El CEO de Benetton profundiza el racismo antimapuche junto a ClarínAgustín Dranovsky tiene 42 años. Es la máxima autoridad de la Compañía de Tierras Sud Argentino Limitado, fundada en 1889 y propiedad de la familia Benetton desde 1991. Tomó el mando en 2019, entusiasmado por el desafío de producir en la Patagonia y por continuar el legado de Diego Perazzo, su antecesor en el puesto, y Carlo Benetton, fallecido en 2018. Pronto supo que no sólo tendría la responsabilidad de llevar adelante el frente productivo, diverso y apasionante, sino que además debería lidiar con un hecho indisociable: la cuestión mapuche. Dranovsky gestiona las 900 mil hectáreas que poseen en la Argentina, donde además existen tres usurpaciones de tierras por parte de grupos pertenecientes a pueblos originarios que la Justicia no termina de resolver.
La juventud de Dranovsky, casado, padre de dos nenas, es impactante, pero no habla de una carrera breve. Comenzó en el Banco HSBC. Luego pasó a Grupo Bermejo, donde estuvo 12 años. Desde 2012, como CEO. Sentía que había cumplido un ciclo. En paralelo, la CTSA inició un proceso de reestructuración. Llegaron a él. "Acepté el desafío", señala.
-¿Conoció a Carlo Benetton?
-Sí, antes de fallecer él, en 2018. A partir de ese hecho, cambió la relación entre Argentina y Edizione, que es el holding de la familia Benetton en Italia. Cambia la época: del manejo de Carlo y Perazzo a esta nueva etapa. Arranqué en abril de 2019.
-Cuando Benetton llega al país en los '90 decía que lo hacía para integrar verticalmente su producción, de la materia primera al producto final, de la lana al pulóver, ¿sigue siendo así?
-Sí, es así. La familia llega a la Argentina en los '80, compra campos en Buenos Aires. Luego por la lana que consumía la firma textil en Europa llegan a Estancia Leleque en Chubut. Compran la Compañía de Tierras. Una compañía de producción integrada por empleados y activos argentinos. Y se creció mucho. Se creció hacia Santa Cruz. Se incorporó el frigorífico Faimali, en Río Gallegos, que acaba de hacer la primera exportación de la historia de carne ovina argentina a Japón y sigue abriendo mercados. Tenemos además un proyecto forestal muy avanzado.
-¿Cuánta tierra tienen hoy en la Argentina?
-Son 900 mil hectáreas en Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Buenos Aires. Pero hay que hacer una aclaración. La Patagonia es hostil para producir. Un productor necesita para subsistir alrededor de 4 o 5 mil ovejas. Para eso, por lo menos necesitás 20 mil hectáreas. Las dimensiones muchas veces, si no se conoce la zona, se leen de modo distorsionado.
-¿Cuántos empleados tienen?
-En los picos de trabajo, 550 personas. En momentos de menor nivel, unas 300. Y además contratamos mucho servicio tercerizado en las comunidades donde trabajamos.
-¿Cómo los afectó el coronavirus?
-Nos llevó en términos de administración a una digitalización más profunda. Nos afectó en el frigorífico porque en Brasil y Europa el consumo de cordero cayó. Y tuvimos que armar esquemas de trabajo en las estancias para mantener el orden, la calidad de vida, la higiene, algo que ya era un legado, pero que lo intensificamos más. Además cayó 50% el precio de la lana y eso va a ser duro.
-¿Cuánto invierten por año en la Argentina?
-Entre sueldos, impuestos, compras, unos 19 millones dólares cada año. En servicios contratados, alrededor de 5 millones de dólares que van a la zona donde producimos.
- ¿Por dónde empezaría a contar los conflictos mapuches que tiene la CTSA?
-La compañía arrancó en 1889. Hasta 1975 estuvo en manos extranjeras. Luego pasó a tres familias argentinas que le venden a Benetton en 1991. De ahí hasta 2002 no hubo ningún conflicto con pueblos originarios. Incluso, la CTSA es previa a la creación de la reserva pastoril Cushamen, una comunidad vecina con la que convivimos perfectamente. Por ejemplo, hay 28 familias que tienen llave para abrir y cerrar tranqueras y usar los caminos internos de las estancias para llegar a la ruta asfaltada.
-¿Cuánto empleados mapuches tienen?
-El 65% de los empleados son de origen mapuche. Son lazos de muchos años. La magnitud que tenemos como organización nos obliga a colaborar en la comunidad de modo permanente. Puede haber cuestiones ideológicas diferentes, pero eso no impide que haya lazos de armonía.
