Avanza la impugnación contra la absolución de "Los Hijos del Poder", basada en prejuicios y descrédito de las mujeres Por Lola Sánchez
El próximo miércoles 6 de julio se llevará a cabo la audiencia de impugnación de la violación grupal ocurrida en Playa Unión en 2012, un caso emblemático que desnudó la impunidad de "Los hijos del poder" de Chubut. Así lo adelantó la abogada Verónica Heredia a El Extremo Sur. El hecho llegó a juicio casi una década más tarde, y la víctima debió exiliarse de su ciudad natal por los constantes ataques revictimizantes. El juicio se llevó a cabo en marzo de este año -tras reiteradas dilaciones-, con una sentencia absolutoria para tres imputados. Luciano Mallemaci, Leandro del Villar y Ezequiel Quintana fueron liberados de todo cargo al considerar que no existían pruebas que constataran el abuso. La querella, integrada por Verónica Heredia y Florencia Piermarini, sostiene que las Juezas Breckle, Pérez y Martini llevaron adelante un fallo misógino que desoyó y maltrató a la denunciante.
La próxima semana, la Sala Penal integrada por el Daniel Esteban Báez, Ricardo Napolitani y Camila Banfi -la primera mujer en integrar el STJ en Chubut, junto a Silvia Alejandra Bustos- decidirá si acepta la impugnación presentada por la querella, que cuenta con múltiples argumentos para explicar la falta de perspectiva de género del caso. Se trata de la última integración del STJ aprobada por la Legislatura el mismo día en que se votaba a favor de la Ley de Zonificación Minera.
Además, el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) y la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires (ABBA) presentaron Amicus Curiae.
El elemento clave será la fiscal Banfi, quien ha realizado capacitaciones en materia de género. Culminó el Curso Suprior de Violencia de Género en la Universidad de Salamanca (España) y actualmente cursa una Maestría Virtual en Género, Sociedad y Políticas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
En una entrevista con Diario Jornada a dos meses de su asunción, aseguraba que su objetivo central era "trabajar y tomar decisiones desde la perspectiva de género". Reconocía que "las desigualdades de las diferencias hacen que las mujeres estén más vulnerables" dijo.
Y ejemplificó: "Si hay mujeres imputadas, podías ver que si no trabajabas con perspectiva de género iban a ser diferentes los resultados del trabajo. En el caso de las mujeres víctimas hay todo un trabajo que hace a la sensibilidad: escucha activa, esperar que la víctima pueda relatar lo que pasó más allá del tiempo. A veces, los tiempos de las víctimas no son los que lleva el sistema judicial. La perspectiva tiene que ver con la sensibilidad. Esto se inicia en otro lugar. Cuando interviene el fiscal ya el sistema fracasó: femicidios, lesiones"
Su perspectiva podría significar una posibilidad de justicia para la víctima, aunque lo mismo se esperaba de las juezas Breckle, Pérez y Martini, a quienes confiaron un compromiso social en un momento histórico para la trayectoria judicial de la provincia, y terminaron beneficiando a los imputados.
Consultada al respecto, Verónica Heredia dijo a El Extremo Sur: "En principio, celebramos que dos mujeres están ocupando ahora el Superior Tribunal de Justicia, en la medida que esto garantiza el avance del cumplimiento de los mandatos constitucionales y convencionales en cuanto a la representatividad de las mujeres en todos los órganos de decisión, especialmente del Poder Judicial. Esto era una deuda de la democracia".
Sin embargo, recuerda que "venimos de una sentencia absolutoria dictada por tres juezas mujeres". Y remarca: "el hecho de que sean mujeres no garantiza que tengan perspectiva de género, como tampoco garantiza que no la tenga un varón". Heredia define la perspectiva de género como "un mandato constitucional y convencional, es derecho positivo vigente, no es una cuestión ideológica, es el cumplimiento de la ley", y reconoce que Breckle, Martini y Pérez no han cumplido con dichas disposiciones.
