Espionaje ilegal en Jujuy: un mamarracho jurídico de alta peligrosidad política y socialEste se hizo una nueva movilización contra la infiltración y la criminalización de las organizaciones sociales y políticas por parte de Gerardo Morales y el Poder Judicial que le obedece. Referentes "fichados" penalmente presentaron un habeas corpus colectivo. Piden la nulidad de una causa judicial plagada de irregularidades y violatoria de las leyes de Inteligencia y Seguridad Interior a manos del régimen policíaco de Juntos por el Cambio.
Como se informó en otra nota de este diario, a mediados de julio un conjunto de organizaciones sociales y políticas de Jujuy, entre ellas las que integran el Frente de Izquierda Unidad, accedieron al contenido del expediente judicial en el que queda en evidencia que, al menos desde abril, la Policía provincial se infiltra en las organizaciones (violando leyes nacionales), obtiene información y la envía la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Contra la Administración Pública N° 2, a cargo de Diego Funes.
Con esa información, el funcionario actúa "de oficio" y arma imputaciones por "asociación ilícita" y "extorsión" contra dirigentes y referentes que molestan al poder económico y político de Jujuy, empezando por el propio gobernador Gerardo Morales. Aunque, vale aclararlo, todo encaja en una campaña nacional de criminalización hacia las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, sobre todo a las que nuclean a los sectores más vulnerables con la excusa del manejo que hacen de los planes y subsidios del Estado.
Una campaña que no excluye ataques desde el Frente de Todos, entre ellos las declaraciones provocadoras de la vicepresidenta Cristina Kirchner y la repudiable propuesta de Sergio Massa de "auditar" los planes desde las universidades.
Cuando las organizaciones, junto a sus abogadas y abogados, vieron el contenido del expediente P-268131 que tramita en el Juzgado de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública a cargo del juez Rodolfo Fernández (y que "investiga" el fiscal Funes), enseguida comprobaron que el Estado provincial viola sistemáticamente dos leyes nacionales: la de Inteligencia (Ley 25.520) y la de Seguridad Interior (Ley 24.059).
También comprobaron que el proceso judicial en curso abierto por el fiscal tiene una relación estrecha con el ataque y la criminalización de las disidencias políticas y sociales que ejecuta desde hace años Gerardo Morales, que se profundizaron en los últimos meses. De hecho, a pocos días de que Funes abriera la causa, el gobernador fue entrevistado en el canal A24 de Buenos Aires, donde dijo que él restableció "el orden y la paz en Jujuy" con sus denuncias. Al mismo tiempo reivindicó "la actuación de la Justicia independiente" y anticipó que pronto habría "presos".
Los primeros detenidos cayeron horas después de esas declaraciones. Fueron Sebastián Copello del Polo Obrero y Juan Chorolque del MTR-12 de Abril, quienes fueron liberados varios días después producto de la movilización popular. Luego, el 6 de julio, se produciría una serie de 16 allanamientos a domicilios particulares de referentes, comedores y merenderos, además del secuestro de documentación y dispositivos electrónicos de referentes de esas y otras organizaciones. Todo bajo la acusación de "asociación ilícita" y "extorsión".
Modus operandi
El 31 de marzo el fiscal Funes abrió "de oficio" el expediente. Es decir que no se basó en ninguna denuncia particular ni del Poder Ejecutivo respecto a la eventual comisión de un delito por parte de una o más personas de las organizaciones. Y lo primero que hizo fue transmitir directivas al Ministerio de Seguridad de la provincia para que ordenara a la Policía infiltrarse el 1° de abril en la masiva movilización frente a la Legislatura de Jujuy, donde Morales abriría las sesiones parlamentarias del año.
La Policía se infiltró entre las columnas de las diferentes organizaciones y fotografió a sus principales dirigentes. Luego los identificó y le envió al fiscal la información obtenida. Eran dirigentes de la UTEP, del FOL, del FITU (PTS, PO, MST), del FPDS, del MRP, del Polo Obrero Tendencia, del Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki, del MTR 12 de Abril, de la ORP, de la CCC, del Movimiento Evita, entre otras. También de la CTA Autónoma, de ATE, de Ambulantes, Feriantes y Afines de Jujuy, la Intersindical de Trabajadores Estatales, del Sindicatos de Empleados y Obreros Municipales y hasta de trabajadores despedidos de Garbarino.
