Al mismo ritmo que se disparan los precios del crudo y lo commodities, se incrementan las presiones y responsabilidades no asumidas de la clase dirigente de Chubut. Ante sus narices se encuentra la oportunidad de aprovechar la escalada del crudo y transformarla en incrementos de regalías petroleras. La misma situación atraviesa al conjunto de los gobernadores y referentes políticos de las demás provincias productoras de hidrocarburos. Las petroleras mantienen sus altos niveles de rentabilidad mientras a través de YPF el Gobierno nacional pisa los precios del mercado interno para que no se disparen los combustibles e impacten todavía más sobre una inflación desbocada. Hoy en Chubut se produce menos petróleo que hace 20 años y las inversiones son menores a las que se hicieron cuando se renegociaron los yacimientos de manera anticipada. Tomar el control planificado del incremento de la producción es la clave, aunque también se debería trabajar en mecanismos de emparejamiento de los precios del crudo.
La clase política de Chubut tiene ante sí una nueva oportunidad de mostrarse proactiva ante la crisis mundial iniciada con la guerra. La iniciativa suena imprescindible en una provincia que viene de la implosión de diciembre pasado, cuando la lucha contra la zonificación minera casi derrumba al gobierno de Mariano Arcioni y dejó al resto de los sectores políticos pasmados por el impacto de la movilización popular.
La crisis mundial de los commodities que desató el conflicto entre Rusia y Ucrania abrió una oportunidad que nadie sabe cuánto durará pero que indudablemente mantendrá condiciones favorables por un buen período.
Con los precios del petróleo, la energía y los alimentos disparados como pocas veces en la historia moderna, la dirigencia provincial de todos los partidos tiene frente a sus narices la chance de encontrar mecanismos que posibiliten traducir en recursos económicos esos altos precios de los commodities.
La dirigencia actual provincial no se propone avanzar en dirección a que el Estado asuma el control del recurso. Mucho menos piensa en manejar la enorme renta que genera el sector petrolero. Tampoco es una prioridad del Gobierno nacional, ya que una YPF de capitales mixtos no alcanza para beneficiar al conjunto del país.
Si no se trata -según la lógica imperante- de expropiar o estatizar los recursos hidrocarburíferos, al menos se debería avanzar en mecanismos aplicables dentro de este marco excepcional que permitan al Estado hacerse de una porción de esa tajada extraordinaria que se está generando en la actualidad y que queda totalmente en manos de los sectores privados que explotan las concesiones.
El campo y las retenciones
La suba de los alimentos impacta favorablemente en el campo y hará que se engorden los bolsillos de las empresas alimenticias y los productores terratenientes. Ellos tendrán todos los años nuevas cosechas, con sequía o no, que les posibilitarán la revancha de pegar el zarpazo sobre los altos precios internacionales.
En ese caso es un dubitativo gobierno nacional el que debe imponer retenciones a las exportaciones para quedarse como mínimo con una porción de esa renta extraordinaria obtenida por el campo y en paralelo encontrar algo de equilibrio para los precios de los alimentos en el mercado interno. Hasta el momento esa decisión no se adoptó, pero el campo ya está organizándose con conjunto con la oposición para dar la batalla en contra de la medida.
Las provincias petroleras, un caso similar
En el caso de las provincias petroleras la realidad es similar en cuanto a los precios internacionales, pero los recursos naturales son finitos y el petróleo no se puede plantar y cosechar anualmente. Si no se avanza de manera planificada y con una perspectiva de largo plazo los incrementos de producción pueden achicar de manera muy marcada los horizontes productivos y para que eso no suceda se deben imponer niveles de inversión que posibiliten incrementar las reservas de hidrocarburos.
Acelerar los procesos productivos de petróleo de manera planificada y exigiendo inversiones en provincias como Chubut es un desafío enorme. El Estado debe calcular con precisión las metas en el marco de una proyección a largo plazo y esencialmente debe contar con una decidida intervención, como dueño de los recursos y que los deja en manos del capital privado para su explotación.
