A 30 años de la privatización menemista de YPF que convirtió a Argentina en una colonia energéticaEl jueves 22 de septiembre se cumplieron 30 años de la privatización de YPF producida en 1992, que constituyó el fracaso más perjudicial que se produjo en el terreno político y energético en la Argentina desde el retorno de la democracia. Todos los gobiernos provinciales se transformaron en cómplices del gobierno nacional para la liquidación de la que fuera la mayor empresa estatal del país y la región latinoamericana. Tres décadas más tarde el país no logró recuperar la soberanía energética, quedó a merced de los capitales privados internacionales y sistemáticamente tropezó con la misma piedra. Los recursos naturales no renovables dejaron de ser una propiedad del Estado que podía utilizarlos en beneficio del pueblo y son pensados como un producto de exportación para la obtención de dólares. Argentina se convirtió en los últimos 30 años en una clásica colonia energética y con el actual impulso de Vaca Muerta ese proceso se ahondará todavía más.
Sacar conclusiones sobre lo sucedido en materia energética en la Argentina desde la privatización de YPF es una de las tareas fundamentales para romper con la lógica hegemónica que domina el ideario de la clase dirigente política en el país, pero además debiera permitir diseñar un modelo productivo y de desarrollo diametralmente opuesto al imperante desde hace más de 30 años.
Hoy los recursos naturales no renovables se han transformado en una mercancía de utilidad casi exclusiva para el empresariado privado en función de la enorme rentabilidad que ofrecen.
La idea del extractivismo voraz prácticamente sin intervención del Estado se ha impuesto y colonizado a la dirigencia política y sindical. Su máxima expresión es la subvención al capital privado con fondos estatales para que desarrollen sus planes de inversión, explotación y ampliación de la infraestructura.
En el olvido quedaron las ideas desarrollistas del país con una industria pesada y energética sólida que posibilitara no solamente atender y resolver las demandas y problemas internos, sino que además es el capital privado quien decide y comenda los ritmos de producción para quedarse con la mayor porción de la renta de los hidrocarburos que son propiedad del Estado.
Si ni siquiera se piensa en un proyecto desarrollista, menos aún se proyecta un esquema de nacionalización y estatización de la industria petrolera que le posibilite al país y al Estado avanzar en la solución de problemáticas de fondos y poder disponer de esa renta que hoy es privada.
Treinta años después de la privatización de YPF -con el aval, la connivencia o la complicidad de todo el espectro político dirigente- el Estado se convirtió en mero gerente que administra el Estado y se mueve al ritmo de los designios de los intereses privados.
Todo el esquema imperante en la actualidad se asemeja a la colonización con sus formas más modernas, pero además la dirigencia asumió las ideas del colonizado y se conforma con ser el más moderado y cumplidor administrador de las necesidades del capital privado.
Aunque suene brutal, Argentina es saqueada desde hace 30 años en materia energética, aunque el saqueo no se observe como tal. La colonización se instaló también en las cabezas de los obreros del sector.
Hace poco más de una década hubo avances en sentido contrario, pero esa respuesta orgánica y propositiva de la clase se fue esfumando y transformando en espasmódica. La llamada "paz social" y la conciliación de clases en medio de un aumento de la explotación y la flexibilización laboral se convirtieron en objetivos finales. Un petrolero todavía puede vivir más o menos bien, aunque en cada viaje al yacimiento deje parte de su vida y su futuro.
Las muestras de rebeldía solamente se producen por un aumento salarial o -en casos extremos-ante la muerte trágica de obreros, como sucedió esta semana a la refinaría neuquina.
El menemismo y los gobernadores
Todos los sectores de la política cumplieron su papel nefasto en la privatización de YPF. El menemismo comandó el proceso desde el Gobierno nacional, pero los gobernadores aportaron su enorme esfuerzo para que YPF dejara de ser estatal y se transformara en un botín a tomar por los privados.
Gobernadores peronistas, radicales y de partidos provinciales hicieron lo imposible para que ese 22 de septiembre de 1992 se sancionara la Ley 24145 que liquidaría a la YPF del Estado. A cambio recibirían millones de dólares por regalías mal liquidadas que oxigenaron sus gestiones.