El fiscal "cruzó" esas identidades con todo tipo de información que se pudiera obtener de fuentes y bases de datos, tanto del Estado nacional, provincial y municipal como privadas. Fueron confeccionadas alrededor de ochenta "fichas" en las que figuran "datos electorales" (desde 2009 a 2021), "padrón AFIP", "Datos Alternativos Entretenimiento", "laboral", "cheques rechazados", "automotores", "telefonía móvil", "teléfonos de línea", "e-mail", "ingresos brutos", "sociedades históricas/actuales", "monotributo", "teléfonos laborales" y "sistema de salud" de cada persona.
También pidió al Ministerio de Seguridad que informara sobre "los antecedentes judiciales, penales, contravenciones y/o de toda índole" de gran parte de quienes figuran en las "fichas". Para la tarea (que prometía seguir durante bastante tiempo) el ministro Luis Martín (comandante mayor retirado de Gendarmería) conformó una "comisión de investigación" integrada por cinco miembros de la División Búsqueda de Personas de la Policía.
A lo largo de varios días agentes de la fuerza represiva provincial confeccionaron actas de "declaración" donde varias personas supuestamente entrevistadas por los uniformados daban nombres de referentes de organizaciones sociales. A la vez afirmaban ser o haber sido beneficiarios de planes sociales, para cuya recepción debían aportar compulsivamente a esas organizaciones. Pero, curiosamente, esas mismas personas se negaban a denunciar formalmente a quienes supuestamente las habían "extorsionado".
Paralelamente, la Policía le seguía proveyendo al fiscal Funes fotografías de domicilios particulares, locales de organizaciones políticos, sindicales y sociales, comedores y merenderos. Y hasta se transcriben "declaraciones testimoniales" y "denuncias" de personas que supuestamente se vieron perjudicadas "en el libre transitar a causa de los cortes de calle" realizados por las organizaciones.
Durante los meses de abril, mayo y junio el fiscal y la Policía fueron conformando un "mapa" de las organizaciones y sus dirigentes. Sin denuncias formales y con endebles testimonios (muchas veces calcados) de supuestas víctimas, los "prontuarios" fueron tomando forma. Prontuarios tan poco delictuales que cuesta creer que con ellos el Poder Judicial justifique siquiera la existencia de esa causa.
Sin embargo, con ese mamarracho judicial en la mano, a principios de julio Funes elevó al juez Fernández el pedido para que libre la orden de "allanamiento, registro, requisa y secuestro" de 16 domicilios ubicados en las ciudades de San Salvador de Jujuy (mayoritariamente en el populoso barrio Alto Comedero), Palpalá, Calilehua, Tilcara y Lozano.
Sin dudarlo, el juez Fernández hizo lugar al pedido del fiscal y le ordenó a la Policía de Jujuy proceder en consecuencia. Con un despliegue pocas veces visto, la mañana del miércoles 6 de julio decenas de patrulleros salieron a la caza de documentación, teléfonos celulares, notebooks, tablets, pen drives y demás elementos "de interés para la causa". Desde la Gobernación, Morales leía las crónicas periodísticas y reía satisfecho.
El Estado que viola la ley
El viernes 15 de julio las organizaciones perseguidas pudieron acceder al expediente en el que el fiscal Funes volcó toda su "investigación". Allí comprobaron con pavor el nivel de espionaje e infiltración del que habían sido víctimas. Si bien los allanamientos se hicieron sobre 16 domicilios sobre los que se decidió hacer "foco", entre las ochenta "fichas" volcadas en la causa aparecen legisladoras y legisladores, como la diputada provincial Natalia Morales (MC), el concejal de San Salvador Gastón Remy (ambos del PTS-FITU) y la concejal de Calilehua Fani Martínez (de la Tupac Amaru).
Mientras el gobernador Morales se jactaba de seguir poniendo "orden y paz" en Jujuy, quienes asumieron la defensa de las y los imputados acordaron ante todo presentar un pedido de nulidad de la causa, toda vez lo que allí figura no es más que la violación de leyes nacionales tan importantes como la 25.520 de Inteligencia y la 24.059 de Seguridad Interior. Con el agravante de que es una causa iniciada "de oficio" contra personas que no fueron denunciadas por nadie (los "testimonios" recogidos por la Policía son posteriores a la apertura del expediente y no hacen ninguna denuncia concreta).
"Están yendo a la pesca de algún delito, lo que es ilegal y por eso se tiene que archivar el expediente", dicen a La Izquierda Diario desde las organizaciones perseguidas. Y destacan que, de hecho, hay varias organizaciones espiadas que no fueron allanadas, al menos hasta el momento.
