A un año de la muerte de Úrsula, los "femicidios de uniforme" no cesanEste martes se cumplió un año de la muerte de Úrsula Bahillo (18). Al igual que otros femicidios, el caso desnuda la falta de acción del Estado y pone la responsabilidad en las instituciones que no actuaron a tiempo para evitar la muerte de la joven, asesinada por un policía de la bonaerense con denuncias previas por amenazas, violación y una carpeta médica. Según la familia, "la mató el sistema". Convocaron a una juntada de "mamás y papás del dolor" y una misa para recordarla.
Matias Ezequiel Martínez, el femicida de Úrsula, tenía denuncias previas por amenazas, violación y una carpeta médica-psiquiátrica en la policía, pero ningún área de Estado actuó a tiempo. Ahora los padres de Úrsula piden la destitución de dos jueces y responsabilizan a la Municipalidad y el personal de Seguridad local por el crimen.
Para recordarla y también para pedir justicia por los femicidios cometidos por uniformados, este martes los padres de Úrsula convocaron a una juntada "de mamás y papás del dolor", así como una misa en la localidad de Rojas. "No vamos a caminar. No vamos a quemar. No vamos a hacer nada", aclaró su madre.
Úrsula fue hallada el lunes 8 de febrero cerca de las 20.30 asesinada a puñaladas entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a 13 kilómetros de Rojas. Un tío del imputado se comunicó con el 911 porque el asesino, Matías Ezequiel Martínez, le había confesado en un llamado que "se había mandado una cagada".
Al llegar al lugar, la Policía encontró a la chica asesinada y a Martínez herido, ya que después de cometer el crimen se clavó el arma homicida en el abdomen. Trató de escapar a pie por los pastizales, pero fue reducido y quedó detenido. El 22 de febrero de 2021 lo condenaron a cuatro años de prisión por los delitos de "lesiones leves agravadas en concurso con amenazas agravadas" en el marco de una causa iniciada por otra expareja. En diciembre, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Junín lo sentenció a perpetua por "homicido doblemente agravado por el vínculo, por alevosía y por femicidio" por el asesinato de Úrsula. La causa fue instruida por el fiscal Sergio Terrón, titular de la UFI 5 de Junín.
Los familiares reconocen que el femicidio podría haberse evitado si las instituciones estatales hubiesen actuado de manera acorde, ya que tanto Úrsula como su madre se habían acercado en reiteradas ocasiones a la Comisaría de la Mujer de la localidad para realizar denuncias. El femicida era un policía que estaba de licencia psiquiátrica, y cargaba con un amplio historial de violencia. El caso se enmarca dentro de los denominados femicidios "de uniforme" -cometidos por agentes o exagentes de la fuerza de seguridad-, que representan alrededor del 20% de la totalidad de femicidios ocurridos en el país.
En este sentido, los padres de Úrsula apuntan contra el accionar del juez Marcelo Romero, subrogante del Juzgado 1 del Departamento Judicial de Mercedes. "Le habían hecho una cámara gesell a una criatura con capacidades diferentes (por abuso sexual de parte de Martínez, en diciembre de 2020). Le salió positivo. El fiscal ordenó su detención, pero Romero estaba de vacaciones, en la pileta, hacía calor. No quiso abrir la fiscalía y no lo detuvo", explica Patricia Nasutti, la madre de la joven. El juicio oral y público por este caso está pendiente.
También señalan al juez de Paz de Rojas, Luciano Callegari, quien "nunca escuchó las denuncias, las desestimó, miró para otro lado". "Desestimó las violaciones de perimetrales. Decía que Martínez no era peligroso; me la dejó a la merced. La Municipalidad de Rojas es responsable también. El mail con la orden de dar un botón antipánico del juez de paz llegó un día después del crimen". De acuerdo a información publicada por Télam, sobre Callegari pesa actualmente un pedido de juicio político impulsado por la Defensoría del Pueblo bonaerense, junto a los organismos que forman parte del Consejo para la Prevención de las Violencias (Copreviol), por considerar que "el magistrado mostró negligencia e incumplimiento de sus deberes".
