Las entidades rurales de Chubut volvieron a la carga con un proyecto de ley que busca reducir 85% el impuesto Inmobiliario Rural, un tributo que no pagaron durante 20 años y que desde que se restableció hace unos dos años solamente pagó el 5% de los terratenientes. Los ruralistas se quejan de manera constante, argumentan estar siempre en "crisis terminal" y aspiran a que se les reduzca lo poco que comenzaron a pagar en 2021. Lo llamativo es que el reclamo del llamado "campo" -donde muy pocas manos concentran muchas hectáreas, como publicó El Extremo Sur- fue tomado como propio por el gobierno de Mariano Arcioni, que presentó un proyecto legislativo con la misma argumentación de los terratenientes. No es la primera vez que este gobierno busca bajar impuestos a un sector con lobby poderoso. Una situación similar se dio con el Fondo Ambiental Provincia (FAP), que debían pagar las compañías pesqueras y se derogó con el aval de la Legislatura.
La imagen es comparable a la de un Estado bobo, que se presenta de manera sumisa ante los poderosos -y no tanto- con intereses en la provincia y actúa en consecuencia. En esta oportunidad los quejosos son los ruralistas del campo chubutense, quienes tras estar 20 años de ser eximidos en el pago del impuesto Inmobiliario Rural ahora buscan que el mismo se reduzca a un porcentaje todavía más absurdo de lo que resulta en la actualidad.
Los gobernantes son administradores de la cosa pública y deben velar por el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, porque los fondos que administran son los que se generan con los impuestos que pagan los contribuyentes y los que surgen de la explotación de los recursos naturales existentes en la provincia; que claramente son propiedad del Estado y se concesionan al sector privado para su explotación.
Sin embargo, hoy Chubut se asemeja a una provincia privatizada y con pequeños atisbos de Estado que apenas consigue hacer funcionar -mal y no siempre- en un complejo y paquidérmico esquema estructural de lo público.
Mientras tanto, en la otra vereda y como si fueran los dueños de todo -incluyendo obviamente a la propia clase política- la élite económica y dirigencial hace cumplir sus designios. Algunas veces actúa como consecuencia de la presión y a veces por complicidad. Esa elite económica busca quedarse con cuanto beneficio encuentra a su paso y en paralelo hace todo lo que está a su alcance para pagar lo menos posible.
El caso del "campo" es emblemático, ya que los ruralistas chubutenses, quienes vienen de estar eximidos durante 20 años del pago del Inmobiliario Rural ahora pretenden que se achique la alícuota a una dimensión poco menos que ridícula.
A esta realidad se suma una enorme concentración de la tierra que en Chubut esa en pocas manos.
En la última semana se encendió nuevamente la válvula lacrimógena de los dueños del concentrado campo provincial para quejarse por el Inmobiliario Rural. Con su poder de presión comenzaron a aparecer en los medios de comunicación exigiendo que se trate en la Legislatura un proyecto de ley que presentó el propio Poder Ejecutivo y que pretende reducir en un 85% el mencionado tributo.
La Federación de Sociedades Rurales de Chubut le reclamó al Gobierno y a los diputados que se modifique el impuesto porque lo consideran "distorsivo".
Los ruralistas aseguran que la fórmula que se aplica lleva al "quebranto" de los campos, generando abandono e improductividad de los establecimientos agropecuarias.
En ese marco recordaron que el Ejecutivo tiene desde junio un proyecto que está "cajoneado" en el área de legales.
La movida mediática asegura que el gravamen "llegó en un momento complejo para el sector agropecuario, castigado por las sequías, las inundaciones, plagas, predadores, eventos climáticos extraordinarios y por un contexto económico y financiero poco seductor para el campo".
Se trata de un discurso muy parecido al que tiene el "campo" a nivel nacional cuando se trata de oponerse a las retenciones a las exportaciones y que para nada se asemeja a una crisis terminal cuando se trata de obtener el tan buscado "dólar soja" establecido generosamente por el Estado para que liquiden las enormes producciones acumuladas en los silos bolsas.