Por eso exigieron al juez y al fiscal respuestas serias sobre tamaña invención judicial al servicio de la persecución política y social. Respuestas hubo, pero la seriedad quedó para otra oportunidad. El juez Rodolfo Fernández se escudó en que confiaba en lo realizado por el fiscal. Sin embargo, les confesó a miembros de las organizaciones que no tenía mucha idea de a quiénes se allanó. De allí su "sorpresa" cuando se le informó que entre las personas allanadas estaba la concejal Martínez, quien se encuentra protegida por los fueros parlamentarios.
Por si fuera poco, quince días después de los allanamientos el magistrado hizo declaraciones en la radio Conectar de San Salvador. Además de negar que haya algún tipo de persecución a la protesta social, llegó a decir que en realidad no hubo ninguna "infiltración" sino apenas un relevamiento de información de lugares, personas y organizaciones. "El fiscal no dispuso la infiltración, lo que pasa es que la Policía interpretó otra cosa y, usando un término incorrecto, inapropiado, fue e hizo tareas investigativas", dijo su señoría creyendo sonar creíble.
Por su parte el fiscal Funes terminó reconociendo ante referentes de derechos humanos que "pudo haber algunas irregularidades" en los allanamientos, en referencia al hecho de impedir el ingreso de abogados de las organizaciones a los lugares allanados y al accionar violento de la Policía contra las personas imputadas pese a no haber existido resistencia alguna de su parte.
"¡Basta!"
"Que haya aportes voluntarios o que se tome lista no es un delito. Sin embargo a muchos referentes los están acusando de ser una ‘asociación ilícita' aplicando el artículo 210 del Código Penal, es decir una organización ilegal que se organiza para cometer delitos. Ese tipo penal que se usa es muy grave, sobre todo contra organizaciones que están legalmente reconocidas", afirma a este diario uno de los letrados que defiende a las organizaciones.
"También es muy grave lo que sabemos que van a hacer ahora, que van a entrar a ver las cuentas bancarias de algunos de los referentes. El propio fiscal lo dijo y no hizo más que autoincriminarse con eso", agregó el abogado, para quien la causa demuestra de forma cabal que la tan mentada división de poderes es "una farsa, ya que el gobernador maneja directamente al Poder Judicial como quiere"
Este martes, 28 de las personas mencionadas en la causa presentaron en los Tribunales de Jujuy un habeas corpus colectivo y preventivo. Según el escrito presentado, lo hicieron "en protección al derecho constitucional a la libertad, a la libertad de expresión y a la libertad de reunión de quienes ejercen el derecho a la protesta social".
Basándose en la larga jurisprudencia internacional, empezando por lo estipulado por propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los firmantes acusan al Estado jujeño de haber transformado desde enero de 2016 a "la filiación político-ideológica de muchos sectores de la población" en un "obstáculo" para que la sociedad pueda ejercer "los derechos y garantías más básicas del sistema constitucional".
En el habeas corpus denuncian que fueron "violentados" en sus "más elementales derechos constitucionales" ya que fueron "observados, fotografiados e infiltrados por parte del Estado provincial". Y exigen al juez que "ordene al Ministerio Público de la Acusación y a las fuerzas de seguridad provincial cesar en la amenaza y restricciones de las y los peticionantes". En ese sentido, exigen que el Estado se abstenga de realizar actos que "amenacen o perturben" su libertad de protestar, por caso, este miércoles 10 por las calles de San Salvador.
A esa presentación colectiva y preventiva se le sumará en los próximos días la denuncia formal por las nulidades del expediente y un amicus curiae que llevará la firma de diversas personalidades defensoras de los derechos humanos.
Esas acciones se enmarcan, también, en lo recientemente denunciado por la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos , conformada por varias organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y sindicales del país. Entre el 13 y el 15 de julio una delegación de esa Comisión estuvo en Jujuy. Se entrevistó con las víctimas de la persecución, también con funcionarios judiciales y periodistas.
En su informe difundido a principios de agosto, la Comisión demuestra, a través de casi sesenta casos, las diferentes vulneraciones de derechos elementales por parte del Estado jujeño contra la población. En muchos de esos casos el Estado directamente incurre en delitos, tales como espionaje ilegal, infiltraciones, allanamientos irregulares, torturas, despojo de tierras, armado de causas judiciales sin sustento y obstáculos a la debida defensa de las personas perseguidas. Todo motorizado por el gobierno de Gerardo Morales con la colaboración de fiscales y jueces.