"Martínez venía, además, con una causa por maltrato y amenaza con el arma reglamentaria cargada a la expareja. Si el sistema funcionara como debería funcionar no tenía que estar libre y no hubiera llegado a hacer lo que hizo. Esto fue una asociación ilícita", dice su padre Adolfo Bahillo.
"Los dos jueces tienen denuncias jury. Y tengo 15 denuncias penales hechas a gente involucrada. Ya se llamó a varias personas a declarar. Van declarando y nombrando a otras que no están denunciadas. No puedo decir quiénes son porque le rompo la causa al fiscal", agrega Patricia.
"No se dignaron a ir a buscarme la Policía, nadie de Seguridad ni de la intendencia. Fui a la comisaría y me di cuenta de lo que había pasado. En general no existe ni una persona que te reciba y de repente había 50, 100 personas. Dije: 'perdiste, Bahillo'. Le di una trompada a una ventana. Me dieron ocho puntos en el brazo", dice sobre el día en que encontraron el cuerpo de su hija.
"Policías removieron un montón, pero los cambiaron de comisaría. Fue para calmar un poco a la gente. Asuntos Internos inició una investigación, pero no sé en qué estado está. Se los investiga porque Úrsula fue un domingo a hacer la denuncia y le dijeron que volviera el lunes. El lunes la mataron", expresó Emiliano Basso, abogado de los padres de la víctima.
La madre reconoce que pensó que la situación cambiaría después del femicidio de Úrsula, pero los números de femicidios de uniforme no han bajado. "Pensamos que (el femicidio de) Úrsula iba a marcar un antes y un después. Pero en enero de este 2022 tuvimos 38 femicidios. Es una locura. Esto no terminó. Y en Rojas siguen pasando un montón de cosas que se tapan", se lamenta Patricia. Según datos de la Correpi, después del crimen de Bahillo hubo otros 25 femicidios de uniforme, es decir, en manos de agentes o exagentes de fuerzas de seguridad. "En nuestros números representan el 20% de los femicidios. Es decir, una de cada cinco mujeres que es víctima de violencia machista y patriarcal es víctima de violencia estatal. El dato importante es que el 90% de los femicidios de uniforme se comete con el arma reglamentaria, por eso jodemos con que saquen su uso cuando el miembro de la fuerza está fuera de servicio. Se reducirían también en un 50 por ciento los casos de gatillo fácil", detalla María del Carmen Verdú, titular del organismo.
Desde el Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad aseguran que el caso "marcó un punto de inflexión". Informan que hicieron una denuncia penal para la investigación de funcionarios judiciales y policiales que intervinieron en las advertencias realizadas por Úrsula previamente y expresan que "hace falta una reforma judicial en clave feminista". Destacan que en los últimos años se haya avanzado en la creación de áreas de género municipales y provinciales, equipos interdisciplinarios, dispositivos de protección y redes territoriales de asistencia. En el plano estatal, el femicidio de Rojas dejó su huella en la creación por decreto del Consejo Federal de Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios.
Ileana Arduino, abogada especializada en violencia de género, directora del área de Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), hace esta lectura: "Las formas de trabajo no tuvieron transformaciones significativas. Hay algún énfasis en el uso de pulseras electrónicas. De todas formas, el caso de Ursula, por lo que circuló en los medios, no es un caso de falta de llegada por la vía de la denuncia, sino una demostración cabal de cómo la dinámica del expediente transforma los conflictos y su dinámica en un 'caso'. La lógica de la burocracia sigue los pasos del trámite pero se desentiende de los resultados concretos, confundiendo 'tramitar' papeles con gestionar un conflicto". Una tarea pendiente es "avanzar en la detección oportuna de riesgos, en particular del riesgo letal". "Las respuestas siguen centradas en la prohibición de acercamiento, que está sujeta siempre a límites temporales y a la voluntad de las personas cauteladas. Todo el esfuerzo se agota en medidas de restricción sin pensar en la gestión de factores asociados al conflicto", concluye la especialista.
