Observatorio semanal de género / La lucha contra la precariedad de la vida y por el castigo a los culpables Mientras aumentan los números de femicidios y desapariciones de mujeres, las familias y organizaciones siguen luchando por justicia, con un sistema profundamente misógino en su contra. La familia de Natalia Melmann -adolescente asesinada en el 2001- demanda que a dos de los responsables no se les conceda la libertad anticipada. En tanto, la familia de Anahí Bulnes -la docente desaparecida el pasado diciembre- exige que se agilice la búsqueda del cuerpo y que avance la investigación contra el único imputado. Por otra parte, la CIDH condenó al Estado argentino por una muerte obstétrica ocurrida en 1992.
En la agenda local, los colectivos LGBTQ+ le exigen al intendente de Trelew, Adrián Maderna, que el área de Diversidad y Género sea encabezada por un miembro de la comunidad para asegurar la protección de derechos y el avance en políticas públicas.
En el ámbito internacional, el panorama es un poco más esperanzador, en Brasil con Lula da Silva revocando propuestas anti derechos del anterior presidente Jair Bolsonaro, y en Islandia con la jugadora de fútbol Sara Bjork Gunnarsdottir, quien ganó una demanda contra la FIFA y logró un antecedente histórico en la protección de los derechos de las jugadoras que atraviesan un embarazo.
Vacante en la Dirección de Diversidad y Género: "Queremos que se escuche al colectivo"
Tras la renuncia de Nadia Zúñiga a la Dirección de Diversidad y Género de Trelew, los colectivos LGBTQ+ locales exigen a Adrián Maderna que la nueva designación pertenezca a este colectivo. Trelew fue pionera en la creación de este espacio y Zúñiga fue la primera mujer trans en ocupar una Dirección en el municipio de esta localidad en 2015.
"Cuando el intendente vaya a elegir a alguien, que se escuche al colectivo. Que sea alguien del mismo. Este año se hace la marcha del orgullo la 5ta y vamos a necesitar su ayuda. Hay muchos temas. Hay que trabajar mucho. Varias personas no pueden tener acceso a diversos beneficios por no tener cargas familiares, otras personas tampoco pueden adoptar porque somos parte del colectivo y la burocracia todavía llega a ese nivel", expresaron Vanesa Gangas y Daniel Bergerat, referentes de la Comisión del Orgullo LGBTQ+, en diálogo con la prensa.
"Algunas escuelas trabajan bien las niñeces trans, otras escuelas no saben llevarla. Con el tema de salud tampoco saben tratarnos. Hay que trabajar en psicología de los chicos trans. Tenemos una tasa muy alta de suicidios porque no saben sobrellevar el maltrato de la sociedad, hay mucho para hacer y nos gustaría que sea alguien del colectivo. La ESI es muy importante en todas las áreas", concluyeron.
Acusados por el femicidio de Natalia Melmann exigen libertad anticipada
La familia de Natalia Melmann -la joven de 15 años secuestrada, abusada y asesinada por policías bonaerenses en 2001-, denuncia un nuevo intento de dos de los acusados, Oscar Echenique y Ricardo Anselmini de ser beneficiados con libertad anticipada.
La audiencia se llevó a cabo este viernes en los Tribunales de la ciudad de Mar del Plata, convocada por disposición de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, y estará a cargo de los Jueces Viñas, Madina y ngulo. No es la primera vez que solicitan una audiencia de este tipo. Previamente habían pedido que se les concedieran salidas transitorias, hecho que fue ampliamente repudiado por los familiares de Melmann y la comunidad.
Echenique y Anselmini están condenados a cadena perpetua por secuestrar, torturar y asesinar a Natalia Melmann en febrero de 2001 en Miramar. Actuaron junto a Ricardo Suárez -también policía de la bonaerense- a quien se le otorgó cadena perpetua, Gustavo "Gallo" Fernández -que participó en el secuestro y fue condenado a diez años de prisión-, y Ricardo Panadero, recién condenado en 2018 en un nuevo juicio, en el que fue acusado de coautoría. Este último fue absuelto y se espera que este año se lleve a cabo un nuevo proceso para probar su participación.
https://www.elextremosur.com/nota/28877-20-anos-sin-natalia-melmann-la-unica-condena-a-perpetuidad-es-la-de-mi-hija-que-esta-en-un-cajon/
Familiares, allegados y amigos de la joven marcharon durante la mañana del viernes en edificios judiciales para impedir que los acusados sean beneficiados con salidas transitorias o liberaciones anticipadas. "No puedo creer que puedan salir en libertad, sabemos que si salen volverán a cometer delitos en Miramar", sostuvo Gustavo Melmann, padre de Natalia, en diálogo con la prensa. "Alguien tiene que tener las pelotas suficientes para decretar la perpetuidad en este tipo de casos", expresó su madre, Laura Calampuca.
