Con la excusa de reducir el déficit fiscal, el Gobierno nacional avanza en la segmentación de tarifas y ajustará sobre el bolsillo de los trabajadores y la clase media, cumpliendo con los mandatos del FMI. Sin embargo, mientras achica los subsidios energéticos para la población sigue subsidiando a las empresas petroleras. Esos fondos van direccionados a cumplir con el frustrado sueño de Vaca Muerta. En una década el Estado subsidió a las petroleras con 12.600 millones de dólares, mientras que en paralelo de desplomó la producción de gas natural convencional y subió la de no convencional. A pesar de tamaños subsidios a las empresas, la extracción de gas solamente aumentó un 2,7% y además se importaron 31.100 millones de dólares en gas. Las políticas para Vaca Muerta han sido un rotundo fracaso y ahora el costo lo pagarán los consumidores de energía.
Las políticas energéticas de los últimos diez años han estado esencialmente dirigidas al desarrollo de los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta. Con la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía ese proceso no solamente se mantendrá, sino que se profundizará con más subsidios e inversiones estatales de las que se valen las compañías privadas.
Se asegura fácilmente que con la producción de gas no convencional se podrá abastecer nuevamente al mercado interno, se ahorrarán 2.200 millones de dólares en importaciones y se podrán generar otros miles de dólares con la producción excedente. Hasta el momento nada de eso sucedió, a pesar de haberse desembolsado un volumen significativo de recursos que -como gustan decir los mediáticos liberales- "sale de la nuestra".
En contrapartida Chubut y la Cuenca del Golfo San Jorge siguen siendo perjudicadas por las decisiones que se toman a nivel nacional, ya que las inversiones de las empresas se corren rápidamente hacia la Cuenca Neuquina para aprovechar los subsidios. Mientras tanto los profundos problemas energéticos del país siguen sin solucionarse.
Lo que será aún peor es que la energía aumentará su costo drásticamente para los consumidores, en especial para los trabajadores y la clase media que muy posiblemente pase a pagar los servicios sin subsidios y deba destinar una porción aún más grande de sus sueldos en medio de un galopante proceso inflacionario.
Massismo sin grietas y con millonarios subsidios
Desde 2012 y hasta 2021 el Estado nacional destinó 11.548 millones de dólares en concepto de subsidios directos a las empresas petroleras y gasíferas con el propósito declarado de desarrollar Vaca Muerta.
Si se agregan las proyecciones de este 2022 la cifra ascenderá a los 12.609 millones de dólares en concepto de subsidios, que en un país hundido en la pobreza y la inflación fueron a parar a las manos de poderosos empresarios del sector petrolero.
Massa anunció desde Neuquén esta semana una serie de medidas que vuelven a beneficiar al sector empresario y entre ellas se destacan la continuidad de los subsidios del Plan Gas.Ar -posiblemente su ampliación con el Plan Gas 5-, la libre disponibilidad de dólares por parte de las compañías -entre un 30 y un 40% de lo que exporten- y la posibilidad de efectuar importaciones sin restricciones a través de un "canal verde".
La totalidad de los subsidios energéticos nacionales representaron para el Estado un gasto de 128.522 millones de dólares y la mayoría de esos fondos estuvieron destinados a subsidiar el consumo de energía eléctrica a través de CAMMESA; pero casi el 10% en promedio fue direccionado hacia las empresas petroleras.
Sin grieta para las petroleras
Sin la famosa grieta que divide a oficialistas y opositores en los últimos diez años, con administraciones peronistas y macristas, la aspiradora de los subsidios a las petroleras se transformó en uno de los más rotundos fracasos en materia energética.
El 9,8% de todos los subsidios que destinó el Estado en materia de energía fue a parar a manos de poderosos grupos empresarios y una década más tarde Vaca Muerta apenas incrementó sus niveles de producción en detrimento del gas existente en el resto de los yacimientos convencionales del país.
Lejos en el horizonte aparece la posibilidad de alcanzar el autoabastecimiento gracias a los hidrocarburos no convencionales y menos aún se observa en el panorama la chance de transformar a la Argentina en un país exportador de gas con fuerte incidencia mundial.