Fuente: La Izquierda Diario
Este se hizo una nueva movilización contra la infiltración y la criminalización de las organizaciones sociales y políticas por parte de Gerardo Morales y el Poder Judicial que le obedece. Referentes "fichados" penalmente presentaron un habeas corpus colectivo. Piden la nulidad de una causa judicial plagada de irregularidades y violatoria de las leyes de Inteligencia y Seguridad Interior a manos del régimen policíaco de Juntos por el Cambio.
Como se informó en otra nota de este diario, a mediados de julio un conjunto de organizaciones sociales y políticas de Jujuy, entre ellas las que integran el Frente de Izquierda Unidad, accedieron al contenido del expediente judicial en el que queda en evidencia que, al menos desde abril, la Policía provincial se infiltra en las organizaciones (violando leyes nacionales), obtiene información y la envía la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Contra la Administración Pública N° 2, a cargo de Diego Funes.
Con esa información, el funcionario actúa "de oficio" y arma imputaciones por "asociación ilícita" y "extorsión" contra dirigentes y referentes que molestan al poder económico y político de Jujuy, empezando por el propio gobernador Gerardo Morales. Aunque, vale aclararlo, todo encaja en una campaña nacional de criminalización hacia las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, sobre todo a las que nuclean a los sectores más vulnerables con la excusa del manejo que hacen de los planes y subsidios del Estado.
Una campaña que no excluye ataques desde el Frente de Todos, entre ellos las declaraciones provocadoras de la vicepresidenta Cristina Kirchner y la repudiable propuesta de Sergio Massa de "auditar" los planes desde las universidades.
Cuando las organizaciones, junto a sus abogadas y abogados, vieron el contenido del expediente P-268131 que tramita en el Juzgado de Control en lo Penal y Delitos contra la Administración Pública a cargo del juez Rodolfo Fernández (y que "investiga" el fiscal Funes), enseguida comprobaron que el Estado provincial viola sistemáticamente dos leyes nacionales: la de Inteligencia (Ley 25.520) y la de Seguridad Interior (Ley 24.059).
También comprobaron que el proceso judicial en curso abierto por el fiscal tiene una relación estrecha con el ataque y la criminalización de las disidencias políticas y sociales que ejecuta desde hace años Gerardo Morales, que se profundizaron en los últimos meses. De hecho, a pocos días de que Funes abriera la causa, el gobernador fue entrevistado en el canal A24 de Buenos Aires, donde dijo que él restableció "el orden y la paz en Jujuy" con sus denuncias. Al mismo tiempo reivindicó "la actuación de la Justicia independiente" y anticipó que pronto habría "presos".
Los primeros detenidos cayeron horas después de esas declaraciones. Fueron Sebastián Copello del Polo Obrero y Juan Chorolque del MTR-12 de Abril, quienes fueron liberados varios días después producto de la movilización popular. Luego, el 6 de julio, se produciría una serie de 16 allanamientos a domicilios particulares de referentes, comedores y merenderos, además del secuestro de documentación y dispositivos electrónicos de referentes de esas y otras organizaciones. Todo bajo la acusación de "asociación ilícita" y "extorsión".
Modus operandi
El 31 de marzo el fiscal Funes abrió "de oficio" el expediente. Es decir que no se basó en ninguna denuncia particular ni del Poder Ejecutivo respecto a la eventual comisión de un delito por parte de una o más personas de las organizaciones. Y lo primero que hizo fue transmitir directivas al Ministerio de Seguridad de la provincia para que ordenara a la Policía infiltrarse el 1° de abril en la masiva movilización frente a la Legislatura de Jujuy, donde Morales abriría las sesiones parlamentarias del año.
La Policía se infiltró entre las columnas de las diferentes organizaciones y fotografió a sus principales dirigentes. Luego los identificó y le envió al fiscal la información obtenida. Eran dirigentes de la UTEP, del FOL, del FITU (PTS, PO, MST), del FPDS, del MRP, del Polo Obrero Tendencia, del Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki, del MTR 12 de Abril, de la ORP, de la CCC, del Movimiento Evita, entre otras. También de la CTA Autónoma, de ATE, de Ambulantes, Feriantes y Afines de Jujuy, la Intersindical de Trabajadores Estatales, del Sindicatos de Empleados y Obreros Municipales y hasta de trabajadores despedidos de Garbarino.