Un nuevo detenido en el caso de Johanna Ramallo
Johanna desapareció en 2017 y sus restos fueron hallados en 2018 en las costas de Berisso. El pasado lunes, un hombre en el marco de la investigación por el femicidio de la joven, acusado de manejar una red de explotación sexual en la llamada "zona roja" de la capital bonaerense, contexto en que Johanna habría sido asesinada. Fue trasladado a las dependencias de la Policía Federal para su indagatoria, pero se negó a declarar.
Tras la detención del principal responsable por el secuestro y asesinato de Johana, Carlos Omar Rodríguez "El Cabezón", en diciembre fueron procesadas otras diez personas en el marco de la investigación por "explotación sexual de mujeres" y "comercialización de drogas" en la zona. Se cree que los procesados tenían vínculos directos con las actividades que se llevaban a cabo en el lugar y especialmente con el contexto que permitió la desaparición y muerte de Johanna.
"El complejo escenario de comercio y abuso en el consumo de estupefacientes, de explotación sexual de mujeres y de violencia a las que fueron sometidas muchas de las trabajadoras sexuales que desarrollaban sus actividades en ese sector de la ciudad, conformaron las condiciones de posibilidad de múltiples episodios de violencia en la zona y, en particular, el contexto para que ocurriera la desaparición y posterior muerte de Johana Ramallo", detalló el Juez federal a cargo de la causa, Alejo Ramos Padilla.
"El Estado abandonó a Johana mucho antes de su desaparición, sacándole un apoyo escolar que Johana venía teniendo en el Ellas Hacen, sacándole el apoyo psicológico que Johana venía teniendo, las capacitaciones de costura, de aprendizaje. Acá hay más que una red de narcotraficantes y una red de trata, acá hay políticos metidos", expresó Marta Ramallo, madre de Johanna, quien viene denunciando desde hace años una extensa red de complicidades que dieron lugar al asesinato de su hija.
La justicia que llega tarde: La CIDH condena a la Argentina por un crimen de 1992
Luego de tres décadas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina a un pago indemnizatorio por la muerte por "violencia obstétrica" de Cristian Brítez Arce, una mujer de 38 que falleció en 1992 en el Hospital Sardá con un embarazo de más de 40 semanas. El país ya había reconocido su responsabilidad internacional. La sentencia fue notificada el pasado miércoles. Ahora, sus hijos recibirán una compensación.
En la sentencia del caso "Brítez Arce y otros versus Argentina", la Corte IDH consideró que Argentina es responsable por "la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud" y de los derechos "a la integridad personal, garantías judiciales, protección a la familia, derechos de la niñez y protección judicial" de la hija y el hijo de la víctima.
El tribunal consideró que la mujer no tuvo acceso al tratamiento médico requerido por su embarazo y factores de riesgo. Tampoco fue informada debidamente sobre las alternativas de tratamiento.
Brítez Arce presentaba varios factores de riesgo que no fueron atendidos en su momento por el sistema de salud. El 1 de junio de 1992, mediante una ecografía realizada en el Hospital Público Ramón Sardá, supo que el feto estaba muerto. Ese mismo día, internada para inducirle el parto, murió por "paro cardio respiratorio no traumático".
En la sentencia se reconoce la falta de atención adecuada y especializada que habría garantizado la salud y la vida de la mujer. Consideraron que el Estado argentino no tomó las medidas para prevenir la mortalidad materna.
Junto a la compensación por daños para los hijos de Brítez, la corte ordenó al Estado crear una campaña de difusión que visibilice los derechos en relación al embarazo, el parto y el posparto y el derecho de las personas gestantes a recibir atención de calidad en todo el proceso.
Desaparición de Anahí Bulnes: la familia comienza a contemplar la teoría de un femicidio
El pasado miércoles 11 de enero hubo novedades en torno a la desaparición de Anahí Bulnes, la docente que lleva desaparecida 39 días y se presume que fue asesinada. Se hallaron rastros de ADN en el domicilio del único imputado que confirman que la joven estuvo allí. La familia y la abogada de la causa presumen que se trata de un femicidio y exigen que se califique como tal, en tanto exigen que continúe la búsqueda de su cuerpo.