Mientras los precios de los commodities internacionales siguen por las nubes el Gobierno nacional desaprovecha la oportunidad de aumentar sus ingresos para hacerse fuerte en sus arcas y al mismo tiempo acumular reservas, pero en paralelo sigue destinando miles de millones de dólares para la producción y desarrollo de infraestructura -como los 2.600 millones de dólares necesarios que saldrán del Estado para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner- en Vaca Muerta.
Hasta 2015 los subsidios a las petroleras representaron un promedio del 8,5% de todos los subsidios energéticos. Sobre un total de 44.594 millones de dólares en subsidios totales, a las petroleras le correspondieron 3.812 millones entre los años 213 y 2015.
Con la llegada del macrismo las proporciones se inclinaron mucho más en favor de las empresas y promediaron el 24,8% de todos los subsidios. Mientras la gestión de Mauricio Macri achicó los subsidios a consumidores de esta energía a los 33.204 millones de dólares, los destinados a las petroleras subieron a los 8.242 millones entre los años 2016 y 2019.
Ahora con la gestión de Alberto Fernández y el Frente de Todos los subsidios a la energía significarán -sumando las proyecciones para este 2022- un total de 38.532 millones de dólares y a las empresas del sector le van a corresponder 3.192 millones.
En este período se observa claramente la continuidad de una política energética en favor de las empresas. Afectada la economía por la crisis económica heredada desde 2018, con los efectos de la pandemia y las imposiciones de recorte del gasto público que dictó el Fondo Monetario Internacional -con la famosa página 13 de ajustes exigidos-, el gobierno buscó la forma de seguir subsidiando a las petroleras. Es por eso que destinó 632 millones de dólares originados como parte del impuesto a las grandes fortunas que recaudó de manera única y extraordinaria en el 2021.
Las proyecciones para este 2022 están efectuadas en base a los datos publicados por la Asociación Argentina de Presupuesto Público (ASAP), donde se determinó que hasta el primer semestre se había ejecutado el 47,2% de todos los subsidios energéticos; pero que en el caso del Plan Gas Resolución 46 había sido del 85% y en el del Plan Gas IV el 13%.
Nuevamente se quedarán con el 8,2% de los subsidios energéticos totales, siempre y cuando no disminuya bruscamente el subsidio a los usuarios por la segmentación y se incremente el de las empresas tras anuncios de Massa para la segunda mitad del año.
El récord de subsidios lo logró Macri en 2016 con un total de 2.919 millones de dólares y el segundo montó más abultado correspondió al año pasado cuando la administración de Alberto Fernández les dio a las petroleras 1.524 millones de dólares en subsidios.
Muchos subsidios para altas importaciones
La abultada cantidad de fondos que el Estado nacional destinó al sector empresario no se tradujo en una reducción drástica de las importaciones de gas, ni tampoco en un aumento notable de la producción gasífera nacional.
A pesar de tamaña cantidad de subsidios empresarios, las importaciones de gas siguieron impactando fuertemente en las arcas del Estado nacional y en una década se debieron usar 31.360 millones de dólares para importar gas natural de Bolivia y gas licuado trasladado por barcos.
Si se suman los 4.500 millones de dólares que se gestarían en importaciones en este 2022, la cifra total asciende a los 35.860 millones de dólares para traer el gas que no se produce en el país.
El pico de importaciones de gas se produjo en el 2014 con 75.210 millones de Barriles Equivalentes de Petróleo (BOE según la sigla en inglés) comprados en el exterior y que representaron un gasto de 5.889 millones de dólares a pesar de haberse concretado dos años de subsidios a las petroleras.
Luego esas magnitudes en volumen y dólares fueron declinando, pero no se debió al tanto al incremento de la producción sino mas bien al menor consumo de gas producto de los tarifazos y la crisis económica que fue paralizando al país en los años subsiguientes.
Inclusive el rebote económico del 2021 no hizo que las importaciones llegaran a los niveles anteriores a la pandemia y la crisis desatada en el 2018, aunque en este 2022 la disparada de los precios internacionales del gas llevaría las importaciones a una cifra cercana a los 4.500 millones de dólares.
Lo cierto es que más allá de los abultados subsidios a la producción en Vaca Muerta, el país debió seguir importando gas en proporciones importantes generando un desbalance de dólares y en las cuentas públicas.
