Tucumán: nuevamente obligaron a parir a una niña de 10 añosEn el séptimo mes de embarazo forzado, se llevó a cabo una cesárea. Desde fuentes oficiales informaron que se realizó bajo el protocolo de ILE. Sin embargo el Gobierno provincial sigue sin adherir a la aplicación de derechos básicos, a la ley Educación Sexual Integral y sin destinar presupuesto alguno a la Emergencia en Niñez.
A tres años del caso Lucía, se da a conocer en la provincia el caso de una niña de 10 años víctima de un embarazo forzado producto de una violación por parte de la pareja de su madre adoptiva, quien se encuentra prófugo.
LA (es el nombre ficticio de la niña para resguardar su identidad) fue abusada sexualmente por el esposo de Isolina, su madre adoptiva, quien realizó la denuncia en la comisaría de Lastenia en días pasados. La mujer declaró que hace aproximadamente un mes notó el crecimiento del vientre de la pequeña y el pasado lunes le realizó un test que confirmó el embarazo.
Debido a una situación familiar, Carmén, la madre biológica de la niña, confió su cuidado a su vecina Isolina, por un tiempo breve. Meses después, la madre no pudo recuperar la tenencia de la niña por falta de recursos económicos. La condición para que la menor sea restituída, era que debía tener una habitación propia, requisito que Carmen no pudo cumplir y el Estado jamás le garantizó ayuda alguna.
Según información oficial, a la menor se aplicaron los protocolos de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) pero tuvieron que realizarle una cesárea por el período de gestación que transitaba, que era de siete meses, y que provocó que naciera un neonato que será entregada a la Casa Cuna. El Sistema Provincial de Salud (Siprosa) entró en contacto con el caso recién el lunes 4 de enero.
El fiscal Carlos Sale, a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, solicitó una orden de captura a nivel internacional contra el fugitivo de 54 años, pero hasta la fecha no se dio con su paradero.
La responsabilidad Estatal
En el año 2019, el caso Lucía representaba en Tucumán la tortura a la que fue sometida una niña durante más de un mes por parte de directivos del Siprosa, como así también del mismo Gobierno provincial encabezado por Juan Manzur, actual Jefe de Gabinete, y sectores de la Iglesia, quienes fueron responsables de obstaculizar el acceso a ILE de una niña de 11 años, que cursaba un embarazo producto de un abuso sexual efectuado por su abuelastro. Lucía, representaba el caso de miles de niñas que año a año son obligadas a cursar embarazos en nuestro país, aun con la existencia de una ley vigente desde hace más de 100 años.
Luego de este caso, que tuvo alcance internacional, la Justicia ordenó al Estado provincial "un relevamiento riguroso sobre abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes". A la vez, se exigían campañas de concientización y educación (en una de las pocas provincias que no adhiere a ley de Educación Sexual Integral), como así también protocolos de prevención, educación y recepción de denuncias en toda la provincia. Ante lo expuesto, cabe destacar que Tucumán no cumplió con ninguna de estas normativas.
De acuerdo con estadísticas oficiales, en Argentina, cada hora se realizan partos de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años.
El caso de LA, como así también Lucía, tienen en común la gran responsabilidad estatal y la falta de presupuesto en materia de niñez y adolescencia. Meses atrás, los trabajadores de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf), se movilizaron, llevando a cabo también jornadas de paro para exigir la declaración de la Emergencia en Niñez en la provincia, denunciando un enorme ajuste en este sector, por el que no pueden dar respuesta a la terrible situación de las infancias en la provincia, que se encuentran sometidas a una pobreza estructural. Además denunciaban la precarización laboral y falta de recursos humanos y materiales.
Lejos de ser casos aislados, se desprenden de la misma situación estructural de la niñez en la provincia. "Se está llevando adelante un vaciamiento de recursos y un importante ajuste en los organismos que se encargan de abordar los casos de niños y niñas en extrema vulnerabilidad. Cada trabajador debe hacer un seguimiento de entre 70 y 100 casos en simultáneo, en condiciones de contratación precarias que dejan a muchas familias sin su acompañamiento cuando al profesional se le termina su contrato", denunciaban los trabajadores de la Dinayf.
Mientras el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, anuncia que la provincia cuenta con sólo 5 refugios para mujeres víctimas de violencia, una vez más queda al descubierto la falta de presupuesto destinado a estos Ministerios, mientras se viene pagando la deuda al FMI, mostrando que trae consigo solo más ajuste y abandono para la vida de las mujeres y niñas. Es necesario la implementación efectiva de la ESI y que se deje de recortar el presupuesto en Salud y en materia de Niñez. ¡La deuda es con nosotras!