Si bien su ausencia en el colegio donde trabajaba el día lunes 5 de diciembre resultó extraña para familiares y amigos, la búsqueda policial apenas inició de manera contundente tras varias manifestaciones públicas de la familia, allegados y organizaciones.
Las primeras pistas condujeron al único acusado hasta el momento: Santiago Campos Matos, con quien habría tenido un encuentro circunstancial y en cuyo domicilio se la ve ingresar por última vez. El último análisis de ADN que revela que efectivamente estuvo allí refuerza la teoría del femicidio.
Desde su desaparición, no estuvieron ausentes las coberturas mediáticas sobre su vida personal, los motivos que la habrían llevado a desaparecer y una decena de hipótesis basadas en argumentos misóginos.
Cuando comenzó a rumorearse que Anahí se encontraba en situación de prostitución, la organización AMMAR de Córdoba repudio los dichos y expresó: "Se nos estigmatiza y al ejercer nuestro trabajo en la clandestinidad que nos proponen los gobiernos, nos vemos expuestas a la más feroz violencia patriarcal porque se considera que ‘lo buscamos', o ‘son gajes del oficio', estos conceptos están muy arraigados en la sociedad por la desinformación que reproducen los medios masivos de comunicación, que sin conocer nuestra realidad, reproducen mensajes de estereotipos del imaginario machista".
Brasil revoca normativa bolsonarista que impedía el acceso al aborto legal
A semanas de su inicio, el Gobierno de Lula de Silva revocó una normativa dictada por la Administración de Jair Bolsonaro, que inhibía el acceso al aborto en todo el territorio brasileño incluso en los casos amparados por la ley. La medida obligaba al personal de Salud a notificar a la Policía en caso de realizar un aborto a una víctima de violación.
Actualmente, en Brasil la interrupción del embarazo está permitida por tres causales: violación, riesgo de vida de la madre o problemas de salud del feto. No obstante, la decisión del gobierno derechista de Bolsonaro ignoraba la normativa vigente y presentaba diversos obstáculos para el acceso a un aborto.
La medida generó un amplio rechazo en su momento, ya que incluso obligaba a las mujeres que quisieran practicarse un aborto a ver al feto a través de una ecografía. La Corte Suprema revisó la decisión y posteriormente fue anulada. Sin embargo, la posibilidad de acceder a este derecho se vio frecuentemente restringida para las mujeres brasileras bajo el mandato de un presidente que se declaro siempre "a favor de la vida desde la concepción".
Por otra parte, Da Silva reiteró a Brasil de la alianza internacional antiabortista. Las decisiones generaron críticas por parte de sectores conservadores, como la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, que se manifestó públicamente en contra de las nuevas políticas del presidente brasileño, que promete desarticular los proyectos de derecha que venía impulsando Jair Bolsonaro.
Una conquista histórica para las futbolistas
La jugadora islandesa Sara Bjork Gunnarsdottir logró ganar la primera sentencia a su favor desde la entrada en vigor de las normas de maternidad de la FIFA ante el impago del club francés Olympique de Lyon. La demanda fue impulsada por el sindicato internacional de futbolistas (FIFPRO) y representa una conquista colectiva para todas las jugadoras del mundo.
"Es extremadamente importante para las futbolistas y para el fútbol femenino que estas normas de maternidad obligatorias se apliquen y se hagan cumplir a nivel nacional", señaló FIFPRO este martes, tras el éxito de la demanda de la jugadora contra el club por no haberle pagado el salario completo durante su embarazo.
La jugadora se incorporó al club en el verano del 2020. En marzo del 2021, momento en que supo que estaba embarazada, los servicios médicos del club le recomendaron que dejara de jugar. Una vez nacido su hijo, cuando regresó al club, le comunicaron que sólo le pagarían dos meses por regirse por la ley francesa. La decisión iba en contra de la normativa de la FIFA sobre maternidad, vigente desde enero de 2021. Bjork trasladó su caso a FIFPRO, que lo remitió a la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA. Esta se pronunció a su favor y aludió al 'deber de diligencia' del club, que no contactó con ella durante el embarazo.
"Nadie se ocupó realmente de mí, de hacerme un seguimiento, de ver cómo me encontraba mental y físicamente, como empleada, pero también como ser humano. Tenía derecho a percibir mi salario íntegro durante mi embarazo y hasta el inicio de mi baja por maternidad, de acuerdo con la reglamentación obligatoria de la FIFA. Son parte de mis derechos, y eso no puede discutirlo ni siquiera un club tan grande como el Lyon", expresó.
