Luego de ocho meses en prisión, el pasado viernes Ana recuperó la libertad, gracias a la lucha de colectivos feministas y abogadas comprometidas con la perspectiva de género. La mujer fue imputada en 2021 por "homicidio doblemente calificado agravado por el vínculo y alevosía" tras un aborto espontáneo, convirtiéndose en una de las tantas mujeres argentinas que estuvo presa por una emergencia obstétrica.
La defensa estuvo a cargo de Natalia Avalos, junto al acompañamiento de Verónica Heredia, y contó con la participación fundamental de la doctora Stella Manzano. El juicio se llevó adelante el 5 de agosto en el Tribunal Penal Oral de Goya (Corrientes). El fallo absolutorio se dispuso por "insuficiencia probatoria" y la mujer de 30 años, madre de dos hijos, fue liberada.
En diálogo con El Extremo Sur, Heredia repasó el caso y sostuvo que sin pruebas contundentes "la acusación estuvo direccionada directamente a la culpabilizar a Ana". Reconoció, además, la valentía de sus colegas, en un caso que evoca el histórico fallo F.A.L en Chubut, que ratificó la legalidad de la causal por violación para la interrupción del embarazo propuesta en el Código Penal de 1921.
%u203C%uFE0FSi hay muerte intrauterina no hay homicidio porque hubo un aborto %u2696%uFE0F Hacer un juicio oral sólo para castigar moralmente es misógino %u2705Criminalizan abortos con figuras penales más graves para disciplinar %uD83D%uDD25#NiUnaPresaPorAbortar#LibresLasQueremoshttps://t.co/hlHo8L6YHu
"Los prejuicios y estereotipos de una sociedad altamente machista, clasista y religiosa rodearon todo el proceso que mantuvo a Ana, una joven de 30 años con dos hijos, de extrema vulnerabilidad, privada de su libertad desde el 10 de noviembre de 2021 hasta el 5 de agosto de 2022 en la Provincia de Corrientes", resumió Heredia.
Se trató de una imputación irregular, rodeada de prejuicios y un ambiente de "Inquisición" que mantuvo a Ana presa durante ocho meses bajo el supuesto delito de "homicidio agravado por el vínculo" por una emergencia obstétrica, con la Ley 26.210 plenamente vigente.
Proceso judicial irregular, nulidades y abuso de autoridad
"El 10 de noviembre el fiscal [Javier Mosquera], sin orden judicial, fue a buscar a Ana a su casa, la trasladó hasta el Hospital de la ciudad de Esquina, la hizo revisar por el médico policial, y, por el estado de salud de Ana, quedó internada. Dos días después, Ana salió del Hospital para ingresar a la Comisaría de Esquina donde estuvo presa dos días hasta que recién, el 14 de noviembre pudo hablar con un abogado", relata la letrada.
El fiscal requisó a la mujer, allanó su domicilió, levantó el feto en el patio de su casa, realizó la autopsia y lo entregó para que sea enterrado, todo esto "sin orden judicial y mientras Ana se encontraba internada y luego presa, sin acceder a asistencia jurídica".
Por otra parte, Heredia advierte que el fiscal no contaba con un ADN que corroborara que el feto encontrado tuviese vínculo con Ana: "Cómo sostuvo la mayoría del tribunal que la absolvió, la acusación estuvo direccionada directamente a la culpabilizar a Ana."
Los jueces determinaron que durante el proceso no existió otra línea de investigación que no culpabilizara a la mujer.
En noviembre del 2021, Mosquera imputó a la mujer por "homicidio culposo doblemente agravado por el vínculo y la alevosía", bajo la sospecha de que ella había matado a su bebé. El juez de Garantías Gustavo Vallejos, por su parte, acompañó la decisión y solicitó prisión preventiva de 180 días por riesgo de fuga.
