Andrea Mansilla -coordinadora del Grupo SOS Casa Familiar, que nuclea a familias que reclaman una casa- dijo a El Extremo Sur que el Instituto Provincial de la Vivienda monta "un show" y "quieren aparentar que el organismo está haciendo algo". "Según ellos no hay viviendas, no hay soluciones para la gente. ‘Estamos desahuciados'; esa es la respuesta del IPV. Tenemos mujeres mayores, cuyos hijos han crecido y eso les resta puntaje para recibir una vivienda. Tal vez están condenadas a morir sin techo. Mansilla denunció que "designaron a uno de los delincuentes reingresado al IPV para realizar tareas de verificación. ¿Con qué valores un personaje así va a evaluar la situación de una familia? Si lo único que tienen en la cabeza es el signo pesos". La concejal Alejandra Robledo (Frente de Todos) afirma que "Hoy se elige a dedo; si sos mi amigo te doy una vivienda. Hay gente que se anotó y de un mes para el otro tiene vivienda".
Quienes viven en situación crítica describen a un Instituto Provincial de la Vivienda "completamente viciado" y afirman que "los representantes ‘se pasan la pelota' y se ‘encubren' entre sí, mientras más de diez mil familias esperan un hogar, en medio del hacinamiento y la amenaza de la desocupación". Algunos esperan acceder al techo propio desde hace casi tres décadas: critican la falta de planificación, las decisiones arbitrarias y la entrega de títulos a cambio de favores: "Dicen que no hay lotes y sabemos que por detrás han estado negociando lotes por votos".
"Dijeron que querían hacernos entrevistas sociales, lo cual es una tomada de pelo. Todos los que componemos el grupo ya actualizamos la información, está en el sistema. Querían ‘corroborar' si lo que está en el sistema responde a la realidad" describe Mansilla, para denunciar enfáticamente que para la tarea justamente "habían asignado a Darío Acosta para realizarlas, uno de los delincuentes que fue reingresado al IPV. El grupo solicitó de inmediato que enviaran a otra persona, y le negaron la entrada a Acosta a sus hogares: "¿Con qué valores un personaje así va a evaluar la situación de una familia? Si lo único que tienen en la cabeza es el signo pesos."
Enfermedades, pobreza y espera eterna
"Es un tema muy complejo, y con muchas complicaciones que no vienen desde hace dos o tres años. Hay gente en nuestro grupo que está hace más de 20, 30 años esperando una vivienda o un lote. Son familias que se han inscripto normalmente, por derecha, que trabaja y siempre esperó que los organismos le otorguen la posibilidad de tener un techo propio. No estamos hablando de empresarios, gente con poder adquisitivo que podría haber hecho una compra en el ámbito privado. Desgraciadamente, los años fueron pasando y nunca tuvieron respuestas", detalla Andrea Mansilla.
El panorama es de extrema vulnerabilidad: las familias viven hacinadas, en condiciones insalubres y sin recursos para acondicionar las viviendas. "La situación actual es pésima, vemos familias grandes con chicos en ambientes de dos piezas, algunos durmiendo en el piso tirando colchones, con las paredes húmedas, madres que les ceden la cama a sus nenes con discapacidad. La gente está necesitada, pero ve que el Estado, a través de estos organismos, no les da respuesta", agrega. "Pareciera que uno tiene que resignarse, pero nosotros hemos aprendido que de estas situaciones se sale con trabajo y aportando a la ciudad".