Mientras aumentan los números de femicidios y desapariciones de mujeres, las familias y organizaciones siguen luchando por justicia, con un sistema profundamente misógino en su contra. La familia de Natalia Melmann -adolescente asesinada en el 2001- demanda que a dos de los responsables no se les conceda la libertad anticipada. En tanto, la familia de Anahí Bulnes -la docente desaparecida el pasado diciembre- exige que se agilice la búsqueda del cuerpo y que avance la investigación contra el único imputado. Por otra parte, la CIDH condenó al Estado argentino por una muerte obstétrica ocurrida en 1992.
En la agenda local, los colectivos LGBTQ+ le exigen al intendente de Trelew, Adrián Maderna, que el área de Diversidad y Género sea encabezada por un miembro de la comunidad para asegurar la protección de derechos y el avance en políticas públicas.
En el ámbito internacional, el panorama es un poco más esperanzador, en Brasil con Lula da Silva revocando propuestas anti derechos del anterior presidente Jair Bolsonaro, y en Islandia con la jugadora de fútbol Sara Bjork Gunnarsdottir, quien ganó una demanda contra la FIFA y logró un antecedente histórico en la protección de los derechos de las jugadoras que atraviesan un embarazo.
Vacante en la Dirección de Diversidad y Género: "Queremos que se escuche al colectivo"
Tras la renuncia de Nadia Zúñiga a la Dirección de Diversidad y Género de Trelew, los colectivos LGBTQ+ locales exigen a Adrián Maderna que la nueva designación pertenezca a este colectivo. Trelew fue pionera en la creación de este espacio y Zúñiga fue la primera mujer trans en ocupar una Dirección en el municipio de esta localidad en 2015.
"Cuando el intendente vaya a elegir a alguien, que se escuche al colectivo. Que sea alguien del mismo. Este año se hace la marcha del orgullo la 5ta y vamos a necesitar su ayuda. Hay muchos temas. Hay que trabajar mucho. Varias personas no pueden tener acceso a diversos beneficios por no tener cargas familiares, otras personas tampoco pueden adoptar porque somos parte del colectivo y la burocracia todavía llega a ese nivel", expresaron Vanesa Gangas y Daniel Bergerat, referentes de la Comisión del Orgullo LGBTQ+, en diálogo con la prensa.
"Algunas escuelas trabajan bien las niñeces trans, otras escuelas no saben llevarla. Con el tema de salud tampoco saben tratarnos. Hay que trabajar en psicología de los chicos trans. Tenemos una tasa muy alta de suicidios porque no saben sobrellevar el maltrato de la sociedad, hay mucho para hacer y nos gustaría que sea alguien del colectivo. La ESI es muy importante en todas las áreas", concluyeron.
Acusados por el femicidio de Natalia Melmann exigen libertad anticipada
La familia de Natalia Melmann -la joven de 15 años secuestrada, abusada y asesinada por policías bonaerenses en 2001-, denuncia un nuevo intento de dos de los acusados, Oscar Echenique y Ricardo Anselmini de ser beneficiados con libertad anticipada.
La audiencia se llevó a cabo este viernes en los Tribunales de la ciudad de Mar del Plata, convocada por disposición de la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, y estará a cargo de los Jueces Viñas, Madina y ngulo. No es la primera vez que solicitan una audiencia de este tipo. Previamente habían pedido que se les concedieran salidas transitorias, hecho que fue ampliamente repudiado por los familiares de Melmann y la comunidad.
Echenique y Anselmini están condenados a cadena perpetua por secuestrar, torturar y asesinar a Natalia Melmann en febrero de 2001 en Miramar. Actuaron junto a Ricardo Suárez -también policía de la bonaerense- a quien se le otorgó cadena perpetua, Gustavo "Gallo" Fernández -que participó en el secuestro y fue condenado a diez años de prisión-, y Ricardo Panadero, recién condenado en 2018 en un nuevo juicio, en el que fue acusado de coautoría. Este último fue absuelto y se espera que este año se lleve a cabo un nuevo proceso para probar su participación.
https://www.elextremosur.com/nota/28877-20-anos-sin-natalia-melmann-la-unica-condena-a-perpetuidad-es-la-de-mi-hija-que-esta-en-un-cajon/
Familiares, allegados y amigos de la joven marcharon durante la mañana del viernes en edificios judiciales para impedir que los acusados sean beneficiados con salidas transitorias o liberaciones anticipadas. "No puedo creer que puedan salir en libertad, sabemos que si salen volverán a cometer delitos en Miramar", sostuvo Gustavo Melmann, padre de Natalia, en diálogo con la prensa. "Alguien tiene que tener las pelotas suficientes para decretar la perpetuidad en este tipo de casos", expresó su madre, Laura Calampuca.