-Pero aparecieron los reclamos.
-Tenemos en este momento tres usurpaciones. Una, la de Curñanco, empezó en 2002. La Justicia ordenó el desalojo y se recuperó el predio pero esta misma familia volvió a usurpar el lote, que se llama Santa Rosa. Y hay una nueva sentencia firme que dice que el predio pertenece a la compañía y corresponde el desalojo. Pero no se puede ejecutar porque en el 2006 se sanciona la ley de emergencia de comunidades indígenas que impide los desalojos hasta que no se realice un censo de comunidades. Y eso se viene prorrogando. Vence de nuevo en 2021.
-Esa familia alega preexistencia ancestral.
-Sí, esa es su argumentación, pero la Justicia probó que ese lote pertenece a CTSA. La Compañía debió presentar toda la documentación correspondiente, sobre límites y otras cuestiones.
-Esos títulos muchas veces han sido objetados por su antigüedad. Es un argumento de las comunidades. ¿Han conseguido mensurar adecuadamente los límites?
-Ese trabajo está hecho desde el año 2000. Esas mensuras son sobre las que se calcula el impuesto inmobiliario que luego pagamos. Los alambrados se ajustaron en función de eso y han pasado la revisión de más de un juez porque al tener tres usurpaciones esa prueba es fundamental.
-¿Está la RAM dentro de alguna de sus estancias?
-En el año 2015, con un actitud muy violenta, ingresa la RAM en el lote Vuelta del Río, de Estancia Leleque. A partir de ahí se suceden un montón de hechos de violencia: terminan en 62 denuncias. Cinco muy graves porque prendieron fuego cinco puestos. En tres había empleados con sus familias. A un puestero le hicieron simulacro de fusilamiento. A otro lo mantuvieron horas en el agua en pleno invierno. A otro, con hijos chiquitos, le pegaron y luego incendiaron el puesto. En el puesto Retamo hubo un enfrentamiento con el puestero, que se defendió. Y muchos episodios de abigeato, corte de alambrados, se hallaron cueros con la marca de compañía. Muchas denuncias que hicimos están archivadas. Y esta gente sigue ahí.
-¿La Justicia qué dice?
-Nosotros necesitamos que la Justicia se pronuncie. Por todo esto de Vuelta del Río, la gente cambió su forma de vincularse con la Compañía. Los empleados empezaron a tener miedo. No se animan a alejarse del puesto porque su familia queda adentro. A partir de 2015 a muchos de los empleados de Cordillera les cambió el foco: debieron empezar a preocuparse por su seguridad.
-Y con la llegada del nuevo Gobierno, ¿notan que cambió la valoración de este tipo de conflictos por la tierra?
-Para nosotros, la Justicia tiene que resolver este problema que termina siendo una traba para la producción y las inversiones. Una anécdota: la toma de la RAM fue en marzo de 2015. El primer allanamiento se hizo 14 meses después. Detienen a 8 personas, entre ellas a Facundo Jones Huala. Hallan armas de fuego, miguelitos, elementos de sabotaje. Y liberan a todos los detenidos, salvo a Jones Huala, porque no los pueden vincular con la usurpación que ocurrió 14 meses antes. Pero además, les permiten fijar domicilio en el lugar de la usurpación. Por eso necesitamos que la Justicia resuelva esta cuestión. Nosotros solo sabemos y nos gusta producir.
-¿Conocen a las personas que están ocupando ese predio? ¿Saben quiénes son?
-No, porque andan encapuchados. Y también tratamos de que ningún empleado se exponga. A uno de nuestros capataces, sobre la ruta 40, le arrojaron una bomba molotov que por suerte no explotó. Lo primero hoy es preservar la seguridad de los que trabajan en la compañía.
-¿Cómo viven el recrudecimiento de los conflictos: Villa Mascardi, El Bolsón y recientemente Esquel, ya muy cerca de ustedes?
-Es lo que pasa cuando no se resuelve de la manera correcta. Si la Justicia hubiese actuado preservando los derechos de propiedad, tal vez esto no pasaba. Lo que pasa ahora no se puede ver como hechos aislados. Está todo encadenado. Nosotros tenemos tres usurpaciones: 2002, 2015 y 2019. Pero a partir de 2015, todo se agravó. Podés no compartir la idea del capitalismo o tener una cuestión con Benetton porque es grande, pero la realidad es que acá se está violando un derecho. Todavía estamos a tiempo de trabajarlo y generar prevención.
