salud y Presupuesto.
La importancia de una nueva ley
Según el último Boletín 2021 de la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis (DVIHT) se notifican 4.500 casos de VIH en promedio por año y son 65 mil las personas que se encuentran en tratamiento con antirretrovirales provistos por el Estado. En el país se estima que hay 140 mil personas con VIH, de las cuales 17 % desconoce su diagnóstico.
Tras el Día Internacional de Lucha contra el VIH/Sida (1 de diciembre), organizaciones como Ciclo Positivo y la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivo impulsaron una campaña donde destacaron que en los últimos 6 años en los que el proyecto no fue tratado fallecieron 15.000 personas a causa del VIH y las hepatitis virales, hubo 28.800 nuevos diagnósticos de VIH, 12.600 de hepatitis virales y 65.000 de tuberculosis.
El proyecto busca dar respuesta a esta situación, superando la legislación vigente que garantiza la gratuidad de los tratamientos. Además, cambia la perspectiva biomédica que regía al momento de ser sancionada la primera ley, en 1990, incorporando enfoque de género y derecho humanos, así como las situaciones de vulnerabilidad social.
Por eso establece distintos aspectos como "el derecho al trabajo y a la permanencia en el mismo, sin discriminación, despidos, suspensiones, hostigamientos, reducciones salariales, violencia, violación de la confidencialidad" y "a no ser objeto de pruebas diagnósticas de modo compulsivo".
También propone pensiones "de carácter vitalicio y no contributivo" a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social y establecer un régimen jubilatorio especial para las personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C cuyos requisitos son tener más de 50 años, acreditar 20 años de aportes y al menos 10 años transcurridos desde el diagnóstico al momento de solicitar el beneficio. Y a su vez garantiza la provisión de leche de leche de fórmula hasta los 18 meses para las personas gestantes positivas, cuyo plazo hasta el momento solo es de 6 meses.
¿Por qué no se trató en el recinto?
Atravesado por la urgencia que impuso la pandemia para los sectores sociales más vulnerables, el proyecto ingresó a la Cámara el año pasado con firmas de 30 diputadas y diputados de los distintos bloques. Tras múltiples reclamos de las organizaciones, centradas en un comienzo en Pablo Yedlin (Frente de Todos), quien preside la comisión de Salud, recién en los últimos meses del 2021 avanzó su tratamiento en las comisiones.
De esta manera se logró un dictamen que fue aprobado por amplia mayoría en las comisiones de Salud y Presupuesto. Sin embargo, a pesar de las exigencias que se realizaron hacia el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los jefes de cada bloque, el oficialismo decidió no ponerlo en la agenda parlamentaria.
Por eso mismo perdió estado parlamentario por tercera vez, y tendrá que ser presentado una vez más, a menos que el Ejecutivo lo incluya en el temario de sesiones extraordinarias durante el verano.
Según la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) durante el macrismo el presupuesto de la dirección acumuló una caída real cercana al 49 %, y sobre la situación actual aclaran: "nos alarma la perduración de una tendencia en la que la inversión en medicamentos consume cada vez mayor proporción del presupuesto, comprometiendo la disponibilidad de recursos para implementar políticas de inclusión social, prevención y diagnóstico". Plasmado en números, analizan que desde el año 2012, cuando el presupuesto alcanzó su monto más alto, en la siguiente década se produce una caída real de la que no se volvió a recuperar.
En este sentido, las organizaciones que impulsan la Ley sostienen la urgencia de esta normativa para paliar las desigualdades que se reforzaron tras la pandemia en materia de acceso a servicios de salud. Para ser aprobado, el proyecto tendrá que ser presentado por cuarta vez, a menos que el Ejecutivo decida incluirlo en el temario de sesiones extraordinarias durante el verano.
Desde hace 6 años, decenas de organizaciones y activistas vienen presentando en el Congreso Nacional el proyecto de ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y tuberculosis. Hasta el momento su tratamiento nunca superó el paso por las comisiones de diputados, es decir, nunca llegó a ser discutido y votado por el conjunto de la cámara para avanzar en su sanción. La nueva ley es urgente en un marco de aumento de casos y deficiencias presupuestarias en materia de salud.