Robledo: "los asentamientos son muy vulnerables"
Por su parte, la concejal Alejandra Robledo (Frente de Todos), quien impulsa el proyecto de creación de un Ente Municipal de la Vivienda, relató su paso por algunos barrios de la ciudad, donde se encontró con las mismas problemáticas. "Hoy los sectores más vulnerables son los asentamientos. Se fueron a vivir allí porque no pueden pagar un alquiler, se cansan de esperar un lote, una vivienda", indica. "Pero están en condiciones inhumanas. Hace poco recorrí un sector por Ricardo Torá; un cerro donde viven 20 familias en pésimas condiciones. La pasan muy mal durante el invierno. Cuando llueve no pueden pasar; tienen escaleras hechas con cubiertas, casas sin baño, sin piso, paredes sin forrar. Es un sector con muchos niños, hay más de 30 niños de todas las edades. Es una situación que te desborda, son nuestros, de Comodoro. Y es una realidad que se vive en todos los barrios", explica en detalle la concejal.
Concejal Alejandra Robledo (Frente de Todos).
En su mayoría son familias que trabajan por cuenta propia y de manera informal, en una ciudad con alquileres que no bajan de los 25 mil pesos mensuales; algo que sumado a los servicios, expensas y una canasta básica ya supera los 80 mil pesos.
Robledo advierte que en la mayoría de los asentamientos es difícil acceder a los servicios, tal como sucede en otros barrios de la periferia: "Se lleva el servicio eléctrico por intermedio de obradores, pero es lo único que tienen. Padecen mucho frío por la falta de gas, hay niños nacidos en esos sectores que hoy tienen ocho años y sufren de bronquiolitis por el hábitat donde viven. Son cosas que van a sufrir de por vida, o hasta que cambie la calidad del hábitat en la que viven."
Temporales y pandemia, combinación explosiva
Uno de los factores agravantes de la crítica situación actual por falta de viviendas es la reiteración de temporales y fuertes lluvias, que afectan principalmente a barrios periféricos con calles de tierra, donde el acceso se vuelve imposible. Si bien las problemáticas se profundizaron después del temporal de 2017, las necesidades no son nuevas.
Robledo sostiene que "la falta de viviendas y calidad de vida se palpaban desde antes de 2017. Las inclemencias climáticas comenzaron a ser una preocupación en 2013, con temporales poco habituales que azotaban a la ciudad. Actualmente cualquier lluvia que supere los 30 milímetros ya supone un riesgo para muchas de las viviendas comodorenses, signadas por la precariedad".
La pandemia agravó la falta de acceso al techo propio. El desempleo y los altísimos valores inmobiliarios vuelven el alquiler un lujo "insostenible". "Desde que asumí vengo pidiendo que trabajemos de inmediato en soluciones habitacionales, con un Instituto de la Vivienda propio para que cuando nos estemos retirando de la función dejemos al menos algunas viviendas inauguradas", señala la concejal Robledo.
Desde la gestión municipal "se hacen algunas viviendas sociales, pero resulta poco; son 20, 30 viviendas que no alcanzan. Tampoco sabemos para quiénes son esas viviendas, no hay registro", agrega. La concejal, al igual que la Coordinadora de SOS Casa Familiar, cree que "las viviendas deben pagarse de alguna forma para continuar financiando la construcción y reacondicionamiento de otros hogares".
"Hay que empezar a buscar lugares para lotear, ahí van a tener un panorama de la cantidad de viviendas que se entregan. Hoy se entrega una en el San Martín, otra en San Cayetano, en la Floresta, y se pierde el control", argumenta Robledo. "También es muy difícil ir a entregar una vivienda social cuando alrededor hay 20 situaciones similares", agregó.
A comienzos de 2022, el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, anticipó la ejecución de un "ambicioso plan" que daría respuesta a la demanda de tierras. Luego de una recorrida junto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, anunció la entrega de 1.800 lotes con servicios en la zona norte de la ciudad. Desde SOS Casa Familiar, el grupo compuesto por alrededor de 100 familias que esperan viviendas del IPV o un lote por parte de la Secretaría de Tierras de la Municipalidad, afirman que "Hasta el momento no hemos tenido ninguna resolución".