Fueron 4.948 millones de dólares de importaciones de gas en promedio durante el kirchnerismo de Cristina, para luego descender a los 2.060 millones durante el macrismo y serán cerca de los 2.600 millones en estos tres años del Frente de Todos.
Si bien las importaciones bajaron considerablemente en los últimos seis años, en este 2022 pegaron un salto que las volvieron a ubicar en los peores niveles del cristinismo y rondarían los 4.500 millones de dólares; pero en el medio se dilapidaron más de 12.600 millones de dólares en subsidios que supuestamente eran para aumentar la producción gasífera y así bajar las importaciones. Nada de eso sucedió.
Una pila de subsidios para conseguir solo un 2,7% más de gas
Una de las claves que muestra el rotundo fracaso de las políticas implementadas en diez años para fomentar Vaca Muerta se observa en el nivel de producción de gas.
Cuando arrancaron los subsidios a las petroleras en el 2012 el país producía 263 millones de BOE en gas natural, de los cuales 95% correspondían a los yacimientos convencionales y sólo un 5% a los no convencionales.
Lentamente los yacimientos convencionales, inclusive los localizados en la Cuenca Neuquina como el de Loma La Lata, fueron perdiendo terreno frente a los no convencionales de Vaca Muerta.
En el 2021 se extrajeron 271 millones de BOE y la suba respecto del 2012 apenas fue del 2,7% en nueve años de producción subsidiada a las compañías por parte del Estado, esa variación fue de apenas 7,2 millones de BOE y con 11.548 millones de dólares volcados por los gobiernos a la extracción de gas no convencional en Vaca Muerta.
El gran cambio se observa el pasado ya que cerró con un 53% de producción gasífera convencional y el 47% restante correspondió a la no convencional, pero en números globales la extracción sigue siendo casi la misma que hace una década atrás.
En este 2022 la tendencia se ha invertido el gas no convencional ya representa el 53% de todo lo producido en el país, profundizándose el desequilibrio con las cuencas y yacimientos maduras de los convencionales que apenas aportaron el 47%.
El desempeño de las petroleras no se tradujo en un crecimiento significativo la producción gasífera nacional, sino que para aprovechar los subsidios estatales desplazaron sus inversiones y sus planes extractivos a Vaca Muerta en detrimento de los yacimientos de gas convencional que perdieron la mitad del terreno que ocupaban por no estar subsidiados por el Estado.
Es de esperar que con la sostenimiento de los subsidios estatales a las petroleras y con las nuevas obras de infraestructura como el gasoducto, las compañías sigan volcando sus inversiones y planes productivos hacia Vaca Muerta porque allí es donde obtienen mayores beneficios; no solo por los subsidios sino también por las condiciones de flexibilización laboral que se aplican en los yacimientos no convencionales y que en ocasiones han generado multiplicidad de obreros muertos y accidentados en esas áreas productivas.
Párrafo aparte merecen los pueblos originarios arrasados por el extractivismo depredador y los constantes sacudones tectónicos que producen los temblores de la tierra en las poblaciones que se encuentran cercanas al mega yacimiento de hidrocarburos no convencional.
Vaca Muerta es hasta el momento una clara y contundente expresión de la década perdida, esencialmente para el Estado, aunque no así para las petroleras.
Los gobiernos dilapidaron 12.609 millones de dólares subsidiando la producción no convencional, pero los niveles totales de gas aumentaron apenas un 2,7% en diez años. Ahora se suman las cuantiosas inversiones estatales en obras de infraestructura y la continuidad de los subsidios estatales que posiblemente tomen aún más fuerza, pero las suculentas ganancias seguirán quedando en manos del capital privado. Ahí el FMI no exige ajuste y deja correr los subsidios del Estado que generan el tan criticado "gasto público".
Eso sí, el ajuste con la segmentación y aumento de las tarifas recaerá sobre los trabajadores y la clase media que deberán arreglárselas como puedan, ya sea consumiendo menos o usando más dinero para pagar tarifas que ya no estarán subsidiadas.
La lógica capitalista y extractivista sigue en pie
desde Macri a Fernández, quienes dejan de lado cualquier grieta en su política energética. Paralelamente el Estado hace el consabido papel de "bobo" para continuar utilizando miles de millones de dólares en sostenimiento y desarrollo de un proyecto productivo que después de diez años solo ha dejado fracasos que pagan todos los argentinos.