Los mecanismos en el campo son casi siempre similares. Llantos para pagar impuestos, presiones para obtener beneficios y mejorar sus rentabilidades.
El presidente de Sociedades Rurales de Chubut, Leonardo Jones, presentó un escrito en la Legislatura solicitando al gobierno de Mariano Arcioni y a la Legislatura provincial la modificación de la ley de Obligaciones Tributarias por contener presuntas distorsiones sobre la aplicación de la fórmula o ecuación para el cobro del Impuesto Inmobiliario Rural.
Allí remarcan que en 2021 el impuesto "contenía grandes distorsiones y valores que distaban sobremanera de la realidad de la capacidad contributiva de los establecimientos pecuarios, tanto los que están en producción como los que en muchos casos se encuentran improductivos por ser económicamente inviables y se vieron obligados a abandonar la actividad, dando como resultado predios vacíos y sin producción".
"Como hemos manifestado a los funcionarios tanto provinciales como nacionales, la producción ovina no puede continuar con costos a un ritmo inflacionario del 100% e ingresos a un precio internacional adecuado, pero transformado en pesos al dólar oficial con un incremento aproximado que no superó el 35%", enfatizaron los ruralistas.
En otro tramo de la nota enviada a los diputados provinciales señalaron que "Estamos a su disposición para poder brindarles la información del sector y mostrarles como hoy el 90% de los establecimientos ganaderos están trabajando a pérdida".
Como saben que se viene la Ley Tributaria para el 2023 y que allí se establecerán las alícuotas para cada una de las actividades que se realizan en la provincia, los miembros del campo enfatizaron: "Señores diputados necesitamos su apoyo en el tratamiento de la ordenanza tributaria del 2023 para que se corrijan las distorsiones producidas por el impuesto inmobiliario rural. Pretendemos un impuesto acorde a la realidad que permita el mantenimiento de los establecimientos ganaderos y no el cierre de los mismos como viene sucediendo en los últimos años".
La ley del campo que el Ejecutivo hizo propia
El proyecto de ley en cuestión fue presentado por el propio Poder Ejecutivo que encabeza Mariano Arcioni en agosto de este año y espera tratamiento legislativo, cosa que aún no sucedió. Desde el Estado chubutense en manos de Arcioni repiten conductas que lo convierten en "el empleado del mes", haciendo incluso más de lo que los privados le exigen y tomando la bandera de los privados.
El lobby por la reducción del 85% del impuesto Inmobiliario Rural está lanzado, y lo más llamativo son las argumentaciones que el gobierno utiliza para sostener el achicamiento del tributo. Los argumentos del Ejecutivo son exactamente los mismos que plantean los ruralistas y eso llama a pensar que en realidad el proyecto fue escrito por los propios ganaderos y asumido como propio por el gobierno.
En definitiva, el gobierno envía a la Legislatura un proyecto de ley que impulsan los ruralistas y que va en detrimento de la recaudación del propio Estado, para poder beneficiar todavía más a los terratenientes.
Los ítems argumentativos con que se sostiene el proyecto oficial son claramente un corte y pegue de las declaraciones y manifestaciones que han efectuado los ruralistas. Las coincidencias abruman y los resaltados llaman más que la atención.
En tiempos en que los ingresos de la provincia no son todo lo buenos que pudieran ser o que realmente se necesitan para sacar a la provincia de su crisis crónica, el gobierno decide achicarlos todavía más para beneficiar al campo y asume seguir teniendo dificultades financieras para afrontar el pago y los aumentos salariales de los estatales y jubilados provinciales, mejorar la infraestructura escolar, sanitaria y de servicios públicos de una provincia que cada vez se parece más a la famosa Costa Pobre; aquella genial creación de Alberto Olmedo.
Embestidas constantes y recaudación insignificante
Los embates contra el impuesto Inmobiliario Rural no son nuevos y se remontan a principios de 2021, cuando después de dos décadas se dejó de eximir al campo del tributo y se volvió a efectivizar su pago.