Este martes se cumplió un año de la muerte de Úrsula Bahillo (18). Al igual que otros femicidios, el caso desnuda la falta de acción del Estado y pone la responsabilidad en las instituciones que no actuaron a tiempo para evitar la muerte de la joven, asesinada por un policía de la bonaerense con denuncias previas por amenazas, violación y una carpeta médica. Según la familia, "la mató el sistema". Convocaron a una juntada de "mamás y papás del dolor" y una misa para recordarla.
Matias Ezequiel Martínez, el femicida de Úrsula, tenía denuncias previas por amenazas, violación y una carpeta médica-psiquiátrica en la policía, pero ningún área de Estado actuó a tiempo. Ahora los padres de Úrsula piden la destitución de dos jueces y responsabilizan a la Municipalidad y el personal de Seguridad local por el crimen.
Para recordarla y también para pedir justicia por los femicidios cometidos por uniformados, este martes los padres de Úrsula convocaron a una juntada "de mamás y papás del dolor", así como una misa en la localidad de Rojas. "No vamos a caminar. No vamos a quemar. No vamos a hacer nada", aclaró su madre.
Úrsula fue hallada el lunes 8 de febrero cerca de las 20.30 asesinada a puñaladas entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a 13 kilómetros de Rojas. Un tío del imputado se comunicó con el 911 porque el asesino, Matías Ezequiel Martínez, le había confesado en un llamado que "se había mandado una cagada".
Al llegar al lugar, la Policía encontró a la chica asesinada y a Martínez herido, ya que después de cometer el crimen se clavó el arma homicida en el abdomen. Trató de escapar a pie por los pastizales, pero fue reducido y quedó detenido. El 22 de febrero de 2021 lo condenaron a cuatro años de prisión por los delitos de "lesiones leves agravadas en concurso con amenazas agravadas" en el marco de una causa iniciada por otra expareja. En diciembre, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Junín lo sentenció a perpetua por "homicido doblemente agravado por el vínculo, por alevosía y por femicidio" por el asesinato de Úrsula. La causa fue instruida por el fiscal Sergio Terrón, titular de la UFI 5 de Junín.
Los familiares reconocen que el femicidio podría haberse evitado si las instituciones estatales hubiesen actuado de manera acorde, ya que tanto Úrsula como su madre se habían acercado en reiteradas ocasiones a la Comisaría de la Mujer de la localidad para realizar denuncias. El femicida era un policía que estaba de licencia psiquiátrica, y cargaba con un amplio historial de violencia. El caso se enmarca dentro de los denominados femicidios "de uniforme" -cometidos por agentes o exagentes de la fuerza de seguridad-, que representan alrededor del 20% de la totalidad de femicidios ocurridos en el país.
En este sentido, los padres de Úrsula apuntan contra el accionar del juez Marcelo Romero, subrogante del Juzgado 1 del Departamento Judicial de Mercedes. "Le habían hecho una cámara gesell a una criatura con capacidades diferentes (por abuso sexual de parte de Martínez, en diciembre de 2020). Le salió positivo. El fiscal ordenó su detención, pero Romero estaba de vacaciones, en la pileta, hacía calor. No quiso abrir la fiscalía y no lo detuvo", explica Patricia Nasutti, la madre de la joven. El juicio oral y público por este caso está pendiente.
También señalan al juez de Paz de Rojas, Luciano Callegari, quien "nunca escuchó las denuncias, las desestimó, miró para otro lado". "Desestimó las violaciones de perimetrales. Decía que Martínez no era peligroso; me la dejó a la merced. La Municipalidad de Rojas es responsable también. El mail con la orden de dar un botón antipánico del juez de paz llegó un día después del crimen". De acuerdo a información publicada por Télam, sobre Callegari pesa actualmente un pedido de juicio político impulsado por la Defensoría del Pueblo bonaerense, junto a los organismos que forman parte del Consejo para la Prevención de las Violencias (Copreviol), por considerar que "el magistrado mostró negligencia e incumplimiento de sus deberes".