Para las arcas chubutenses hay en juego en 2022 entre 18.000 y 40.000 millones de pesos que se podrían obtener en regalías petroleras extraordinarias si se consiguen aumentos en la producción de crudo y se negocia de manera acertada con Nación y las compañías el precio en que se venderá el crudo dentro del mercado interno.
Al igual que las alimenticias y el campo, en el caso de los hidrocarburos las grandes beneficiarias siguen siendo las compañías privadas, quienes a pesar de disminuir los ritmos productivos se han visto favorecidas por la disparada del precio internacional del crudo cada vez que exportan. Las petroleras producen menos y están ganando más, pero al Estado provincial no le quedan muchas más ganancias en regalías mientras reduce sus niveles de petróleo existente.
La liberación de precios y los subsidios profundizan los desequilibrios
Se insiste desde la clase política que el problema de los precios del petróleo se inscribe en los valores a los que se vende el crudo en el mercado interno. Desde que la mayoría las petroleras que operan en la provincia funcionan de manera integrada -explotan el recurso y pueden refinarlo para venderlo en el país o exportarlo-, los valores se han disociado de manera más pronunciada.
Ya casi no importa a cuánto cotizan los crudos Brent europeo o el WTI estadounidense, porque las petroleras manejan en su beneficio los precios que se pagan por el petróleo en el mercado interno y eso hace que la brecha sea cada vez más pronunciada.
Una de las operadoras que marca ese ritmo es YPF, ya que el Gobierno nacional tiene el 51% del capital accionario y la utiliza como un ariete para intervenir en el precio de surtidor en el mercado de los combustibles.
Desde hace un tiempo YPF frena el alza de los combustibles y disocia el precio internacional con el objetivo de no sumar un factor adicional a la escalada inflacionaria que está completamente fuera de control.
Mientras los precios internacionales se encontraban relativamente estables, la presión la ejercía la suba del dólar. Entonces las petroleras reclamaban subas de combustibles apuntando a la estabilización con el billete estadounidense. Esa ha sido la tendencia que marcó la curva de precios de los combustibles en los últimos años, pero ahora se suma la presión que ejerce la suba del crudo en el mundo.
Más allá de la suma de detalles que implicaría analizar para describir el funcionamiento del mercado interno -ya que por ejemplo el crudo llega a pagarse mucho menos de lo que cotiza en el exterior, y esa esa diferencia llegó a los 21 dólares por barril en enero- resulta evidente que si el crudo baja mucho su precio internacional las petroleras presionan sobre el Estado nacional para que con subsidios se beneficie la producción y argumentan que así se sostienen los puestos de trabajo.
A pesar del "barril criollo" instrumentado ante la baja del crudo y los millonarios subsidios a la producción del gas natural -especialmente direccionados a Vaca Muerta-, solamente en Chubut la producción petrolera cayó 12% desde 2015, reduciéndose en más 7 millones de barriles. Además, se perdieron alrededor de 2.000 empleos petroleros desde ese mismo año, lo que representa una merma laboral del 14%.
Cuando el crudo aumenta, las petroleras presionan para que también suban los combustibles y engordar la rentabilidad. Sin embargo, en este caso si los precios del mercado internos son pisados por YPF el perjuicio se traslada a los Gobiernos provinciales que son privados de cobrar más regalías.
En la lógica empresaria no cuadra el concepto de "derrame" de ganancias hacia los Estados como dueños de los recursos nacionales. En concreto, si hay pérdidas las comparten con el Estado; pero si hay ganancias no.
El desempeño empresarial es el lógico en un mercado capitalista dominado por la rentabilidad. Lo que resulta al menos curioso es el accionar del Estado provincial -tanto el chubutense como el de las demás provincias productoras- que permanece impávido frente a lo que asumen como una verdad revelada.
Aunque el acompañamiento del precio en los surtidores no fue idéntico al del dólar, la curva muestra claramente que en los últimos tres años siguió el alza de la devaluación y se alejó notablemente de la del crudo internacional.