"La imputación fue homicidio agravado que es la acusación por excelencia contra las mujeres desde que se eliminó el infanticidio. Ésta es la acusación contra todas las mujeres que sufren eventos obstétricos", apuntó Heredia, a lo cual se suma un proceso "plagado de nulidades y abuso de autoridad" a raíz de su "extrema vulnerabilidad económica y familiar".
"Lo de Corrientes no fue un aborto. No sé por qué lo repiten la mayoría de los medios. Fue un parto domiciliario con feto muerto. Tristísimo para las que lo sufren", precisó la médica chubutense Stella Manzano en sus redes sociales.
"En 2020 hubo 4100 partos de fetos muertos en hospitales. A ellas no las pueden acusar de asesinas, pero si ocurre en la casa y la mujer es pobre, siempre quieren apresarla de por vida, acusándolas de homicidio agravado por el vínculo", agregó y dijo que "fue inculpada con técnicas del siglo XIX. Para Ana no hubo ADN; ni realización de estudios histopatológicos siquiera. Sólo una ficción absurda sostenida por el fiscal y la forense oficial; a pesar de existir sólidas evidencias en contra".
"Hubo tanta misoginia y ensañamiento como pocas veces ví", escribió Manzano: "Nunca debió estar presa 9 meses; pero ayer dos jueces penales de Goya hicieron justicia por fin".
"Yo sé que hay muchas mujeres que están en la misma situación, tenemos que ayudarlas también y luchar por ellas" expresó por su parte Ana el pasado viernes, al salir en libertad, minutos antes de partir a su hogar.
Fallo F.A.L y la presencia de las chubutenses
El juicio evocó al histórico fallo F.A.L, un proceso judicial iniciado por la madre de una adolescente víctima de violación, cuyo acceso a una interrupción del embarazo fue negado. El caso obligó a la Corte Suprema a reconocer que el aborto por violación es legal desde 1921 en el Código Penal. En ambas ocasiones, la abogada Verónica Heredia y la doctora Stella Manzano acompañaron a las víctimas.
"Recuerdo cuando acompañé a Sandra Grilli, la abogada del caso FAL, en sus presentaciones judiciales, era su primer caso civil en el que presentaba recursos ordinarios y extraordinarios", relató Heredia. "En los dos casos se trató de abogadas que no tenían experiencia pero tenían el convencimiento de lo que debían hacer. Ambas estudiosas, comprometidas en lo jurídico pero sobre todo en el vínculo con las mujeres", agregó.
"La valentía y la convicción de ambas, les permitió romper todas las barreras y trampas que el sistema propone. También el imprescindible acompañamiento de organizaciones y movimientos feministas, tanto en la ciudad y provincia, como a nivel nacional", reconoció.
También destacó la presencia de Stella Manzano: "En el caso FAL, Manzano fue quien cumplió la sentencia del Superior Tribunal de Justicia del Chubut que ordenaba el aborto de la niña, porque en la ciudad de Comodoro Rivadavia todos los médicos y médicas alegaron objeción de conciencia. En el caso de Ana, Manzano advirtió que carecía de defensa técnica y convocó a Natalia Avalos".
La Inquisición en los Tribunales
El acceso al aborto es desigual entre provincias, especialmente a raíz de la presencia de la Iglesia, uno de los actores "anti-derechos" que más ha presionado para que la Ley 27.610 no se aprobara.
Provincias enteras que se declaran provida y pueblos marginados con una fuerte influencia religiosa obstaculizan el acceso de niñas y mujeres a este derecho. Corrientes, Jujuy, Salta y Tucumán registran numerosos casos de violación de la normativa, partos forzados y violencia obstétrica.
Heredia describió el ambiente judicial que se vivió durante el proceso y explicó: "Hay provincias en las que la Iglesia tiene más influencia que en otras, y obviamente hay en ellas más prejuicios que dificultan la aplicación de la ley 27.610. Por ejemplo, en la página oficial del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes se muestran fotos con un enorme crucifijo en la pared."