-En Chile el tiempo parece agotado...
-Por eso, habrás visto el nivel de violencia que tienen estos hechos en Chile. Estamos a tiempo de trabajar para evitarlo, para que no siga escalando la violencia.
-Su Compañía figura dentro del territorio de la "Nación Mapuche" que buscan forjar grupos radicalizados como la RAM y la CAM, en Chile.
-A nosotros nos constan los problemas que tenemos a diario y que terminan siendo un obstáculo para la producción. Está cuestión de querer generar una nación mapuche está presente, pero creemos que es una problemática que nos excede y que amerita una solución. Pero lo que nos atañe a nosotros es algo que tiene que ver con la seguridad de nuestros empleados. Quieren vivir en paz y es eso.
-¿Hay mapuches que temen de otros mapuches?
-No lo tengo tan claro. Nuestros empleados vieron cómo prendían fuego sus puestos o cómo le hacían simulacro de fusilamiento a un compañero. O se roban vacas sustraídas de Leleque. O la violencia en la ruta 40. No quieren vivir así. Pero es difícil no poder darles tranquilidad cien por cien.
-¿Alguna vez Benetton pensó en irse del país por estos problemas?
-No me consta. Lo que me consta es que tenemos distintos proyectos de inversión. Diez mil hectáreas forestadas. Proyectamos instalar una industria acorde para aprovechar esa materia prima y comerciar con el mundo. Queremos seguir adelante con eso. Argentina tiene una oportunidad enorme en el sector forestal. Pero necesitamos seguridad jurídica para avanzar.
-Pero ¿cómo convive con la idea de seguridad jurídica la declaración de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, cuando dice que las tomas no son delito?
-La lectura que hacemos es de vuelta en la Justicia. Más allá de lo que pueda opinar un funcionario, nosotros estamos inmersos en una situación judicial. No podemos pedirle a la política que intervenga la Justicia. Creemos en la división de poderes.
-Pero dialogan con la política, supongo.
-Dialogo hay, pero por la magnitud del negocio y hablamos de eso. Pero sabemos que los funcionarios saben lo que pasa acá, porque tiene repercusión mediática. De todos modos, nuestro reclamo es a través de la Justicia.
Agustín Dranovsky tiene 42 años. Es la máxima autoridad de la Compañía de Tierras Sud Argentino Limitado, fundada en 1889 y propiedad de la familia Benetton desde 1991. Tomó el mando en 2019, entusiasmado por el desafío de producir en la Patagonia y por continuar el legado de Diego Perazzo, su antecesor en el puesto, y Carlo Benetton, fallecido en 2018. Pronto supo que no sólo tendría la responsabilidad de llevar adelante el frente productivo, diverso y apasionante, sino que además debería lidiar con un hecho indisociable: la cuestión mapuche. Dranovsky gestiona las 900 mil hectáreas que poseen en la Argentina, donde además existen tres usurpaciones de tierras por parte de grupos pertenecientes a pueblos originarios que la Justicia no termina de resolver.
La juventud de Dranovsky, casado, padre de dos nenas, es impactante, pero no habla de una carrera breve. Comenzó en el Banco HSBC. Luego pasó a Grupo Bermejo, donde estuvo 12 años. Desde 2012, como CEO. Sentía que había cumplido un ciclo. En paralelo, la CTSA inició un proceso de reestructuración. Llegaron a él. "Acepté el desafío", señala.
-¿Conoció a Carlo Benetton?
-Sí, antes de fallecer él, en 2018. A partir de ese hecho, cambió la relación entre Argentina y Edizione, que es el holding de la familia Benetton en Italia. Cambia la época: del manejo de Carlo y Perazzo a esta nueva etapa. Arranqué en abril de 2019.
-Cuando Benetton llega al país en los '90 decía que lo hacía para integrar verticalmente su producción, de la materia primera al producto final, de la lana al pulóver, ¿sigue siendo así?
-Sí, es así. La familia llega a la Argentina en los '80, compra campos en Buenos Aires. Luego por la lana que consumía la firma textil en Europa llegan a Estancia Leleque en Chubut. Compran la Compañía de Tierras. Una compañía de producción integrada por empleados y activos argentinos. Y se creció mucho. Se creció hacia Santa Cruz. Se incorporó el frigorífico Faimali, en Río Gallegos, que acaba de hacer la primera exportación de la historia de carne ovina argentina a Japón y sigue abriendo mercados. Tenemos además un proyecto forestal muy avanzado.