El fiscal "cruzó" esas identidades con todo tipo de información que se pudiera obtener de fuentes y bases de datos, tanto del Estado nacional, provincial y municipal como privadas. Fueron confeccionadas alrededor de ochenta "fichas" en las que figuran "datos electorales" (desde 2009 a 2021), "padrón AFIP", "Datos Alternativos Entretenimiento", "laboral", "cheques rechazados", "automotores", "telefonía móvil", "teléfonos de línea", "e-mail", "ingresos brutos", "sociedades históricas/actuales", "monotributo", "teléfonos laborales" y "sistema de salud" de cada persona.
También pidió al Ministerio de Seguridad que informara sobre "los antecedentes judiciales, penales, contravenciones y/o de toda índole" de gran parte de quienes figuran en las "fichas". Para la tarea (que prometía seguir durante bastante tiempo) el ministro Luis Martín (comandante mayor retirado de Gendarmería) conformó una "comisión de investigación" integrada por cinco miembros de la División Búsqueda de Personas de la Policía.
A lo largo de varios días agentes de la fuerza represiva provincial confeccionaron actas de "declaración" donde varias personas supuestamente entrevistadas por los uniformados daban nombres de referentes de organizaciones sociales. A la vez afirmaban ser o haber sido beneficiarios de planes sociales, para cuya recepción debían aportar compulsivamente a esas organizaciones. Pero, curiosamente, esas mismas personas se negaban a denunciar formalmente a quienes supuestamente las habían "extorsionado".
Paralelamente, la Policía le seguía proveyendo al fiscal Funes fotografías de domicilios particulares, locales de organizaciones políticos, sindicales y sociales, comedores y merenderos. Y hasta se transcriben "declaraciones testimoniales" y "denuncias" de personas que supuestamente se vieron perjudicadas "en el libre transitar a causa de los cortes de calle" realizados por las organizaciones.
Durante los meses de abril, mayo y junio el fiscal y la Policía fueron conformando un "mapa" de las organizaciones y sus dirigentes. Sin denuncias formales y con endebles testimonios (muchas veces calcados) de supuestas víctimas, los "prontuarios" fueron tomando forma. Prontuarios tan poco delictuales que cuesta creer que con ellos el Poder Judicial justifique siquiera la existencia de esa causa.
Sin embargo, con ese mamarracho judicial en la mano, a principios de julio Funes elevó al juez Fernández el pedido para que libre la orden de "allanamiento, registro, requisa y secuestro" de 16 domicilios ubicados en las ciudades de San Salvador de Jujuy (mayoritariamente en el populoso barrio Alto Comedero), Palpalá, Calilehua, Tilcara y Lozano.
Sin dudarlo, el juez Fernández hizo lugar al pedido del fiscal y le ordenó a la Policía de Jujuy proceder en consecuencia. Con un despliegue pocas veces visto, la mañana del miércoles 6 de julio decenas de patrulleros salieron a la caza de documentación, teléfonos celulares, notebooks, tablets, pen drives y demás elementos "de interés para la causa". Desde la Gobernación, Morales leía las crónicas periodísticas y reía satisfecho.
El Estado que viola la ley
El viernes 15 de julio las organizaciones perseguidas pudieron acceder al expediente en el que el fiscal Funes volcó toda su "investigación". Allí comprobaron con pavor el nivel de espionaje e infiltración del que habían sido víctimas. Si bien los allanamientos se hicieron sobre 16 domicilios sobre los que se decidió hacer "foco", entre las ochenta "fichas" volcadas en la causa aparecen legisladoras y legisladores, como la diputada provincial Natalia Morales (MC), el concejal de San Salvador Gastón Remy (ambos del PTS-FITU) y la concejal de Calilehua Fani Martínez (de la Tupac Amaru).
Mientras el gobernador Morales se jactaba de seguir poniendo "orden y paz" en Jujuy, quienes asumieron la defensa de las y los imputados acordaron ante todo presentar un pedido de nulidad de la causa, toda vez lo que allí figura no es más que la violación de leyes nacionales tan importantes como la 25.520 de Inteligencia y la 24.059 de Seguridad Interior. Con el agravante de que es una causa iniciada "de oficio" contra personas que no fueron denunciadas por nadie (los "testimonios" recogidos por la Policía son posteriores a la apertura del expediente y no hacen ninguna denuncia concreta).
"Están yendo a la pesca de algún delito, lo que es ilegal y por eso se tiene que archivar el expediente", dicen a La Izquierda Diario desde las organizaciones perseguidas. Y destacan que, de hecho, hay varias organizaciones espiadas que no fueron allanadas, al menos hasta el momento.