Entre ellos asoman los nombres de tres piezas claves en el andamiaje privatista, como el radical chubutense Carlos Maestro; el peronista santacruceño Néstor Kirchner; el neuquino Jorge Sobisch del MPN. A ellos se sumaron todos que conformaron desde 1984 la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).
En la actualidad ni el propio peronismo/kirchnerismo se propone algo distinto con la media YPF estatizada. El pensamiento dominante es el continuismo privatista con el agregado de los subsidios estatales sin que se modifique la rentabilidad privada.
Vaca Muerta es el más claro ejemplo de cómo el proceso se desarrolla en el tiempo. El Estado subsidia a las gigantescas empresas petroleras, avanza la concreción de las obras de infraestructura con fondos estatales y en el mejor de los casos es la nueva YPF quien se queda con una porción de esa renta. Sin embargo, su esquema de funcionamiento y razonamiento no difiere en casi al de las demás operadoras.
Mosconi y el pasado
Argentina jamás fue un país petrolero, sino una nación con petróleo y gas. El proceso encabezado por Enrique Mosconi fue una excepción, porque se discutió con los trusts la propiedad de los yacimientos, pero también se compartió la rentabilidad con el capital privado más allá de que el Estado lideraba.
Actualmente aún existen más de casi 10 millones de argentinos sin acceso en sus viviendas al gas natural, pero esa no es la prioridad del gobierno. Su mira está puesta en desarrollar Vaca Muerta para así poder sumar un nuevo complejo exportador que le permita obtener las divisas que faltan en el Banco Central. Claro que ni una parte de esos dólares serán para hacer las redes de gas domiciliario, sino para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
Esa es la lógica imperante, la que se mantiene o inclusive se profundiza con los opositores al gobierno con aspiraciones de poder.
Las lecciones de la privatización de YPF no se inscriben solamente en el terreno energético, sino que desnudan una realidad imperante que se avizora como irreversible ante la doble conjunción de colonización y modelos de gerenciamiento dependiente.
Revertir ese panorama no es sencillo pero tampoco imposible, pero no forma parte de la agenda actual de la política.
El jueves 22 de septiembre se cumplieron 30 años de la privatización de YPF producida en 1992, que constituyó el fracaso más perjudicial que se produjo en el terreno político y energético en la Argentina desde el retorno de la democracia. Todos los gobiernos provinciales se transformaron en cómplices del gobierno nacional para la liquidación de la que fuera la mayor empresa estatal del país y la región latinoamericana. Tres décadas más tarde el país no logró recuperar la soberanía energética, quedó a merced de los capitales privados internacionales y sistemáticamente tropezó con la misma piedra. Los recursos naturales no renovables dejaron de ser una propiedad del Estado que podía utilizarlos en beneficio del pueblo y son pensados como un producto de exportación para la obtención de dólares. Argentina se convirtió en los últimos 30 años en una clásica colonia energética y con el actual impulso de Vaca Muerta ese proceso se ahondará todavía más.
Sacar conclusiones sobre lo sucedido en materia energética en la Argentina desde la privatización de YPF es una de las tareas fundamentales para romper con la lógica hegemónica que domina el ideario de la clase dirigente política en el país, pero además debiera permitir diseñar un modelo productivo y de desarrollo diametralmente opuesto al imperante desde hace más de 30 años.
Hoy los recursos naturales no renovables se han transformado en una mercancía de utilidad casi exclusiva para el empresariado privado en función de la enorme rentabilidad que ofrecen.
La idea del extractivismo voraz prácticamente sin intervención del Estado se ha impuesto y colonizado a la dirigencia política y sindical. Su máxima expresión es la subvención al capital privado con fondos estatales para que desarrollen sus planes de inversión, explotación y ampliación de la infraestructura.
En el olvido quedaron las ideas desarrollistas del país con una industria pesada y energética sólida que posibilitara no solamente atender y resolver las demandas y problemas internos, sino que además es el capital privado quien decide y comenda los ritmos de producción para quedarse con la mayor porción de la renta de los hidrocarburos que son propiedad del Estado.