La corrupción del IPV
"En diciembre del año pasado tuvimos una reunión con Ivana Papaiani por la situación del IPV. De nuestro bolsillo fotocopiamos el legajo de cada familia y se lo dimos en mano a Papaiani. También estaba Luis Ferrero, pero fue de oyente, se negó a recibir los legajos de Tierras, aunque se los entregamos igual. Queríamos que vieran la cantidad de familias que necesitan respuestas que no se pueden seguir pateando", relata Mansilla. "Se lo expresamos de todas las maneras posibles, pero no les interesa cómo vive la gente". Hasta el momento, ninguno de los integrantes del grupo tuvo respuesta.
La Coordinadora avanzó en otras decisiones políticas como el repudio a la reincorporación de cuatro empleados del IPV, acusados y condenados por llevar adelante prácticas fraudulentas en la entrega de viviendas entre 2011 y 2014. Se trata de Darío Acosta, Fabiana Onieva, Ana Caro y Vanesa Medina Consoli. Mansilla denuncia que "tendrían protección de las autoridades del IPV y del gobernador", a quien enviaron un petitorio para que destituyeran a los cuatro imputados.
En febrero, vecinos de SOS Casa Familiar se reunieron con el director del Área Social del IPV, Rubén Willhuber, a quien Papaiani derivó las gestiones tras el último encuentro. Nuevamente, se comprometió a dar una respuesta que todavía no llega.
"Para nosotros esto es un show, quieren aparentar que el organismo está haciendo algo", expresa Mansilla. "Según ellos no hay viviendas, no hay soluciones para la gente. ‘Estamos desahuciados': esa es la respuesta de IPV. Las viviendas que se están construyendo son a nivel social, no son para el grupo y van por sorteo. Tenemos mujeres mayores, cuyos hijos han crecido, eso les resta puntaje para recibir una vivienda. Puede ser que les toque, puede ser que no. Tal vez esas mujeres están condenadas a morir sin techo. No es algo que ellos desconozcan, pero no les interesa", se lamenta.
"Lo único que tienen en la cabeza es el signo pesos"
El reclamo principal de las familias es la presunta corrupción imperante en el IPV. Los agentes del organismo se ocupan de realizar entrevistas sociales mientras los ciudadanos actualizan cada año los datos del sistema, con esperas de larga data. Pese a que los representantes expresan que no hay viviendas, los vecinos aseguran que "hay intercambio de terrenos y casas por favores políticos o económicos, y que hay inscriptos que reciben lo prometido al mes de anotarse, cuando hay más de diez mil familias esperando desde hace décadas".
"Dijeron que querían hacernos entrevistas sociales, lo cual es una tomada de pelo. Todos los que componemos el grupo ya actualizamos la información, está en el sistema. Querían ‘corroborar' si lo que está en el sistema responde a la realidad. Habían asignado a Darío Acosta para realizarlas, justamente uno de los delincuentes que fue reingresado al IPV", denuncia Mansilla. El grupo solicitó de inmediato que enviaran a otra persona, y se negaron la entrada de Acosta a sus hogares: "¿Con qué valores un personaje así va a evaluar la situación de una familia? Si lo único que tienen en la cabeza es el signo pesos."
Usurpaciones
El grupo también reclama por la legalización de las usurpaciones. "La realidad es que Comodoro se superpobló hace algunos años, entendemos que carece de la posibilidad de soportar a tanta gente, por lo que aparecieron usurpaciones, y con el tiempo el mismo Municipio los legalizó", relata la Coordinadora. "No reacondicionó nada, los legalizó donde se instalaron", agrega.
Andrea Mansilla contó que "está bloqueada en Whatsapp por Ivana Papaiani y por la concejal Viviana Navarro: "No leen los mensajes. No hay diálogo. Todos tienen las manos sucias, por eso no quieren meterse en el tema".
"Le han mentido a la gente de Comodoro", manifiesta Mansilla. En febrero el grupo debió ocuparse de gestionar nuevos expedientes para algunos de sus miembros, que a pesar de estar inscriptos en un lote, no aparecían en el sistema. "Les hicieron perder el tiempo. Les piden documentación para actualizar, que ellos llevan todos los años, y resulta que no tienen expediente. Así nunca los van a llamar. Había gente inscripta desde hace 15 años sin expediente", detalla.