"Cuando fui a la audiencia de control de la acusación en el tribunal de Esquina, me impactó ver un altar de la Virgen Santa Rita. Sentí que ingresaba a la inquisición", relató la abogada.
Casi 2 mil mujeres con causas judiciales
Un caso paradigmático que también fue recordado durante el juicio contra Ana fue el de Belén, una joven tucumana condenada sin pruebas y en medio de un sinfín de irregularidades por un aborto espontáneo, "crimen" por el cual pasó dos años en la cárcel. Salió libre en 2017, gracias al movimiento feminista y la presión de los organismos internacionales.
Al igual que Ana, fue imputada por "homicidio agravado por el vínculo" tras ingresar a una guardia por una hemorragia vaginal.
"Este fallo imparte una doble justicia: para el caso de Belén y para todas las mujeres que no quieren ser madres y que se enfrentan de forma voluntaria o espontánea a un aborto. Creo que este fallo alienta a que las mujeres vayan a la salud pública porque no van a salir presas", comentaba Soledad Deza, abogada de la joven cuando esta salió en libertad.
No obstante, y pese a la sanción que despenaliza el aborto hasta la semana 12, se calcula que todavía existen alrededor de 1500 mujeres con causas penales por aborto en 17 provincias. Así lo afirma un estudio elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales que monitorea las causas desde 2012.
Revela que, en su mayoría, las mujeres criminalizadas "son pobres, sin trabajo remunerado, con hijas e hijos, que viven en condiciones habitacionales precarias. Es decir, ya habían vivido la falta de acceso a derechos".
También se encontró que la mayoría de las mujeres criminalizadas no accedió a una defensa particular, sino que fueron representadas por la defensa oficial, al tiempo que hallaron "muchas violaciones de sus garantías al debido proceso".
Sobre este punto se explayó Gladis Hanke, integrante del Comité Provincial contra la Tortura de Corrientes y de MEDEHS (Memoria, Derechos Humanos y Solidaridad) Goya: "Presentaron a Ana como si fuera una persona muy peligrosa y para nada es así. Se las acusa como si fueran homicidas, por eso pedimos que se juzgue el caso con perspectiva de género, teniendo en cuenta cuál es la situación de una mujer en estas circunstancias: con un feto que nace sin vida, cuando nadie la asiste, cuando vive en medio de la pobreza y de las necesidades. Son mujeres en situación de mucha vulnerabilidad económica, social y familiar".
Para Heredia, al igual que para muchas activistas comprometidas con el acceso de las mujeres a la salud, la Ley no elimina la criminalización ni garantiza su instrumentalización absoluta: "Las mujeres siempre están en riesgo frente al derecho penal: cuando denuncian no se les creen porque son somos ‘mentirosas y especuladoras', y cuando se las acusan se las condenan por ser ‘biblicamente culpables'. La sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos ‘Dobbs v. Jackson Women's Health Organization' del 24 de junio pasado, que derogó los principios establecidos en ‘Roe vs. Wade' y ‘Planned Parenthood vs. Casey' significó un gran retroceso en el reconocimiento al derecho a la autonomía y libertades de las mujeres y personas gestantes que reavivan a los sectores más retrógrados de nuestra sociedad".
"Por eso debemos seguir luchando por cada derecho que conquistamos y para que efectivamente se cumplan. Aún hay mujeres hoy en Argentina presas por abortar", sentenció la abogada.
Más de veinte organizaciones de Derechos Humanos celebraron la libertad de Ana y expresaron: "Estas asignaturas pendientes nos exigen seguir la lucha en defensa de los derechos de las mujeres en esta sociedad autoritaria y patriarcal dónde siguen habiendo mujeres encarceladas por emergencias obstétricas. Sigamos luchando para que nunca más una mujer sea encarcelada y/o juzgada por una emergencia obstétrica y la justicia cumpla con su deber de ser equitativa y defensora de los derechos humanos especialmente de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad."