El Congreso tenía posibilidad de tratarlo hasta esta semana, plazo en el que terminaba el período de sesiones ordinarias dispuesto por el Gobierno. Sin embargo, no fue incluido en la agenda, habiendo logrado el dictamen en las comisiones de Salud y Presupuesto.
La importancia de una nueva ley
Según el último Boletín 2021 de la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis (DVIHT) se notifican 4.500 casos de VIH en promedio por año y son 65 mil las personas que se encuentran en tratamiento con antirretrovirales provistos por el Estado. En el país se estima que hay 140 mil personas con VIH, de las cuales 17 % desconoce su diagnóstico.
Tras el Día Internacional de Lucha contra el VIH/Sida (1 de diciembre), organizaciones como Ciclo Positivo y la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivo impulsaron una campaña donde destacaron que en los últimos 6 años en los que el proyecto no fue tratado fallecieron 15.000 personas a causa del VIH y las hepatitis virales, hubo 28.800 nuevos diagnósticos de VIH, 12.600 de hepatitis virales y 65.000 de tuberculosis.
El proyecto busca dar respuesta a esta situación, superando la legislación vigente que garantiza la gratuidad de los tratamientos. Además, cambia la perspectiva biomédica que regía al momento de ser sancionada la primera ley, en 1990, incorporando enfoque de género y derecho humanos, así como las situaciones de vulnerabilidad social.
Por eso establece distintos aspectos como "el derecho al trabajo y a la permanencia en el mismo, sin discriminación, despidos, suspensiones, hostigamientos, reducciones salariales, violencia, violación de la confidencialidad" y "a no ser objeto de pruebas diagnósticas de modo compulsivo".
También propone pensiones "de carácter vitalicio y no contributivo" a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social y establecer un régimen jubilatorio especial para las personas con VIH y/o Hepatitis B y/o C cuyos requisitos son tener más de 50 años, acreditar 20 años de aportes y al menos 10 años transcurridos desde el diagnóstico al momento de solicitar el beneficio. Y a su vez garantiza la provisión de leche de leche de fórmula hasta los 18 meses para las personas gestantes positivas, cuyo plazo hasta el momento solo es de 6 meses.
¿Por qué no se trató en el recinto?
Atravesado por la urgencia que impuso la pandemia para los sectores sociales más vulnerables, el proyecto ingresó a la Cámara el año pasado con firmas de 30 diputadas y diputados de los distintos bloques. Tras múltiples reclamos de las organizaciones, centradas en un comienzo en Pablo Yedlin (Frente de Todos), quien preside la comisión de Salud, recién en los últimos meses del 2021 avanzó su tratamiento en las comisiones.
De esta manera se logró un dictamen que fue aprobado por amplia mayoría en las comisiones de Salud y Presupuesto. Sin embargo, a pesar de las exigencias que se realizaron hacia el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los jefes de cada bloque, el oficialismo decidió no ponerlo en la agenda parlamentaria.
Por eso mismo perdió estado parlamentario por tercera vez, y tendrá que ser presentado una vez más, a menos que el Ejecutivo lo incluya en el temario de sesiones extraordinarias durante el verano.
Según la Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP) durante el macrismo el presupuesto de la dirección acumuló una caída real cercana al 49 %, y sobre la situación actual aclaran: "nos alarma la perduración de una tendencia en la que la inversión en medicamentos consume cada vez mayor proporción del presupuesto, comprometiendo la disponibilidad de recursos para implementar políticas de inclusión social, prevención y diagnóstico". Plasmado en números, analizan que desde el año 2012, cuando el presupuesto alcanzó su monto más alto, en la siguiente década se produce una caída real de la que no se volvió a recuperar.
En este sentido, las organizaciones que impulsan la Ley sostienen la urgencia de esta normativa para paliar las desigualdades que se reforzaron tras la pandemia en materia de acceso a servicios de salud. Para ser aprobado, el proyecto tendrá que ser presentado por cuarta vez, a menos que el Ejecutivo decida incluirlo en el temario de sesiones extraordinarias durante el verano.