Nota relacionada: Culpar a la víctima, desprestigiar testigos y liberar violadores: las tácticas de las juezas del escándalo
"Tenemos expectativas de cómo la Jueza resolverá esta sentencia basada en prejuicios y estereotipos, tanto de la joven víctima cómo de todas las mujeres que fueron a declarar y los varones que se presentaron como víctimas en este proceso", agregó. "Realmente fue así, uno de ellos dijo ‘acá la víctima soy yo'. Y las juezas lo aceptaron. Esta sentencia dictada no puede mantenerse precisamente porque está basada íntegramente en prejuicios, en descrédito a las mujeres. Para ello está la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), la Convención Belem do Pará, la Ley 6.485, los mandatos constiticionales, el inciso 22 y 23 de la Constitución Nacional. Esta sentencia va a ser revocada y tenemos expectativas de lo que dirá la Dra. Banfi", cerró.
La vieja táctica de la revictimización
"La inobservancia a la ley de las señoras juezas, verificada durante todo el transcurso del debate -desde el 24 de febrero al 17 de marzo de 2022- y finalmente en el dictado de la sentencia, da cuenta de la parcialidad del tribunal a favor de los imputados que impidió a la víctima ser oída por un tribunal imparcial", detalla la presentación de la impugnación por parte de la querella. Sostuvieron que durante las jornadas las juezas "permitieron que los abogados defensores hostigaran a las testigas mujeres bajo la excusa del ‘contradictorio'".
"Igual excusa se verificó en el único momento que la víctima creyó que podía ser escuchada por un tribunal al ejercer su derecho previsto en el código de expresar sus últimas palabras. El trato indigno de las señoras juezas hacia la denunciante quedó plasmado en la sentencia que la culpabiliza de la absolución de los tres imputados", agrega. La decisión de no brindar una declaración formal fue una sugerencia de la querella al observar el ambiente hostil contra las mujeres que participaron del debate, así como la falta de perspectiva de género. La denunciante hizo su descargo en la etapa de las palabras finales, relato que las tres Juezas desestimaron por completo.
Nota relacionada: Historia de las juezas del escándalo: feminismo de la boca para afuera, fallos dudosos y escasa formación de género
En el texto de la impugnación se destaca la imparcialidad de Ana Karina Breckle, quién lloró frente a Mallemaci y lo favoreció en perjuicio de la denunciante "cuando hizo público su trato diferente frente a él cuando habló sin juramento de decir verdad ni sometido a contradictorio en una declaración preparada y ante ella cuando dijo sus últimas palabras interrumpidas por los abogados defensores y el tribunal. Su voto, más allá de la inobservancia a la ley como desarrollamos en el capítulo correspondiente, refleja animosidad contra la víctima y arbitraria e injustificada benevolencia hacia Mallemaci", se detalla en el documento presentado.
El argumento central apunta a la falta de perspectiva de género durante el proceso, hecho que afectó gravemente tanto a la denunciante como a las y los testigos.
"La revictimización que el proceso judicial produjo en la víctima -cambios de fechas y pericia sobre ella, resoluciones de desincriminación a los imputados, escándalo mediático- repercutió sensiblemente en su salud, agravando sus síntomas debiendo recurrir a asistencia psiquiátrica. Esta es la razón por la que decidimos desde que asumimos su defensa técnica transitar el proceso intentando amortiguar los golpes que el sistema prepara a las víctimas, especialmente por violencia sexual, limitándonos a requerir el inicio del debate omitiendo cualquier presentación que pudiera demorarlo", agrega la querella.
El accionar de los miembros del tribunal derivó en un debate "oral pero secreto, plagado de hostigamientos a las testigas mujeres propuestas por la denunciante-ofrecidas por la Fiscalía como por esta parte-, reproduciéndose en cada jornada los estereotipos y prejuicios que sostienen la creencia de que las mujeres que reclaman sus derechos son ‘peligrosas' y ‘violentas'. Así lo sostuvieron los abogados defensores que solicitaron custodia policial para ellos y sus defendidos".
El caso y su posterior sentencia llegó a medios nacionales y contó con el apoyo de referentes feministas, activistas y de todo un pueblo indignado. Ahora, se espera que la Justicia avance realmente para lograr que, al menos, la víctima sea escuchada.