-¿Cuánta tierra tienen hoy en la Argentina?
-Son 900 mil hectáreas en Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Buenos Aires. Pero hay que hacer una aclaración. La Patagonia es hostil para producir. Un productor necesita para subsistir alrededor de 4 o 5 mil ovejas. Para eso, por lo menos necesitás 20 mil hectáreas. Las dimensiones muchas veces, si no se conoce la zona, se leen de modo distorsionado.
-¿Cuántos empleados tienen?
-En los picos de trabajo, 550 personas. En momentos de menor nivel, unas 300. Y además contratamos mucho servicio tercerizado en las comunidades donde trabajamos.
-¿Cómo los afectó el coronavirus?
-Nos llevó en términos de administración a una digitalización más profunda. Nos afectó en el frigorífico porque en Brasil y Europa el consumo de cordero cayó. Y tuvimos que armar esquemas de trabajo en las estancias para mantener el orden, la calidad de vida, la higiene, algo que ya era un legado, pero que lo intensificamos más. Además cayó 50% el precio de la lana y eso va a ser duro.
-¿Cuánto invierten por año en la Argentina?
-Entre sueldos, impuestos, compras, unos 19 millones dólares cada año. En servicios contratados, alrededor de 5 millones de dólares que van a la zona donde producimos.
- ¿Por dónde empezaría a contar los conflictos mapuches que tiene la CTSA?
-La compañía arrancó en 1889. Hasta 1975 estuvo en manos extranjeras. Luego pasó a tres familias argentinas que le venden a Benetton en 1991. De ahí hasta 2002 no hubo ningún conflicto con pueblos originarios. Incluso, la CTSA es previa a la creación de la reserva pastoril Cushamen, una comunidad vecina con la que convivimos perfectamente. Por ejemplo, hay 28 familias que tienen llave para abrir y cerrar tranqueras y usar los caminos internos de las estancias para llegar a la ruta asfaltada.
-¿Cuánto empleados mapuches tienen?
-El 65% de los empleados son de origen mapuche. Son lazos de muchos años. La magnitud que tenemos como organización nos obliga a colaborar en la comunidad de modo permanente. Puede haber cuestiones ideológicas diferentes, pero eso no impide que haya lazos de armonía.
-Pero aparecieron los reclamos.
-Tenemos en este momento tres usurpaciones. Una, la de Curñanco, empezó en 2002. La Justicia ordenó el desalojo y se recuperó el predio pero esta misma familia volvió a usurpar el lote, que se llama Santa Rosa. Y hay una nueva sentencia firme que dice que el predio pertenece a la compañía y corresponde el desalojo. Pero no se puede ejecutar porque en el 2006 se sanciona la ley de emergencia de comunidades indígenas que impide los desalojos hasta que no se realice un censo de comunidades. Y eso se viene prorrogando. Vence de nuevo en 2021.
-Esa familia alega preexistencia ancestral.
-Sí, esa es su argumentación, pero la Justicia probó que ese lote pertenece a CTSA. La Compañía debió presentar toda la documentación correspondiente, sobre límites y otras cuestiones.
-Esos títulos muchas veces han sido objetados por su antigüedad. Es un argumento de las comunidades. ¿Han conseguido mensurar adecuadamente los límites?
-Ese trabajo está hecho desde el año 2000. Esas mensuras son sobre las que se calcula el impuesto inmobiliario que luego pagamos. Los alambrados se ajustaron en función de eso y han pasado la revisión de más de un juez porque al tener tres usurpaciones esa prueba es fundamental.
-¿Está la RAM dentro de alguna de sus estancias?
-En el año 2015, con un actitud muy violenta, ingresa la RAM en el lote Vuelta del Río, de Estancia Leleque. A partir de ahí se suceden un montón de hechos de violencia: terminan en 62 denuncias. Cinco muy graves porque prendieron fuego cinco puestos. En tres había empleados con sus familias. A un puestero le hicieron simulacro de fusilamiento. A otro lo mantuvieron horas en el agua en pleno invierno. A otro, con hijos chiquitos, le pegaron y luego incendiaron el puesto. En el puesto Retamo hubo un enfrentamiento con el puestero, que se defendió. Y muchos episodios de abigeato, corte de alambrados, se hallaron cueros con la marca de compañía. Muchas denuncias que hicimos están archivadas. Y esta gente sigue ahí.
-¿La Justicia qué dice?