Fuente: La Izquierda Diario
En el séptimo mes de embarazo forzado, se llevó a cabo una cesárea. Desde fuentes oficiales informaron que se realizó bajo el protocolo de ILE. Sin embargo el Gobierno provincial sigue sin adherir a la aplicación de derechos básicos, a la ley Educación Sexual Integral y sin destinar presupuesto alguno a la Emergencia en Niñez.
A tres años del caso Lucía, se da a conocer en la provincia el caso de una niña de 10 años víctima de un embarazo forzado producto de una violación por parte de la pareja de su madre adoptiva, quien se encuentra prófugo.
LA (es el nombre ficticio de la niña para resguardar su identidad) fue abusada sexualmente por el esposo de Isolina, su madre adoptiva, quien realizó la denuncia en la comisaría de Lastenia en días pasados. La mujer declaró que hace aproximadamente un mes notó el crecimiento del vientre de la pequeña y el pasado lunes le realizó un test que confirmó el embarazo.
Debido a una situación familiar, Carmén, la madre biológica de la niña, confió su cuidado a su vecina Isolina, por un tiempo breve. Meses después, la madre no pudo recuperar la tenencia de la niña por falta de recursos económicos. La condición para que la menor sea restituída, era que debía tener una habitación propia, requisito que Carmen no pudo cumplir y el Estado jamás le garantizó ayuda alguna.
Según información oficial, a la menor se aplicaron los protocolos de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) pero tuvieron que realizarle una cesárea por el período de gestación que transitaba, que era de siete meses, y que provocó que naciera un neonato que será entregada a la Casa Cuna. El Sistema Provincial de Salud (Siprosa) entró en contacto con el caso recién el lunes 4 de enero.
El fiscal Carlos Sale, a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, solicitó una orden de captura a nivel internacional contra el fugitivo de 54 años, pero hasta la fecha no se dio con su paradero.
La responsabilidad Estatal
En el año 2019, el caso Lucía representaba en Tucumán la tortura a la que fue sometida una niña durante más de un mes por parte de directivos del Siprosa, como así también del mismo Gobierno provincial encabezado por Juan Manzur, actual Jefe de Gabinete, y sectores de la Iglesia, quienes fueron responsables de obstaculizar el acceso a ILE de una niña de 11 años, que cursaba un embarazo producto de un abuso sexual efectuado por su abuelastro. Lucía, representaba el caso de miles de niñas que año a año son obligadas a cursar embarazos en nuestro país, aun con la existencia de una ley vigente desde hace más de 100 años.
Luego de este caso, que tuvo alcance internacional, la Justicia ordenó al Estado provincial "un relevamiento riguroso sobre abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes". A la vez, se exigían campañas de concientización y educación (en una de las pocas provincias que no adhiere a ley de Educación Sexual Integral), como así también protocolos de prevención, educación y recepción de denuncias en toda la provincia. Ante lo expuesto, cabe destacar que Tucumán no cumplió con ninguna de estas normativas.
De acuerdo con estadísticas oficiales, en Argentina, cada hora se realizan partos de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años.
El caso de LA, como así también Lucía, tienen en común la gran responsabilidad estatal y la falta de presupuesto en materia de niñez y adolescencia. Meses atrás, los trabajadores de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf), se movilizaron, llevando a cabo también jornadas de paro para exigir la declaración de la Emergencia en Niñez en la provincia, denunciando un enorme ajuste en este sector, por el que no pueden dar respuesta a la terrible situación de las infancias en la provincia, que se encuentran sometidas a una pobreza estructural. Además denunciaban la precarización laboral y falta de recursos humanos y materiales.
Lejos de ser casos aislados, se desprenden de la misma situación estructural de la niñez en la provincia. "Se está llevando adelante un vaciamiento de recursos y un importante ajuste en los organismos que se encargan de abordar los casos de niños y niñas en extrema vulnerabilidad. Cada trabajador debe hacer un seguimiento de entre 70 y 100 casos en simultáneo, en condiciones de contratación precarias que dejan a muchas familias sin su acompañamiento cuando al profesional se le termina su contrato", denunciaban los trabajadores de la Dinayf.
Mientras el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin, anuncia que la provincia cuenta con sólo 5 refugios para mujeres víctimas de violencia, una vez más queda al descubierto la falta de presupuesto destinado a estos Ministerios, mientras se viene pagando la deuda al FMI, mostrando que trae consigo solo más ajuste y abandono para la vida de las mujeres y niñas. Es necesario la implementación efectiva de la ESI y que se deje de recortar el presupuesto en Salud y en materia de Niñez. ¡La deuda es con nosotras!
Fuente: La Izquierda Diario