La incidencia en la recaudación de impuestos propios que tiene la provincia es absolutamente mínima cuando se observa en el devenir de las arcas chubutenses en cuanto al Inmobiliario Rural. Entre enero de 2021 y octubre de este año dicho impuesto representó en promedio para la provincia solamente 0,08% de todos los tributos de recaudación propia que tiene Chubut.
Quizás haya un efecto tan pequeño porque la mayoría de los dueños de los campos no ha pagado el tributo, pero si todos lo pagaran su incidencia tampoco solucionaría todos los problemas de la provincia.
Si se avanza con el proyecto compartido graciosamente por los ruralistas y el Poder Ejecutivo, su afectación en la recaudación provincial será aún más insignificante.
Esta no es la primera ocasión en que desde el propio sector político se intenta derrumbar el Inmobiliario Rural, situación que ya se dio desde el propio gobierno con el Fondo Ambiental Provincia (FAP) que debían pagar las compañías pesqueras en Chubut y que la administración se encargó de derogar con el aval de la Legislatura.
El lobby del campo se hizo carne a través del legislador justicialista Carlos Eliceche y a él se sumaron los dos diputados radicales, Manuel Pagliaroni y Andrea Aguilera.
En febrero de este año, el lobby ruralista mostró sus garras a través de los legisladores Pagliaroni y Aguilera, quienes calificaron al impuesto como "un serio castigo a la producción", a raíz de la preocupación expresada por productores de toda la provincia por notificaciones que recibieron para pagar, por montos "excesivos o improcedentes".
Pagliaroni, presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, adelantó por ese entonces que presentará en la Legislatura un proyecto para suspender por 180 días el cobro del impuesto.
"Lo que propone el diputado le va a dar tranquilidad a la gente, sobre todo a la que es mayor, que se ha expresado con mucha preocupación al recibir la notificación de pago", dijo Leonardo Jones -titular de los ruralistas chubutenses- al expresar su aval a la suspensión del impuesto planteada por Pagliaroni.
Osvaldo Luján -titular de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia- reclamó por la necesidad de alguna "reglamentación por la cual se pague el impuesto a medida que corresponda a cada productor", de manera que "estén dadas las condiciones para que el pago surja de información que se trabaje de manera conjunta para poder llegar correctamente". Además, consideró engorrosa la documentación que se les pide a los productores para solicitar la exención.
El presidente de la Sociedad Rural Valle del Chubut, Ricardo Irianni, también se quejó por los altos valores del tributo y lo "mal hecho" que estaba el cálculo. "A un campo chico sin valores les llegan 400 mil pesos de impuesto, y a un campo más grande y productivo 200 mil", relató y agregó que "No pedimos que no se cobre, sino que se haga un impasse hasta tratar de recalcular estos porcentajes; que de hecho se están haciendo".
En esa misma línea avanzó Eliceche y propuso reducir en un 50% el Inmobiliario Rural, pero Arcioni fue inclusive más lejos y mandó un proyecto de achicamiento de 85%.
La iniciativa presentada por el diputado Carlos Eliceche, viejo lobbysta de la política, ya en abril pasado apuntaba a modificar dos artículos de la Ley de Obligaciones Tributarias para el ejercicio 2022, ya que había malestar en el sector del campo por las dificultades para producir y las nuevas cargas impositivas.
Siempre con las mismas argumentaciones elaboradas por los ruralistas, el proyecto del madrynense Eliceche planteó la necesidad de tomar conciencia del momento en el cual la actividad "debe ser sostenida a través de un impuesto que permita al productor cumplir con sus obligaciones, pero sin que esto sume un factor adicional para discernir entre continuar con la actividad o abandonarla como tantos establecimientos lo han hecho".
Lo cierto es que, a pesar de exigirse el cobro del tributo, hasta principios de marzo -momento en que comenzaron a escucharse las quejas ruralistas- solo habían pagado el impuesto 4% de los 3.300 productores existentes en Chubut.
Se trata de otro ejemplo doloroso de la conducta de un Estado bobo, dentro de una provincia cuasi privatizada en favor de los sectores poderosos y una clase política completamente sumisa a sus designios.