-Nosotros necesitamos que la Justicia se pronuncie. Por todo esto de Vuelta del Río, la gente cambió su forma de vincularse con la Compañía. Los empleados empezaron a tener miedo. No se animan a alejarse del puesto porque su familia queda adentro. A partir de 2015 a muchos de los empleados de Cordillera les cambió el foco: debieron empezar a preocuparse por su seguridad.
-Y con la llegada del nuevo Gobierno, ¿notan que cambió la valoración de este tipo de conflictos por la tierra?
-Para nosotros, la Justicia tiene que resolver este problema que termina siendo una traba para la producción y las inversiones. Una anécdota: la toma de la RAM fue en marzo de 2015. El primer allanamiento se hizo 14 meses después. Detienen a 8 personas, entre ellas a Facundo Jones Huala. Hallan armas de fuego, miguelitos, elementos de sabotaje. Y liberan a todos los detenidos, salvo a Jones Huala, porque no los pueden vincular con la usurpación que ocurrió 14 meses antes. Pero además, les permiten fijar domicilio en el lugar de la usurpación. Por eso necesitamos que la Justicia resuelva esta cuestión. Nosotros solo sabemos y nos gusta producir.
-¿Conocen a las personas que están ocupando ese predio? ¿Saben quiénes son?
-No, porque andan encapuchados. Y también tratamos de que ningún empleado se exponga. A uno de nuestros capataces, sobre la ruta 40, le arrojaron una bomba molotov que por suerte no explotó. Lo primero hoy es preservar la seguridad de los que trabajan en la compañía.
-¿Cómo viven el recrudecimiento de los conflictos: Villa Mascardi, El Bolsón y recientemente Esquel, ya muy cerca de ustedes?
-Es lo que pasa cuando no se resuelve de la manera correcta. Si la Justicia hubiese actuado preservando los derechos de propiedad, tal vez esto no pasaba. Lo que pasa ahora no se puede ver como hechos aislados. Está todo encadenado. Nosotros tenemos tres usurpaciones: 2002, 2015 y 2019. Pero a partir de 2015, todo se agravó. Podés no compartir la idea del capitalismo o tener una cuestión con Benetton porque es grande, pero la realidad es que acá se está violando un derecho. Todavía estamos a tiempo de trabajarlo y generar prevención.
-En Chile el tiempo parece agotado...
-Por eso, habrás visto el nivel de violencia que tienen estos hechos en Chile. Estamos a tiempo de trabajar para evitarlo, para que no siga escalando la violencia.
-Su Compañía figura dentro del territorio de la "Nación Mapuche" que buscan forjar grupos radicalizados como la RAM y la CAM, en Chile.
-A nosotros nos constan los problemas que tenemos a diario y que terminan siendo un obstáculo para la producción. Está cuestión de querer generar una nación mapuche está presente, pero creemos que es una problemática que nos excede y que amerita una solución. Pero lo que nos atañe a nosotros es algo que tiene que ver con la seguridad de nuestros empleados. Quieren vivir en paz y es eso.
-¿Hay mapuches que temen de otros mapuches?
-No lo tengo tan claro. Nuestros empleados vieron cómo prendían fuego sus puestos o cómo le hacían simulacro de fusilamiento a un compañero. O se roban vacas sustraídas de Leleque. O la violencia en la ruta 40. No quieren vivir así. Pero es difícil no poder darles tranquilidad cien por cien.
-¿Alguna vez Benetton pensó en irse del país por estos problemas?
-No me consta. Lo que me consta es que tenemos distintos proyectos de inversión. Diez mil hectáreas forestadas. Proyectamos instalar una industria acorde para aprovechar esa materia prima y comerciar con el mundo. Queremos seguir adelante con eso. Argentina tiene una oportunidad enorme en el sector forestal. Pero necesitamos seguridad jurídica para avanzar.
-Pero ¿cómo convive con la idea de seguridad jurídica la declaración de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, cuando dice que las tomas no son delito?
-La lectura que hacemos es de vuelta en la Justicia. Más allá de lo que pueda opinar un funcionario, nosotros estamos inmersos en una situación judicial. No podemos pedirle a la política que intervenga la Justicia. Creemos en la división de poderes.
-Pero dialogan con la política, supongo.
-Dialogo hay, pero por la magnitud del negocio y hablamos de eso. Pero sabemos que los funcionarios saben lo que pasa acá, porque tiene repercusión mediática. De todos modos, nuestro reclamo es a través de la Justicia.
