Carriqueo: "Si no hay decisión política, no se aplican los derechos"Tras la renuncia de Magdalena Odarda a la presidencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, reflexionó sobre la función de ese organismo y señaló que, a su entender, la problemática va más allá de quién ocupe el cargo.
"El INAI tiene una dificultad muy grande desde el principio, que es que se trata de un instituto nacional, es decir que es un rango muy bajo para discutir los derechos indígenas con cualquier gobernador dentro de este federalismo", apreció.
Así, el werken recordó que el organismo "nació en 1985" y consideró: "Fue con mucho esfuerzo de las comunidades, pero creo que quizá habría que pensar en algún otro instrumento de mayor peso dentro de la política nacional".
A pesar de esas palabras, planteó reparos: "Igual, me queda la duda, porque, más allá de los nombres y de las instituciones, si no hay decisión política, no se aplican los derechos".
"Los pueblos originarios en la Argentina y en Latinoamérica hemos sido sometidos a un genocidio, somos un grupo vulnerable de la sociedad, y todavía intentan corrernos de los territorios", manifestó, para luego continuar: "Insisto en que hay una gravedad que no tiene que ver con los nombres del instituto ni con la calidad del organismo, sino que vemos que se está preparando el escenario para la criminalización del pueblo mapuche".
Cabe recordar que Carriqueo lleva adelante el rol de werken desde 2017. En aquel año, Jimena Psathakis asumió como titular del instituto. "Con ella fue una discusión constante", recordó el representante mapuche.
"No quería reconocer el derecho indígena. Asumió la presidencia del INAI para avalar la represión, y eso se vio claramente cuando se sentaba en la mesa de diálogo", afirmó Carriqueo, quien calificó la relación con Psathakis como "muy mala".
En cuanto al papel que llevó adelante Odarda, sostuvo: "Su gestión fue buena. Acompañó a muchos conflictos, no solo en Río Negro, también en Chubut; esa era su función".
A la vez, apuntó: "En lo personal, siempre le planteé que debería haber tenido más trabajo con las organizaciones del territorio, y eso no sucedió".
"Esa es la principal crítica, así como, algunas veces, la injerencia en el territorio por encima de la organización", explicó.
En cuanto a Analía Noriega, escogida para reemplazar a Odarda, señaló: "La conozco por su labor en la Fundación Napalpí, ha trabajado mucho por el juicio por la verdad en Chaco (se llevó adelante este año y declaró crímenes de lesa humanidad lo que ocurrió en la llamada Masacre de Napalpí, una matanza cometida el 19 de julio de 1924 por fuerzas policiales nacionales, con participación de civiles, a miembros de las comunidades qom y moqoit que se encontraban protestando por mejores condiciones de vida y laborales, en el paraje El Aguará, en cercanías de la reducción aborigen Napalpí), y he tenido algunas conversaciones porque trabajó en el área de relevamientos".
Pero, en cualquier caso, una vez más, como conclusión, manifestó que la cuestión va más allá de los nombres.
"Lo más grave es que el Estado se apreste a criminalizar y a avanzar con la violencia", finalizó.
Fuente: El Cordillerano
Tras la renuncia de Magdalena Odarda a la presidencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), el werken (vocero) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, reflexionó sobre la función de ese organismo y señaló que, a su entender, la problemática va más allá de quién ocupe el cargo.
"El INAI tiene una dificultad muy grande desde el principio, que es que se trata de un instituto nacional, es decir que es un rango muy bajo para discutir los derechos indígenas con cualquier gobernador dentro de este federalismo", apreció.
Así, el werken recordó que el organismo "nació en 1985" y consideró: "Fue con mucho esfuerzo de las comunidades, pero creo que quizá habría que pensar en algún otro instrumento de mayor peso dentro de la política nacional".
A pesar de esas palabras, planteó reparos: "Igual, me queda la duda, porque, más allá de los nombres y de las instituciones, si no hay decisión política, no se aplican los derechos".
"Los pueblos originarios en la Argentina y en Latinoamérica hemos sido sometidos a un genocidio, somos un grupo vulnerable de la sociedad, y todavía intentan corrernos de los territorios", manifestó, para luego continuar: "Insisto en que hay una gravedad que no tiene que ver con los nombres del instituto ni con la calidad del organismo, sino que vemos que se está preparando el escenario para la criminalización del pueblo mapuche".
Cabe recordar que Carriqueo lleva adelante el rol de werken desde 2017. En aquel año, Jimena Psathakis asumió como titular del instituto. "Con ella fue una discusión constante", recordó el representante mapuche.
"No quería reconocer el derecho indígena. Asumió la presidencia del INAI para avalar la represión, y eso se vio claramente cuando se sentaba en la mesa de diálogo", afirmó Carriqueo, quien calificó la relación con Psathakis como "muy mala".
En cuanto al papel que llevó adelante Odarda, sostuvo: "Su gestión fue buena. Acompañó a muchos conflictos, no solo en Río Negro, también en Chubut; esa era su función".
A la vez, apuntó: "En lo personal, siempre le planteé que debería haber tenido más trabajo con las organizaciones del territorio, y eso no sucedió".
"Esa es la principal crítica, así como, algunas veces, la injerencia en el territorio por encima de la organización", explicó.
En cuanto a Analía Noriega, escogida para reemplazar a Odarda, señaló: "La conozco por su labor en la Fundación Napalpí, ha trabajado mucho por el juicio por la verdad en Chaco (se llevó adelante este año y declaró crímenes de lesa humanidad lo que ocurrió en la llamada Masacre de Napalpí, una matanza cometida el 19 de julio de 1924 por fuerzas policiales nacionales, con participación de civiles, a miembros de las comunidades qom y moqoit que se encontraban protestando por mejores condiciones de vida y laborales, en el paraje El Aguará, en cercanías de la reducción aborigen Napalpí), y he tenido algunas conversaciones porque trabajó en el área de relevamientos".
Pero, en cualquier caso, una vez más, como conclusión, manifestó que la cuestión va más allá de los nombres.
"Lo más grave es que el Estado se apreste a criminalizar y a avanzar con la violencia", finalizó.
Fuente: El Cordillerano