Ahora y con el dólar subiendo mucho más lentamente, las compañías buscan que los combustibles se muevan al ritmo del crudo internacional y a ese objetivo se suman los gobiernos de las provincias productoras.
El Gobierno nacional e YPF vienen "manteniendo" -tal como si fuera un objetivo conquistado- el precio de los combustibles y las demás petroleras no pueden salirse del molde, aunque las presiones afloran por los cuatro costados. Impulsar la liberación del precio del crudo en el mercado interno impactaría negativamente sobre la inflación.
Si se autorizaran subas del combustible al nivel que tiene el incremento del crudo hoy en día, la inflación seguiría incrementándose aún más por su efecto sobre el transporte y los costos de producción -cada 10% que suben los combustibles se incrementa aproximadamente un 0,5% la inflación-.
Es por eso que la última suba que aplicó YPF en los surtidores durante marzo hará escalar por lo menos medio punto porcentual la inflación y los efectos continuarán siendo devastadores para el conjunto de la población asalariada y pobre.
La OFEPHI como ariete para el equilibrio de los precios
Hay una arista donde las provincias productoras sufren el perjuicio adicional generado en el país por los precios internos ampliamente disociados. Es por eso que ahora presionan tibiamente a través de la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos) para conseguir algún beneficio adicional otorgado por Nación; especialmente a partir del debate por los precios del crudo en el mercado interno.
Una opción para atender el reclamo de la OFEPHI sería eliminar las distorsiones de los precios internos con los internacionales, pero eso significaría aplicar aumentos desmesurados a los valores de los combustibles en los surtidores y Nación no quiere sumar un elemento más a la galopante inflación.
Equilibrar los precios del crudo en el país y liberarlo a las oscilaciones del precio internacional, la inflación y el dólar es algo que buscó el macrismo hasta 2017, pero con la irrupción de la crisis económica y social desatada en 2018 las variables saltaron por los aires y los combustibles se aferraron a las subas del dólar más allá de lo que sucedía con el crudo en el mundo. Aunque el petróleo internacional bajó su cotización, los surtidores mostraron claramente cómo los precios siguieron los ritmos alcistas de la devaluación.
Otra opción sería subsidiar con fondos del Estado nacional el barril vendido en el mercado interno, achicando la brecha con el precio internacional. Esa iniciativa no tendrá cabida en los tiempos que corren, como producto de los múltiples ajustes y pautas de emisión impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) que buscan reducir el déficit fiscal y el gasto público.
Con el crudo internacional volando por las nubes, la presión de las provincias productoras se conjuga con la de las petroleras para que Nación libere los precios del mercado interno y de los combustibles emparejándolos con las variables internacionales, el dólar y la inflación.
Si eso sucede habrá un gran ganador y serán las compañías privadas, mientras que habrá una incontenible escalada inflacionaria y las provincias productoras solamente podrían beneficiarse cuando haya escaladas del crudo como la desatada con la guerra en Ucrania.
Si bien es cierto que es necesaria la intervención del Estado nacional para equilibrar las diferencias cada más pronunciadas entre los precios en que se vende el crudo en el extranjero y en el país, no menos verdadero resulta que el fondo del problema está en otra canasta.
La producción, un problema de larga data que se profundiza
En Chubut el gran problema en el sector petrolero es el ritmo de producción, ya que en los últimos seis años retrocedió en 7,2 millones de barriles que representaron un retroceso de 14%.
Esta situación no es nueva y se viene dando desde poco tiempo después de que se firmaron las renegociaciones anticipadas de los convenios petroleros en la provincia, allá por 2006 durante la gestión del fallecido Mario Das Neves.
Desde hace 15 años que la producción petrolera chubutense está estancada o en franco retroceso. Antes de las renegociaciones los yacimientos apuntaban a los 60 millones de barriles anuales. Esa barrera se superó justamente en 2006, cuando se garantizó a las petroleras las concesiones por 40 años y se les dio la estabilidad seguridad jurídica que tanto reclamaban.
Hasta 2011 las variaciones productivas fueron relativamente menores y se alcanzó en 2009 el máximo histórico con 60,5 millones de barriles extraídos en los yacimientos chubutenses.