Un nuevo detenido en el caso de Johanna Ramallo
Johanna desapareció en 2017 y sus restos fueron hallados en 2018 en las costas de Berisso. El pasado lunes, un hombre en el marco de la investigación por el femicidio de la joven, acusado de manejar una red de explotación sexual en la llamada "zona roja" de la capital bonaerense, contexto en que Johanna habría sido asesinada. Fue trasladado a las dependencias de la Policía Federal para su indagatoria, pero se negó a declarar.
Tras la detención del principal responsable por el secuestro y asesinato de Johana, Carlos Omar Rodríguez "El Cabezón", en diciembre fueron procesadas otras diez personas en el marco de la investigación por "explotación sexual de mujeres" y "comercialización de drogas" en la zona. Se cree que los procesados tenían vínculos directos con las actividades que se llevaban a cabo en el lugar y especialmente con el contexto que permitió la desaparición y muerte de Johanna.
"El complejo escenario de comercio y abuso en el consumo de estupefacientes, de explotación sexual de mujeres y de violencia a las que fueron sometidas muchas de las trabajadoras sexuales que desarrollaban sus actividades en ese sector de la ciudad, conformaron las condiciones de posibilidad de múltiples episodios de violencia en la zona y, en particular, el contexto para que ocurriera la desaparición y posterior muerte de Johana Ramallo", detalló el Juez federal a cargo de la causa, Alejo Ramos Padilla.
"El Estado abandonó a Johana mucho antes de su desaparición, sacándole un apoyo escolar que Johana venía teniendo en el Ellas Hacen, sacándole el apoyo psicológico que Johana venía teniendo, las capacitaciones de costura, de aprendizaje. Acá hay más que una red de narcotraficantes y una red de trata, acá hay políticos metidos", expresó Marta Ramallo, madre de Johanna, quien viene denunciando desde hace años una extensa red de complicidades que dieron lugar al asesinato de su hija.
La justicia que llega tarde: La CIDH condena a la Argentina por un crimen de 1992
Luego de tres décadas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina a un pago indemnizatorio por la muerte por "violencia obstétrica" de Cristian Brítez Arce, una mujer de 38 que falleció en 1992 en el Hospital Sardá con un embarazo de más de 40 semanas. El país ya había reconocido su responsabilidad internacional. La sentencia fue notificada el pasado miércoles. Ahora, sus hijos recibirán una compensación.
En la sentencia del caso "Brítez Arce y otros versus Argentina", la Corte IDH consideró que Argentina es responsable por "la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud" y de los derechos "a la integridad personal, garantías judiciales, protección a la familia, derechos de la niñez y protección judicial" de la hija y el hijo de la víctima.
El tribunal consideró que la mujer no tuvo acceso al tratamiento médico requerido por su embarazo y factores de riesgo. Tampoco fue informada debidamente sobre las alternativas de tratamiento.
Brítez Arce presentaba varios factores de riesgo que no fueron atendidos en su momento por el sistema de salud. El 1 de junio de 1992, mediante una ecografía realizada en el Hospital Público Ramón Sardá, supo que el feto estaba muerto. Ese mismo día, internada para inducirle el parto, murió por "paro cardio respiratorio no traumático".
En la sentencia se reconoce la falta de atención adecuada y especializada que habría garantizado la salud y la vida de la mujer. Consideraron que el Estado argentino no tomó las medidas para prevenir la mortalidad materna.
Junto a la compensación por daños para los hijos de Brítez, la corte ordenó al Estado crear una campaña de difusión que visibilice los derechos en relación al embarazo, el parto y el posparto y el derecho de las personas gestantes a recibir atención de calidad en todo el proceso.
Desaparición de Anahí Bulnes: la familia comienza a contemplar la teoría de un femicidio
El pasado miércoles 11 de enero hubo novedades en torno a la desaparición de Anahí Bulnes, la docente que lleva desaparecida 39 días y se presume que fue asesinada. Se hallaron rastros de ADN en el domicilio del único imputado que confirman que la joven estuvo allí. La familia y la abogada de la causa presumen que se trata de un femicidio y exigen que se califique como tal, en tanto exigen que continúe la búsqueda de su cuerpo.