Por Lola Sánchez
El próximo miércoles 6 de julio se llevará a cabo la audiencia de impugnación de la violación grupal ocurrida en Playa Unión en 2012, un caso emblemático que desnudó la impunidad de "Los hijos del poder" de Chubut. Así lo adelantó la abogada Verónica Heredia a El Extremo Sur. El hecho llegó a juicio casi una década más tarde, y la víctima debió exiliarse de su ciudad natal por los constantes ataques revictimizantes. El juicio se llevó a cabo en marzo de este año -tras reiteradas dilaciones-, con una sentencia absolutoria para tres imputados. Luciano Mallemaci, Leandro del Villar y Ezequiel Quintana fueron liberados de todo cargo al considerar que no existían pruebas que constataran el abuso. La querella, integrada por Verónica Heredia y Florencia Piermarini, sostiene que las Juezas Breckle, Pérez y Martini llevaron adelante un fallo misógino que desoyó y maltrató a la denunciante.
La próxima semana, la Sala Penal integrada por el Daniel Esteban Báez, Ricardo Napolitani y Camila Banfi -la primera mujer en integrar el STJ en Chubut, junto a Silvia Alejandra Bustos- decidirá si acepta la impugnación presentada por la querella, que cuenta con múltiples argumentos para explicar la falta de perspectiva de género del caso. Se trata de la última integración del STJ aprobada por la Legislatura el mismo día en que se votaba a favor de la Ley de Zonificación Minera.
Además, el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) y la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires (ABBA) presentaron Amicus Curiae.
El elemento clave será la fiscal Banfi, quien ha realizado capacitaciones en materia de género. Culminó el Curso Suprior de Violencia de Género en la Universidad de Salamanca (España) y actualmente cursa una Maestría Virtual en Género, Sociedad y Políticas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
En una entrevista con Diario Jornada a dos meses de su asunción, aseguraba que su objetivo central era "trabajar y tomar decisiones desde la perspectiva de género". Reconocía que "las desigualdades de las diferencias hacen que las mujeres estén más vulnerables" dijo.
Y ejemplificó: "Si hay mujeres imputadas, podías ver que si no trabajabas con perspectiva de género iban a ser diferentes los resultados del trabajo. En el caso de las mujeres víctimas hay todo un trabajo que hace a la sensibilidad: escucha activa, esperar que la víctima pueda relatar lo que pasó más allá del tiempo. A veces, los tiempos de las víctimas no son los que lleva el sistema judicial. La perspectiva tiene que ver con la sensibilidad. Esto se inicia en otro lugar. Cuando interviene el fiscal ya el sistema fracasó: femicidios, lesiones"
Su perspectiva podría significar una posibilidad de justicia para la víctima, aunque lo mismo se esperaba de las juezas Breckle, Pérez y Martini, a quienes confiaron un compromiso social en un momento histórico para la trayectoria judicial de la provincia, y terminaron beneficiando a los imputados.
Consultada al respecto, Verónica Heredia dijo a El Extremo Sur: "En principio, celebramos que dos mujeres están ocupando ahora el Superior Tribunal de Justicia, en la medida que esto garantiza el avance del cumplimiento de los mandatos constitucionales y convencionales en cuanto a la representatividad de las mujeres en todos los órganos de decisión, especialmente del Poder Judicial. Esto era una deuda de la democracia".
Sin embargo, recuerda que "venimos de una sentencia absolutoria dictada por tres juezas mujeres". Y remarca: "el hecho de que sean mujeres no garantiza que tengan perspectiva de género, como tampoco garantiza que no la tenga un varón". Heredia define la perspectiva de género como "un mandato constitucional y convencional, es derecho positivo vigente, no es una cuestión ideológica, es el cumplimiento de la ley", y reconoce que Breckle, Martini y Pérez no han cumplido con dichas disposiciones.