Esa tendencia se rompió y comenzó el proceso de decrecimiento desde 2012, justamente cuando la mayoría de las petroleras posaron sus expectativas y principales inversiones sobre los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta.
Ni siquiera la expropiación con pago indemnizatorio de Repsol y la apropiación del Estado nacional del 51% de las acciones de YPF consiguieron revertir ese proceso de retracción en la producción petrolera provincial.
El intento de Buzzi y la caída de producción
La irrupción del ex gobernador Martín Buzzi en las oficinas de YPF ubicadas en Km. 3 -o el acto de festejo de la expropiación en el puesto fronterizo de Ramón Santos- apuntaba a convertirse en una acción heroica con la quita de las concesiones de la petrolera española. Sin embargo, terminaron siendo apenas una intentona voluntarista que no cambió finalmente ninguno de los problemas de fondo para Chubut.
Aunque el crudo internacional volaba y el Escalante chubutense llegó a su máximo histórico de 77,66 dólares en 2012, la producción cayó en 4 millones de barriles y nunca volvió a recuperarlos. Es más, siguió bajando hasta llegar a los 51 millones de barriles durante el año pasado. Ese fue el nivel más bajo desde 2003.
Los cuatro años de precios altísimos del petróleo, tanto el internacional como el Escalante, no fueron acompañados por los ritmos productivos y nunca se superó la barrera de los 60 millones de barriles. Por el contrario, se experimentó un franco decrecimiento hasta los 55 millones de barriles anuales.
La curva de inversiones petroleras en retroceso y se encuentra en el peor momento histórico. Chubut ha visto cómo los fondos destinados por las petroleras a la provincia se movieron casi en paralelo con el precio del crudo y de ninguna manera en dirección a los prometedores anuncios efectuados en tiempos del dasnevismo cuando se firmaron las renegociaciones anticipadas.
En trazos generales el flujo de fondos para el desarrollo del sector petrolero en Chubut fue acompasado con los valores del crudo, subiendo y bajando a un ritmo casi idéntico. La excepción fue en 2015, cuando el precio bajó y las inversiones subieron para llegar a su máximo histórico desde la renegociación.
En los dos últimos años las inversiones decrecieron más fuertemente de lo que bajó el precio del crudo. En este 2022 se vuelve a presentar una oportunidad para que el Estado provincial intervenga y fije pautas de inversión acordes a la recuperación de los valores del crudo y las necesidades productivas de la provincia.
Con el crudo superando los 100 dólares, las inversiones de este año y el siguiente deberían estar ampliamente por encima de los 1.300 millones de dólares anuales y con el objetivo de que superen los 1.700 millones del 2015. Hoy esa pretensión parece ilusoria.
Del relato a los hechos
Como siempre, el dato mata al relato. La realidad no soporta ninguna fábula autocomplaciente, ya que hoy en Chubut se produce menos crudo que hace casi 20 años y las inversiones son casi idénticas a las de 2006. Resulta evidente que las renegociaciones anticipadas han resultado un fracaso para el Estado provincial y la "recuperación" de YPF no movió el amperímetro.
Más allá de la discusión de los precios del crudo, lo que necesita la provincia es un programa a largo plazo de intervención y diseño del Estado en el desempeño del sector petrolero; que quedó atado exclusivamente a las variables del mercado y las ganancias empresarias.
La clase política en su conjunto tiene la oportunidad de aprovechar el contexto internacional favorable y apuntalar un plan productivo petrolero y de inversiones para recuperar los barriles perdidos y sumar una considerable cantidad de regalías en dólares para las arcas de la provincia.
El desafío está planteado. La respuesta la tienen los dirigentes políticos, que hasta hoy no parecen estar a la altura de las necesidades. El final podría seguir abierto si la administración actual de Arcioni o alguno de los candidatos que se perfilan para 2023 muestran la voluntad política necesaria para administrar los recursos naturales no renovables con que cuenta Chubut con racionalidad y no rindiendo pleitesía al mercado o las órdenes del gobierno nacional.