Mansilla enfatiza que tras un breve diálogo con el intendente Luque, se les prometió una audiencia para exponer la realidad de las familias del grupo, que hasta ahora no se concretó.
Ente Municipal de la Vivienda
Para subsanar las faltas del organismo provincial de la vivienda, la concejal del Frente de Todos Alejandra Robledo impulsó en diciembre de 2020 un proyecto para la creación de un Ente Municipal de la Vivienda: "Necesitamos un registro de los comodorenses que no tienen vivienda o que están desempleados para bajar diferentes proyectos de Nación". Los sorteos nacionales no alcanzan para asegurar la vivienda de los comodorenses, y la entrega de lotes de la Municipalidad no supone un gran avance si las familias no cuentan con recursos para la construcción.
"Si tuviésemos implementado un Ente Municipal, el sorteo sería local", explica Robledo. "Podríamos generar créditos, entregar lotes con servicios. Y tener la posibilidad de que un comodorense pague para vivir, pensar en una planificación más amplia en zonas de fácil acceso."
Robledo refuerza su argumento sobre la necesidad de un Ente municipal para evitar la distribución desigual del IPV: "Desde 2014 no entregan viviendas en Comodoro. Entregaron algunas durante el temporal, pero fueron mal distribuidas, a gente que no lo necesitaba o no estaba inscripta". El respeto por el órgano de la vivienda provincial va en declive: "Siempre estuvo involucrado en hechos de corrupción. Y va a seguir porque nadie corta con eso. El comodorense que se inscribe no es el adjudicatario, cada municipio debe luchar por su propio sistema habitacional para dar respuestas de verdad al vecino. Hoy se elige a dedo; si sos mi amigo te doy una vivienda. Hay gente que se anotó y de un mes para el otro tiene vivienda. Esto cansa a la gente que espera desde hace décadas".
La concejal compartió su proyecto con sus colegas de Trelew, donde ya se está ejecutando, ya que fue aprobado en diciembre de 2021. De esta manera, la nueva estructura municipal actúa en paralelo al IPV y busca contribuir al acceso a la vivienda y reducir el déficit habitacional.
Vivir como nómade
Además de los riesgos sanitarios y económicos, los comodorenses sin vivienda se enfrentan a la amenaza del desalojo. Andrea Mansilla vive en carne propia esta realidad: "Me están pidiendo la vivienda donde estoy, y no tengo recursos para costear un nuevo alquiler. En cualquier momento me van a desalojar y no tengo adónde ir". Informó que un lote que había adquirido, al que estaba reacondicionando para vivir, fue usurpado por "punteros". "En este panorama de tanta suciedad, se ríen de la gente. Y la gente sigue esperando", expresa.
En su grupo hay alrededor de 100 familias esperando una vivienda o un lote, pero sabe que son muchos más. Mansilla menciona que en el IPV hay 11 mil anotados solamente en Comodoro Rivadavia. Desde la Coordinadora temen que la situación se naturalice por completo: "No se puede vivir como nómade, pero en Comodoro se vive como algo natural. Dicen que no hay lotes y sabemos que por detrás han estado negociando lotes por votos".
El punto final del círculo vicioso es la falta de pago de los beneficiados. "El que accede a una vivienda social, al final no la paga. No son conscientes de que si no pagan están impidiendo a otro vecino acceder a una vivienda, porque se van autofinanciado", apunta Mansilla. Entre los beneficiarios, advierte, hay algunos que acceden a viviendas donde no viven o que utilizan para alquilar.
Hasta el momento, los vecinos de SOS Casa Familiar esperan poder llegar a un acuerdo con las autoridades municipales para avanzar en un proceso de dignificación de las y los comodorenses que siguen soñando con el techo propio.