Si bien su ausencia en el colegio donde trabajaba el día lunes 5 de diciembre resultó extraña para familiares y amigos, la búsqueda policial apenas inició de manera contundente tras varias manifestaciones públicas de la familia, allegados y organizaciones.
Las primeras pistas condujeron al único acusado hasta el momento: Santiago Campos Matos, con quien habría tenido un encuentro circunstancial y en cuyo domicilio se la ve ingresar por última vez. El último análisis de ADN que revela que efectivamente estuvo allí refuerza la teoría del femicidio.
Desde su desaparición, no estuvieron ausentes las coberturas mediáticas sobre su vida personal, los motivos que la habrían llevado a desaparecer y una decena de hipótesis basadas en argumentos misóginos.
Cuando comenzó a rumorearse que Anahí se encontraba en situación de prostitución, la organización AMMAR de Córdoba repudio los dichos y expresó: "Se nos estigmatiza y al ejercer nuestro trabajo en la clandestinidad que nos proponen los gobiernos, nos vemos expuestas a la más feroz violencia patriarcal porque se considera que ‘lo buscamos', o ‘son gajes del oficio', estos conceptos están muy arraigados en la sociedad por la desinformación que reproducen los medios masivos de comunicación, que sin conocer nuestra realidad, reproducen mensajes de estereotipos del imaginario machista".
Brasil revoca normativa bolsonarista que impedía el acceso al aborto legal
A semanas de su inicio, el Gobierno de Lula de Silva revocó una normativa dictada por la Administración de Jair Bolsonaro, que inhibía el acceso al aborto en todo el territorio brasileño incluso en los casos amparados por la ley. La medida obligaba al personal de Salud a notificar a la Policía en caso de realizar un aborto a una víctima de violación.
Actualmente, en Brasil la interrupción del embarazo está permitida por tres causales: violación, riesgo de vida de la madre o problemas de salud del feto. No obstante, la decisión del gobierno derechista de Bolsonaro ignoraba la normativa vigente y presentaba diversos obstáculos para el acceso a un aborto.
La medida generó un amplio rechazo en su momento, ya que incluso obligaba a las mujeres que quisieran practicarse un aborto a ver al feto a través de una ecografía. La Corte Suprema revisó la decisión y posteriormente fue anulada. Sin embargo, la posibilidad de acceder a este derecho se vio frecuentemente restringida para las mujeres brasileras bajo el mandato de un presidente que se declaro siempre "a favor de la vida desde la concepción".
Por otra parte, Da Silva reiteró a Brasil de la alianza internacional antiabortista. Las decisiones generaron críticas por parte de sectores conservadores, como la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil, que se manifestó públicamente en contra de las nuevas políticas del presidente brasileño, que promete desarticular los proyectos de derecha que venía impulsando Jair Bolsonaro.
Una conquista histórica para las futbolistas
La jugadora islandesa Sara Bjork Gunnarsdottir logró ganar la primera sentencia a su favor desde la entrada en vigor de las normas de maternidad de la FIFA ante el impago del club francés Olympique de Lyon. La demanda fue impulsada por el sindicato internacional de futbolistas (FIFPRO) y representa una conquista colectiva para todas las jugadoras del mundo.
"Es extremadamente importante para las futbolistas y para el fútbol femenino que estas normas de maternidad obligatorias se apliquen y se hagan cumplir a nivel nacional", señaló FIFPRO este martes, tras el éxito de la demanda de la jugadora contra el club por no haberle pagado el salario completo durante su embarazo.
La jugadora se incorporó al club en el verano del 2020. En marzo del 2021, momento en que supo que estaba embarazada, los servicios médicos del club le recomendaron que dejara de jugar. Una vez nacido su hijo, cuando regresó al club, le comunicaron que sólo le pagarían dos meses por regirse por la ley francesa. La decisión iba en contra de la normativa de la FIFA sobre maternidad, vigente desde enero de 2021. Bjork trasladó su caso a FIFPRO, que lo remitió a la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA. Esta se pronunció a su favor y aludió al 'deber de diligencia' del club, que no contactó con ella durante el embarazo.
"Nadie se ocupó realmente de mí, de hacerme un seguimiento, de ver cómo me encontraba mental y físicamente, como empleada, pero también como ser humano. Tenía derecho a percibir mi salario íntegro durante mi embarazo y hasta el inicio de mi baja por maternidad, de acuerdo con la reglamentación obligatoria de la FIFA. Son parte de mis derechos, y eso no puede discutirlo ni siquiera un club tan grande como el Lyon", expresó.