"Martínez venía, además, con una causa por maltrato y amenaza con el arma reglamentaria cargada a la expareja. Si el sistema funcionara como debería funcionar no tenía que estar libre y no hubiera llegado a hacer lo que hizo. Esto fue una asociación ilícita", dice su padre Adolfo Bahillo.
"Los dos jueces tienen denuncias jury. Y tengo 15 denuncias penales hechas a gente involucrada. Ya se llamó a varias personas a declarar. Van declarando y nombrando a otras que no están denunciadas. No puedo decir quiénes son porque le rompo la causa al fiscal", agrega Patricia.
"No se dignaron a ir a buscarme la Policía, nadie de Seguridad ni de la intendencia. Fui a la comisaría y me di cuenta de lo que había pasado. En general no existe ni una persona que te reciba y de repente había 50, 100 personas. Dije: 'perdiste, Bahillo'. Le di una trompada a una ventana. Me dieron ocho puntos en el brazo", dice sobre el día en que encontraron el cuerpo de su hija.
"Policías removieron un montón, pero los cambiaron de comisaría. Fue para calmar un poco a la gente. Asuntos Internos inició una investigación, pero no sé en qué estado está. Se los investiga porque Úrsula fue un domingo a hacer la denuncia y le dijeron que volviera el lunes. El lunes la mataron", expresó Emiliano Basso, abogado de los padres de la víctima.
La madre reconoce que pensó que la situación cambiaría después del femicidio de Úrsula, pero los números de femicidios de uniforme no han bajado. "Pensamos que (el femicidio de) Úrsula iba a marcar un antes y un después. Pero en enero de este 2022 tuvimos 38 femicidios. Es una locura. Esto no terminó. Y en Rojas siguen pasando un montón de cosas que se tapan", se lamenta Patricia. Según datos de la Correpi, después del crimen de Bahillo hubo otros 25 femicidios de uniforme, es decir, en manos de agentes o exagentes de fuerzas de seguridad. "En nuestros números representan el 20% de los femicidios. Es decir, una de cada cinco mujeres que es víctima de violencia machista y patriarcal es víctima de violencia estatal. El dato importante es que el 90% de los femicidios de uniforme se comete con el arma reglamentaria, por eso jodemos con que saquen su uso cuando el miembro de la fuerza está fuera de servicio. Se reducirían también en un 50 por ciento los casos de gatillo fácil", detalla María del Carmen Verdú, titular del organismo.
Desde el Ministerio de las Mujeres Géneros y Diversidad aseguran que el caso "marcó un punto de inflexión". Informan que hicieron una denuncia penal para la investigación de funcionarios judiciales y policiales que intervinieron en las advertencias realizadas por Úrsula previamente y expresan que "hace falta una reforma judicial en clave feminista". Destacan que en los últimos años se haya avanzado en la creación de áreas de género municipales y provinciales, equipos interdisciplinarios, dispositivos de protección y redes territoriales de asistencia. En el plano estatal, el femicidio de Rojas dejó su huella en la creación por decreto del Consejo Federal de Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios.
Ileana Arduino, abogada especializada en violencia de género, directora del área de Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), hace esta lectura: "Las formas de trabajo no tuvieron transformaciones significativas. Hay algún énfasis en el uso de pulseras electrónicas. De todas formas, el caso de Ursula, por lo que circuló en los medios, no es un caso de falta de llegada por la vía de la denuncia, sino una demostración cabal de cómo la dinámica del expediente transforma los conflictos y su dinámica en un 'caso'. La lógica de la burocracia sigue los pasos del trámite pero se desentiende de los resultados concretos, confundiendo 'tramitar' papeles con gestionar un conflicto". Una tarea pendiente es "avanzar en la detección oportuna de riesgos, en particular del riesgo letal". "Las respuestas siguen centradas en la prohibición de acercamiento, que está sujeta siempre a límites temporales y a la voluntad de las personas cauteladas. Todo el esfuerzo se agota en medidas de restricción sin pensar en la gestión de factores asociados al conflicto", concluye la especialista.
