Derecho al olvido y un debate que no cierraPor Manuela Bares Peralta
A fines de la década del 90, la televisión hizo del "Caso Coppola" su principal contenido mediático y Natalia Denegri, junto a Samantha Farjat, se convirtieron en protagonistas de tapas de diarios y revistas y fueron invitadas asiduas de los programas de la tarde. Durante los últimos meses de 1996, el juez federal Hernán Bernasconi, que ya había interpuesto un pedido de captura nacional e internacional contra Guillermo Coppola, ordenó un allanamiento en su casa ubicada en el barrio de Palermo, donde supuestamente se habían encontrado más de 400 gramos de cocaína dentro de un jarrón. El operativo televisado terminó con la detención de Coppola por supuesta tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización, una acusación que lo obligó a permanecer tres meses en la cárcel.
La historia es conocida. La causa contra Coppola fue anulada y Bernasconi fue acusado de incriminar y plantar evidencias, por lo que fue removido de su cargo y condenado, mientras que, al mismo tiempo, se probó que Natalia Denegri actúo como testigo protegido en la causa contra su voluntad, bajo amenazas y extorsiones por parte del ex juez federal. De esa época, sólo quedan las anécdotas que Guillermo relata como buen cuentista y showman cuando es invitado a programas de televisión y el material de archivo que encontró acervo en internet.
El derecho a olvidar de Natalia Denegri
Su derecho a olvidar lo que pasó en la década del 90 colisionó directamente con el algoritmo de Google que continuaba indexando su nombre al caso Coppola. Cada vez que un usuario pone su nombre en el buscador se encuentra con notas y videos sobre la causa. Frente a esta situación, Denegri recurrió a la justicia argentina con el objetivo de emular una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que se obligó a Google a eliminar la indexación que vinculaba el nombre del demandante a la hemeroteca de un diario donde se hacía referencia a una deuda saldada. En esa oportunidad, la justicia española consideró que esa información dañaba el honor del demandante e instauró un procedimiento para materializar el derecho al olvido.
Denegri no buscaba eliminar los contenidos que estaban publicados en internet sino la forma que tenían los usuarios de encontrarlos. Un pedido no exento de polémica o debate, ya que si eliminamos el medio que tenemos los usuarios de tener acceso a esa información es casi como si estuviéramos dinamitando la información en sí misma. La Corte Suprema interpretó que Denegri era una figura pública, tanto en esa época como ahora, y no había argumentos suficientes para limitar el acceso a información veraz y de interés público sobre su persona. En criollo, los jueces entendieron que el derecho al olvido de Denegri se enfrentaba directamente al derecho a la libertad de expresión, es decir, al derecho que tenemos nosotros como ciudadanas y ciudadanos de informarnos, siendo los motores de búsqueda una herramienta de carácter fundamental para acceder a información y expresar datos u opiniones.
El derecho al olvido no pareciera ser un pedido fugaz, sino las raíces de un debate urgente y próximo. Vivimos conectados a internet, organizamos nuestra cotidianeidad en base a aplicaciones y con un click podemos acceder a todo tipo de información. Sobre ese presente, el ámbito jurídico está comenzando a elaborar nuevas estrategias como regulación de la esfera virtual. Más allá de la figura de Denegri, hay un tópico que está enraizado en la agenda y, a partir del cual, cabe preguntarnos: ¿qué pasaría si cualquier figura pública quisiera olvidar una situación que forma parte de la memoria emotiva y el ADN de una sociedad? Acaso, ¿podemos editar nuestro pasado colectivo?
El loop virtual que obliga a una persona a no olvidar algo que ya pasó se enfrenta directamente a nuestro derecho a saber qué pasó. Este debate, que encontró su primer antecedente jurídico el 28 de junio de 2022 en nuestro país, es el puntapié de una conversación a futuro: ¿Cuál es el rol que debería tener internet sobre el contenido que forma parte de su biblioteca virtual? ¿Podemos conocer sólo lo que otro quiere que sepamos? ¿Acaso no somos- en buena medida- lo que internet dice de nosotros?
