La nena a la que el Estado no quiere o no "puede" encontrarPor Daniel Satur
Durante los primeros días posteriores a su desaparición, en el barrio 544 Viviendas de la capital puntana, todos los medios nacionales montaron móviles en la casa de su familia. Los días pasaron, los medios se retiraron, la noticia "envejeció" y ya casi no se habla de ella. Pero la familia, desde el primer día, sigue sin saber nada de su pequeña de cinco años. Hoy habrá una marcha en las calles de San Luis por verdad y justicia. El Estado es responsable de no encontrar sana y salva a Guadalupe Lucero Cialone.
Esta tarde, una parte de la comunidad puntana convocada por la familia de Guadalupe Lucero Cialone y organizaciones feministas, de derechos humanos, sindicales y de izquierda, marcharán por las calles de la capital de San Luis en reclamo de verdad y justicia por la niña que hace exactamente un año desapareció mientras jugaba en la vereda de la casa de su tía, en el barrio 544 Viviendas.
Guadalupe, de cinco años, fue vista por última vez en el atardecer del lunes 14 de junio de 2021, cuando participaba de un cumpleaños en esa casa de la familia y se había ido a la vereda a jugar con otres niñes. Desde entonces y hasta hoy, según la propia información oficial, se llevaron adelante más de 180 "líneas de investigación" en varias partes de Argentina, hubo más de 400 allanamientos y más de cien teléfonos celulares fueron "secuestrados y peritados". Pero ninguna de esas acciones arrojaron siquiera una pista firme que permita explicarle a la familia qué pasó con la niña y quiénes fueron los responsables de su desaparición.
La responsabilidad de no encontrar a Guadalupe Lucero Cialone es compartida entre el Estado provincial y el nacional, tanto a nivel de poderes ejecutivos como judiciales. La "investigación" formalmente la lleva adelante el fiscal Cristian Rachid, quien en 365 días no pudo, no quiso o no supo darle respuestas a la familia.
Por eso la movilización de este martes llegará hasta la sede del Poder Judicial de la provincia, donde se proyectará un video con testimonios de la familia explicando pormenores del caso. También habrá intervenciones artísticas para recordar que "Guadalupe falta de su hogar hace un año" y que "El Estado es responsable". Entre los reclamos se encuentra también la exigencia de renuncia al ministro de Seguridad de San Luis, Luciano Anastasi.
Desde las 17 habrá concentración en la esquina de Bolívar y Colón (muro de la Sociedad Española), donde se inaugurará un mural por Guadalupe. Luego, con carteles en mano y encabezada por la familia de la niña, saldrá la marcha a recorrer las calles céntricas de San Luis.
Hay que recordar que durante muchos meses (los primeros, los cruciales) las pesquisas estuvieron en manos de la policía provincial, que actúa bajo las órdenes de Anastasi y su jefe, el gobernador Alberto Rodríguez Saá. Una policía que en los últimos años se ha encargado de dejar bien en claro que, lejos de importarle "cuidar" la vida de las familias de los sectores populares, tienen en ellas a parte de sus objetivos represivos y criminales.
Desde hace algunos meses las medidas investigativas y demás diligencias de la causa están a cargo de la Policía Federal (dependiente del ministro de Seguridad nacional Aníbal Fernádez). Una decisión basada no en la complicidad de la policía provincial con la desaparición sino en la "posibilidad de que existan delitos federales", como la trata de personas. Pero ese cambio no significó ningún avance concreto en el acceso a la verdad.
En una columna escrita en este portal apenas dos semanas después de la desaparición de Guadalupe, preguntábamos si realmente el Estado (nacional y provincial) quería encontrar sana y salva a la niña por la que en ese momento velaba el país. Sin hacer mucho esfuerzo intelectual, la respuesta está a la vista.
Evidentemente el Estado, a través de todas sus instituciones, no quiere o, en todo caso, no "puede" encontrarla. Porque saber, sabe. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que aún no dio una sola certeza del paradero de Guadalupe? ¿Decisión consciente o genuflexión ante las "presiones" del poder (económico, político, policial, judicial o una combinación de todos ellos) que se niega a revelar la verdad para no trastocar algún negocio clandestino?
En movilizaciones anteriores por Guadalupe se escuchó fuertemente un grito: "¡San Luis no es otro país, aquí desaparecen niñas!". Y quienes marcharon recordaron también el caso de Florencia Magalí Morales, quien hace más de dos años apareció muerta en una celda de la comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara. Hasta hoy ese caso sigue impune, la Policía de los Rodríguez Saá sigue haciendo de las suyas diariamente y la impunidad sigue su camino. Por eso, claramente, el Estado es responsable.