Nota relacionada: Culpar a la víctima, desprestigiar testigos y liberar violadores: las tácticas de las juezas del escándalo
"Tenemos expectativas de cómo la Jueza resolverá esta sentencia basada en prejuicios y estereotipos, tanto de la joven víctima cómo de todas las mujeres que fueron a declarar y los varones que se presentaron como víctimas en este proceso", agregó. "Realmente fue así, uno de ellos dijo ‘acá la víctima soy yo'. Y las juezas lo aceptaron. Esta sentencia dictada no puede mantenerse precisamente porque está basada íntegramente en prejuicios, en descrédito a las mujeres. Para ello está la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), la Convención Belem do Pará, la Ley 6.485, los mandatos constiticionales, el inciso 22 y 23 de la Constitución Nacional. Esta sentencia va a ser revocada y tenemos expectativas de lo que dirá la Dra. Banfi", cerró.
La vieja táctica de la revictimización
"La inobservancia a la ley de las señoras juezas, verificada durante todo el transcurso del debate -desde el 24 de febrero al 17 de marzo de 2022- y finalmente en el dictado de la sentencia, da cuenta de la parcialidad del tribunal a favor de los imputados que impidió a la víctima ser oída por un tribunal imparcial", detalla la presentación de la impugnación por parte de la querella. Sostuvieron que durante las jornadas las juezas "permitieron que los abogados defensores hostigaran a las testigas mujeres bajo la excusa del ‘contradictorio'".
"Igual excusa se verificó en el único momento que la víctima creyó que podía ser escuchada por un tribunal al ejercer su derecho previsto en el código de expresar sus últimas palabras. El trato indigno de las señoras juezas hacia la denunciante quedó plasmado en la sentencia que la culpabiliza de la absolución de los tres imputados", agrega. La decisión de no brindar una declaración formal fue una sugerencia de la querella al observar el ambiente hostil contra las mujeres que participaron del debate, así como la falta de perspectiva de género. La denunciante hizo su descargo en la etapa de las palabras finales, relato que las tres Juezas desestimaron por completo.
Nota relacionada: Historia de las juezas del escándalo: feminismo de la boca para afuera, fallos dudosos y escasa formación de género
En el texto de la impugnación se destaca la imparcialidad de Ana Karina Breckle, quién lloró frente a Mallemaci y lo favoreció en perjuicio de la denunciante "cuando hizo público su trato diferente frente a él cuando habló sin juramento de decir verdad ni sometido a contradictorio en una declaración preparada y ante ella cuando dijo sus últimas palabras interrumpidas por los abogados defensores y el tribunal. Su voto, más allá de la inobservancia a la ley como desarrollamos en el capítulo correspondiente, refleja animosidad contra la víctima y arbitraria e injustificada benevolencia hacia Mallemaci", se detalla en el documento presentado.
El argumento central apunta a la falta de perspectiva de género durante el proceso, hecho que afectó gravemente tanto a la denunciante como a las y los testigos.
"La revictimización que el proceso judicial produjo en la víctima -cambios de fechas y pericia sobre ella, resoluciones de desincriminación a los imputados, escándalo mediático- repercutió sensiblemente en su salud, agravando sus síntomas debiendo recurrir a asistencia psiquiátrica. Esta es la razón por la que decidimos desde que asumimos su defensa técnica transitar el proceso intentando amortiguar los golpes que el sistema prepara a las víctimas, especialmente por violencia sexual, limitándonos a requerir el inicio del debate omitiendo cualquier presentación que pudiera demorarlo", agrega la querella.
El accionar de los miembros del tribunal derivó en un debate "oral pero secreto, plagado de hostigamientos a las testigas mujeres propuestas por la denunciante-ofrecidas por la Fiscalía como por esta parte-, reproduciéndose en cada jornada los estereotipos y prejuicios que sostienen la creencia de que las mujeres que reclaman sus derechos son ‘peligrosas' y ‘violentas'. Así lo sostuvieron los abogados defensores que solicitaron custodia policial para ellos y sus defendidos".
El caso y su posterior sentencia llegó a medios nacionales y contó con el apoyo de referentes feministas, activistas y de todo un pueblo indignado. Ahora, se espera que la Justicia avance realmente para lograr que, al menos, la víctima sea escuchada.