Si ni siquiera se piensa en un proyecto desarrollista, menos aún se proyecta un esquema de nacionalización y estatización de la industria petrolera que le posibilite al país y al Estado avanzar en la solución de problemáticas de fondos y poder disponer de esa renta que hoy es privada.
Treinta años después de la privatización de YPF -con el aval, la connivencia o la complicidad de todo el espectro político dirigente- el Estado se convirtió en mero gerente que administra el Estado y se mueve al ritmo de los designios de los intereses privados.
Todo el esquema imperante en la actualidad se asemeja a la colonización con sus formas más modernas, pero además la dirigencia asumió las ideas del colonizado y se conforma con ser el más moderado y cumplidor administrador de las necesidades del capital privado.
Aunque suene brutal, Argentina es saqueada desde hace 30 años en materia energética, aunque el saqueo no se observe como tal. La colonización se instaló también en las cabezas de los obreros del sector.
Hace poco más de una década hubo avances en sentido contrario, pero esa respuesta orgánica y propositiva de la clase se fue esfumando y transformando en espasmódica. La llamada "paz social" y la conciliación de clases en medio de un aumento de la explotación y la flexibilización laboral se convirtieron en objetivos finales. Un petrolero todavía puede vivir más o menos bien, aunque en cada viaje al yacimiento deje parte de su vida y su futuro.
Las muestras de rebeldía solamente se producen por un aumento salarial o -en casos extremos-ante la muerte trágica de obreros, como sucedió esta semana a la refinaría neuquina.
El menemismo y los gobernadores
Todos los sectores de la política cumplieron su papel nefasto en la privatización de YPF. El menemismo comandó el proceso desde el Gobierno nacional, pero los gobernadores aportaron su enorme esfuerzo para que YPF dejara de ser estatal y se transformara en un botín a tomar por los privados.
Gobernadores peronistas, radicales y de partidos provinciales hicieron lo imposible para que ese 22 de septiembre de 1992 se sancionara la Ley 24145 que liquidaría a la YPF del Estado. A cambio recibirían millones de dólares por regalías mal liquidadas que oxigenaron sus gestiones.
Entre ellos asoman los nombres de tres piezas claves en el andamiaje privatista, como el radical chubutense Carlos Maestro; el peronista santacruceño Néstor Kirchner; el neuquino Jorge Sobisch del MPN. A ellos se sumaron todos que conformaron desde 1984 la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI).
En la actualidad ni el propio peronismo/kirchnerismo se propone algo distinto con la media YPF estatizada. El pensamiento dominante es el continuismo privatista con el agregado de los subsidios estatales sin que se modifique la rentabilidad privada.
Vaca Muerta es el más claro ejemplo de cómo el proceso se desarrolla en el tiempo. El Estado subsidia a las gigantescas empresas petroleras, avanza la concreción de las obras de infraestructura con fondos estatales y en el mejor de los casos es la nueva YPF quien se queda con una porción de esa renta. Sin embargo, su esquema de funcionamiento y razonamiento no difiere en casi al de las demás operadoras.
Mosconi y el pasado
Argentina jamás fue un país petrolero, sino una nación con petróleo y gas. El proceso encabezado por Enrique Mosconi fue una excepción, porque se discutió con los trusts la propiedad de los yacimientos, pero también se compartió la rentabilidad con el capital privado más allá de que el Estado lideraba.
Actualmente aún existen más de casi 10 millones de argentinos sin acceso en sus viviendas al gas natural, pero esa no es la prioridad del gobierno. Su mira está puesta en desarrollar Vaca Muerta para así poder sumar un nuevo complejo exportador que le permita obtener las divisas que faltan en el Banco Central. Claro que ni una parte de esos dólares serán para hacer las redes de gas domiciliario, sino para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
Esa es la lógica imperante, la que se mantiene o inclusive se profundiza con los opositores al gobierno con aspiraciones de poder.
Las lecciones de la privatización de YPF no se inscriben solamente en el terreno energético, sino que desnudan una realidad imperante que se avizora como irreversible ante la doble conjunción de colonización y modelos de gerenciamiento dependiente.
Revertir ese panorama no es sencillo pero tampoco imposible, pero no forma parte de la agenda actual de la política.