Por eso exigieron al juez y al fiscal respuestas serias sobre tamaña invención judicial al servicio de la persecución política y social. Respuestas hubo, pero la seriedad quedó para otra oportunidad. El juez Rodolfo Fernández se escudó en que confiaba en lo realizado por el fiscal. Sin embargo, les confesó a miembros de las organizaciones que no tenía mucha idea de a quiénes se allanó. De allí su "sorpresa" cuando se le informó que entre las personas allanadas estaba la concejal Martínez, quien se encuentra protegida por los fueros parlamentarios.
Por si fuera poco, quince días después de los allanamientos el magistrado hizo declaraciones en la radio Conectar de San Salvador. Además de negar que haya algún tipo de persecución a la protesta social, llegó a decir que en realidad no hubo ninguna "infiltración" sino apenas un relevamiento de información de lugares, personas y organizaciones. "El fiscal no dispuso la infiltración, lo que pasa es que la Policía interpretó otra cosa y, usando un término incorrecto, inapropiado, fue e hizo tareas investigativas", dijo su señoría creyendo sonar creíble.
Por su parte el fiscal Funes terminó reconociendo ante referentes de derechos humanos que "pudo haber algunas irregularidades" en los allanamientos, en referencia al hecho de impedir el ingreso de abogados de las organizaciones a los lugares allanados y al accionar violento de la Policía contra las personas imputadas pese a no haber existido resistencia alguna de su parte.
"¡Basta!"
"Que haya aportes voluntarios o que se tome lista no es un delito. Sin embargo a muchos referentes los están acusando de ser una ‘asociación ilícita' aplicando el artículo 210 del Código Penal, es decir una organización ilegal que se organiza para cometer delitos. Ese tipo penal que se usa es muy grave, sobre todo contra organizaciones que están legalmente reconocidas", afirma a este diario uno de los letrados que defiende a las organizaciones.
"También es muy grave lo que sabemos que van a hacer ahora, que van a entrar a ver las cuentas bancarias de algunos de los referentes. El propio fiscal lo dijo y no hizo más que autoincriminarse con eso", agregó el abogado, para quien la causa demuestra de forma cabal que la tan mentada división de poderes es "una farsa, ya que el gobernador maneja directamente al Poder Judicial como quiere"
Este martes, 28 de las personas mencionadas en la causa presentaron en los Tribunales de Jujuy un habeas corpus colectivo y preventivo. Según el escrito presentado, lo hicieron "en protección al derecho constitucional a la libertad, a la libertad de expresión y a la libertad de reunión de quienes ejercen el derecho a la protesta social".
Basándose en la larga jurisprudencia internacional, empezando por lo estipulado por propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los firmantes acusan al Estado jujeño de haber transformado desde enero de 2016 a "la filiación político-ideológica de muchos sectores de la población" en un "obstáculo" para que la sociedad pueda ejercer "los derechos y garantías más básicas del sistema constitucional".
En el habeas corpus denuncian que fueron "violentados" en sus "más elementales derechos constitucionales" ya que fueron "observados, fotografiados e infiltrados por parte del Estado provincial". Y exigen al juez que "ordene al Ministerio Público de la Acusación y a las fuerzas de seguridad provincial cesar en la amenaza y restricciones de las y los peticionantes". En ese sentido, exigen que el Estado se abstenga de realizar actos que "amenacen o perturben" su libertad de protestar, por caso, este miércoles 10 por las calles de San Salvador.
A esa presentación colectiva y preventiva se le sumará en los próximos días la denuncia formal por las nulidades del expediente y un amicus curiae que llevará la firma de diversas personalidades defensoras de los derechos humanos.
Esas acciones se enmarcan, también, en lo recientemente denunciado por la Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos , conformada por varias organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y sindicales del país. Entre el 13 y el 15 de julio una delegación de esa Comisión estuvo en Jujuy. Se entrevistó con las víctimas de la persecución, también con funcionarios judiciales y periodistas.
En su informe difundido a principios de agosto, la Comisión demuestra, a través de casi sesenta casos, las diferentes vulneraciones de derechos elementales por parte del Estado jujeño contra la población. En muchos de esos casos el Estado directamente incurre en delitos, tales como espionaje ilegal, infiltraciones, allanamientos irregulares, torturas, despojo de tierras, armado de causas judiciales sin sustento y obstáculos a la debida defensa de las personas perseguidas. Todo motorizado por el gobierno de Gerardo Morales con la colaboración de fiscales y jueces.
Fuente: La Izquierda Diario