Fuente: Izquierda Diario
Por Daniel Satur
Durante los primeros días posteriores a su desaparición, en el barrio 544 Viviendas de la capital puntana, todos los medios nacionales montaron móviles en la casa de su familia. Los días pasaron, los medios se retiraron, la noticia "envejeció" y ya casi no se habla de ella. Pero la familia, desde el primer día, sigue sin saber nada de su pequeña de cinco años. Hoy habrá una marcha en las calles de San Luis por verdad y justicia. El Estado es responsable de no encontrar sana y salva a Guadalupe Lucero Cialone.
Esta tarde, una parte de la comunidad puntana convocada por la familia de Guadalupe Lucero Cialone y organizaciones feministas, de derechos humanos, sindicales y de izquierda, marcharán por las calles de la capital de San Luis en reclamo de verdad y justicia por la niña que hace exactamente un año desapareció mientras jugaba en la vereda de la casa de su tía, en el barrio 544 Viviendas.
Guadalupe, de cinco años, fue vista por última vez en el atardecer del lunes 14 de junio de 2021, cuando participaba de un cumpleaños en esa casa de la familia y se había ido a la vereda a jugar con otres niñes. Desde entonces y hasta hoy, según la propia información oficial, se llevaron adelante más de 180 "líneas de investigación" en varias partes de Argentina, hubo más de 400 allanamientos y más de cien teléfonos celulares fueron "secuestrados y peritados". Pero ninguna de esas acciones arrojaron siquiera una pista firme que permita explicarle a la familia qué pasó con la niña y quiénes fueron los responsables de su desaparición.
La responsabilidad de no encontrar a Guadalupe Lucero Cialone es compartida entre el Estado provincial y el nacional, tanto a nivel de poderes ejecutivos como judiciales. La "investigación" formalmente la lleva adelante el fiscal Cristian Rachid, quien en 365 días no pudo, no quiso o no supo darle respuestas a la familia.
Por eso la movilización de este martes llegará hasta la sede del Poder Judicial de la provincia, donde se proyectará un video con testimonios de la familia explicando pormenores del caso. También habrá intervenciones artísticas para recordar que "Guadalupe falta de su hogar hace un año" y que "El Estado es responsable". Entre los reclamos se encuentra también la exigencia de renuncia al ministro de Seguridad de San Luis, Luciano Anastasi.
Desde las 17 habrá concentración en la esquina de Bolívar y Colón (muro de la Sociedad Española), donde se inaugurará un mural por Guadalupe. Luego, con carteles en mano y encabezada por la familia de la niña, saldrá la marcha a recorrer las calles céntricas de San Luis.
Hay que recordar que durante muchos meses (los primeros, los cruciales) las pesquisas estuvieron en manos de la policía provincial, que actúa bajo las órdenes de Anastasi y su jefe, el gobernador Alberto Rodríguez Saá. Una policía que en los últimos años se ha encargado de dejar bien en claro que, lejos de importarle "cuidar" la vida de las familias de los sectores populares, tienen en ellas a parte de sus objetivos represivos y criminales.
Desde hace algunos meses las medidas investigativas y demás diligencias de la causa están a cargo de la Policía Federal (dependiente del ministro de Seguridad nacional Aníbal Fernádez). Una decisión basada no en la complicidad de la policía provincial con la desaparición sino en la "posibilidad de que existan delitos federales", como la trata de personas. Pero ese cambio no significó ningún avance concreto en el acceso a la verdad.
En una columna escrita en este portal apenas dos semanas después de la desaparición de Guadalupe, preguntábamos si realmente el Estado (nacional y provincial) quería encontrar sana y salva a la niña por la que en ese momento velaba el país. Sin hacer mucho esfuerzo intelectual, la respuesta está a la vista.
Evidentemente el Estado, a través de todas sus instituciones, no quiere o, en todo caso, no "puede" encontrarla. Porque saber, sabe. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que aún no dio una sola certeza del paradero de Guadalupe? ¿Decisión consciente o genuflexión ante las "presiones" del poder (económico, político, policial, judicial o una combinación de todos ellos) que se niega a revelar la verdad para no trastocar algún negocio clandestino?
En movilizaciones anteriores por Guadalupe se escuchó fuertemente un grito: "¡San Luis no es otro país, aquí desaparecen niñas!". Y quienes marcharon recordaron también el caso de Florencia Magalí Morales, quien hace más de dos años apareció muerta en una celda de la comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara. Hasta hoy ese caso sigue impune, la Policía de los Rodríguez Saá sigue haciendo de las suyas diariamente y la impunidad sigue su camino. Por eso, claramente, el Estado es responsable.
Fuente: Izquierda Diario
