La fiscal federal María Cándida Etchepare, con asiento en de Bariloche, le requirió a la jueza la instrucción del caso. Asimismo, pidió imputar a los 10 involucrados en el viaje a Lago Escondido por presunta comisión de delitos de acción pública. Se trata de jueces, periodistas y funcionarios macristas. El hecho se conoció por una filtración ilegal. Divulgó fotos del grupo en su arribo a Bariloche.
En un escrito de nueve páginas al que tuvo acceso PERFIL y difundió la periodista Rosario Ayerdi, la fiscal federal Etchepare pidió a la jueza federal Silvina Domínguez que inicie la instrucción de sumario. Además, pidió que se expida sobre la pretensión de Marcelo Eduardo Hertzriken Velasco, el denunciante, de pasar a ser querellante en la causa.
Recordemos que el caso se conoció el domingo, cuando se conocieron una serie de conversaciones que formarían parte de un grupo de chat que conformaron empresarios de medios (en particular del Grupo Clarín), funcionarios macristas y jueces. La información habría sido obtenida mediante un hackeo al teléfono de Marcelo D'Alessandro.
%uD83D%uDEA8La fiscal de Bariloche imputó a quienes viajaron en el vuelo a Lago Escondido. Sobre las facturas asegura que llama la atención que todos los pagos hayan sido en efectivo. pic.twitter.com/cfzq7WAanV
En el escrito no realiza ninguna opinión sobre la forma en que fue obtenida la información, sino que se basa en la denuncia presentada por Hertzriken Velasco y datos surgidos de una primera investigación.
La causa está caratulada por el momento como «Ercolini, Julián y otros s/ incumplimiento de los deberes de funcionario público, aceptación de dádivas". Los involucrados son: Julián Daniel Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 10; Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires; Marcelo Silvio D'Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño, Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 9; Leonardo Bergroth; Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.; Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A. y Jorge Carlos Rendo, presidente del Grupo Clarín S.A.
En el escrito, la fiscal presentó fotos brindadas por la PSA de las filmaciones en el aeropuerto de Bariloche. En el escrito la fiscal advierte que en las filmaciones que el grupo fue recibido personalmente por Nicolás Van Ditmar, presidente de "Hidden Lake S.A." Van Ditmar aportó las facturas emitidas en favor de algunos de los denunciados por la suma de USD 605 cada una.
Ese es uno de los puntos en los que se detiene Etchepare. "Los documentos evidencian una clara discordancia con el momento en que se habrían alojado en el establecimiento, ya que el servicio se brindó los días 13, 14 y 15 de octubre, mientras que los comprobantes datan del día 28. Además, continuando con el resto del itinerario, asegura que «llama la atención que no se hubiera emitido factura alguna, justamente, a los dos individuos que no detentan el carácter de funcionarios públicos y que, por tanto, tienen mayores libertades para ser invitados y no pagar por los gastos erogados».
Para Etchepare, el hecho podría implicar un ilícito penal, lo que presume "un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios, quienes se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara».
Ante estos hechos, la fiscal le pidió a la jueza federal Silvina Domínguez que se declare competente e impute a los 10 jueces, funcionarios y periodistas, al tiempo que se levante el secreto fiscal y bancario de ellos y las empresas. Además, pidió a AFIP-DGI que analice las facturas.
Queda por ver si primará la solidaridad entre la corporación judicial u otros intereses. La podredumbre del régimen político no parece ofrecer muchas alternativas.
Como analizamos este lunes en La Izquierda Diario, la aparición de los mensajes vuelve a demostrar no solo la obscenidad de la relación entre jueces, poder económico, medios de comunicación y funcionarios políticos (en este caso del PRO) sino también el activo funcionamiento de los servicios de inteligencia con la intervención de teléfonos celulares o escuchas de conversaciones. La situación escaló tras conocerse el fallo condenatorio a la vicepresidenta Cristina Kirchner. La podredumbre del régimen político y la disputa de las camarillas de los partidos tradicionales, la corporación judicial y la corpo mediática, aliados a un sector, sigue su curso.