Fuente: Agencia Paco Urondo
Por Manuela Bares Peralta
A fines de la década del 90, la televisión hizo del "Caso Coppola" su principal contenido mediático y Natalia Denegri, junto a Samantha Farjat, se convirtieron en protagonistas de tapas de diarios y revistas y fueron invitadas asiduas de los programas de la tarde. Durante los últimos meses de 1996, el juez federal Hernán Bernasconi, que ya había interpuesto un pedido de captura nacional e internacional contra Guillermo Coppola, ordenó un allanamiento en su casa ubicada en el barrio de Palermo, donde supuestamente se habían encontrado más de 400 gramos de cocaína dentro de un jarrón. El operativo televisado terminó con la detención de Coppola por supuesta tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización, una acusación que lo obligó a permanecer tres meses en la cárcel.
La historia es conocida. La causa contra Coppola fue anulada y Bernasconi fue acusado de incriminar y plantar evidencias, por lo que fue removido de su cargo y condenado, mientras que, al mismo tiempo, se probó que Natalia Denegri actúo como testigo protegido en la causa contra su voluntad, bajo amenazas y extorsiones por parte del ex juez federal. De esa época, sólo quedan las anécdotas que Guillermo relata como buen cuentista y showman cuando es invitado a programas de televisión y el material de archivo que encontró acervo en internet.
El derecho a olvidar de Natalia Denegri
Su derecho a olvidar lo que pasó en la década del 90 colisionó directamente con el algoritmo de Google que continuaba indexando su nombre al caso Coppola. Cada vez que un usuario pone su nombre en el buscador se encuentra con notas y videos sobre la causa. Frente a esta situación, Denegri recurrió a la justicia argentina con el objetivo de emular una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el que se obligó a Google a eliminar la indexación que vinculaba el nombre del demandante a la hemeroteca de un diario donde se hacía referencia a una deuda saldada. En esa oportunidad, la justicia española consideró que esa información dañaba el honor del demandante e instauró un procedimiento para materializar el derecho al olvido.
Denegri no buscaba eliminar los contenidos que estaban publicados en internet sino la forma que tenían los usuarios de encontrarlos. Un pedido no exento de polémica o debate, ya que si eliminamos el medio que tenemos los usuarios de tener acceso a esa información es casi como si estuviéramos dinamitando la información en sí misma. La Corte Suprema interpretó que Denegri era una figura pública, tanto en esa época como ahora, y no había argumentos suficientes para limitar el acceso a información veraz y de interés público sobre su persona. En criollo, los jueces entendieron que el derecho al olvido de Denegri se enfrentaba directamente al derecho a la libertad de expresión, es decir, al derecho que tenemos nosotros como ciudadanas y ciudadanos de informarnos, siendo los motores de búsqueda una herramienta de carácter fundamental para acceder a información y expresar datos u opiniones.
El derecho al olvido no pareciera ser un pedido fugaz, sino las raíces de un debate urgente y próximo. Vivimos conectados a internet, organizamos nuestra cotidianeidad en base a aplicaciones y con un click podemos acceder a todo tipo de información. Sobre ese presente, el ámbito jurídico está comenzando a elaborar nuevas estrategias como regulación de la esfera virtual. Más allá de la figura de Denegri, hay un tópico que está enraizado en la agenda y, a partir del cual, cabe preguntarnos: ¿qué pasaría si cualquier figura pública quisiera olvidar una situación que forma parte de la memoria emotiva y el ADN de una sociedad? Acaso, ¿podemos editar nuestro pasado colectivo?
El loop virtual que obliga a una persona a no olvidar algo que ya pasó se enfrenta directamente a nuestro derecho a saber qué pasó. Este debate, que encontró su primer antecedente jurídico el 28 de junio de 2022 en nuestro país, es el puntapié de una conversación a futuro: ¿Cuál es el rol que debería tener internet sobre el contenido que forma parte de su biblioteca virtual? ¿Podemos conocer sólo lo que otro quiere que sepamos? ¿Acaso no somos- en buena medida- lo que internet dice de nosotros?
Fuente: Agencia Paco Urondo
